América Latina
El progresista Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala pese a la persecución política

El presidente electo tomará posesión del cargo este domingo tras meses de incertidumbre y embates judiciales de la Fiscalía, que ha tratado de impedir su investidura.
Bernardo Arévalo
Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semilla.

El Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, fue la gran sorpresa de las últimas elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de agosto. Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, la formación logró obtener un respaldo popular del 60,9% en la segunda vuelta electoral.

En un país golpeado por el deterioro del Estado de derecho y el debilitamiento progresivo de la democracia, el partido Semilla ha desafiado las formas tradicionales de hacer política y ha logrado romper con la correlación de fuerzas de la clase política y dominante del país. Sin embargo, su inesperada victoria electoral ha generado la respuesta por parte del Ministerio Público (Fiscalía) que, recurriendo a toda una serie de casos judiciales, lleva varios intentos de deslegitimar los resultados electorales y anular a la formación política.

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En medio de las grandes expectativas de cambio que busca impulsar, y tras meses de sortear obstáculos judiciales y denunciar un golpe de Estado en su contra, se espera que el presidente electo sea investido este domingo 14 de enero. Sin embargo, la mayoría de analistas apuntan que la persecución judicial contra Semilla no cesará cuando Arévalo asuma el cargo este fin de semana.  

El gobierno más progresista desde los Acuerdos de Paz

Arévalo, un sociólogo con perfil internacional, encabeza una lista conformada por intelectuales académicos que surge de la llamada ‘primavera de 2015’, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Con la lucha contra la corrupción como punta de lanza de su discurso político, su formación logró capitalizar el voto de hartazgo y movilizar a un electorado descontento.

El nuevo gabinete, paritario por primera vez en la historia del país, tiene el mandato de desarrollar un plan de gobierno progresista en una nación tradicionalmente conservadora. Entre las principales apuestas y desafíos, se encuentran el desarrollo social, la seguridad, la creación de infraestructura y la lucha contra la desnutrición. Aun así, las metas estratégicas del ejecutivo, las cuales denominan “semillas para recuperar el futuro”, tienen como eje trasversal la lucha contra la corrupción y la democratización de las instituciones.

En los últimos años, decenas de fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos han sido encarcelados o han tenido que exiliarse

La propuesta política de los socialdemócratas ha logrado ilusionar al electorado tras cuatro años de gobierno de Alejandro Giammattei, una legislatura marcada por acusaciones de corrupción y persecución judicial contra opositores. En los últimos años, decenas de fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos han sido encarcelados o han tenido que exiliarse.

En este contexto, el gobierno de Bernardo Arévalo asume la presidencia en medio de incertidumbres por la persecución legal en su contra, contra su partido y la vicepresidenta electa, y tras meses de cuestionamientos de los resultados electorales por parte de la oposición. El Ministerio Público ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios e ilegalizar a la formación política, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional y de una mayoría de la población guatemalteca. Los principales hostigadores de esta causa son el juez Fredy Orellana, el fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche y la fiscal General Consuelo Porras, todos ellos sancionados por Estados Unidos por corrupción y por “socavar la justicia”.

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El pasado septiembre, Arévalo acusó públicamente a la jefa de la Fiscalía de encabezar un intento de golpe de Estado para evitar que asuma la presidencia. La denuncia se produjo tras darse a conocer una investigación del Ministerio Público contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política. A esta causa judicial se le han sumado allanamientos a la sede de Semilla y a la del Tribunal Supremo Electoral, así como la suspensión temporal del partido.

A pocas horas para el traspaso de poderes, la Fiscalía volvió a la carga en un nuevo intento por obstaculizar la toma de posesión. La Corte de Constitucionalidad, máximo órgano judicial del país, tuvo que otorgar un amparo a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para detener una posible orden de captura en su contra solicitada por el Ministerio Público.

Una legislatura comprometida

La toma de posesión marca el inicio de una nueva legislatura que no va a ser fácil para la formación izquierdista. Los diversos procesos judiciales abiertos contra la formación y sus miembros, auguran un mandato marcado por los intentos legales de evitar el ejercicio de gobierno. En este sentido, el analista político Luis Fernando Mack advierte “que la persecución política contra Semilla no cesará, y previsiblemente se intensificará tras el 14 de enero”.

Otra de las batallas que deberá librar la formación será en el Congreso de la República, ampliamente controlado por fuerzas conservadoras. La bancada de Semilla cuenta con apenas 23 diputados de 160, un desafío para llevar a cabo muchos de sus proyectos. La necesidad de buscar coaliciones y entendimientos con otras formaciones políticas se verá contrarrestada por la presión política de sectores populares como las comunidades indígenas.

La bancada de Semilla cuenta con apenas 23 diputados de 160, un desafío para llevar a cabo muchos de sus proyectos

En un país en el que los pueblos originarios representan el 42% de los más de 17 millones de habitantes, uno de los grandes retos del nuevo gobierno será no dejar de lado a estas comunidades tradicionalmente ignoradas por las elites políticas. Hasta el momento, ha sido el movimiento indígena quien ha liderado los más de 100 días de protestas frente a los intentos judiciales de invalidar las elecciones. Aunque las autoridades comunales aseguran que otorgan un voto de confianza al nuevo gobierno, afirman que fiscalizaran muy de cerca la acción del ejecutivo.

Evocando una nueva “primavera” para Guatemala, Arévalo asegura que recorrerá el mismo camino que su padre, Juan José Arévalo, primer presidente democrático (1945-1952) tras años de dictaduras e impulsor de importantes reformas sociales. Sobre las espaldas de Arévalo recaen ahora las grandes esperanzas de cambio depositadas por una mayoría de la sociedad guatemalteca.

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