Aragón
Los fondos Next Generation sacuden el Pirineo dando luz verde al telecabina Astún-Candanchú-Formigal

Un día celebrábamos que, gracias a la parálisis de la pandemia, habíamos conseguido retrasar el Overshoot Day, o Día de la Sobrecapacidad de la Tierra —cuando el planeta agota los recursos que es capaz de generar en un año— y al día siguiente encontramos que los fondos Next Generation de la Unión Europea iban a seguir regando el expansionismo capitalista sobre el que se asienta nuestra economía. La materia prima para ello, esa infantería extractivista integrada por políticos clientelares y promotores frotándose las manos, está de serie. Solo faltaba, por tanto, despejar la incógnita de qué proyectos resultarían agraciados por la pedrea procedente de Bruselas. Y es ahora, en este lapso de tiempo en el que se van conociendo algunas de las grandes propuestas, cuando se puede ver qué nivel de autoengaño escondía hace dos años aquello de “todo saldrá bien”. 

Uno de los primeros proyectos que ha levantado un amplio frente opositor por basarse en una infraestructura “aberrante”, en palabras de Paco Iturbe, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, es el que pretende unir las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal, en el Pirineo oscense, a través de un gran telecabina cuya inversión ascenderá a 26 millones de euros. En total, supondrá unos 8 kilómetros de infraestructura que atravesará la emblemática Canal Roya y que a día de hoy ha motivado que las agrupaciones ecologistas pongan en duda que se ajuste a los criterios de sostenibilidad marcados por la UE. A medio plazo, el primer y principal sinsentido que observan en cuanto a inversión, impacto y rendimiento es: “¿A qué fin se plantea ahora el telecabina si en lo que tendríamos que estar pensando es en reconvertir todas las estaciones porque en un par de décadas no habrá nieve?”, según Paco Iturbe. 

“Resulta muy descorazonador que no haya recursos para los servicios de la zona, como las escuelas, pero sí que planteen inyectar una millonada de dinero público para lucro privado”, Paco Iturbe

El Pirineo aragonés, así como muchas estaciones españolas, lleva varias temporadas ofreciendo una superficie esquiable que no supera el 30% del total —Formigal abrió el 2 de diciembre con solo 30 kilómetros aptos del global de 137— y ya basan buena parte de sus recorridos en nieve artificial. De acuerdo con la página web de la empresa mixta Aramón, de la que dependen Formigal y Cerler en el Pirineo y Javalambre Valdelinares en Teruel, las pistas se sostienen gracias a los 1.250 cañones de innivación que permiten que más de 115 kilómetros estén acondicionados de manera artificial. Pero aún hay más a la hora de cuestionar el proyecto. Y es que si bien Formigal es de titularidad mixta (con la participación del Gobierno de Aragón y de Ibercaja a partes iguales), Astún y Candanchú son privadas. Según Iturbe, “resulta muy descorazonador que no haya recursos para los servicios de la zona, como las escuelas, pero sí que planteen inyectar una millonada de dinero público para lucro privado”. 

A nivel de titularidades, Candanchú ha pasado por muchas manos (algunas de ellas curiosamente apellidadas Alierta como el expresidente ejecutivo de Telefónica o Yarza como los editores de Heraldo) e incluso se ha barajado la posibilidad de que volviera a manos de Aramón. En el caso de Astún, el grueso del accionariado, un 95’60%, pertenece a la empresa Parque Residencial Miraflores, cuya actividad se centra en las inversiones inmobiliarias y la ejecución de obras públicas, tal como figura en el Registro Mercantil. En el consejo de administración de la empresa Estación Invernal Valle de Astún destacaría la coincidencia de apellidos entre el presidente, Jesús Santacruz Guajardo, la vicepresidencia, en manos de Construcciones Santacruz, y los consejeros Rafael Santacruz Blanco, Antonio Santacruz Hedo y Maria Pilar Santacruz Guajardo. Un dato llamativo respecto a la actividad de Astún es su evolución reciente en el mercado, que alcanzó los 7,5 millones de euros en ventas en el año 2020 para desplomarse hasta los 3 millones en la pasada temporada. 

El Pirineo aragonés lleva varias temporadas ofreciendo una superficie esquiable que no supera el 30% del total

¿Hay target para más infraestructura? 

Para entender por qué se plantea esta inversión antes de haber desarrollado un análisis de mercado de un sector que actualmente no está en expansión —Aramón reconoce que el número de esquiadores de las últimas temporadas se ha estabilizado en 1,2 millones— cabría adentrarse en una pequeña pero influyente parcela de la política aragonesa llamada Partido Aragonés, más conocido como PAR. Pese a que las administraciones promotoras del telecabina, la Mancomunidad Alto Valle del Aragón y la Diputación de Huesca, están en manos del PSOE, lo cierto es que cualquier aire de grandeza que sopla en la comunidad autónoma acaba rezumando muchas PAR vibes. Su naturaleza de partido bisagra que gobierna con quien sea y su actitud gustosa frente a cualquier pelotazo han motivado que su aportación a la política autonómica no sea tanto la de fiscalizar a partidos mayoritarios como el PP o el PSOE sino más bien la de echar gasolina a cualquier atisbo de fuego. 

Quédense ahora con el nombre del actual presidente del PAR: Arturo Aliaga. Fue consejero de Industria, Comercio y Turismo cuando el ejecutivo de Marcelino Iglesias quiso impulsar Gran Escala, aquel delirio proyectado en Monegros que iba a dejar Las Vegas a la altura del betún. Es además el alma máter de la empresa pública Motorland, el circuito de velocidad de Alcañiz cuya construcción costó 80 millones de euros y cuya función principal es acoger una única competición de cierto renombre, el Gran Premio de Aragón de Motociclismo, que a su vez requirió el pasado abril de 25 millones de euros más para garantizar las ediciones hasta 2026. Actualmente, además de vicepresidente del gobierno autonómico, Arturo Aliaga forma parte del consejo de administración de Aramón tras haber maniobrado en agosto del 2020 para quedarse con la silla que pertenecía a José Luis Soro, de Chunta Aragonesista. 

“Cabría demandar un mejor reparto de las ayudas europeas porque no puede ser que 26 de los 33 millones que recibirá Aragón de los fondos Next Generation vayan destinados a esta obra faraónica e insostenible”, Joaquín Palacín

Las recientes declaraciones de Aliaga al respecto al telecabina dejan entrever la cuestión de fondo de todo esto. En un comunicado a través de Turismo de Aragón afirmó: “Se pretende que el dominio esquiable aragonés compita al máximo nivel con las zonas europeas”. El sector de la nieve del Pirineo aragonés ha vivido hasta la fecha a la sombra de Grandvalira, en el Principado de Andorra, que ostenta el reconocimiento de ser la pista de esquí más grande del sur de Europa, con más de 300 kilómetros esquiables. Ahora bien, si el proyecto de unir Astún, Candanchú y Formigal saliese adelante, el Pirineo oscense podría optar a superar la fama de Grandvalira y, según las ensoñaciones de algunos, equipararse nada más ni nada menos que con los Alpes. 

Históricamente, la perspectiva de engrosar el turismo de nieve ha enfrentado al PAR con el que ahora es uno de sus socios en el gobierno autonómico, Chunta Aragonesista. El presidente de esta formación, Joaquín Palacín, ha reiterado la oposición de su partido a este tipo de proyectos: “Cabría demandar un mejor reparto de las ayudas europeas porque no puede ser que 26 de los 33 millones que recibirá Aragón de los fondos Next Generation vayan destinados a esta obra faraónica e insostenible”. Palacín también ha señalado que “en un contexto de cambio climático este proyecto no tiene ningún sentido” y ha urgido a destinar las inversiones en materia turística para reconvertir paulatinamente el sector de la nieve. Además, tanto él como Iturbe han querido reivindicar el alto valor ambiental y paisajístico de toda la zona de Canal Roya, que actualmente aún se encuentra en un estado prácticamente virgen. De hecho, lo que buscan unos y otros que se oponen al telecabina es regular y proteger este enclave recogiendo así una demanda que se remonta a los años de la Transición. 

Un proyecto de estas características no tiene ningún problema a la hora de aterrizar en un entorno rural carente de oportunidades laborales

Los síes al telecabina y las casualidades

Un proyecto de estas características no tiene ningún problema a la hora de aterrizar en un entorno rural carente de oportunidades laborales. Creará riqueza y puestos de trabajo, se ha dicho ya en repetidas ocasiones. Al margen de la Diputación de Huesca y de la Mancomunidad Alto Valle del Aragón, administraciones promotoras, la infraestructura ya cuenta con el respaldo de uno de los ayuntamientos afectados, el de Canfranc. En unas declaraciones a Radio Huesca, el primer edil Fernando Sánchez tildó el anuncio de “grandísima noticia”. De acuerdo con lo que tradicionalmente se ha defendido en torno a la economía de la nieve, las estaciones de esquí de Aragón (entre las que cabe recordar que también están Javalambre y Valdelinares en Teruel) emplean a unas 1.200 personas de manera directa y cerca de 13.000 de manera indirecta. Eso sí, más de la mitad de los contratos laborales son eventuales y solo cubren la temporada entre noviembre y abril siendo optimistas. 

Los anuncios que combinan dinero, trabajo y relevancia territorial son difíciles de gestionar en espacios tan acotados y que en algunos aspectos acumulan años de abandono por parte de los centros de poder. Por ahora el debate entre las partes en liza se ha saldado ya con una de aquellas casualidades propias de la obra pública en España. El mismo día, martes y 13 de diciembre, en que la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón entraba por registro una carta dirigida a la ministra del ramo, Reyes Maroto, para mostrar su oposición al proyecto, la principal cabecera de Aragón —aquella que está en manos de los que también fueron propietarios de Candanchú— anunciaba con un titular por todo lo alto que la unión de las estaciones se licitará finalmente a principios de 2023. Es decir, en cuestión de días.