Banca
ING, multada por no evitar la delincuencia financiera

El banco de origen holandés ING (International Netherlands Group) ha sido multada en los Países Bajos con 775 millones por sus errores y su laxa política para detener y evitar que sus clientes utilicen la entidad financiera para cometer delitos económicos, financieros y fiscales.

Según ha reconocido la propia entidad, una vez aceptada la multa, dichos errores podrían haber permitido que sus clientes utilizaran cuentas y otros productos del banco para actividades delictivas, como el lavado de dinero, entre 2010 y 2016.

El director general del banco, Ralph Hamers, ha asumido las multas y la responsabilidad y ha anunciado que ya se están tomando medidas sólidas para reforzar la gestión de riesgos de cumplimiento.

Las autoridades holandesas han investigado a los empleados de la entidad y no han encontrado pruebas de que ningún miembro del personal hubiera ayudado a los clientes a usar los propios productos de la entidad para facilitar dichas actividades delictivas o para blanquear capital. Según han informado las autoridades holandesas, los errores se deben a deficiencias colectivas en todos los niveles de gestión en la escala de responsabilidades. 

A pesar de ello, ING ha arrancado por iniciativa propia una investigación sobre algunos exempleados de niveles directivos y ha tomado algunas medidas hasta que se resuelvan las investigaciones, como retener los productos e instrumentos financieros de algunos de ellos. 

La fiscalía holandesa ha sido clara y firme en la sentencia al declarar que "durante años, los clientes pudieron hacer uso de las cuentas bancarias de ING para actividades delictivas sin  prácticamente ningún problema ni molestia” por parte de los empleados del banco. Asimismo, ha recriminado a la entidad el no haber detectado que el dinero que se movía mediante sus cuentas bancarias provenía, posiblemente, de actividades delictivas. 

De los 775 millones de multa que ha recibido el banco de la cuenta naranja, 675 millones han sido directamente relacionados a la falta de políticas para detectar y prevenir este tipo de delitos. Los otros 100 millones restantes han sido para compensar el gasto insuficiente de personal realizado durante los seis años en los que se sospecha que se realizaron dichas actividades. 

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