México
México y los 300 o más

Si tenemos en cuenta la presión que hace el poder legislativo, el cóctel resultante puede ser más que alarmante. Durante esta semana, el Tribunal Supremo ha paralizado una ley que pretendía marcar un techo salarial a altos funcionarios del Estado, incluyendo a los jueces y al propio presidente AMLO. O peor aún, la liberación, a vísperas de sus correspondientes juicios, de los altos cargos políticos y policiales de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte que se encontraban en prisión preventiva acusados de desaparecer a más de 15 personas, corrupción y tráfico de influencias. El desafío de la violencia institucional e institucionalizada de los Estados es muy grande, pero archiconocido. Es tan evidente que ha formado y sigue formando parte de las propuestas electorales de los propios partidos políticos que pretenden gestionar el poder del Estado.

Ya apenas unas horas tras el anuncio de su victoria en las elecciones presidenciales, López Obrador saludaba los grandes monopolios de las empresas transnacionales que están despojando de sus tierras a los pueblos originarios indígenas, asegurándoles la continuidad de los proyectos acordados con los anteriores presidentes.

Tampoco auguraba nada bueno la felicitación del presidente de los Estados unidos Donald Trump por la elección de López Obrador deseando trabajar con él porque según él “hay mucho que hacer en beneficio de EE.UU. y México”.

Con ello, queremos mostrar unos pocos ejemplos sobre la política que está dibujando el “nuevo” presidente recientemente nombrado, quien a pesar de sus promesas de cambio, en poco se está diferenciando del mapa político de sus antecesores.

En el ámbito social, la política de delegar a la gestión local en las fronteras la represión de la marcha de más de 7.000 hondureños y hondureñas que pasa por México para emigrar a los Estados Unidos de América del Norte, o la marcha de salvadoreños y salvadoreñas que está llegando, pone en evidencia la falta de voluntad en defender la dignidad de todas las personas, situándose claramente en contra las fronteras y los centros de internamiento de menores, familias y personas que abandonan sus hogares con la legítima esperanza de mejorar su calidad de vida.

Y entonces, ¿qué van a hacer los 30 millones de personas que votaron a Obrador? ¿Se sienten ya defraudadas y movilizadas de nuevo hacia el cambio? ¿O quizás cansadas de ver siempre lo mismo seguirán refugiadas en la supervivencia cotidiana con orejeras?

Antes que nada, resulta útil en este punto recordar las trampas de los sistemas electorales y del sistema electoral mexicano en particular. No sólo hablamos de las posibilidades de fraude el día del comicio, tampoco hablamos del inmovilismo que genera la delegación de responsabilidades de “la ciudadanía” al entregar su voto, ni mucho menos de la estrecha relación entre el capital que se invierte en los candidatos y las posibilidades de transmitir su programa a más personas. Hablamos sobre la perversidad del sistema que no ha permitido a candidaturas indígenas más modestas ni siquiera poder acreditarse para postularse, con ello, no han permitido que la diversidad de personas que habitan México puedan visibilizarse, conocerse, expresarse y presentarse como alternativa. Estos sistemas electorales se garantizan que se siga sin dar voz a loas sin voz, a loas sin rostro, a loas “del color de la tierra”. Resulta pues obvio que la fantasía de la igualdad de oportunidades no es más que un espejismo comercial para tratar de controlar a las resistencias disidentes.

Entonces, en respuesta a esta elección de más de treinta millones de mexicanas y mexicanos, algunas personas y grupos de personas se han sentido interpeladas y movilizadas frente al fraude de siempre. Algunas de ellas llevan muchos años movilizadas y otras, toda la vida en la resistencia y ocupación de sus territorios y vidas. “300 o quizás más”, como se definen loas propioas zapatistas, se declaran directamente “en guerra contra el sistema” y la cuestión no es para menos.

Como muestra, la guerra ecológica que le ha declarado el capitalismo representado por las grandes empresas energéticas trasnacionales, que sigue despojando a las personas de las tierras en las que habitan, promovidas por un afán depredador que solo enriquece al capital. Bajo la promesa de “progreso” e inversiones en los territorios, empresas como Endesa y otras extractivistas, fuerzan la venta o expropiación de los terrenos de pueblos y personas para llevarse su energía y recursos, dejar su contaminación y, entre tanto, financiar con recursos públicos una parte de la inversión, a cambio de que las personas que habitan los territorios ocupados consuman energía. Es decir, que financian a “mayordomos y caporales” los gestores políticos a cambio de que éstos aprueben leyes para permitir la compra-venta de reservas naturales y terrenos comunales, pero ninguna empresa es una ONG sin ánimo de lucro, a cambio exige también que la administración pública de turno sufrague con dinero de las personas contribuyentes la infraestructura que necesita para su negocio, es decir, las carreteras, el alumbrado y canalizaciones de la energía… Es un negocio redondo. El capital nunca pierde dinero, loas demás, siempre. Además de la falta de libertad y respeto por las personas, esta guerra declarada al medioambiente no tenía en cuenta que el ritmo de avaricia con el que devora los recursos naturales es infinitamente superior al ritmo de reposición que tiene la naturaleza para tratar de reequilibrar el consumo de recursos. Por eso, las multinacionales energéticas se tienen que desplazar cada vez más lejos y tratar de colonizar territorios, pueblos y personas que vivían bastante alejadas de la lógica capitalista y sus consumos.

Pero la guerra va más allá, desaparece a miles de personas todos los años, viola y asesina a mujeres y niñas todos los días, segrega social y económicamente a las personas clasificándolas en función del color de su piel, su origen o su diversidad sexual. La presión que la violencia que los mercenarios del poder ejerce sobre los y las defensoras de los derechos humanos también en México es brutal, y su impunidad, intolerable.

Los pueblos originarios, en el caso de México, los llamados “indígenas”, son pueblos ancestrales que ya habitaban sus tierras antes de que el sistema capitalista llegara a explotar su hábitat y sus vidas. Que desde hace muchos años se resistan a esta invasión colonialista no debiera sorprendernos sino ayudarnos a ponernos las gafas de nuestra propia realidad. Delegando la responsabilidad de la gestión de nuestras vidas a profesionales de la política que no utilizan como medio la legislatura para alcanzar lo justo para todas y todos, sino que viven de la política como un fin en sí mismo; y al consumo que organiza el capital hemos normalizado la lógica capitalista depredadora que ahora problematizan las luchas de los pueblos originarios. Y sin embargo, nos muestran alternativas de lucha y de vida inspiradoras para alumbrar. Entre ellas, 300 o más zapatistas, que desde la Selva de Lacandona siguen animando y apoyando la justa defensa de los que es de todoas. Fruto de estas acciones se han creado Juntas de Buen Gobierno, más allá de Chiapas, el Consejo Nacional Indígena y quién sabe lo que se puede lograr si se amplían los horizontes. A finales del mes de diciembre, nos encontraremos con elloas en las Redes de resistencia y rebeldía para seguir reflexionando y construyendo en común.
Resistir y continuar tras decenas de lucha, bien merece celebrar, como lo harán también este año, los 35 años de lucha zapatista en México tras aquel primero de enero de 1994. Nos invitamos a mantener nuestros ojos, oídos y corazones abiertos para acoger las iniciativas y conmemoraciones que se van a celebrar por todo el planeta. Porque así como el capital no tiene fronteras, la lucha por nuestra libertad, respeto y dignidad tampoco debe tenerlas.