Laboral
Salarios, Pensiones y Desempleo, la tríada de la expropiación

Las rentas salariales

El trasvase de recursos de las personas asalariadas al conjunto de las empresas, o, dicho de otra forma, la expropiación de las rentas salariales por el empresariado, se ve reflejado en la participación de su renta en el conjunto de la renta nacional, es decir, en la distribución de la riqueza que producimos.

En periodo duro de la crisis-estafa 2008 a 2013, con implementación de todas las políticas austoritarias (Reformas Laborales, Reales Decretos de disminución de recursos públicos en Sanidad, Educación, Cuidados, Cultura, etc. Ley de Estabilidad Presupuestaria y Equilibrio Financiero, Reforma del artículo 135 de la CE), tanto en los mercados laborales privados como en los públicos, la masa salarial se redujo en un 14%, mientras que los beneficios empresariales lo hicieron solo un 5%. El nivel salarial global de 2008 no se recuperó hasta 2018, mostrando un desfase temporal respecto a los beneficios empresariales, que en 2016 ya alcanzaron los niveles previos a la crisis.

La fase de recuperación económica iniciada en 2014, permite solamente un incremento de la participación de los salarios en la renta nacional en 0,3 puntos porcentuales sobre el PIB.  

Según los datos de la Contabilidad Nacional correspondientes al 4º trimestre 2021 (estimaciones), el EBE y rentas mixtas aumento en un 6% sobre el 2020:

(Fuente Agencia Tributaria)

La brecha salarial y la desigualdad se incrementa, como consecuencia tanto de los incrementos salariales siempre por debajo de la inflación, bien vía convenios-negociación colectiva, bien por los incrementos “insuficientes” del SMI y la pérdida de poder adquisitivo de manera inversamente proporcional a los salarios.

De todos los salarios declarados en el 2020 (378.988.970.687 millones de euros), por 18.484.793 de personas asalariadas, 2.155.633 personas asalariadas, comprendidas entre los 42.930€ anuales hasta los 250.412 € de salario medio anual, que representan el 11,66% de todas las personas asalariadas declarantes, perciben en salarios casi el 36%, es decir más de tres veces del porcentaje de personas que representan.

Las diferencias y la brecha entre está población asalariada, además de responder a los diferentes precios pagados en función de distintas variables (categorías, tipos de trabajos cualificados o no, productividades, luchas, etc., etc.), tiene una influencia directa los incrementos salariales porcentuales, es decir, si el convenio sube un 2% para todos igual, la cantidad bruta que supone sobre un salario de 43.000€ es de 860 €, mientras que en los salarios de 16.000 € este 2% es la mitad (320 €).

Como esto no se corrige en la negociación colectiva desde los años 80 del siglo XX, a través de los incrementos bien lineales, bien inversamente proporcionales, la brecha sigue creciendo.

Además, nos encontramos que al no existir leyes de limitación de salarios (directos, en bonos, en opciones, en planes de pensiones, etc.), en los directivos, ejecutivos, consejeros, etc. de todas las empresas y especialmente de las empresas del IBEX 35, la brecha con el salario medio más habitual se ha ido disparando hasta la indecencia.

En situaciones de inflación, como la actual, disparada hasta dos dígitos, la pérdida de poder adquisitivo aun afectando a todas las personas asalariadas, las consecuencias no son iguales para los salarios más habituales que son los que perciben la mayoría, y sus condiciones de vida se ven precarizadas y hasta empobrecidas.[1]

(Fuente Agencia Tributaria)

¿Que nos vuelven a proponer como “salvación”? pues no existen fórmulas mágicas conocidas (el cientifismo y las nuevas tecnologías, lo vistan de verde y sostenible, tanto como puedan estirar la gran mentira del relato), que ofrezca una alternativa global a la obligada descarbonización y al abandono radical de la energía fósil, para seguir manteniendo los mismos niveles de acumulación de capital y a la vez frenar la barbarie.

Pues lo que nos proponen, es lo de siempre, es decir, la austeridad o políticas austoricidas: contención de los salarios, contención del gasto social e inversión de miles de millones para la militarización de la vida y además, se pretende -otra vez-, que las clases asalariadas públicas y privadas y los millones de pensionistas actuales (no digamos ya las futuras generaciones), aceptos volver a pagar su barbarie de manera “consensuada” bajo el rótulo de “pacto de rentas”.

[1] El Banco Mundial en un reciente informe sobre las consecuencias de la inflación en el mundo en los distintos países, considera que por cada punto que sube la inflación, 10 millones de personas pasan a la situación de pobreza extrema.