El Estado, es decir, toda la sociedad a través de los impuestos, en proporción regresiva (las personas trabajadoras por medio del IRPF, casi el 70% y los empresarios Impuesto de Sociedades y de Capitales, en proporciones ridículas), ha destinado casi 21.000 millones de € en prestaciones para las personas trabajadoras con los contratos suspendidos (ERTE) y las exoneraciones al empresariado (dejar de pagar cotizaciones a la Seguridad Social), ascendieron a 8.200 millones de €, además de casi otros 9.000 millones de euros, que las personas trabajadoras dejaron de percibir en salarios.
En marzo de 2020, gobierno, empresarios y sindicatos “institucionales”, llegan a un acuerdo político, para que los efectos de la pandemia en la economía, no destruyera tejido productivo de manera sangrante y, a la vez, millones de trabajadoras y trabajadores tuvieran en primer lugar rentas (prestaciones de desempleo) y en segundo lugar, alguna seguridad jurídica sobre su puesto de trabajo y que el mismo, no fuera eliminado según los vaivenes del “mercado”, a la vez que se libran “millones de créditos ICO” para casi todos los sectores de la economía, sin discriminación de empresas viables o con futuro y no viables o zombis.
El Real Decreto Ley 8/2020 condensa en su exposición de motivos los objetivos señalados: …“Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTE) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo”, …“contribuye a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”.
Desde la puesta en marcha de los ERTE - COVID, -ahora desarrollados por el mecanismo RED en la reforma parcial de la “no reforma laboral”, de finales de 2021[1]-, casi 7 millones de personas trabajadoras han sido cubiertas por el paraguas de los ERTE.
El coste ha sido financiado por toda la sociedad y el Estado[2] ha destinado en este periodo cerca de 29.000 millones de euros: unos 21.000 millones de euros en prestaciones de desempleo para las personas en situación de ERTE y otros 8.200 millones de euros que asume el estado vía cotizaciones ante las exenciones de cotización empresarial.
Esta masiva utilización de fondos públicos, no suponen para las empresas que se acogieron a este mecanismo de “financiación-salvación”, en principio ningún coste, sino todo lo contrario, un ahorro, pues dejan de “gastar” hasta la friolera de casi 38.000 millones de euros que no es sino la suma de los costes salariales (salarios más cotizaciones), que el Estado, es decir todos nosotros y nosotras hemos asumido en un ejercicio de “solidaridad” para que nadie se quedará atrás.
¿Y las Ganancias de las Empresas qué aportan a esa “salvación”?
Los resultados de las compañías cotizadas, tanto las del mercado IBEX35, como el resto, ascendieron a la “pornográfica” cifra de 64.022 millones de euros en el 2021, de los cuales casi el 85% correspondieron a las Empresas del IBEX35 (54.910 millones de euros) y, la Banca cerca de 19.000 millones de €.
La Agencia Tributaria en el último informe relativo a los ingresos según las fuentes de origen de las rentas (Trabajo, Capital) y gastos, estima que el tipo medio efectivo sobre la renta y el gasto en el 2021 se situó en el 15,3%, mientras que el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades se situó en el 9,15% sobre los beneficios.
Una cuenta sencilla, supuestamente se ingresó a las arcas públicas el 9,15% de los 64.022 millones de euros que tuvieron todas las empresas cotizadas, es decir 5.858 millones de euros.
La pregunta a plantear, es la misma que cuando se decidió políticamente, de manera unilateral y sin consultar ni debatir con la mayoría social, “salvar al sector financiero” de sus trampas, sus especulaciones y sus expropiaciones, reformando el artículo 135 CE, para que los tenedores de la deuda pública[3] que se contrajo, siempre cobren (intereses y principal).
Con inyecciones de miles de millones, sustraídos de lo común (sanidad, educación, cuidados, etc.), ni tan siquiera el “Estado” se plantea intervenir dichas entidades financieras, crear una banca pública y decidir cómo se utilizan los dineros de todos y todas.
Si es el “Estado” que con los dineros de la mayoría social, ha salvado a las empresas, debiera ser el “Estado” con su intervención pública, quien decidiera acerca de lo que se produce (el cuánto y el qué) y controlara que los dineros públicos invertidos, sirven para “salvar empleos” y dignificar el trabajo.
Pues nada de esto ha ocurrido, ni nada ocurrirá sin la comparecencia de las clases asalariadas, para generar contrapoderes suficientes que impidamos las políticas de “socializamos las pérdidas”, es decir la mayoría asumimos la deuda y “privatizamos las ganancias”, es decir posibilitamos que la tasa de ganancia del capital se recupere (ellos lo denominan reactivación de la economía).
De continuar este tipo de políticas inversas al bien común, la situación, de las clases obreras y clases medias, se irá agravando, pues ante la reducción del consumo de éstas, producto de la pérdida de poder adquisitivo, bien por reducción de las rentas salariales, bien por subidas e incrementos de dichas rentas por debajo del IPC, sumado a la asunción de una deuda que hay que pagar, estas y las siguientes generaciones, y como no se implementan políticas de reparto de la riqueza, así como una radical reforma fiscal, que redistribuya las aportaciones a la “caja común” en función de las rentas que se tengan, el montante para el gasto público que cubran las necesidades fundamentales (vivienda, sanidad, educación, cuidados…), se verá nuevamente reducido y la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión aumentarán aún más.
Las clases asalariadas, la clase obrera (sea clase baja, media o alta), volverá a seguir pagando la factura en precariedad, pobreza y modo de vida cada vez menos digno, si no interpela con sus movilización y conflicto, a quienes dicen representar el “interés general” y éste, una y otra vez, se identifica con la tasa de beneficio empresarial y la libertad de mercado.
[1] Reforma Laboral pactada por los mismos protagonistas: gobierno, empresarios y sindicatos “institucionales”.
[2] Datos del Ministerio de Trabajo.
[3] Cuanto menos ilegítima en su totalidad, cuando no “ilegal”.
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