Argentina
Presidente electo busca diputados para llevar Argentina a los 90

El 10 de diciembre se acaban las cábalas. Javier Milei asume la presidencia y tendrá que enfrentarse al reto de aplicar un programa de ultraderecha neoliberal con una minoría parlamentaria y amplios sectores sociales de tradición combativa.
Javier Milei
Javier Milei. Foto: Ilan Berkenwald

@cevaldiez

5 dic 2023 06:00

Lo de Javier Milei ya no es una amenaza, sino una realidad: el próximo 10 de diciembre será investido presidente gracias al voto del 55% de la población. El otro 44% intenta asimilar el golpe mientras busca las maneras de capear la tormenta que se avecina, un temporal con consecuencias impredecibles, aunque las principales medidas propuestas suenen familiares: ajuste, dolarización, privatizaciones, represión... Todas fórmulas de la economía ultraliberal que ya fueron probadas, y que ya demostraron su fracaso. Por lo demás, y aunque Milei ganó en base a un discurso anticasta, defenestrando a los políticos tradicionales, y pregonando la idea de hacer estallar todo por los aires, apenas ha tardado unas pocas horas en dar marcha atrás con sus ideas más rupturistas y enfrascarse en negociaciones de poder con esa misma casta. Sin embargo, la idea de una reforma del Estado como la que tiene pensado llevar adelante a partir del 11 de diciembre requiere de apoyos con los que aún no cuenta.

“Todo lo que pueda ser privatizado será privatizado”. Con esta frase Javier Milei ratificó el mismo lunes posterior a su victoria una de sus principales promesas de campaña. La frase resuena en la memoria de los argentinos porque se parece en mucho a la de Roberto Dromi, el por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos del ex presidente Carlos Saúl Menem, del partido peronista pero de ideología neoliberal. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sostuvo —en un claro lapsus— el gran privatizador de la historia argentina, que hoy asesora a Milei. 

La idea de una reforma del Estado como la que tiene pensado llevar adelante a partir del 11 de diciembre requiere de apoyos con los que aún no cuenta

Milei ha señalado su admiración por Menem en numerosas ocasiones, pero varias cuestiones diferencian al riojano del ultraderechista. En primer lugar, Milei anunció con pelos y señales cuál iba a ser su plan de Gobierno y, en cambio, Menem se jactaba de esconder sus fichas: “Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. El líder de La Libertad Avanza (LLA) fue más allá y sostuvo ni bien resultar electo que “es la primera vez que alguien gana diciendo que va a hacer un ajuste”, un ajuste fiscal que será “monumental”, pero que esta vez, dijo Milei, “no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta”, algo que a estas alturas resulta difícil de creer. En campaña, el ultraderechista aseguró que los recortes se harían en el gasto político y que de ahí saldría el 15% del recorte en el presupuesto estatal que hacía falta para ordenar las cuentas, una idea que muchos le cuestionaron y que no ha tardado ni dos semanas en reformular.

Menem

El 17 de agosto de 1989 se sancionó la ley de Reforma del Estado (23.696), que habilitó la privatización de muchas empresas estatales, y la fusión y/o disolución de entes públicos como YPF, ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, las prestadoras de servicios públicos de agua, luz y gas, los teléfonos, los canales de televisión y las radios. Pero la situación de Menem era muy diferente de la de Milei, por lo pronto, porque Menem tenía detrás de sí el enorme aparato peronista, y había conseguido el apoyo parlamentario de la Unión Cívica Radical para acompañar su paquete de medidas, y las mayorías necesarias.

De esta manera, Menem, que había asumido antes debido a la gran crisis económica que obligó a renunciar a Raúl Alfonsín, consiguió aprobar la Reforma del Estado un mes después de asumir y empezó el gran desguace de empresas del Estado. A partir de allí se privatizaron los canales de televisión 11 y 13, se vendieron Aerolíneas Argentinas, la empresa de servicios eléctricos Segba, los peajes, los trenes, Obras Sanitarias, Yacimientos Carboníferos Fiscales, la siderúrgica Somisa y Gas del Estado. En 1992 se privatizó YPF, que en 2012 fue nuevamente estatizada, cuando Axel Kicillof, el actual gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, oficiaba de ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien el anuncio de Milei de privatizar YPF disparó el valor de las acciones de la petrolera en Wall Street un 40%, para especialistas en la materia la idea de privatizar no contempla el valor estratégico de la empresa en el mercado interno y destacan el salto en productividad del último año. 

“Para llevar adelante el proceso privatizador necesita una ley del Congreso y, para conseguirla, tiene que generar apoyos parlamentarios”, algo que por ahora no tiene

Todos los anuncios hechos por Milei desde que resultó electo resuenan de la peor manera en la memoria de los argentinos. En los años 90 se privatizaron un total de 67 empresas públicas y, de esta forma, el Estado no solo disminuyó su participación en la economía, sino que renunció a la gestión de recursos y a ciertas actividades productivas estratégicas. Menem no solo privatizó todo lo que encontró en el camino y descapitalizó la Argentina, sino que en 1991 estableció un plan de convertibilidad (Ley 23.928), por medio del cual el peso argentino pasó a valer lo mismo que el dólar estadounidense. Previo a la convertibilidad, Argentina había alcanzado una inflación acumulada en 1989 del 2.014,6%, pero pese a que Menem logró reducir la inflación al 0% cinco años más tarde, fue alimentando una bomba de tiempo que derivó en la crisis de 2001 y el famoso corralito. Lo que sigue es por todos conocido: un presidente que abandona la Casa Rosada en helicóptero, una ola de protestas, muertos y una crisis política e institucional pocas veces vista. Finalmente, en 2002 se puso fin a la paridad entre el peso y el dólar, se pesificaron los depósitos en dólares y la devaluación multiplicó la pobreza. El país también dejó de pagar la deuda externa. 

Kirchner

Entre 2003 y 2015, en la etapa de gobiernos kirchneristas, se incorporaron 13 empresas de las cuales seis fueron creadas y siete fueron reestatizadas. En el gobierno de Néstor Kirchner se reestatizó Aguas Argentinas (hoy AySA) y el Correo Argentino, mientras que, con Cristina Fernández de Kirchner, las estatizaciones más importantes fueron las de Aerolíneas Argentinas e YPF. La discusión actual gira, fundamentalmente, en torno a las posibilidades que tiene el gobierno de Milei, no sólo de privatizar las empresas públicas, sino también la educación y la salud. “Lo primero que hay que decir es que para llevar adelante el proceso privatizador necesita una ley del Congreso y, para conseguirla, tiene que generar apoyos parlamentarios”, sostiene el abogado y presidente del Centro de estudios para la promoción de la igualdad y la solidaridad (Cepis), Mariano Lovelli. “En el caso de YPF, a partir de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (2012), se blindó, de algún modo, el 51% que está en manos del Estado. Es decir, técnicamente le corresponde un 51% al Estado Nacional y el 49% restante a las provincias, y la reforma constitucional de 1994 les reconoce el dominio originario a las provincias sobre los recursos naturales. Además, la ley de Soberanía establece una mayoría cualificada de dos tercios para la enajenación de ese paquete mayoritario. Por lo tanto, Milei va a tener que generar un consenso muy mayoritario si quiere desprenderse de la compañía insignia de la Argentina que es YPF.”

Si bien cada empresa tiene sus propias regulaciones y eso obliga a estudiar cada caso en particular, Lovelli cree que el nuevo gobierno viene con una carta bajo la manga. “Ya Milei anunció que el 11 de diciembre —un día después de su investidura—, va a enviar un paquete de leyes al Congreso y ahí empezaremos a develar el plan. La realidad es que viendo los actores que están interviniendo, y sus declaraciones públicas, no sería de extrañar que traten de sacar una ley ómnibus como hizo Menem en 1989 con la ley de Reforma del Estado”.

Milei

Milei anunció que llamará a sesiones extraordinarias del Congreso el mismo 11 de diciembre para tratar una posible ley ómnibus. “El día 11 entra un paquete enorme de leyes con todas las reformas del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. No vamos a esperar a marzo a que vengan las ordinarias. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente. No podemos esperar hasta marzo, porque ese mes empieza a caer la demanda de dinero”, anticipó Milei. Una ley ómnibus le permitiría al nuevo gobierno tratar un paquete de leyes apenas comenzado su mandato, algo que el mismo Milei sostuvo que le interesa aprovechar, es decir, la carta blanca y el pico de imagen positiva con el que cuenta cualquier nuevo gobierno antes de iniciar su gestión.

Milei quiere aprovechar la carta blanca y el pico de imagen positiva de los primeros días de gobierno para sacar adelante una ley omnibus que le permita iniciar la privatización de las empresas públicas 

Pese a ello, una de las principales razones que han hecho que Milei y su fuerza, La Libertad Avanza, moderen su discurso, es la necesidad imperiosa que tienen de contar con el apoyo de otras fuerzas. “La gran diferencia con Menem es que Menem tenía mayoría parlamentaria y Milei salió segundo, justamente, en la elección donde se definieron los cargos parlamentarios. En la segunda vuelta del 19 de noviembre, se designó el ejecutivo, pero el legislativo se decidió el 22 de octubre, en la primera vuelta. Los ultras de Milei tienen siete senadores sobre 72 y el peronismo con aliados puede llegar a juntar 40 senadores, tres más del quórum”, sostiene Lovelli. Por lo demás, los cambios propuestos requieren de una mayoría de 129 diputados (el bloque del LLA cuentan con 37), y de 36 senadores. Es decir, que para sacar la ley adelante van a necesitar el apoyo de un sector del PRO, los radicales y, sobre todo, del peronismo.

La relación entre La Libertad Avanza y el PRO se ha ido tensando con el paso de los días y no está claro cómo terminará de definirse la relación entre Milei y Macri. Lo que tampoco está claro es cómo quedará la relación de fuerzas luego de la crisis y la ruptura interna de Juntos por el Cambio, ni cómo se rearmará el peronismo. La irrupción de la ultraderecha, y la interna a cielo abierto de las dos fuerzas mayoritarias y tradicionales de la Argentina, dejaron como saldo una reconfiguración total del mapa político.

Entre los cambios que se plantean con la Reforma del Estado figuran la reducción de ministerios —se eliminarían 12 y quedarían 8—, mayor libertad de mercado, apertura comercial, reformas energéticas y en el régimen cambiario, y reformas políticas. Aunque aún no se conoce la letra chica de la propuesta, ni el camino administrativo que seguirá, la posibilidad de hacerlo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), no parece lo más viable. “Hay cosas que no puede hacerlas a través de un DNU y que están establecidas en el art. 99. de la Constitución, que es uno de los incisos que precisa cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo”, aclara Lovelli. “Por ejemplo, ahí se establece que no puede intervenir en el área fiscal impositiva a través de un DNU. Si toma decisiones por DNU en áreas que le son zonas de reserva, como vender una empresa pública, ese DNU puede ser ratificado o rechazado por el Parlamento, con lo cual si se rechaza ese DNU se declara nulo todo lo actuado.”

Riesgos y estrategias

Si bien Milei postuló en campaña estar dispuesto a privatizar tanto la salud como la educación, que hoy por hoy en Argentina son públicas y gratuitas, Lovelli también ve dificultades concretas en este terreno. “Técnicamente no tiene posibilidades, porque tanto la educación como la salud son potestad de las provincias. El Estado Nacional, en materia de educación, sobre lo único que tiene injerencia es sobre el sistema universitario, que sí está en riesgo.” 

Lo otro que está en riesgo, debido a los anuncios hechos por funcionarios del nuevo gobierno, es la Ley del Aborto. Si bien algunos referentes de La Libertad Avanza declararon su intención de derogarla, para ello también habrían de asegurarse mayorías parlamentarias. “Milei va a tener trabas en el Parlamento, donde la necesidad de generar consensos va a significar que muchas de las políticas que ha planteado en campaña las tenga que suavizar para sacarlas adelante, pero también en la movilización social, que en Argentina nunca es un tema menor”, asegura Lovelli.

Los cambios propuestos por Milei requieren de una mayoría de 129 diputados (el bloque del LLA cuentan con 37), y de 36 senadores (Milei tiene 9)

Por ahora, el presidente electo ya anunció que privatizará las petroleras YPF y Enarsa, Aerolíneas Argentinas, así como los medios de comunicación públicos (Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia de noticias Télam).  

Respecto a Aerolíneas Argentinas, Milei señaló que “hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar”. La aerolínea creada por Perón en 1949 pasó a manos del consorcio español Iberia y regresó a manos del Estado argentino en 2009. La Asociación de Personal Aeronáutico (APA), que representa a los trabajadores del sector, no tardaron en reaccionar, calificaron como “descabellada” la idea y señalaron que esto supondría darle el certificado de defunción a la aerolínea. Quienes también se encuentran en alerta y llamaron a movilizarse fueron los trabajadores de los medios públicos que el nuevo gobierno pretende vender.

Aunque Milei y su fuerza hicieron campaña, y ganaron las elecciones, prometiendo dolarizar, cerrar el Banco Central y terminar con “la casta”, desde que resultaron electos no han hecho otra cosa que negociar los distintos cargos de gobierno con quienes antes decían defenestrar. Macri, a quien se señalaba como el gran armador en las sombras, no ha logrado hacer encajar su pieza más preciada —Cristian Ritondo en la presidencia de la Cámara de Diputados—, pero algunos de los dirigentes de su partido se han ubicado en puestos claves de la futura gestión: Luis “Toto” Caputo en el Ministerio de Economía y Patricia Bullrich en Seguridad. Justamente, seguridad y economía, que parecían ser dos de los lugares donde Milei, como economista, y su vice Victoria Villarruel, como especialista en seguridad, parecían pisar más fuerte, han sido dos de los lugares que más fácilmente han cedido, demostrando, no solo la falta de un programa que defender, sino la falta de responsables para llevarlo adelante y una enorme capacidad de improvisación.

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