Banca
Los ahorradores cautivos

En este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos"
Benjamin Franklin.

El sistema financiero parece haber dejado atrás la crisis. Aunque el coro mediático lleva vaticinando el inicio de un nuevo ciclo inmobiliario desde 2008, esta vez sí que hay señales de que es cierto. En este sentido, podríamos considerar algunos fenómenos difusos como el auge de los pisos turísticos y el incremento de los alquileres en algunas ciudades o también la presentación de proyectos más concretos como la Operación Chamartín. Un proyecto concebido para crear un centro de negocios acorde con la Champions League de la economía, categoría en la que Zapatero situó a nuestra banca.

Sin embargo, convendría reflexionar sobre lo que ha pasado con el sistema financiero desde 2007, cuando coexistían cajas y bancos, y sobre la situación en la que nos encontramos ahora.

A grandes rasgos, podemos decir que las cajas eran entidades de diverso tamaño que se caracterizaban por su vinculación con el territorio donde estaban implantadas. Por su parte, entre los bancos existían entidades que operaban en un ámbito nacional y también verdaderas multinacionales, que eran el resultado de la concentración bancaria.

El objetivo político oculto de los diferentes gobiernos de España y de la Unión Europea es la concentración del sector financiero en el menor número posible de entidades

Este último sería el caso del Santander Central Hispano y el del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria. Tras el colapso del sistema financiero y la configuración bancaria instada por la Unión Europea con motivo del rescate de 2012, hemos pasado de un sector conformado por 62 entidades a la concentración en tres grandes bancos: Santander, BBVA y La Caixa.

Junto a ellos pervive el Banco de Sabadell y otras entidades menores como Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Abanca o Liberbank. Todo apunta a que casi todas las entidades menores serán absorbidas paulatinamente, siguiendo la estela marcada por del Banco Popular. Del mismo modo, el destino de Bankia, proyecto fallido del Partido Popular, será su integración en alguno de los cuatro bancos principales. Por tanto, podemos concluir con que el objetivo político oculto de los diferentes gobiernos de España y de la Unión Europea es la concentración del sector financiero en el menor número posible de entidades.

Uno de los motivos podría ser que la reducción del número de bancos genera una menor competencia. Lo que causará un perjuicio para quienes pidan un préstamo, ya que sufrirán el incremento de los intereses y de las comisiones. Del mismo modo, la menor competencia también permitirá que los bancos resultantes ahorren en sus costes operativos, sobre todo, mediante la reducción del personal y del número de oficinas. Sin embargo, y a pesar de que estos son unos efectos buscados, creemos que de algún modo se trata de unos objetivos colaterales al proyecto que realmente esconde la concentración bancaria y que tratamos a continuación.

¿Qué esconde la concentración bancaria?

En realidad, la concentración bancaria responde a un proyecto político que probablemente marque una época. Para analizar sus implicaciones conviene esbozar previamente la situación actual del negocio financiero. Este ha dejado de estar vinculado con sus dos funciones originales: guardar los ahorros de una manera más fiable que debajo de una baldosa y dar préstamos sobre la base de estos ahorros depositados.

Desde los años ochenta, y de manera ligada al desarrollo de internet, se ha convertido en un negocio de enorme riesgo donde cada día se apuestan cantidades superiores al PIB mundial de un año. Los mercados financieros se han convertido en casinos virtuales donde los jugadores operan desde paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos y también para no ser supervisados por entidades externas, en particular por las administraciones públicas.

El sistema financiero, a pesar de que se siga presentando como amo y señor de nuestra sociedad, debe su supervivencia a la intervención pública

Esto permite que los bancos de inversión puedan ocultar su situación real de una manera efectiva. Lo cual genera una gran incertidumbre, ya que dada la magnitud de lo apostado, la quiebra de un actor puede arrastrar a la economía mundial. Hasta la crisis de 2007 se creía que los modelos matemáticos para la dispersión del riesgo evitarían que la quiebra de una entidad relevante tuviese consecuencias para el resto del sistema, lo que justificaba de alguna manera la opacidad con la que estas actuaban.

Mientras el sistema estuvo funcionando sin sobresaltos graves, los creadores de estos modelos matemáticos fueron muy bien remunerados e incluso agasajados con distinciones. Algunos llegaron incluso a recibir el premio Nobel. Sin embargo, el colapso surgido tras la quiebra de Lehman Brothers acabó con el dogma casi religioso de que los mercados autorregulados jamás quebrarían por la infalibilidad de los modelos matemáticos que utilizaban. Hoy sabemos que estos modelos eran falibles y que el sistema financiero, a pesar de que se siga presentando como amo y señor de nuestra sociedad, debe su supervivencia a la intervención pública.

¿Cómo decidieron nuestros gobernantes evitar el riesgo de otro colapso financiero?

Los políticos, como salvadores del sistema financiero, tenían varias opciones para evitar otra crisis sistémica. Anticipamos que han escogido la peor, esto es, la basada en que los ahorros de las clases medias actúen como rehenes del desmán financiero y político que padecemos.

La primera opción consistía en cerrar el casino, “refundar el capitalismo” en palabras de Sarkozy. Esto hubiera implicado que los Estados, principalmente Reino Unido y Estados Unidos, hubiesen regulado la banca en la sombra, que no opera desde exóticas islas del Caribe ni ducados medievales sino desde Londres y Nueva York. Esta opción fue desechada por imposible, aunque en realidad haya antecedentes históricos de medidas políticas de este calado, como las tomadas por la administración de Franklin D. Roosvelt tras el crack del 29.

La segunda opción consistía en que los Estados no entrarían en los paraísos fiscales para vigilar lo que sucede en ellos, pero se protegerían mediante la separación de la banca comercial de la banca de inversiones, cuyo negocio es la especulación en los mercados financieros. Estas medidas se verían acompañadas de la preservación de un sistema bancario compuesto por multitud de entidades de diverso tamaño.

Por un lado se pretendía evitar que la quiebra de una entidad arrastrase a todo el sistema y por el otro lado que esta quiebra tampoco afectase a los ahorros de la clase media. Algo de esto intentó la administración de Obama en 2010 mediante la promulgación de la ley Dodd-Frank, de reforma de Wall Street. Pero Trump está tratando de echar por tierra los controles establecidos en esta legislación mediante la promulgación de la Financial Choice Act.

Esta ley, bajo la retórica de la libertad, esconde unos efectos devastadores para la sociedad. Fue aprobada en junio por el congreso de Estados Unidos y está siendo tramitada por el Senado para su aprobación definitiva, por lo que es bien probable que a medio plazo entremos en otra época de turbulencias financieras. A este respecto, conviene señalar que los puestos clave de la administración de Trump han sido ocupados por ejecutivos de Goldman Sachs, que es el banco de inversiones más influyente del mundo.

La tercera opción consistía en redoblar la apuesta. Esto se ha hecho en España mediante la preservación de un sistema que opera desde la sombra sin ninguna supervisión y que además está concentrado en pocas entidades. Dado que este sistema ha demostrado estar abocado al colapso y que esta ha sido la opción escogida por nuestros gobernantes, surge la siguiente pregunta.

¿Acaso la banca tiene pulsiones suicidas?

La respuesta es que no. La reducción del sistema bancario español a cuatro entidades de facto esconde un propósito capaz de definir la sociedad en la que viviremos, puesto que el objetivo de esta reducción consiste en garantizar la solvencia de estas entidades mediante el aval del presupuesto del estado.

Es un dato revelador el hecho de que la concentración bancaria en España haya sido dirigida por antiguos directivos de la banca de inversiones: Luis de Guindos, que fue director general de Lehman Brothers en España hasta su quiebra en 2007 y Mario Draghi, que fue vicepresidente de Goldman Sachs en Europa.

El aval público ha sido conseguido porque la quiebra de una de estas entidades creará un problema político de tal magnitud que obligará a realizar otra intervención pública, de manera que quien esté al frente del Estado español no tendrá otra opción que correr con las pérdidas del próximo colapso financiero. Esta es la manera que ha encontrado el capitalismo anglosajón de garantizar la solvencia de la banca española, una de las cartas más frágiles del castillo de naipes que es hoy el sistema financiero mundial.

En una sociedad donde una buena parte de las personas que la conforman antepone su condición de consumidor a la de ciudadano, las élites entienden que la sociedad, en particular la clase media, toleraría que los impuestos se vuelvan a desviar para otro rescate bancario, aunque esto conlleve la quiebra del Estado con la consiguiente pérdida de derechos sociales.

Así, vemos cómo en realidad los ahorros de la clase media española actúan como rehenes para proteger las ganancias desmesuradas de la banda de mangantes que hoy conforma el sistema financiero y político. La banca, ante la incertidumbre que le genera su propio descontrol, ha encontrado la manera de tener un seguro que utilizará cuando sea necesario. Y este seguro es la explotación de los contribuyentes, quienes mediante impuestos correrán con la cuenta del próximo rescate financiero.