Antigitanismo
La familia de Eleazar García logra reabrir su caso a cuatro años de su muerte

Primero fueron cinco guardias de seguridad de la empresa Prosegur los que inmovilizaron a Eleazar García. Fue en la puerta 15 del estadio municipal el Molinón, el campo de fútbol gijonés donde España se enfrentaba a las Islas Feroe. Más tarde fueron cuatro los policías locales que se pusieron sobre su cuerpo para retenerlo, en el centro de salud del Parque - Somió. Era el 8 de septiembre de 2019 y Eleazar había ido por primera vez a ver un partido de la selección. El joven, había acudido con su padre y un amigo a la cancha, poco tiempo después, estaba muerto.

Eleazar tenía un 75% de discapacidad intelectual, era corpulento, le costaba expresarse. En el descanso del partido salió a por algo de comer, pero nunca volvió a entrar en el campo. Los guardias de seguridad le impidieron regresar a las gradas: a partir de ahí, todo se torció para Eleazar. Su familia lleva denunciando desde entonces que la violencia recibida por parte de agentes de seguridad y policiales causaron su muerte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Oviedo archivó la causa en marzo de 2021, tras aceptar el juez que su deceso se debía a causas naturales. El pasado 21 de septiembre la familia consiguió la reapertura del caso, tras la presentación de un nuevo informe forense que apunta a la hipótesis de que el joven muriera por asfixia como resultado de la segunda inmovilización que sufrió, la que ejecutaron los policías municipales en el centro de salud.

“Un día fue a ver un partido, y al día siguiente nos lo devolvieron metido en una caja. Eso nunca lo hemos podido admitir la familia”

“Un día fue a ver un partido, y al día siguiente nos lo devolvieron metido en una caja. Eso nunca lo hemos podido admitir”, explica Diego García, portavoz de la familia, que lleva cuatro años clamando que la muerte de Eleazar fue un crimen, aunque, explica su tío, entiende que no fuera intencionado. “Pero fue un crimen al fin y al cabo, porque se lo llevaron por delante”. García recuerda que ya en un primer juicio la jueza Belén García Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, la misma que ha reabierto el caso en vista del nuevo informe, había sentenciado que la detención del joven fue ilegal, puesto que no se le habían leído sus derechos, ni hubo desacato a la autoridad, dado que los guardias de seguridad privados no son considerados como tal.

El informe forense, encargado por el abogado de la familia Marcos García Montes, al despacho Balfagón & Chippirrás, se basa tanto en los propios atestados policiales, como en el testimonio de testigos presenciales de los hechos. Una declaración clave es la de un celador del centro de salud que afirmó que el joven entró por su propio pie, rodeado por cuatro policías, y que una vez dentro del centro, debido a su estado de gran nerviosismo, fue reducido e inmovilizado contra el suelo después de un intenso forcejeo, y mantenido en esa posición, con al menos cuatro agentes encima, durante un tiempo que oscila entre 5 y 10 minutos. El testigo explica que para cuando llegó el médico de guardia y los agentes se dispusieron a levantar al joven, este no reaccionó. Constatándose tras varios intentos de reanimación su fallecimiento.

A los profesionales que firman el informe les llama la atención que, si bien fueron varios los agentes de seguridad que declararon haber detectado que el joven tenía algún tipo de minusvalía psíquica en el momento de la detención, no trasladaran esta información a los policías locales y no se activara ningún protocolo para aplicar en el caso de detención de personas con este tipo de circunstancias, ejecutándose, en su lugar, maniobras de inmovilización y retención que en el informe se consideran “violentas”.

En el documento también se cuestiona por qué, si Eleazar sufría una gran agitación y nerviosismo tras la primera inmovilización a la que se le sometió —en la que se le habrían dado golpes y patadas, según testigos presenciales—  no fue requerida la intervención del SAMU, presente en las inmediaciones del estadio debido al partido. El traslado al centro de salud cercano, recoge el informe, supuso forzarle entre varios agentes para que entrara en el coche patrulla, y posteriormente para que saliera del mismo y entrara en la instalación sanitaria, lo que le habría provocado un alto grado de estrés y nerviosismo.  “Estaba en esa situación, sin saber ni cómo, ni por qué. Era un niño en su mentalidad, porque tenía un 75% de discapacidad, ese es un dato que no se puede perder de vista. Si tú o yo nos vemos en esa situación, nos explicamos, pero es que él no tenía modo de explicarse”, lamenta su tío.

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El informe describe lo que le sucedió a Eleazar como delirio agitado, una situación que se da en circunstancias de detención y que deriva en un bucle de estrés ante la detención, resistencia por parte de la persona a la que se intenta inmovilizar, y una intensificación de la presión o la violencia para contenerla. Un ciclo que acaba frecuentemente de manera fatal para la persona a la que se intenta inmovilizar. En ese marco, se defiende en el informe entregado a la jueza, se concluye que la muerte sobreviene a causa de la asfixia que provoca el peso de los cuatro agentes que retienen a Eleazar durante un tiempo continuado en el suelo del centro de salud, presionándole el tórax, asfixia que provoca el fallo cardíaco final. “Es consenso general a nivel internacional que todas las muertes durante la detención en las que concurren estas circunstancias de agitación, lucha y ampliación de medidas de contención física (...) han de ser tratadas desde un principio y desde un punto de vista médico-forense, como muertes presuntamente homicidas, lo que en nuestro contexto nacional supone una autopsia completa y detallada realizada por dos médicos forenses”, se explica en el informe.

“Lo mataron en el centro de salud”, refuerza Diego García, que tiene plena confianza en el trabajo de los criminólogos, que han trabajado seis meses en la investigación. Destaca que se trata de un trabajo exhaustivo, gracias al cual aspira a “que se abra un juicio y se desmonten todas las mentiras y se destapen todas las vergüenzas”. La familia, que ha tenido que destinar amplios recursos económicos a su búsqueda de justicia agradece la generosidad de su letrado, y los autores del informe. “Se les ha pagado una ínfima parte de lo que verdaderamente supone el trabajo que hacen”.

“No solamente asesinaron presuntamente a Eleazar sino que también ha habido muchos atropellos después de eso, mucha injusticia en el trato hacia nosotros y mucha condescendencia. Eso es lo peor, duele mucho”

Luchando contra el archivo

Un hecho que llamó la atención de los criminólogos es la escueta información que aporta la autopsia. El forense encargado redactó unas consideraciones de pocas líneas. “Imagínate despachar con tres líneas la muerte de una persona, en las circunstancias que se produjeron”, se indigna Diego. Su indignación también va para con el fiscal, que según el familiar de Eleazar, dio esas tres líneas por buenas, aceptando la muerte por causa natural, “una muerte natural con cuatro personas encima”, ironiza. Diego recuerda la falta de compromiso del ministerio fiscal desde el principio, ante la muerte del joven “ya había cerrado los ojos y había cerrado el caso”. Fue, recuerda Diego, la acusación particular la que activó el caso a través de una comunicación con la jueza a la que informaron de que contaban con dos testigos presenciales que confirmaban que a Eleazar le habían reducido y golpeado.

Reabierto el caso, 17 testigos declararon durante el proceso: “el fiscal no estuvo ni una vez”, lamenta Diego. Ya no es que no interrogara a los testigos, es que ni siquiera estaba escuchando, subraya. Ahora, apunta, la jueza le conmina explícitamente a involucrarse en el juicio. La indiferencia del ministerio fiscal, supondría una muestra más de una falta de interés por parte de la administración. A Diego se le ha quedado grabada una frase que escuchó poco después de llegar a Gijón desde Santander, la ciudad en la que vive, cuando le contaran de la inesperada muerte de su sobrino. “Ya lo sentimos porque esto ha sido una muerte tonta, váyanse ustedes para su casa”, les dijeron.

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Para Diego y el resto de la familia de de Eleazar, este intento continuo de dar carpetazo al caso que acabó con la vida de Eleazar, tiene que ver con que se trata de “una familia gitana, muy sencilla y humilde”. La muerte del chico, golpeado, reducido entre varias personas, ha sido denunciada por los movimientos de lucha contra el antigitanismo que han hecho bandera de la búsqueda de justicia. Con la reapertura del caso, que tendría una primera vista el próximo 24 de octubre, su familia se siente “moderadamente esperanzada”.

Diego explica que no alcanza a confiar plenamente en cómo seguirá el proceso tras cuatro años en los que ha pasado “de todo”. De momento, celebran que finalmente el caso ser revise. “Es lo que venimos demandando. Que haya juicio y luego los jueces determinarán, pero que haya juicio”. El portavoz de la familia aclara que si bien esta nunca ha buscado generar un “circo mediático”, sí que quiere darle visibilidad a las injusticias cometidas durante estos años. “No solamente asesinaron presuntamente a un niño sino que también ha habido muchos atropellos después de eso, mucha injusticia en el trato hacia nosotros y mucha condescendencia. Eso es lo peor, duele mucho”.