Opinión
España y Palestina, 2 años de Genocidio: una breve cronología de medias verdades y mentiras

Lo cierto es que con todas los buenas y solidarias palabras y promesas al pueblo palestino, Sánchez y su gobierno han sido unos hipócritas oportunistas que no le llegan a la suela del zapato a verdaderos líderes solidarios con la causa Palestina y los derechos humanos como Gustavo Petro, presidente de Colombia, o al equipo legal sudafricano y a los dirigentes de este país que han llevado al genocida estado terrorista de Israel frente a la Corte Penal Internacional de La Haya.

A pesar de que los pueblos que componen el Estado español se declaran en contra de la guerra, el Estado hace con las guerras y genocidios uno de sus mejores negocios, siendo el Estado español el noveno exportador de armas del mundo y responsable del 3% del material exportado a nivel global.

Desde hace 20 años España ha vendido más de 84 millones de material armamentístico al Estado sionista, siendo el ejecutivo de Pedro Sánchez el que más ha negociado con genocida Estado de Israel. Según Nicolás Ardila y Alejandro de Santiago en su artículo del 9 de septiembre 2025: “En total, desde 2005 hasta el primer semestre de 2024, España ha vendido 84.872.875 euros en armamento y tecnología de doble uso a Israel, según la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso. De esta cifra, 49 millones de euros corresponden a la venta de tecnología de doble uso, es decir, aquella que tiene un fin tanto civil como militar. Aquí se incluyen las partidas en maquinaria, toxinas, sistemas de propulsión, seguridad de la información, aviónica y sensores, entre otras capacidades. Respecto al armamento, España ha vendido algo más de 35 millones de euros a Israel en los últimos dos decenios, en los que destacan las partidas de bombas, torpedos, misiles, equipos de imagen de infrarrojos, visores y equipos de puntería y municiones.”  Y ya desde hace años las declaraciones de los presidentes españoles son pura hipocresía, como la de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) del 2009 “El armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha usado para matar palestinos”.

Estas declaraciones profundamente absurdas y claramente falsas quizás se deba a que su gobierno era plenamente consciente de que estas relaciones comerciales contravenían los ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, como el “respeto de los compromisos y obligaciones internacionales de los Estados miembros”; el “respeto de los derechos humanos en el país de destino final”; la “situación interna del país de destino final, en relación con la existencia de tensiones o conflictos armados”; el “mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales”, o el “comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional, en especial por lo que se refiere a su actitud frente al terrorismo, la naturaleza de sus alianzas y el respeto del Derecho internacional”.

En el 2022 el gobierno de Sánchez autorizó exportaciones de armas a la entidad sionista por valor de 9,3 millones de euros, aunque las entregas de armamento no superaron los 2,3 millones de euros. Sin embargo, como señala Alejandro Pozo, más importante aún son las ventas de Israel a otros países, ya que “la ocupación sale carísima”. Pero las cifras en este campo son confusas y difíciles de desentrañar. En cualquier caso, se sabe que España compraba más de lo que vendía a Israel, quien vende estas armas como material “probado en combate”, es decir en los cuerpos de los pueblos palestino y libanés. Sobre todo, como dice el estudio “Negocios probados en combate” del Centre Delàs d’estudis per la pau eran armas testadas en la franja de Gaza que el estado genocida lleva décadas usando como su laboratorio.

Desde el 2023 el gobierno del Estado español ha mantenido tanto negocios con el Estado sionista, como dejado que empresas que se lucran con el genocidio trabajen en España, así como permitido el tránsito de un número indeterminado y no hecho público de barcos y aviones cargados de material militar por los puertos y aeropuertos tanto del Estado español como en sus bases de la OTAN. Esta breve cronología de medias verdades y mentiras del gobierno de Sánchez muestra el trilerismo político y mediático que tiene engañadas a demasiadas personas.

Entre octubre 2023 y enero 2024, el gobierno de Sánchez expresó su más firme condena a los ataques sobre la población civil en Gaza y mostró preocupación por la situación humanitaria. Pero no hubo mención específica a embargos o suspensiones de venta de armas. La postura se limitó a la crítica diplomática. Mientras que ya en el 7 de octubre tanto Sumar como Podemos no condenaron las acciones de Hamás y pidieron poner fin a la ocupación del pueblo palestino.

El 23 de enero 2024, semanas después del comienzo del juicio del Tribunal Penal Internacional de La Haya que presentó Sudáfrica contra Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió en una entrevista en la Cadena Ser que el embargo de armas a Israel “Desde luego, es algo que España ha realizado, desde el mismo día 7 de octubre de 2023 no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel”. Declaraciones que han repetido desde entonces varios miembros del ejecutivo, como el mismo Sánchez quien en abril 2024 afirmó en el Congreso, que “desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna”.

En realidad sabemos que no solo compró armamento a Israel por valor de 1.027 millones de euros, sino que mandó munición al estado genocida. Como afirma Olga Rodríguez en su artículo del 8 de julio de 2024 “Desde el inicio de la masacre en Gaza, España no ha suspendido las importaciones de material militar de Israel. Además, ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, entre ellas la primera y la tercera del sector en Israel: Elbit Systems y Rafael (PAP Tecnos es su filial en España). Rafael es una compañía pública israelí. Elbit es privada, pero tiene un vínculo muy estrecho y altamente estratégico con las Fuerzas Armadas de Israel.”

En abril del 2024, la presión popular y la sección de Sumar del gobierno logran la cancelación del contrato de compra de armas a empresas israelíes formalizado unos días antes. Concretamente la compra de munición israelí de IMI Systems por valor de 6,6 millones de euros. Este mismo abril Olga Rodríguez escribe que el gobierno habría formalizado compra de armamento israelí la semana anterior y además cerrado 31 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre del 2023 y “en total hay cuarenta adjudicaciones o formalizaciones de compra a empresas militares israelíes, a sus filiales o intermediarias desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, por un valor total de 1.041 millones de euros.”

El 19 de agosto del 2024 se formalizó la adjudicación del ministerio de Defensa español a la empresa PAP Tecnos, filial de la compañía de Israel Rafael Advanced Defense Systems LTD por valor de 289.256 euros, por el mantenimiento de Sistemas de Armas por Control Remoto.

Todo apunta a que a medida que se realicen más investigaciones más de estos contratos y adjudicaciones saldrán a la luz.

El Gobierno anunció a todo bombo y platillo en septiembre del 2025 que “consolidaba” el embargo total de armas a Israel y la prohibición de importaciones del material de defensa como de los productos y la tecnología de doble uso, la prohibición de importar productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos, así como la denegación de la solicitud de tránsito por España para los combustibles con posible uso militar en Israel.

El embargo total no es tal y da libertad al Consejo de Ministros para hacer excepciones “cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales”

 Por supuesto el embargo total no es tal y da libertad al Consejo de Ministros para hacer excepciones “cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales” y para poner fin a las medidas que incluye. Así mismo, no menciona un veto a la contratación de la industria militar israelí con sus filiales en otros países o la financiación de la misma, siendo dos bancos españoles, el Santander y el BBVA, financiadores del genocidio: el Santander con 2.442 millones de dólares y el BBVA con 1.500 millones según el estudio del El Centre Delàs ‘La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio de Gaza’ publicado en octubre del 2024.Y aprovechando un vacío legal la compra de armas se disparó antes de la entrada en vigor del “embargo”.

Barcos y aviones involucrados en el genocidio

El 16 de mayo de 2024 el Gobierno de España anunció que prohibiría atracar en sus puertos a los buques cargados con material militar con destino a Israel. Estas rutas se han mantenido activas y solo la presión popular ha logrado evitar el uso de los puertos españoles de barcos con destino al genocidio.  Los investigadores de Progressive International y Palestinian Youth Movement detectaron 1.185 envíos de suministros militares de más de 13.000 toneladas métricas entre mayo y septiembre del 2024. Esta complicidad de los puertos españoles no parece haber cambiado desde entonces, con informaciones mensuales de tales cargas.

Los aeropuertos del Estado español también han estado y siguen estando implicados en el genocidio, permitiendo desde el 2023 que más de 60.000 piezas de armamento hayan salido en aviones desde Zaragoza.

De hecho, el Gobierno volvió a declarar en septiembre del 2025, en su paquete de medidas, que prohibirá (de nuevo) que barcos y aviones que transporten armas con destino al Estado sionista atraquen en sus puertos o usen su espacio aéreo. Pero las denuncias de este incumplimiento no se han dejado esperar. Escasos días después de las declaraciones, Podemos denunciaba que se iba a permitir que un barco con material militar repostase en Valencia y, en octubre del 2025, la Unión Sindical de Trabajadores del Puerto de Barcelona ha denunciado la llegada del buque Zim Virginia que transporta armamento procedente de EEUU con destino al ejército genocida de Israel. 

El gobierno de España y la flotilla

La presión popular en el Estado español ha ido creciendo durante estos dos últimos años de genocidio hasta llegar a parar la icónica Vuelta Ciclista a España en septiembre del 2025 por la participación del genocida país.

Quizás por esa presión popular, el Gobierno decidió mandar un buque de guerra para escoltar a la flotilla en octubre del 2025. Sin embargo, a pocas horas de ser interceptados y secuestrados por el Estado sionista, este buque dejó tirados a las activistas y aseguró que el buque no podía adentrarse en ese territorio de aguas internacionales y que hacerlo supondría un riesgo, declarando “La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima”. El gobierno llegó a pedir a los integrantes de la flotilla que desistiesen en su intento de romper el bloqueo de Gaza.

Con este gesto y dado el hecho de que Israel ha atacado embarcaciones con bandera española sin que el Gobierno de España haya movido un dedo a pesar de su obligación legal de proteger embarcaciones y ciudadanos españoles, ha desatado el descontento y las críticas de una buena parte de la población. A lo que Sánchez y su ejecutivo han respondido con amagos de acciones legales contra Israel.

Todas estas medias verdades y mentiras de los últimos años han llevado a que se popularice el termino “psoed” (hecho por el PSOE), queriendo significar que el PSOE logra una vez más engañar mostrando una falsa solidaridad, presentando una y otra vez acciones que no se materializan.