Argentina
El caso AMIA y la instrumentalización del terrorismo en Argentina

Las relaciones entre Argentina e Israel se intensificaron mucho desde que Javier Milei asumió la presidencia del país, a fines de 2023. La conversión del presidente ultraderechista a la religión judía, un proceso que aún no ha completado, tiene indudables consecuencias sobre su política exterior. Sin haber renegado de su fe católica, Milei gusta exhibirse como un fervoroso creyente en sus viajes a Jerusalén, por ejemplo derramando lágrimas ante el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. Su “rabino de cabecera”, el ortodoxo sefardí Axel Wahnish, fue designado embajador de Argentina en Israel en junio de 2024. 

En 2021, cuando daba sus primeros pasos en política, Milei ya dijo que estaba pensando en convertirse al judaísmo y que aspiraba “a llegar a ser el primer presidente judío en la historia de Argentina”. Aunque esto no se ha concretado por ahora, Milei lo ha reiterado en varias ocasiones, ilustrándolo con imágenes de sus estudios de la Torá y el Talmud con rabinos muy influyentes. Cada vez que viaja a Estados Unidos, incluyendo su última visita para asistir a la Asamblea General de la ONU, Milei se toma el tiempo de visitar la tumba del rabino de Lubavitch (Menachem Mendel Schneerson), líder histórico de un movimiento conservador que adhirió al jasidismo y a quien muchos de sus seguidores han visto como el Mesías, mientras que otros rabinos ortodoxos lo consideran como un “hereje” e “idólatra”.

A la vertiente jasídica del judaísmo adhiere cerca del 5% de la población judía mundial; está presente en un centenar de países y sus adeptos se concentran principalmente en Estados Unidos e Israel, aunque cuenta con muchos seguidores en Argentina. La organización Jabad Lubavitch tiene en la ciudad de Buenos Aires 24 templos y centros culturales, y otras 16 instituciones repartidas en distintas provincias. 

Milei se vinculó a este movimiento años atrás, a través de su asesor económico Darío Epstein, antiguo funcionario menemista que desempeña un papel significativo en las instituciones judías argentinas. Por su intermedio Milei fue invitado a disertar en el Latam Economic Forum, que congrega a empresarios y conferenciantes de diversas latitudes. En ese foro conoció a Tzvi Grunblatt, el gran rabino de Lubavitch Argentina, quien le presentó a algunos empresarios importantes que financiaron su campaña electoral, como Eduardo Elsztain. En otra visita a Estados Unidos realizada en 2024, Milei fue premiado por la comunidad Lubavitch como “Embajador Internacional de la Luz”, distinción concedida por el apoyo verbal del presidente argentino a Israel durante su ofensiva militar contra Hezbolá en Líbano. 

 El viaje frustrado de Netanyahu a Buenos Aires

El primer ministro de Israel, acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, estaba invitado a visitar Buenos Aires a comienzos de septiembre de 2025. El presidente Javier Milei, su principal aliado en el exterior junto con Donald Trump, pretendió blanquear su imagen nombrándolo “residente de honor”, una distinción que repugnó a millones de argentinos contrarios al exterminio de la población palestina, la limpieza étnica y el saqueo colonial del territorio. Una parte sustancial de la sociedad argentina, incluidas muchas personas de origen judío, se ha manifestado reiteradamente contra el respaldo del Gobierno al genocidio en Gaza. La visita del primer ministro israelí pudo haber acabado en su detención para ponerlo a disposición del Tribunal Penal Internacional.

Por su parte, Javier Milei hizo dos visitas a Israel desde que asumió la presidencia, una en febrero de 2024 y otra en junio de 2025. Su principal objetivo político fue entrevistarse con Netanyahu y adherir al proyecto sionista de expansión territorial. Y en la última de esas visitas, hizo una jugada muy codiciada por sus anfitriones: comunicó su intención de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén en 2026, una medida anticipada en su programa electoral, siguiendo los pasos que dio Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump. En esa misma ocasión Milei fue honrado con la concesión del Premio Genesis, recibido en el Museo de la Tolerancia, por su “apoyo inquebrantable” al Estado de Israel. Esta distinción, conocida como el Nobel Judío, está dotada con un millón de dólares y nunca antes fue concedida a un jefe de Estado extranjero.

A pesar del apoyo incondicional del presidente Milei, Netanyahu temió ser detenido por orden judicial y declinó la invitación a Argentina

La visita de Netanyahu a Argentina contaba con el apoyo de las principales instituciones de la comunidad judía, escoradas hacia la derecha ultraortodoxa; pero también despertó el rechazo de  intelectuales y ciudadanos judíos que se opusieron radicalmente al enaltecimiento del líder sionista, impugnando las políticas de exterminio del Estado de Israel. Entre las manifestaciones de rechazo a su visita hubo organizaciones de derechos humanos y sindicatos que presentaron una denuncia penal contra el primer ministro israelí ante los tribunales argentinos, acusándolo de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.

A pesar del apoyo incondicional del presidente Milei, Netanyahu temió ser detenido por orden judicial y declinó la invitación. En su lugar, propuso a Milei que conversaran en la cumbre de la ONU en Nueva York. El primer ministro israelí ya había estado en Argentina en 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, pero entonces no pesaba en su contra ninguna orden de captura internacional. Incluso en el más reciente viaje a Nueva York para acudir a la Asamblea de la ONU,  Netanyahu desvió la ruta de su vuelo para evitar el tránsito por países como Francia o España, donde un eventual aterrizaje de emergencia hubiera permitido su captura.

El primer ministro de Israel no viajó a Argentina, pero envió a un emisario de primer orden, el general Yuval Shimoni, director de Seguridad del Ministerio de Defensa de Israel, quien fue recibido por Luis Petri, ministro de Defensa argentino y anfitrión de la cumbre interamericana SOUTHDEC, que tuvo lugar simultáneamente en Buenos Aires. Este encuentro se desarrolló en el marco del memorándum de entendimiento que firmó Milei con Netanyahu durante su visita a Israel, sosteniendo negociaciones para la compra de armamento israelí, desde drones hasta servicios de ciberinteligencia (o ciberespionaje). 

De este modo se profundiza la intromisión israelí en esferas de la defensa y los servicios de inteligencia argentinos, en los que ya ha penetrado desde hace décadas, con una influencia y una capacidad de manipulación y reinterpretación de los acontecimientos que, como se ha visto en el caso de graves atentados como el de la AMIA, mantiene como rehenes tanto a las víctimas como a los sectores disidentes de la política y la sociedad argentina, incluida buena parte de la comunidad judía.

Influencia de Israel en la política exterior argentina: la manipulación sobre el atentado a la AMIA

Desde mucho antes de que Javier Milei desembarcase en la política, la orientación de la política exterior del Estado de Israel tuvo grandes repercusiones sobre las decisiones de los gobiernos argentinos en sus relaciones internacionales con varios países de Oriente Medio.  La población que se identifica por su origen judío en Argentina es una de las mayores del mundo (un 0,40% del total de habitantes), la cuarta comunidad judía fuera de Israel, solo por detrás de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Su influencia en los estamentos políticos de la sociedad argentina es mayor que su importancia numérica. A través de las instituciones comunitarias hegemónicas, en cuya denominación se incluye el término “israelita”, se ha direccionado a los sucesivos gobiernos nacionales a confrontar con los enemigos de Israel en el plano internacional. El principal instrumento para alcanzar este objetivo fue la manipulación de las investigaciones de los brutales atentados cometidos contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Como cada año, el 18 de julio de 2025 se conmemoró el 31 aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un atentado que dejó 85 muertos y más de 240 heridos y fue el más grave de la historia argentina. Como cada año, centenares de asistentes, encabezados por las autoridades de la comunidad judía y el Gobierno nacional, se dieron cita en la sede de la institución.

El principal instrumento de Israel para influir en la política argentina fue la manipulación de las investigaciones de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994

La conmemoración oficial del atentado contra la AMIA siempre fue una oportunidad para las autoridades de la entidad de señalar la supuesta culpabilidad del Gobierno de Irán y de altos oficiales de la Guardia Revolucionaria de ese país. Esta narrativa se ha visto reforzada desde 2024, con la asunción presidencial de Javier Milei, de tal forma que el acto en el que se conmemora a las víctimas del atentado se ha convertido en una plataforma de gran calado político para demonizar al Gobierno de Teherán.

En julio de 2024, al cumplirse el 30 aniversario del atentado, ya asistieron en primera fila el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, cinco ministros y, como invitados especiales, los entonces presidentes de dos países del Mercosur, Uruguay y Paraguay. El discurso del entonces presidente de la AMIA, Amos Linetzky, hizo hincapié en la supuesta conexión de los autores del atentado con el Gobierno de Irán, un argumento empleado desde hace décadas por Israel y que llevó a la virtual ruptura de vínculos comerciales entre Argentina e Irán durante las dos últimas décadas, desde que el juez Juan José Galeano, que inició la investigación el mismo mes del atentado, en diciembre de 1994, adoptó como propias las tesis del Mosad y la CIA, con la colaboración de los servicios de inteligencia argentinos (la antigua SIDE), para desplegar el enmascaramiento de los verdaderos autores del atentado y desviar la atención hacia Irán, el mayor enemigo estratégico de Israel.

Tanto en las comunicaciones oficiales de la AMIA, como también en las de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), otra organización afín que nuclea a más de un centenar de asociaciones judías, es muy notoria la influencia de la política exterior de Israel. En esa ocasión, Linetzky se refirió elogiosamente al Gobierno de Javier Milei por haber atendido los reclamos de la comunidad judía, tras otros gobiernos que “nos han venido decepcionando desde hace 30 años, año tras año”. Afirmó, por ejemplo, que le pareció muy correcto que el Gobierno declarase a Hamás como organización terrorista. 

En el acto del 18 de julio de 2025, el discurso dirigido a justificar políticamente los ataques de Israel contra Irán se mantuvo inamovible, esta vez en boca de un nuevo presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, quien señaló una vez más a Irán como “el máximo responsable” del atentado y celebró el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Israel. 

Encubrimiento de los autores del atentado: un proceso judicial pervertido por los servicios de inteligencia

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundido en 2024 revela que, inmediatamente después del atentado, “el Gobierno de Carlos Saúl Menem y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin coordinaron presentar a la opinión pública ‘una versión unificada de lo ocurrido’ [cable diplomático, 19/07/1994] que responsabilizó a la República Islámica de Irán”. El informe da cuenta de que empezaron a intervenir entonces, además del servicio secreto israelí, tres grupos de inteligencia argentinos: dos de la SIDE y otro de la Policía Federal. “Entonces se selló un pacto de encubrimiento que todavía hoy es difícil de entender y cuyas consecuencias aún no se pudieron desarmar”, añade el informe de este organismo reconocido por su defensa de los derechos humanos (“AMIA: 30 años sin verdad”).

Los autores del atentado contra la AMIA siguen gozando de impunidad 31 años después de los hechos. Una primera investigación, iniciada por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia poco después del atentado, a la que se sumó en 1997 el fiscal Alberto Nisman, se desarrolló sobre varias pistas falsas. Se atribuyó la autoría al Gobierno de Siria, y la ejecución del mismo a varios policías bonaerenses y al mecánico de extrema derecha Carlos Telleldín, quien habría preparado el coche bomba. Al cumplirse tres años del atentado, familiares de las víctimas denunciaron que había existido encubrimiento por parte del primer juez de la causa, Claudio Bonadio, que después fue removido por ser “juez y sospechoso”. La presidenta de una asociación de las víctimas, Laura Ginsberg, acusó entonces al Gobierno de Menem de “consentir la impunidad” y de “encubrir la conexión local, que sirvió para matar a nuestros familiares”.

Los agentes del Mosad llegados desde Israel a Buenos Aires tras el atentado d la AMIA se llevaron las pruebas materiales, en particular los restos del coche bomba supuestamente involucrado

Años después, en 2004, el nuevo tribunal a cargo de la causa absolvió a los acusados y mandó a investigar por encubrimiento al juez que intervino, Juan José Galeano, y a los fiscales Mullen y Barbaccia. Ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner designó al fiscal Alberto Nisman al frente de una unidad especial para la investigación de la causa, y puso a su disposición al jefe de contraespionaje de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el agente especial Jaime Stiusso, quien más tarde pasaría a controlar y manipular las investigaciones del fiscal. 

El papel de la SIDE fue fundamental para encubrir los hechos. El periodista Herman Schiller, militante izquierdista y uno de los fundadores del Movimiento Judío por los Derechos Humanos,  lo anticipó en un artículo publicado en Página 12 seis semanas después del atentado con el título de “La SIDE y la AMIA”. Schiller ya aseguraba que “la SIDE estaba haciendo lo imposible por convertir a las víctimas en victimarios”.  En su intervención en una mesa redonda celebrada en la legislatura porteña  21 años más tarde (“La AMIA, la SIDE y la criminalidad estatal”), Schiller citó un artículo de dos periodistas que, pocos meses después del atentado, se preguntaban “cómo era posible que una repartición nazi por excelencia estuviera investigando un atentado antisemita”, evocando también la sentencia del poeta Juan Gelman, de ascendencia judía: “Si la SIDE investigara realmente a fondo la masacre de la AMIA se encontraría consigo misma”. 

Pero la SIDE se comportó en realidad como una agencia subsidiaria, una simple correa de transmisión de lo acordado entre Menem y Rabin con el beneplácito de Estados Unidos. En los hechos, el primer servicio de inteligencia que intervino después del atentado fue el Mosad. Los agentes del Mosad llegados desde Israel a Buenos Aires se llevaron las pruebas materiales, en particular los restos del coche bomba supuestamente involucrado (el motor de una camioneta Traffic) y otros elementos probatorios que quedaron bajo los escombros.

 La causa AMIA como arma política

La causa AMIA se convirtió con el paso del tiempo en un arma arrojadiza contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El atentado se produjo bajo el Gobierno de Menem, y su ascendencia sirio-libanesa sirvió al Mosad para inventar un supuesto vínculo de este peronista conservador, neoliberal y favorable a mantener “relaciones carnales” con Estados Unidos, con los supuestos autores del atentado, dando crédito a una fantasiosa “pista siria”. Esta invención se filtró a través de las instituciones del “judaísmo oficial”, pero también logró impregnar el discurso de algunos medios judíos “progresistas”, como lo era la revista Nueva Sión, cercana al laborismo israelí.

Sin embargo, las sospechas sobre Siria se desvanecieron cuando Menem canceló los planes de transferencia de tecnología nuclear a ese país a pedido de Washington. Con todo, esto no exculpa a Menem de su delito de no haber actuado con la debida diligencia para dar con los autores del atentado y de entorpecer la investigación de la causa. En 2008, el fiscal Nisman solicitó la detención del expresidente Menem y del juez Juan José Galeano por encubrimiento y falseamiento de pruebas, por haber inventado una culpabilidad ficticia, con pruebas amañadas y otras destruidas, para desviar la investigación y culpar exclusivamente a la policía. La “pista siria” fue entonces descartada, y sustituida en la historia oficial del atentado —siguiendo el guion del Gobierno israelí— por su atribución al Gobierno de Irán, en supuesta asociación con la “milicia” libanesa Hezbolá como fuerza ejecutora.

Uno de los principales acusados por la justicia argentina de autoría intelectual y planificación del atentado es el exministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, actual ministro del Interior, junto con otras autoridades de ese país como el expresidente (y ayatolá) Akbar Rafsanyaní (1989-1997). Aunque ninguna prueba lo justificase, se solicitó a Interpol el pedido de busca y captura de estas autoridades de Irán, junto a otros cinco funcionarios. Según el informe de la causa que presentó el fiscal Alberto Nisman en octubre de 2006, avalado por los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, Vahidi habría desempeñado un papel central en la planificación y dirección del ataque,  que habría sido ordenado por el líder iraní y perpetrado por Hezbolá como “representante” de implementar las políticas del gobierno de Irán en el exterior.

La inculpación de Irán como país promotor del atentado de la AMIA se consolidó con los sucesivos gobiernos de Netanyahu como primer ministro de Israel

La inculpación de Irán como país promotor del atentado se consolidó con los sucesivos gobiernos de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel, quien en 2012 ya había señalado a ese país como enemigo existencial de Israel en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Netanyahu aseguró entonces que llevaba más de 15 años reclamando que no se permitiera a Irán poseer armas nucleares. Según dijo, Irán ya había atravesado el 70% del camino para conseguirlo y le faltaban unos pocos meses para completar el proceso, un argumento que ha ido repitiendo a lo largo de los años.

Así pues, la política exterior del Estado de Israel, centrada prioritariamente en que Irán no tenga una capacidad nuclear que le permita contrapesar el arsenal que Israel sí posee con la venia de Occidente, ha consistido en condenar a Irán como un régimen terrorista para aislarlo y asfixiarlo económicamente. Atribuir a Irán la planificación de los atentados antisemitas perpetrados hace tres décadas en Buenos Aires es un elemento clave de la propaganda israelí para atacar impunemente a ese país, con o sin apoyo estadounidense. Otro tanto ocurre con el partido libanés Hezbolá y su milicia, que combate contra la ocupación israelí.

Obviamente Irán se negó a extraditar a los acusados. El Gobierno argentino intentó que la declaración indagatoria a altos cargos del Gobierno iraní se hiciera mediante un “memorándum de entendimiento” con ese país, para que declarasen a distancia, a lo que se opuso el fiscal Nisman, convirtiendo esta disputa en motivo de una nueva persecución judicial contra la presidenta. La causa contra Cristina Kirchner por “encubrimiento” y “traición a la patria” comenzó con una denuncia del fiscal Nisman en enero de 2015, e involucró también al entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, quien ya era ministro de Exteriores en 2010, cuando Argentina reconoció oficialmente al Estado palestino. Mientras tanto, Israel intentó presionar infructuosamente al ministro argentino para que desconociera el acuerdo con Irán, valiéndose del argumento de que el Gobierno israelí había intercedido ante la dictadura de Videla en favor de su padre, Jacobo Timerman, exdirector del diario La Opinión, para que fuera liberado después de tres años de cautiverio, y que le habían facilitado migrar a Israel.

El fiscal Nisman sostuvo en su presentación que la firma del memorándum entre Argentina e Irán pretendía encubrir a los acusados del atentado, porque les permitía evitar las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre ellos, un extremo desmentido por el entonces jefe de Interpol. Ese mismo año, la aún presidenta Cristina Kirchner declaró: “Se quiere demorar desde el año 2002 el juicio de encubrimiento de las autoridades argentinas, de los servicios de inteligencia que cubrieron y encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad”. 

Una derivada no menor de la resolución judicial que resposabiliza a Irán del atentado, y que por tanto lo considera como un “estado terrorista”, es la reapertura de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner

Oficialmente, la firma del memorándum se hizo con el fin de interrogar a distancia a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado, dada la negativa del gobierno de Irán a extraditarlos. Sin embargo, ese documento nunca fue aprobado por el parlamento iraní, de modo que no llegó a tener validez.

Nisman inició su investigación contra Cristina Kirchner en enero de 2013 y se suicidó dos años más tarde, 24 horas antes de presentar su denuncia contra la expresidenta en el Congreso, aunque ya había anticipado su contenido a los medios de comunicación. Lo encontraron con un disparo en la sien, en su vivienda del acaudalado barrio porteño de Puerto Madero. El disparo fatal se realizó con una pistola que le había entregado horas antes un colaborador inmediato y supuesto amigo, Diego Lagomarsino. 

La oposición derechista aprovechó la ocasión para profundizar la llamada “grieta” política con el peronismo, acusó al gobierno kirchnerista de estar detrás del asesinato del fiscal, disfrazándolo de suicidio. El macrismo impulsó esta narrativa en los medios de comunicación y convocó marchas multitudinarias que debilitaron al Gobierno kirchnerista y propiciaron el avance del neoliberalismo encarnado en Mauricio Macri como alternativa político-electoral. La sociedad argentina se polarizó entre los que creían en la evidencia del suicidio y quienes promovían la interpretación del asesinato, ahondando la confrontación en las calles entre peronismo y antiperonismo.

En septiembre de 2017, ya bajo el Gobierno de Mauricio Macri, el juez Claudio Bonadio decidió unificar las causas vinculadas a la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y su exministro Timerman. Cuatro años más tarde, en octubre del 2021, la Justicia sobreseyó a Cristina Kirchner y a varios funcionarios de su Gobierno del supuesto encubrimiento a los autores del atentado. Los jueces determinaron que no hubo encubrimiento ni “traición a la patria” por la firma del memorándum firmado con Irán en 2013, y que la acusación de Nisman llevó a un proceso penal que “no tiene ningún tipo de anclaje legal“. Según esta resolución judicial, la firma del Memorándum “no constituyó delito”, más allá de que fuera “un acierto o desacierto político”. 

Sin embargo, en septiembre de 2024, meses después de la condena a Irán y Hezbolá como supuestos autores y ejecutores del atentado, la Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa. Meses después, la Corte Suprema ordenó que se realizara juicio oral a la ex presidenta y otros acusados por encubrimiento del atentado a la AMIA, en una nueva demostración de persecución judicial (lawfare) contra lo que representa su figura política.

 La condena judicial a Irán y Hezbolá

Meses antes de que se cumplieran 30 años del atentado a la AMIA, durante el primer año de Gobierno de Javier Milei, el influjo de Israel permitió que un tribunal argentino condenase a Irán como “autor intelectual” de la masacre y al partido libanés Hezbolá como su brazo ejecutor. Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por tres jueces, dictó una sentencia condenatoria según la cual el atentado “respondió a un designio político y estratégico” de la Republica Islámica de Irán, un fallo en el cual incluyeron también el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires de marzo de 1992 (22 muertos y 242 heridos). La sentencia afirma, sin presentar pruebas reales, que ambos atentados habrían sido ejecutados por “la organización terrorista Hezbolá”.

Esta sentencia no se enmarca en un juicio directo a los autores del atentado, sino en el juicio por encubrimiento realizado contra quienes lo investigaron previamente y los responsables políticos de aquella época. El expresidente Menem —admirado por Milei— fue sobreseído, casi al mismo tiempo que empezaba una nueva persecución judicial contra Cristina Kirchner. El fallo de estos jueces (Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma) se basa en una suma de lugares comunes, característicos de la seudoinformación con sesgo geopolítico que suelen filtrar los servicios de inteligencia. El principal móvil de Irán para cometer esos atentados habría sido una venganza, por la negativa del Gobierno de Carlos Menem, presionado por Estados Unidos, a facilitar a Irán tecnología aeronáutica (misiles Cóndor) que Argentina se había comprometido a brindar. De este modo, la interpretación subjetiva y en supuesta clave geopolítica del accionar de las naciones se convierte para estos jueces desatinados en una prueba de culpabilidad.

En esos días de abril de 2024, en plena ofensiva del terror sionista sobre Gaza, el presidente de la DAIA celebró el fallo: “La Justicia argentina determinó que Irán, un Estado soberano de la ONU, se dedica a sembrar el terror en el mundo”, dijo Knoblovits, y agregó: “Esto nos habilita para reclamar ante Naciones Unidas y la CPI (Corte Penal Internacional)”. Por su parte, Issa Kameli, director para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, calificó la sentencia como “un acto ilegal, politizado y contrario a los principios del derecho internacional”, motivado por influencias extranjeras.

 Las víctimas rechazan la historia oficial

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) es una organización civil fundada en junio de 2002 por víctimas, familiares y amigos de víctimas del atentado. Surgió como una escisión de Memoria Activa y, como esta, siempre se opuso al relato oficial de las organizaciones comunitarias y de los estados argentino e israelí, a los que acusa de encubrir los atentados de la embajada y la AMIA. 

Laura Ginsberg, titular de Apemia, dedicó mucho tiempo junto a otros miembros de la entidad a la investigación de los archivos desclasificados sobre el atentado a la AMIA. En julio de 2024 afirmó que esas investigaciones sustentan la acusación a los poderes del Estado como responsables del encubrimiento. “A través de un trabajo muy riguroso de lectura y análisis de una pequeña parte de la documentación, se empezó a encontrar todo aquello que respalda esta hipótesis que sostenemos hace tanto tiempo, que responsabiliza al Estado argentino por su papel”. La referencia alude principalmente a los gobiernos de Carlos Menem (1989 a 1999). 

El abogado Martín Alderete declaró por su parte: “Lo que se planteó y plantea Apemia no es una consigna. Terminar con la historia oficial no es un capricho, ni siquiera es un posicionamiento político-ideológico. Es que la historia oficial no tiene ninguna prueba que la respalde, y no sólo eso, sino que a partir del análisis de los archivos hay pruebas concretas y contundentes en contrario a la historia oficial”, señaló. Además, consideró que las maniobras de encubrimiento tuvieron como objetivo “destruir cualquier posibilidad de investigación”, ya que “la construcción de la historia oficial fue desde el minuto cero”. En ese mismo acto, el periodista y escritor Alejandro Bercovich criticó el discurso ideologizado que pronunció el día anterior Amos Linetzky, el presidente de la AMIA, una institución que en su opinión está “hoy monopolizada por un sector que históricamente en nuestro país fue muy marginal, que es el de los ortodoxos, los ultras, los que hoy llevan adelante la masacre en Gaza”. 

Juicio en ausencia, “una maniobra para cerrar la causa”

Dado que el juicio en el que condenó a Irán y Hezbolá no iba dirigido contra los responsables del atentado, sino contra quienes supuestamente lo encubrieron, incluido el expresidente Menem que quedó sobreseído, y dado que esa condena resultó secundaria a esta, quedaría pendiente el juicio a los supuestos culpables. El Gobierno de Milei impulsó entonces una nueva ley de “juicio en ausencia”, una modalidad aprobada en marzo de 2025 y respaldada por los titulares de la AMIA y la DAIA meses más tarde.

El juicio en ausencia se practicará en “delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo”, cuando sus autores estén huidos de la justicia argentina. En la práctica, esta nueva forma de juicio está pensada para poner punto final al caso AMIA sin castigar a los verdaderos responsables. El objetivo es condenar a siete iraníes y tres libaneses a los que se acusa sin pruebas contundentes de haber participado en el atentado. 

La Ley 27.784 de Juicio en Ausencia fue impugnada por la defensa de oficio, por considerarla inconstitucional, pero la Cámara Federal confirmó la vigencia de la ley por la gravedad del caso, al considerar acreditado por la justicia argentina que “la decisión de atentar contra la sede central de la AMIA fue tomada por las más altas autoridades de la República Islámica de Irán, quienes, tras planificar y coordinar el ataque, delegaron su ejecución en la organización terrorista libanesa Hezbolá”. 

La investigación del atentado contra la AMIA sufrió toda clase de dilaciones y al menos dos maniobras de encubrimiento durante las tres décadas transcurridas desde entonces sin que se hayan deslindado responsabilidades.

Las organizaciones de familiares y víctimas del atentado no comparten el entusiasmo de las autoridades políticas y judiciales. Por ejemplo Diana Malamud, referente de la asociación de víctimas Memoria Activa e integrante del CELS, considera que aplicar el juicio en ausencia sería una nueva forma de encubrimiento de los culpables del atentado: “me parece que es una maniobra para cerrar la causa”, declaró al periódico Página 12. Aseguró también que ese juicio “tampoco va a ser una reparación de nada, porque juzgar ¿a quiénes?, ¿para qué? Todavía falta investigar, faltan pruebas, y la realidad es que queremos a los culpables presos”. 

 A modo de conclusión

La investigación del atentado contra la AMIA sufrió toda clase de dilaciones y al menos dos maniobras de encubrimiento durante las tres décadas transcurridas desde entonces sin que se hayan deslindado responsabilidades. La causa fue objeto de manipulaciones políticas dirigidas a invisibilizar a los verdaderos culpables. La primera definición de los autores del atentado fue la que brindaron los servicios de espionaje israelíes, una versión a la que inmediatamente se plegaron los servicios de inteligencia argentinos. 

Por otra parte, existen muchos testimonios de que el fiscal Alberto Nisman obedecía a los dictados de la CIA. Está documentado que los encuentros que mantuvo con informantes iraníes (que no hablaban español ni inglés) estuvieron mediados por agentes de los servicios secretos estadounidenses. Por ejemplo, el primer individuo en designar a Irán como inspirador del atentado fue un ex diplomático de ese país, Manoucher Motamer, señalado como colaborador de la CIA. Pocos días después del atentado, el juez Galeano acudió a Caracas a entrevistarse con este agente estadounidense, que acusó a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires de organizar el atentado con participación de Hezbolá.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina en junio de 2024 con una sentencia favorable a Memoria Activa, al constatar la existencia de “una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a sus verdaderos autores”. Basándose en la aceptación de responsabilidades asumidas en nombre del Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, el tribunal internacional sostuvo en su resolución “el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”.

En política exterior, Israel consiguió sus objetivos propagandísticos a nivel regional. Estableció la idea (extravagante) de que en la triple frontera de Argentina con Brasil y Paraguay habría células terroristas durmientes de Hezbolá, preparadas para entrar en acción cuando fuese necesario. La imputación a altos cargos del Gobierno de Irán como instigadores del atentado también condicionó la política comercial de Argentina, forzándola a enemistarse con uno de sus principales socios comerciales durante el Gobierno de Néstor Kirchner, con el que intercambiaba cereales por petróleo. Todo ello con la complacencia de Estados Unidos. Y aun hoy, la propaganda israelí asegura que Irán intenta crear lazos de fidelidad con países latinoamericanos para convertirlos en enemigos de Israel. 

Una derivada no menor de la resolución judicial que resposabiliza a Irán del atentado, y que por tanto lo considera como un “estado terrorista”, es la reapertura de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, la jefa de la oposición peronista y potencial candidata opositora a Milei en las elecciones presidenciales de 2027. Cristina Kirchner ya fue condenada e inhabilitada por la Corte Suprema en la llamada Causa Vialidad, considerada por prestigiosos juristas latinoamericanos como un típico caso de lawfare. La condena penal a seis años la inhabilitó para ejercer cargos públicos, y la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió otro fallo posterior que le impide ejercer su derecho al voto. La reapertura de la causa AMIA en su contra, la instrucción del juicio oral por supuesta traición a la patria, es una manera de mantener la persecución judicial contra la ex presidenta para erosionar aún más su capacidad de intervención política en la confrontación con la derecha ultraliberal. La proscripción de Cristina Kirchner como posible candidata ha tenido el efecto contrario al esperado por sus enemigos políticos, ya que el peronismo ha crecido significativamente en las últimas elecciones. 

Hay que añadir que la mayor parte de los judíos argentinos de cualquier ideología, sean sionistas o no, por su misma condición identitaria son rehenes de la política exterior del Estado de Israel. Todos los lugares de culto y de reunión social, tanto en Buenos Aires como en muchas otras ciudades argentinas, están protegidos por gruesos pilones de cemento que delimitan una parte de la acera, o están cercados por grises vallas de hormigón, además de contar con vigilancia permanente (cámaras y personal de seguridad). Desde que ocurrieron esos terribles atentados de los años noventa, las escuelas, universidades, sinagogas, centros culturales, teatros y cualquier otra institución que proclame su carácter judío ha quedado objetivamente segregada, simbólicamente escindida del paisaje urbano, y se ha ido normalizando este hecho diferenciador a pesar de que el riesgo de atentados se volviese inexistente con el paso del tiempo. Pero el relato de un enemigo islámico que podría atacar en cualquier momento a algunos miembros de la colectividad es consecuente con las exigencias propagandísticas de las acciones geopolíticas de Israel, que consiguió la condena judicial de Hezbolá y de Irán en Argentina meses antes de lanzar sus mortíferos ataques en el sur del Líbano en septiembre de 2024, y contra dirigentes e instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025.