Argentina
Milei tropieza con la oposición sindical y social en sus planes ultraliberales para Argentina

Oposición, sindicatos y organizaciones sociales organizan la resistencia a la ofensiva ultraliberal del Milei en los tribunales, el parlamento y en las calles.
Buenos Aires Milei - 1
Pintadas contra el Gobierno de Milei en Buenos Aires. Eva Máñez
6 ene 2024 06:00

El Gobierno de Javier Milei no tiene todavía un mes de vida, pero la sensación en Argentina es que ha pasado una eternidad. Tal como anunció el 10 de diciembre en su discurso de asunción, Milei está implementando un duro ajuste en forma de shock sobre el pueblo argentino mientras se prepara para la primera reunión con el Fondo Monetario Internacional para resolver la falta de divisas en las arcas del Banco Central.

La estrategia del Gobierno de La Libertad Avanza en las primeras cuatro semanas se ha centrado en abrumar a la población argentina con una batería de anuncios difícil de asimilar. Primero fueron los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, con un paquete que incluyó una fuerte devaluación al establecer una subida del dólar oficial del 118%, algo que provocó un nuevo salto en la inflación, que superaría el 170% en el cierre de 2023.

La estrategia del Gobierno de La Libertad Avanza en las primeras cuatro semanas se ha centrado en abrumar a la población argentina con una batería de anuncios difícil de asimilar

Luego de las medidas comunicadas por Caputo, el propio presidente fue el encargado de anunciar el 21 de diciembre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), orientado a una desregulación extrema de la economía argentina. Entre los cambios introducidos, el decreto busca imponer una reforma laboral que pulveriza los derechos históricos de los trabajadores. La ofensiva del Gobierno se completó al cerrar el año con el envío al Congreso de una Ley Ómnibus que propone colmar de privilegios a las elites económicas y otorgar al presidente Milei una peligrosa concentración de poder. Tal como expresa el artículo 3°, la Ley Ómnibus declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Esto significa que el Poder Ejecutivo podrá tomar decisiones unilateralmente sobre todas estas cuestiones que afectan a la vida de millones de personas, eludiendo el Poder Legislativo.

Resistencias

El plan ultrarreaccionario del Gobierno de Milei comienza a presentar sus primeros factores de resistencia. Uno de ellos se desarrolla en el ámbito judicial. Un magistrado en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial de verano para poder tramitar los recursos de amparo que reclaman la inconstitucionalidad del megadecreto que dictó el Gobierno nacional, algo que Milei deseaba retrasar todo lo posible aprovechando las vacaciones. La resolución judicial se suma a las dos medidas cautelares que ya se dictaron el pasado 3 de enero sobre el capítulo laboral del decreto a partir de las demandas presentadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Argentina
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La Cámara del Trabajo argentina dicta la suspensión temporal de la reforma laboral de Milei, incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia.

De esta forma, se abre la posibilidad de que se presenten nuevos recursos y pedidos de medidas cautelares que suspendan otros aspectos o el conjunto del DNU referidos a otros temas como la derogación de la ley de alquileres, la liberación de precios de las empresas privadas de salud, la desregulación de la venta de medicamentos, entre varios puntos que afectan las institucionalidad y los intereses de variados sectores económicos, de la cultura y de la ciencia. 

Mientras tanto, en el Congreso Nacional se vive otro frente de batalla luego del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno que quiere avanzar en el tratamiento de la Ley Ómnibus. El jueves 4 de enero el oficialismo libertariano, en acuerdo con la llamada “oposición amigable” constituida por los partidos que integran la coalición derechista Juntos por el Cambio (JxC), logró que quedaran conformadas cuatro comisiones de la Cámara de Diputados para tratar la Ley Ómnibus: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores.

Desde la oposición de la peronista Unión por la Patria (UxP) y la izquierda trotskista, conformada por un bloque de cinco diputados, criticaron el autoritarismo oficialista en la conformación de las comisiones. La mayor polémica se desató en la comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre la cual tomó el control el diputado ultraderechista José Luis Espert por orden del presidente de la Nación.

El diputado del Frente de Izquierda y docente universitario Christian Castillo denunció que le cortaron el micrófono y no lo dejaron intervenir para expresar la impugnación de su bloque a la presidencia de Espert y señaló amenazas de “cárcel o bala” contra sus integrantes.

El futuro del decretazo y el salvaje ajuste neoliberal del Gobierno de Milei dependerá del grado de respuesta de la movilización callejera que ya ha comenzado a despertar en Argentina

Las amenazas de Espert a los diputados de izquierda se debían a su participación en las movilizaciones populares que ahora parecen multiplicarse en los centros urbanos más importantes del país. Los cacerolazos que comenzaron en Buenos Aires se extendieron a grandes ciudades como Rosario y Córdoba, esta última con represión de la policía local. Mientras tanto, la CGT y la CTA confirmaron el llamado a la huelga general de 12 horas para el próximo 24 de enero, con movilización al Congreso de la Nación.

Al mismo tiempo, ante los despidos de trabajadores, tanto en la administración pública nacional como en la ciudad de Buenos Aires y otras provincias, algunos sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han puesto en marcha un plan de lucha con distintas manifestaciones previas a la huelga general del 24. Además, se han comenzado a movilizar importantes sectores de la cultura, el cine, el teatro, la música, que también ven avasallados sus derechos por la normativa que quiere imponer el Gobierno de Milei. Varias encuestas hablan de la caída sostenida de la imagen positiva del presidente argentino. Algunas incluso, como la de Zuban Córdoba, aventuran una caída de más de un punto por día desde que asumió el poder. Serán decisivas las próximas semanas y lo que ocurra tanto a nivel judicial como parlamentario. Sin embargo, el futuro del decretazo y el salvaje ajuste neoliberal del Gobierno de Milei dependerá del grado de respuesta de la movilización callejera que ya ha comenzado a despertar en Argentina.

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