Análisis
El campo vuelve a movilizarse en una semana decisiva para el acuerdo UE-Mercosur

Es una semana determinante para el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), después de que el gobierno de Francia intentara a última hora posponer una votación crucial entre los Estados miembros de la UE. La pregunta fundamental es si habrá minoría de bloqueo en la votación de los Estados miembros el viernes 19 de diciembre. A esta hora del miércoles 17 de diciembre, parece que el expediente UE-Mercosur no saldrá adelante, pero las negociaciones bajo la mesa y las tácticas de confusión se siguen desarrollando.

“Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que podamos seguir trabajando y conseguir las protecciones legítimas que necesita nuestra agricultura europea”, declaró el domingo por la noche la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en un comunicado.

La maniobra táctica de Emmanuel Macron está motivada por las recientes protestas del sector ganadero —en particular del vacuno— contra el sacrificio a gran escala de rebaños en respuesta a la propagación de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), una medida que, dicho sea de paso, está orientada exclusivamente a conservar el derecho a seguir exportando ganado. Macron advirtió este miércoles que “Francia se opondrá muy firmemente” a cualquier “intento de las autoridades europeas de forzar” el acuerdo comercial con los países del Mercosur.

“No queremos un aplazamiento, queremos su abandono”

“Con cláusula de salvaguardia o sin ella, con cláusulas espejo o sin ellas, no pedimos un 'aplazamiento' de la firma del acuerdo UE-Mercosur, sino que Francia se oponga y bloquee definitivamente su ratificación”, ha contestado la campaña francesa Stop UE-Mercosur en la red Bluesky. “Cuando el 80 % de los encuestados en Francia, todos los sindicatos agrícolas y la gran mayoría de la sociedad civil así como ambas Cámaras del Parlamento se oponen al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, esperamos que el gobierno francés lo bloquee”, insistió la coalición gala.

Incluso con las enmiendas propuestas, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina sostiene que el acuerdo UE-Mercosur debe ser rechazado porque no protege a la agricultura familiar

El acuerdoUE-Mercosur podría provocar la pérdida de 120.000 puestos de trabajo en Europa, aumentar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, acelerar la deforestación en biomasas como la Amazonia o El Cerrado (Brasil) y violentar los derechos de las comunidades indígenas y de la clase trabajadora. Si bien la artimaña del palacio del Elíseo no resolverá los problemas de fondo, sí crea otro obstáculo para los partidarios del pacto neoliberal en cuanto a los plazos que desean cumplir.

¿Y ahora qué?

El gobierno danés, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE, se ha comprometido a seguir adelante con el calendario de la votación para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar a la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu el próximo 20 de diciembre para la firma simbólica del acuerdo con Luiz Inácio Lula da Silva, quien ejerce la presidencia rotatoria pro tempore del Mercosur.

Las conversaciones se están prolongando hasta la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos que se celebrará el jueves en Bruselas, un foro que únicamente puede adoptar una decisión política. Cualquier aprobación formal requeriría, en ese caso, una votación posterior de los embajadores (Coreper II), prevista para el viernes.

No está garantizado que el pacto obtenga el apoyo necesario. Dado que se requiere una mayoría cualificada en el Consejo —al menos 15 de los 27 Estados miembros que representen el 65 % de la población de la UE—, el voto en contra de Francia o la abstención de Austria e Italia pueden resultar determinantes para conformar una minoría de bloqueo.

Además de Francia, Polonia, Eslovaquia y Hungría se oponen al acuerdo. El gobierno austriaco anunció la semana pasada que mantendrá su veto —lo que le obliga a votar en contra o a abstenerse en el Consejo de la UE— debido a una decisión adoptada por el Parlamento del país alpino en 2019. Bélgica se abstendrá, mientras que Irlanda se ha mostrado escéptica. Pero para que la decisión sea bloqueada, Italia debe abstenerse o votar en contra. En una intervención en el Parlamento italiano, la primera ministra italiana ha pedido que se aplace la firma del acuerdo comercial. Meloni afirmó que las salvaguardias agrícolas —aún en negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo— deben ultimarse y discutirse con los agricultores antes de que se pueda firmar el acuerdo.

Meses atrás, el gobierno italiano había elogiado el texto del acuerdo con el Mercosur, pero ahora el Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni busca obtener concesiones en el Marco Financiero Plurianual que se negocia actualmente en la burbuja comunitaria. Meloni se reunió el lunes con Macron durante un encuentro sobre el futuro de Ucrania en Berlín.

El Parlamento aprueba medidas de salvaguarda para productos agrícolas

Para complicar aún más la ecuación, el pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes su posición sobre las medidas de salvaguardia adicionales del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, un pacto que, por cierto, cuenta con un fuerte respaldo de la industria de los pesticidas.

Con 431 votos a favor, 161 en contra y 70 abstenciones se aprobaron 23 enmiendas, entre ellas las que admitió la Comisión de Comercio Internacional la semana pasada, que cambian algunos artículos del Reglamento redactado por la Comisión Europea y aprobado por el Consejo de la UE.

El Parlamento Europeo considera que la Comisión debería activar investigaciones y medidas de salvaguardia cuando las importaciones de productos agrícolas sensibles aumenten de media un 5 % en tres años, frente al umbral del 10 % propuesto por la Comisión. Los eurodiputados también reclaman acortar los plazos de investigación para permitir una activación más rápida de estas medidas.

Además, el Parlamento ha aprobado una enmienda que introduce un mecanismo de reciprocidad: la Comisión deberá investigar y aplicar salvaguardias si existen pruebas de que las importaciones beneficiadas por preferencias arancelarias no cumplen estándares equivalentes a los de la UE en materia ambiental, bienestar animal, salud, seguridad alimentaria o protección laboral.

La mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, podría obtener hasta 1.700 millones de euros en beneficios adicionales de aquí a 2040 gracias a la reducción de aranceles

Entre los cambios más controvertidos —y potencialmente incompatibles con el texto del acuerdo comercial— figuran la incorporación de una obligación de reciprocidad en relación con los productos y las normas de producción —cláusulas espejo—, la posibilidad de suspender importaciones y la redefinición de “lesión grave”, incluyendo un aumento automático del 5 % del volumen como detonante automático de medidas de protección.

Aun así, estas medidas no garantizan que los sectores más vulnerables estén suficientemente protegidos frente a las consecuencias de la competencia desleal generada por el sistema económico dominante que se rige por las reglas de la Organización Mundial de Comercio.

Para Maxime Combes, economista de Attac Francia, el umbral del 5 % puede ser “compatible con el acuerdo, pero no con el funcionamiento real de los mercados internacionales, especialmente en términos de volumen”. Como ejemplo, señala que en julio de 2025 la UE importó más de 47.500 toneladas de carne de vacuno procedente de terceros países, 15.000 toneladas más que en el mismo mes de 2024 (+46,2 %). Sudamérica concentró prácticamente todo este incremento: solo los países del Mercosur aportaron casi 33.600 toneladas, es decir, 14.800 toneladas adicionales (+78,9 % interanual), según datos recogidos por BFM. En este periodo, España ha experimentado una reducción en la venta y consumo de carne bovina

Este argumento explica por qué la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, podría obtener hasta 1.700 millones de euros en beneficios adicionales de aquí a 2040 gracias a la reducción de aranceles y el aumento de cuotas previstos en el acuerdo, reforzando su posición global a costa de los sistemas alimentarios sostenibles y de la pequeña agricultura.

La votación en el Parlamento Europeo obliga ahora a las tres instituciones de la UE a iniciar un diálogo tripartito acelerado, que arrancará en la tarde del 17 de diciembre. Es muy probable que la versión del reglamento aprobado por la Eurocámara será desmantelada en las negociaciones con los Estados miembros y la Comisión. Si se alcanza un acuerdo, los embajadores de los Estados miembros analizarán el texto de compromiso final, un paso clave de cara a la reunión del viernes, en la que el cambio del voto negativo de países como Francia o Italia podría depender del tipo de salvaguardias agrícolas consensuadas. Macron ya ha reiterado que las cláusulas no ofrecen garantías suficientes para la agricultura francesa.

Sin embargo, incluso con las enmiendas propuestas, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina sostiene que el acuerdo UE-Mercosur debe ser rechazado porque no protege a la agricultura familiar, no garantiza unos ingresos justos ni la soberanía alimentaria y mantiene impactos estructurales negativos que no han cambiado desde 2024, mientras que las salvaguardias son ineficaces o inaplicables. Su activación sería tardía, cuando el daño ya esté hecho, y no corrige las asimetrías estructurales ni frena la competencia desleal de las multinacionales agroalimentarias, principales beneficiarias a largo plazo de la política comercial de la UE.

La organización campesina llama a los Estados miembros —en especial a países clave como Francia, Italia y Polonia— a sostener una minoría de bloqueo en el Consejo y cumplir sus compromisos con el sector agrario frente a un acuerdo cuyos costes sociales, ambientales y sanitarios previsiblemente agravarán la crisis del mundo rural.

Nuevas protestas agrarias

Esta misma semana se esperan varias protestas de organizaciones agrarias. Por un lado, alrededor de 1.100 agricultoras y agricultores se movilizarán hoy, miércoles 17 de diciembre, en el aeropuerto de Lieja contra acuerdos comerciales como el de la UE con el Mercosur. Convocados por la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, el sindicato agrícola y organización juvenil belga FUGEA y la asociación de productores de lácteos (Milcherzeuger Interessengemeinschaft) exigen precios justos y una mayor regulación del mercado, así como el fin de la desprotección social y ambiental impulsada por la UE.

Por otro lado, Copa-Cogeca prevé reunir hasta 10.000 manifestantes el jueves en Bruselas, coincidiendo con la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. La convocatoria apoyada por Asaja, COAG y UPA entrelaza diversos asuntos sensibles —desde los recortes presupuestarios en la Política Agraria Común (PAC) hasta la reciprocidad en los acuerdos comerciales pasando por los activos rusos inmovilizados— al más alto nivel, en un intento de arrancar concesiones políticas en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual de la UE.

El Parlamento Europeo aún puede congelar el acuerdo hasta 2028

Incluso si los gobiernos de la UE autorizan este viernes la firma del acuerdo con el Mercosur y Ursula von der Leyen lo suscribe el sábado, el proceso dista mucho de haber concluido. El tratado aún deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo a principios de 2026 para su adopción definitiva.

No obstante, más de 145 eurodiputados de distintos grupos políticos prevén solicitar de nuevo en enero un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar si el acuerdo es compatible con los tratados comunitarios. “Queremos retrasar el proceso de adopción del acuerdo UE-Mercosur lo máximo posible”, afirmó la copresidenta del grupo de La Izquierda, Manon Aubry.

En paralelo, mientras la Casa Blanca reclama una OTAN menos expansiva, exige a Europa una mayor desvinculación de la protección militar estadounidense

Como informóEl Salto Diario, este intento ya fue bloqueado en noviembre por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola (PPE), quien impidió la votación sin una base jurídica. Sin embargo, en la reunión de líderes de grupos políticos celebrada la semana pasada se acordó esperar al texto final del acuerdo y, una vez presentado, incluir la solicitud de dictamen en el orden del día del pleno, según confirmó Juri Laas, portavoz de Metsola.

Si la resolución sale adelante por mayoría simple, el Parlamento no podrá votar el acuerdo hasta que el Tribunal emita su dictamen, un proceso que suele prolongarse entre 18 y 24 meses. Esto podría retrasar la ratificación definitiva del acuerdo hasta el verano de 2027 o incluso 2028, aunque el Tribunal podría acelerar los plazos bajo presión política.

¿Por qué es relevante?

Un retraso en la firma del acuerdo con el Mercosur se produciría en un momento especialmente revelador de la fragilidad geopolítica de la Unión Europea que actúa cada vez más subordinada a un orden internacional marcado por el unilateralismo estadounidense, el régimen de guerra de la OTAN y el ascenso de las rivalidades entre potencias imperiales.

En una trama marcada además por el renovado intervencionismo político, económico, militar y cultural del trumpismo. Este se expresa tanto en la negociación comercial entre la Casa Blanca y la Comisión Europea como en la imposición del llamado “Plan Trump” para Gaza, que reproduce dinámicas genocidas inherentes a la ocupación militar israelí, ignora el derecho internacional y consolida prácticas de limpieza étnica. A ello se suman las negociaciones —a varias bandas— sobre el posible fin del conflicto entre Rusia y Ucrania y las injerencias de la reciente Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos.

En paralelo, mientras la Casa Blanca reclama una OTAN menos expansiva, exige a Europa una mayor desvinculación de la protección militar estadounidense, profundizando una contradicción estructural que deja a la UE atrapada entre dependencia estratégica y pérdida de legitimidad.

En definitiva, para Trump, la UE no es un aliado político, sino un competidor económico “desleal” y un artefacto burocrático que limita la soberanía nacional. Por ello, atiza la fragmentación interna de la UE y le conviene que no se firme el acuerdo con el Mercosur. El trumpismo no necesita que la UE desaparezca, le basta con que se rearme con armamento estadounidense, sea débil, dividida y dependiente.

Desde hace tiempo se señala en distintos foros que la UE carece de un pensamiento estratégico propio y depende en gran medida de Estados Unidos. Desde la nacionalización en los Países Bajos de una empresa china de microchips hasta la gestión de la guerra en Ucrania, los Estados miembros se ven atrapados en decisiones cortoplacistas y en una marcada ausencia de planificación a largo plazo. “Nuestra defensa depende ahora de la columna vertebral de las fuerzas militares estadounidenses en Europa”, ha llegado a reconocer Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio.

En este contexto, el acuerdo con el Mercosur se presenta como una supuesta tabla de salvación geopolítica frente a la creciente presión y al avance tecnológico-comercial de Estados Unidos y China. Sin embargo, lo que se describe como un esfuerzo de la UE por profundizar sus lazos con América Latina no es sino una nueva vuelta de tuerca en una competencia global cada vez más intensa por las esferas de influencia, que incluye el control del acceso a las materias primas indispensables para la transición energética, la digitalización y el complejo militar-industrial. Incapaz de seguir el ritmo de Washington y Pekín por medios propios, la UE depende en gran medida de las importaciones procedentes del Sur Global y recurre a la política comercial para asegurar ese acceso.

Lejos de corregir las asimetrías heredadas de siglos de expolio y genocidios, estos acuerdos consolidan dependencias estructurales y perpetúan continuidades de carácter colonial.