Biocombustibles
Cuatro puntos sobre biocumbustibles que debería incluir la revisión de la Directiva sobre Energías Renovables

Dice el refrán que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y qué gran verdad. Desde luego, este es el caso de lo que ha sucedido con la Directiva sobre Energías Renovables (DER), que lleva en marcha más de diez años. Al menos, en lo relativo a los mal llamados biocombustibles.

En 2009, la Comisión Europea aprobó una nueva pieza legislativa —la Directiva 2009/28/CE— para obligar a los países de la UE a cumplir, entre otras cosas, con una cuota del 10 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte. Se abría la puerta, a bombo y platillo, a la introducción de los biocombustibles en los motores de combustión. Es decir, a la quema de grandes volúmenes de cultivos alimentarios y forrajeros (en su mayoría, pues también hay otros tipos), como la palma o la soja, para la producción de energía.

Pero lo que nació en un supuesto intento de reducir la quema de combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero (GEI) se ha convertido en una auténtica pesadilla para el clima. Las emisiones asociadas al ciclo de vida del biodiésel a base de palma y soja —desde su producción hasta su consumo— son tres y dos veces más altas que las del diésel fósil, respectivamente. La razón es sencilla: su producción requiere la conversión de ecosistemas que almacenan grandes cantidades de CO2 en monocultivos. De este modo, las emisiones de GEI se disparan por la liberación del CO2 retenido y los incendios para deforestar. Los bosques y la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas también están sufriendo consecuencias catastróficas.

Es crucial que la UE elimine el uso de cultivos alimentarios y forrajeros de la producción de biocombustibles

En un intento de sortear las lagunas iniciales, la Directiva se actualizó en 2018 dando lugar a una segunda versión —la DER II— que tampoco está a la altura de las circunstancias. Ahora, por tercera vez, se está sometiendo a un proceso de revisión en el seno de las instituciones europeas. Durante los llamados trílogos, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tienen que sentarse a negociar con el objetivo de adoptar un texto de consenso. Las tres partes se reunieron el martes 14 de febrero, a puerta cerrada, para debatir algunos de los artículos relacionados con los biocombustibles, pero los puntos más candentes y problemáticos se abordarán durante el mes de marzo. 

El tema es complejo, pero podemos decir sin duda alguna que al menos existen cuatro puntos que debería incluir la revisión de la DER II si la UE quiere mantener algún tipo de legitimidad de cara a cumplir con sus compromisos climáticos y de lucha contra la deforestación. Por supuesto, España debería hacer lo mismo en el ámbito estatal.

1. Poner fin de inmediato al uso de aceite de palma en los biocombustibles, sin esperar a 2030.

En 2019, después de que la DER II viera la luz, el aceite de palma quedó catalogado como materia prima de “alto riesgo” de ocasionar “cambios indirectos en el uso de la tierra” (ILUC, por sus siglas en inglés), siendo la única en esta categoría. Multitud de estudios han radiografiado el impacto ecocida que tienen los monocultivos de palma en las selvas del Sudeste asiático y América Latina, cuyos frutos se destinan a la exportación para alimentar las refinerías y los tanques de los coches con “biodiésel”. De hecho, en 2020 España fue el mayor productor de diésel a partir de aceite de palma de toda la UE.

Los monocultivos de soja causan deforestación y vulneración de derechos humanos, especialmente en Brasil, Argentina y Paraguay

Dados sus impactos, ya en 2018 la Comisión Europea se comprometió a eliminar progresivamente los biocombustibles de alto riesgo de ILUC -es decir, la palma- de sus cadenas de producción para 2030. Sin embargo, esa fecha está demasiado lejos. Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos adoptados en la COP26 bajo el Pacto de Glasgow para proteger los bosques, la Comisión debería seguir la estela de los países -Francia, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Suecia, Portugal, Alemania, Bélgica e Italia- que han fijado la eliminación del aceite de palma en la horquilla 2021-2023.

2. Reconocer los efectos dañinos del biodiésel a base de aceite de soja y eliminar su uso de forma inmediata.

 “Si hay que abandonar el aceite de palma, entonces tenemos que encontrar un sustituto”. Esto es lo que debieron de pensar algunos dirigentes europeos y los lobbies de la industria. Y el aceite de soja fue la respuesta. Tal y como demuestran los datos, desde el 2019 su uso en la producción de biodiésel ha aumentado en un 17 % dentro de la UE.

Los monocultivos de soja causan deforestación y vulneración de derechos humanos, especialmente en Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros países. La industria sojera se abre paso incendiando en cualquier ecosistema que se le pone por delante, ya sea la selva amazónica, la sabana del Cerrado o el bosque seco del gran Chaco. ¿El resultado? Pérdida de sumideros de CO2 cruciales para frenar la crisis climática, muerte de miles de especies y acaparamiento de tierras contra la voluntad de sus poblaciones.

A pesar de todo, a día de hoy el aceite de soja sigue siendo catalogado como materia prima de bajo riesgo de ILUC. La consigna es clara, la Comisión debe obedecer a la demanda del Parlamento Europeo del pasado mes de septiembre: incluir el biodiésel de aceite de soja como materia prima de alto riesgo ILUC y eliminar su uso de forma inmediata.

3. Eliminar de forma progresiva y en 2030 como muy tarde el uso de cultivos alimentarios y forrajeros para la producción de biocombustibles.

La pandemia de la covid y después la guerra en Ucrania han puesto en jaque la seguridad alimentaria en todo el mundo. La ruptura de las cadenas de suministro, el riesgo inminente de escasez de alimentos y el aumento de los precios en los alimentos básicos podría empujar a cientos de millones de personas a la pobreza alimentaria.

Una vez más, reina el sin sentido: cultivos alimentarios —como aceites vegetales o cereales— que podrían destinarse a alimentar personas y ganado se destinan a producir combustible para llenar los tanques de los coches que forman parte de un modelo de movilidad caduco e insostenible que se resiste a cambiar. Las cifras hablan por sí solas: Europa sigue transformando 10.000 toneladas de trigo —el equivalente a 15 millones de barras de pan (de 750 gr)— en etanol para su uso como carburante en coches cada año. 

La conclusión es clara: para fortalecer la seguridad alimentaria y proteger tanto a las personas productoras como a las consumidoras de la escasez de suministro, es crucial que la UE elimine el uso de cultivos alimentarios y forrajeros de la producción de biocombustibles.

4. Incluir una llamada a la puesta en marcha de políticas dirigidas a reducir la demanda de energía.

Afrontar la crisis climática y energética que vivimos pasa, sí o sí, por situar todas las políticas públicas en un marco más amplio y transversal de reducción de la demanda de energía. Pretender sustituir nuestro consumo actual de energía fósil por otras fuentes menos contaminantes es, sencillamente, una quimera. Por coherencia, por el futuro de todas las generaciones presentes y venideras, reducir la demanda energética es una pieza clave que debe situarse en el centro del discurso.

Los datos están encima de la mesa. Ahora toca ver si las políticas europeas y españolas están del lado de los objetivos climáticos y ambientales, o de la deforestación, la inseguridad alimentaria y las violaciones de derechos humanos.