La Corte Internacional de Justicia determina que Myanmar ha cometido genocidio contra la población rohingya

Se trata de una sentencia histórica, pero habrá que ver cómo se ejecuta en la práctica. Más de un millón de rohingyas continúan malviviendo en Bangladesh sin la posibilidad de retornar a su tierra.
Rohingya Olmo Calvo
Cientos de miles de refugiados rohingyas permanecen en los campos de Bangladesh. Noviembre de 2017. Olmo Calvo

Tras casi una década de exterminio y persecución, hoy la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado que Myanmar sí ha cometido genocidio contra la minoría rohingya, de mayoría musulmana. Se trata de una sentencia histórica a un pueblo completamente despojado de sus derechos en un país que ni los reconoce como ciudadanos.

En el comunicado de prensa emitido por la CIJ, se concluye que “Myanmar cometió genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rakhine durante las ‘operaciones de limpieza’ de 2017, en violación de las obligaciones que le impone la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. La Corte asegura, asimismo, que “Myanmar violó las obligaciones que le impone la Convención de prevenir la comisión de genocidio por parte de individuos que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, de sancionar el genocidio y los demás actos enumerados en la Convención, y de promulgar la legislación necesaria para dar efecto a la Convención”. 

Con este veredicto en la mano, la CIJ exige al gobierno birmano que ponga fin “a cualquier violación en curso mediante la promulgación de legislación que dé pleno efecto a sus obligaciones en virtud de la Convención; que adopte de inmediato medidas efectivas para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos contrarios a la Convención y, si procede, las enjuicie y las sancione”. También se pide al Estado birmano que a partir de ahora ofrezca seguridad al pueblo rohingya y que proporcione “garantías de no repetición para evitar que se produzcan violaciones similares en el futuro”. Por último, la sentencia pide que se adopten “medidas de restitución”, como el retorno seguro y digno que posibilite la reunificación de las familias.

A pesar de este reconocimiento hay que recordar que más de un millón de personas pertenecientes al pueblo rohingya siguen malviviendo en el campo de Cox’s Bazar, en Bangladesh 

Todas estas medidas serán revisadas en un plazo de dos años, el tiempo que ha dado la CIJ al gobierno birmano para que lleve a cabo las demandas y el plazo que el organismo mismo usará para decidir la cuantía y las modalidades de la compensación y otras formas de reparación. 

A pesar de este reconocimiento —aún sin efecto práctico— hay que recordar que más de un millón de personas pertenecientes al pueblo rohingya siguen malviviendo en el campo de Cox’s Bazar, en Bangladesh mientras decenas de personas arriesgan sus vidas día tras día para intentar llegar a Malasia por la vía marítima, en muchas ocasiones, sin éxito: sin ir más lejos, este pasado mes de julio desaparecieron en el mar medio millar de rohingya que huían. En los últimos dos años, la reducción de los fondos de la ayuda humanitaria internacional ha hecho estragos en una población ya en una situación límite. 

Una sentencia histórica, pero con mucho trabajo de reparación por delante

En septiembre de 2018, una misión independiente de las Naciones Unidas concluyó que los altos cargos del ejército birmano debían ser investigados y procesados por “genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. El 11 de noviembre de 2019, Gambia presentó una demanda contra Myanmar por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio.

Si bien saltó a las portadas durante el verano de 2017, el hostigamiento al pueblo rohingya viene de lejos. En 1982, por ejemplo, se les despojó de su ciudadanía al no considerarlos una “minoría nacional”. La persecución a lo largo de estos años en un país de mayoría étnica bamar y budista, ha sido una constante, pero alcanzó su pico en 2012 y 2017. Aquel año, más de 800.000 personas fueron desplazadas de manera forzosa hacia Bangladesh a causa de las matanzas en Rakhine, la región de Myanmar que habitan, centenares de aldeas fueron quemadas por los militares birmanos (Tatmadaw) y miles de personas fueron asesinadas, hechos documentados por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. Los que entonces se marcharon aún continúan malviviendo en los campos habilitados en Bangladesh sin recursos y sin la posibilidad de volver. 

MSF: “Esta sentencia supone un importante reconocimiento de lo que ha tenido que soportar el pueblo rohingya”

Varias organizaciones de derechos humanos, como Médicos Sin Fronteras (MSF), Human Rights Watch (HRW) o Fortify Rights, han calificado la sentencia de “histórica”. “Esta sentencia supone un importante reconocimiento de lo que ha tenido que soportar el pueblo rohingya, ya que es la primera vez que un órgano judicial dictamina que Myanmar ha cometido un genocidio contra los rohingya”, aseguran desde MSF, aunque no se olvidan de la situación límite en la que vive la población, tanto la desplazada como la que queda dentro de Myanmar. “Si bien este es un momento histórico, las necesidades médico-humanitarias persisten: sigue habiendo una necesidad urgente de que se respete el derecho internacional humanitario, de que cesen de inmediato los ataques contra la población civil y la infraestructura civil, y de que se facilite una asistencia humanitaria rápida y sin trabas a quienes sufren las consecuencias”, concluye la organización, con presencia en el país desde 1992.

A diferencia de otros casos, como el de Duterte y los crímenes cometidos en Filipinas, en esta ocasión no hay un sujeto concreto, sino un Estado entero que no “cumplió” con sus funciones para evitar que se llevase a cabo el genocidio. A tal efecto, hace tiempo que más de 70 organizaciones de derechos humanos piden que se impongan sanciones financieras selectivas y establezca un embargo mundial de armas contra la junta militar que hoy día gobierna el país. 

El genocidio, además, no empezó y finalizó en 2017: desde 2024, unos 150.000 rohingya más han huido de Myanmar hacia Bangladesh, con lo que la población de refugiados rohingya en Bangladesh supera ya los 1,2 millones, según han podido documentar diferentes organizaciones que trabajan en este tema. No solo eso: con el objetivo de arrebatarle el territorio al Arakan Army (Ejército de Arakan, un grupo armado no estatal contrario al ejército birmano y que controla la región) el Tatmadaw ha estado bloqueando las rutas por las que podría entrar ayuda humanitaria.

Los y las refugiadas rohingya se encuentran hasta el día de hoy en una situación de inmovilidad: no pueden volver a sus aldeas en Myanmar ni tampoco pueden empezar una vida de cero en Bangladesh ya que no se les permite trabajar ni libertad de movimientos fuera del campo. Bangladesh no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo tanto, los rohingya se consideran “ciudadanos de Myanmar desplazados forzosamente”. Por otra parte, para que se diera un retorno de estas personas, las Naciones Unidas han establecido tres condiciones: que el retorno sea voluntario y que se produzca en condiciones de “sostenibilidad” y “seguridad”, algo que hoy por hoy no se puede garantizar. 

Desde 2024, el general Min Aung Hlaing tiene una orden de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad

No hay que olvidar, por último, que Myanmar es un país sumido, desde el 1 de febrero de 2021, en una guerra civil. Fue entonces cuando el ejército, liderado por el general Min Aung Hlaing —que desde 2024 tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad— dio un golpe de estado y derrocó el gobierno democrático de la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) tras las elecciones de 2020. Si bien el régimen ha intentado legitimarse a través de las elecciones de 2026 —comicios que no fueron ni libres ni democráticos—, lo cierto es que la situación de guerra continúa siendo una realidad en el país asiático.

Myanmar
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Más de un millón de personas pertenecientes al pueblo rohingya siguen malviviendo en el campo de Cox’s Bazar, en Bangladesh. Mientras la situación empeora, centenares de refugiados arriesgan la vida intentando llegar por mar a Malasia.
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