Argentina
Argentina se revuelve ante una deuda impagable

“Muy buen encuentro con el presidente @alferdez sobre el avance de nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos. Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, afirmaba en su cuenta de Twitter la directora ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, minutos después de mantener una reunión en forma virtual con el presidente argentino Alberto Fernández y su ministro de economía, Martín Guzmán.

Ese mismo día, en la Cámara de diputados, el proyecto de Presupuesto 2022 que había presentado el Poder Ejecutivo recibía el rechazo de casi toda la oposición por 132 votos negativos frente a 121 positivos y una abstención. La del jueves 16 y viernes 17 de diciembre fue la primera sesión con la nueva confirmación de la Cámara Baja en la que el oficialismo no contó con mayoría propia, luego de la derrota en las elecciones de medio término del 14 de noviembre pasado.

El bloque oficialista Frente de Todos llegó a la sesión sabiendo que no contaba con las voluntades necesarias para su aprobación. Igualmente fue a “matar o morir” y en las negociaciones fracasó. A lo largo de más de 21 horas, oficialismo y oposición debatieron sobre el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente resultó rechazado. La derrota sufrida por el Gobierno en el parlamento tiene importantes consecuencias políticas. A la caída electoral sufrida en noviembre se suma ahora otra más que profundiza las tensiones entre los distintos sectores que integran la coalición de Gobierno.

La nueva centralidad adquirida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la vida política nacional reaviva viejos fantasmas de recetas conocidas precisamente al cumplirse 20 años del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa

Recordemos que el Frente de Todos ya había sufrido una crisis tras la derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre último. Sin embargo, las múltiples divisiones no solo las atraviesa la coalición oficialista sino también a la oposición de derecha Juntos por el Cambio, con una ruptura de un sector de la Unión Cívica Radical encabezada por el exministro de Economía Martin Lousteau que conformó un bloque propio parlamentario. Mientras tanto, la nueva centralidad adquirida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la vida política nacional reaviva viejos fantasmas de recetas conocidas precisamente al cumplirse 20 años del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

Por su parte, la derrota política sufrida por el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández los deja debilitados frente a las duras negociaciones que está llevando la Casa Rosada con el FMI por la deuda contraída a mediados de 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri por 57.000 millones de dólares, aunque finalmente se terminaron desembolsando poco más de 44.000 millones. El fracaso de la aprobación del proyecto de Presupuesto 2022 en el parlamento fue también tema del encuentro virtual entre el presidente argentino y su ministro de Economía con la directora gerente del FMI.

El ministro de Economía criticaba a la oposición y ratificaba el rumbo de seguir adelante con las negociaciones con el FMI, cuyo desenlace se juega en Washington y augura recetas ya conocidas en el mundo y que tiene un solo nombre: ajuste

Al terminar la videoconferencia desde la Quinta Presidencial de Olivos Fernández afirmó: “Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva”. Por su lado, el ministro Guzmán fue explícito acerca de las consecuencias de la crisis política abierta al señalar que votar en contra del Presupuesto “significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de USD 44.000 M que tomó el mismo espacio político que hoy ‘volteó’ el presupuesto”. Así el ministro criticaba a la oposición y ratificaba el rumbo de seguir adelante con las negociaciones con el FMI, cuyo desenlace se juega en Washington y augura recetas ya conocidas en el mundo y que tiene un solo nombre: ajuste.

La hoja de ruta de Guzmán

El Presupuesto que el ministro de Economía argentino defendió en el Congreso, aunque no lo explicita en la letra, está centralmente atravesado por las negociaciones con el organismo conducido por Kritalina Georgieva. El propio Guzmán fue claro al afirmar: “Es difícil que genere demasiado entusiasmo porque las necesidades sociales son inmensas y el presupuesto está diseñado en función de las restricciones que tenemos”. En líneas generales y según lo explicitado por el ministro, el Presupuesto 2022 preveía una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 4% con un déficit primario del 3,3%, un dólar a 131 pesos argentinos y una inflación del 33%. Sin embargo, las proyecciones inflacionarias están muy por encima del porcentaje señalado.

A noviembre de 2021, según la medición oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de más del 52%. Según mediciones privadas para el año que viene se espera una proyección similar. De todas maneras, aún considerando una inflación de 33% para 2022, muchas partidas sociales se hubieran visto reducidas en términos reales. Por ejemplo, para el “Potenciar Trabajo”, un plan del Gobierno que tiene como objetivo “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la formación laboral y certificación de competencias”, se contemplaba un incremento de 223.000 millones a 243 millones de pesos, representando un aumento de sólo 8% en términos nominales y una caída de 20% en términos reales.

Lo mismo ocurre con políticas alimentarias para las que el Presupuesto preveía un incremento de 250.000 a 300.000 millones de pesos, representando así un recorte de 11% en términos reales. Esto mismo ocurrió este año con partidas claves como prestaciones sociales que cayeron un 14 % en términos reales en los primeros diez meses de 2021 en relación al mismo período del 2020. Desde el Gobierno propusieron, tal como lo señaló el ministro Guzmán, “la incorporación de un artículo que establecía que si a mediados de año los recursos eran mayores que los calculados en el proyecto, el Gobierno enviaría una enmienda para aprobar el destino de los mayores recursos”. Sin embargo, tal afirmación se contradice con las exigencias del FMI que fueron expresadas en un comunicado donde sugirió “coordinación de precios y salarios”, que no significa otra cosa que los salarios vayan por detrás de la inflación, mientras ya vienen de perder casi 20 % en los últimos cuatro años.

El FMI propone tasas de interés más altas y menor emisión monetaria, dos medidas con potencial impacto en ralentizar el crecimiento económico. También se sabe que el Fondo busca un dólar más alto y un aumento de tarifas de los servicios públicos. Este combo tendrá sin duda un impacto inflacionario

Por otra parte, energía, combustibles y minería, comunicaciones, transporte, industria, comercio, entre otros, comprenden el 17% del Gasto total, el segundo rubro más importante después de la seguridad social. En estas partidas el recorte real gira en torno a 28,6%.

En definitiva, el Gobierno argentino se encamina a un acuerdo con el FMI que trastocará todos los supuestos macroeconómicos. El Presupuesto presentado por el gobierno no contemplaba los pagos de capital al FMI en 2022 —que suman más de 18.000 millones de dólares— dando por descontado un acuerdo con ese organismo para refinanciar vencimientos. La declaración que emitió el staff del organismo el 10 de diciembre pasado, luego de la visita de una delegación argentina, propone tasas de interés más altas y menor emisión monetaria, dos medidas con potencial impacto en ralentizar el crecimiento económico. También se sabe que el Fondo busca un dólar más alto y un aumento de tarifas de los servicios públicos. Este combo tendrá sin duda un impacto inflacionario.

Deuda odiosa y fraudulenta

“La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, admitió Macri en una entrevista a CNN, dando a entender algo que el macrismo nunca había aceptado: la deuda con el FMI sirvió sólo para financiar la fuga de capitales de los banqueros y fondos de inversión internacionales. Argentina recibió en junio de 2018 unos 7.200 millones de dólares por parte del organismo internacional de crédito destinados a fortalecer las reservas internacionales. Había sido la primera transferencia dentro del histórico crédito de 57.000 millones de dólares que firmó el Gobierno de Cambiemos con la anterior titular del FMI, Christine Lagarde.

Aquella decisión de Lagarde de otorgar un crédito inédito por su magnitud al Gobierno de Macri fue leído como un financiamiento directo a la campaña electoral del expresidente que buscaba su reelección en 2019. Por estos días el FMI prometió dar a conocer los detalles de la presunta investigación interna que realizó el organismo sobre aquel préstamo que tomó en 2018 la administración de Mauricio Macri. Fue el crédito más importante no solo en la historia argentina, sino también en la del propio organismo multilateral.

“La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, admitió Macri en una entrevista a CNN

En este escenario, Argentina espera que los resultados de esta investigación redunden en algún tipo de autocrítica y, en definitiva, en beneficios concretos para el país en el marco de la dura negociación para llegar a un acuerdo antes de fin de año. Por el momento, Argentina deberá pagarle al FMI por segunda vez en tres meses, una cuota de capital del acuerdo Stand By firmado en 2018, que se renegocia para reemplazar por uno de Facilidades Extendidas. Será el miércoles 22 cuando salgan de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) un total de 1.326,71 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG) —la moneda del organismo—, equivalentes a unos 1.850 millones de dólares, al tipo de cambio actual.

El compromiso se afrontará cuando las reservas netas están al límite, en torno a los 5.000 millones de dólares. Y se cancelará con los mismos DEG que el organismo emitió en agosto en ocasión extraordinaria para combatir los efectos económicos de la pandemia de covid-19. Para enero de 2022, Argentina deberá pagar al Fondo Monetario unos 738 millones de dólares. Febrero será otro mes complicado. Se le deberán liquidar al Fondo otros 379 millones y unos 195 millones al Club de París, por el acuerdo cerrado en junio de 2022 y que implicaba dos pagos antes de la liquidación final de marzo 2022 de 1.900 millones.

Para Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación, “esta no es una deuda más, es una deuda con contenido geopolítico, por el interés de Estados Unidos para forzar el préstamo y así dirigir los destinos del país en marco del conflicto con China”. Lozano agrega que “no tiene ningún sentido firmar un mal acuerdo. Argentina debería suspender los pagos, y aprovechar cuestiones que aún no ha utilizado”, y aseguró haberle dicho al presidente Alberto Fernández “de ir a la ONU, hacer una presentación en la corte internacional de La Haya e ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Es decir hacer mucho ruido político porque es una deuda política”. Lozano es autor del libro Deuda ilegítima. Renuncia del parlamento. Desafío de la Democracia y partidario de considerar a la mayor parte de la deuda externa argentina que comenzó un camino ascendente a partir de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, como odiosa e ilegítima, basándose en la aquella teoría jurídica del Derecho Internacional que sostiene que la deuda externa contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada.

Para Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación, “esta no es una deuda más, es una deuda con contenido geopolítico, por el interés de Estados Unidos para forzar el préstamo y así dirigir los destinos del país en marco del conflicto con China”

A tono con esta perspectiva la diputada de izquierda Myriam Bregman dijo que “si llegamos hasta acá es porque el Gobierno eligió el camino del Fondo Monetario y ahora lo hacen con una resignación que pretenden que además sea contagiosa, pero les recuerdo que este Gobierno, este presidente, llegó a tener un 80% de aprobación, una situación extraordinaria como la pandemia que le hubiese permitido claramente cuestionar una deuda que claramente es ilegal, aplicar la teoría de la deuda odiosa que se aplica en todo el derecho internacional. Pero no, eligió administrar la herencia macrista y así estamos, con una derecha tan envalentonada producto de la impunidad que tienen producto de haber dejado una deuda que nadie investiga, una deuda que nadie cuestiona”.

Lo cierto es que un panorama complejo se avizora hacia el año que viene donde la variable FMI más crisis social resulta una combinación explosiva.

Chubut: pueblada contra la megaminería

El miércoles 15 de diciembre en una sesión exprés la legislatura de Chubut con sede en la capital Rawson sancionó la ley 128 que permite la zonificación minera en los departamentos de Gastre y Telsen de la meseta central de la provincia patagónica. A partir de la aprobación de la zonificación, el denominado “Proyecto Navidad” de la empresa transnacional canadiense Pan American Silver, se centrará en la extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno provincial, de varias cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y de algunas comunidades de la meseta central que ven en este proyecto una oportunidad de desarrollo para la zona.

La política provincial está a tono con el modelo extractivista del gobierno nacional que apuesta a los proyectos mineros como una fuente estratégica de divisas al país mientras negocia su deuda externa. Sin embargo la iniciativa cuenta con el rechazo de la mayoría del pueblo y las comunidades chubutenses. Durante 20 años, en distintas ciudades y pueblos de la provincia bajo la consigna “No es no” y “El agua vale más que el oro”, diferentes comunidades se pronunciaron en contra de la minería metalífera transnacional a cielo abierto.

Tras la sanción de esta nueva ley las movilizaciones se sucedieron en distintas localidades de la provincia de Chubut. La máxima tensión se vivió en Rawson con represión policial y detenidos. Al menos 16 edificios públicos volvieron a ser el epicentro de las protestas de los grupos ambientalistas

Tras la sanción de esta nueva ley las movilizaciones se sucedieron en distintas localidades de la provincia. La máxima tensión se vivió en Rawson con represión policial y detenidos. Al menos 16 edificios públicos volvieron a ser el epicentro de las protestas de los grupos ambientalistas que exigen el veto de esa norma que finalmente fue promulgada por el gobernador peronista Mariano Arcioni. Hubo reclamos frente a los concejos deliberantes de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, para que esas ciudades no adhieran a la cuestionada Ley de Zonificación de la Actividad Minera.

Puertas destrozadas, archivos quemados, muebles arrojados a las calles, fotocopiadoras y ordenadores tirados en la acera, y árboles incendiados fueron parte del panorama en la zona donde se concentra la actividad oficial de la capital, Rawson. Oficinas del Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General, la Legislatura provincial y del Banco de Chubut fueron destrozadas por grupos ambientalistas, a los que la policía provincial enfrentó con balas de goma, gases, detenciones y varios heridos. Las movilizaciones se suceden en la provincia de Chubut con un final incierto que puede arrojar nuevos capítulos. como el cese de actividades que convocaron el Sindicato de Obreros Marítimos, el Sindicato Unido Portuario y el Sindicato de Conductores Navales para manifestarse en contra de la zonificación minera y defensa del agua.