Baleares
Ibiza y Mallorca siguen el modelo de Formentera y pondrán límites a la entrada de vehículos

Lo que en abril parecía una línea roja en la política balear —la palabra “limitación”— se abre paso, poco a poco, en el discurso de los miembros del Govern y los consells insulars. El último ejemplo es el control del acceso de los vehículos de motor en Ibiza y Mallorca durante la temporada alta que, no solo está encima de la mesa, sino que ya ha empezado a desarrollarse.

En el caso de la Pitiusa mayor, el Parlament ha aprobado ya una proposición de ley de control de afluencia de vehículos, que fue registrada en mayo a petición de la institución insular. Para la diputada socialista Pilar Costa, ésta “responde a una necesidad social y, aunque no es radical, hay que ponerla en valor”.

La norma se inspira en la propuesta formentera.eco, que se aplica en la menor de las islas desde 2019. Costa destaca que “se ha creado un marco legal para que el Consell de Ibiza, cada año, ponga números a la limitación y decida cuántos coches pueden entrar, ya que es el organismo que, en este punto, tiene las competencias”.

Pilar Costa considera un contrasentido “limitar el número de coches, por un lado, y tener 9.000 plazas turísticas afectadas por una moratoria sin eliminarlas, por el otro”

La ley afecta directamente a las empresas de alquiler de vehículos. En el texto, aprobado el 29 de octubre en el pleno parlamentario por todos los partidos excepto Vox, se detalla que “debido a su estacionalidad, tienen una incidencia relevante sobre la saturación de la red vial isleña. Es comprensible que el objetivo de limitar el total de vehículos facultados para permanecer durante la temporada estival no puede quedar comprometido por el hecho de que las empresas de alquiler de vehículos puedan ampliar su oferta desmesuradamente”.

Por otro lado, se abre la puerta a la creación de un distintivo para identificar los vehículos que quedan fuera de la prohibición, entre ellos, los que tengan como titulares a personas residentes de la isla. También lo podrán obtener las personas propietarias de una vivienda, limitándose la excepción de la norma a un vehículo por persona, y los residentes en el resto del archipiélago que tengan que acceder a Ibiza por motivos laborales, entre otros.

Deficiencias

Tanto la oposición como el movimiento ecologista de la isla aprueban el paso que se ha dado, aunque lo consideran insuficiente. Para Pilar Costa, iniciativas como esta “tendrían que ir acompañadas de políticas de decrecimiento turístico”. Considera un contrasentido “limitar el número de coches, por un lado, y tener 9.000 plazas turísticas afectadas por una moratoria sin eliminarlas, por el otro”. Si no hay coherencia en las actuaciones, todo quedará, según la diputada, “en una operación de maquillaje”.

El estudio propone reducir a una media de 848.662 el número de vehículos en circulación en Mallorca y pone de manifiesto que en los últimos cuatro años ha aumentado en 100.000 el parque de coches

Más crítica es la portavoz del colectivo ecologista GOB-Eivissa, Agnés Vidal. Considera que “la regulación está llegando muy tarde”. Tampoco conoce “la letra pequeña del proyecto” y desde la entidad se muestran cautos antes de celebrar nada. Lo que tiene claro es que “en verano, muchas veces nos lo pensamos más de dos veces antes de coger el coche”. Asegura que “el estrés que se pasa circulando por estas carreteras tan cargadas es difícil de asumir como normal” y destaca que “si se reduce el flujo viario, la experiencia de los turistas también será más positiva”.

Uno de los temas que más preocupa a la asociación es la regulación de la entrada de las caravanas. “Por lo que sabemos, están obligadas a tener reserva en alguno de los campings para acceder a Ibiza, y la consiguen, la cuestión es que, muchas de ellas, después se quedan en la isla y se convierten en la única residencia posible de las personas que vienen a trabajar. En este sentido, la ley tendría que complementarse con otras normas y se debería actuar de forma transversal”.

Capacidad de carga

La última isla en sumarse a esta tendencia ha sido Mallorca, que, simultáneamente a la aprobación de la proposición de ley ibicenca, presentó un estudio sobre la capacidad de carga viaria. Según el informe encargado por el Consell, gobernado por PP y Vox, en la isla sobran entre 90.000 y 120.000 vehículos. A raíz de las conclusiones del documento, los dos partidos se han comprometido a aplicar medidas el próximo verano.

El presidente de la institución, Llorenç Galmés, ha anunciado que habrá un cupo diario de vehículos que puedan entrar a Mallorca en temporada alta y se priorizarán los residentes sobre los de alquiler. Además, la restricción podría ligarse a una tasa diaria de circulación para los vehículos de alquiler y para aquellos que no pagan el impuesto de circulación.

Desde el GOB, Margalida Ramis señala que “no tiene sentido limitar la entrada de coches y ampliar el número de carriles de acceso a Palma”

El estudio propone reducir a una media de 848.662 el número de vehículos en circulación y pone de manifiesto que en los últimos cuatro años ha aumentado en 100.000 el parque de coches.

Desde la entidad ecologista GOB se ve con buenos ojos la medida. Ahora bien, para su portavoz, Margalida Ramis, debe de ir asociada a políticas que fomenten el transporte público y el cese de la construcción de grandes infraestructuras. “No tiene sentido limitar la entrada de coches y ampliar el número de carriles de acceso a Palma, por ejemplo. Tampoco debe echarse la culpa a los turistas. En temporada baja continuamos teniendo saturación en las carreteras”. Por ello, desde el GOB se aboga por la elaboración de un Plan de Movilidad que tenga como objetivo reducir el número de vehículos existentes.

Menorca, al margen

La única isla del archipiélago balear que no se ha sumado a la limitación es Menorca, a pesar de que el Consell encargó un estudio de carga viaria durante la anterior legislatura. En ese momento, la institución estimaba en un 30 por ciento el exceso de vehículos que en verano circulan por las carreteras menorquinas.

El actual conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, considera que el informe es “un encargo político” y, aunque tiene sobre la mesa la oferta de tres empresas para llevarlo a cabo, de momento, lo descarta.