Myanmar
Genocidio rohingya: nueve años sin justicia ni retorno

Si bien el hostigamiento a la minoría musulmana de Myanmar, los rohingya, se inició en 2012, no fue hasta agosto de 2017 que el genocidio se hizo patente y saltó a las primeras páginas de los medios de comunicación internacionales. Aquel mes de agosto, más de 800.000 personas de la minoría rohingya tuvieron que huir del país y se instalaron en el campo de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh. Centenares de aldeas fueron quemadas por los militares birmanos y miles de personas fueron asesinadas, hechos documentados por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. En septiembre de 2018, una misión independiente de las Naciones Unidas concluyó que los altos cargos del ejército birmano debían ser investigados y procesados por “genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Tal y como reporta Fortify Rights, una organización con sede en Bangkok que estudia la situación de los rohingya y de los derechos humanos en Myanmar, “hasta el día de hoy, ningún funcionario de Myanmar ha rendido cuentas por las atrocidades de 2017”.

Nueve años después, la crisis de este pueblo minorizado de Myanmar continúa sin resolverse. Hacinados en los campos habilitados por Bangladesh en la frontera, más de un millón de rohingya continúan viviendo a día de hoy en situaciones deplorables e infrahumanas. La reducción de los fondos de la ayuda humanitaria internacional está haciendo estragos en el campo de refugiados más poblado del mundo. Sin poder volver a sus aldeas en Myanmar ni tampoco salir del campo, los rohingya esperan sin una solución a la vista.

No solo eso: la impunidad por lo sucedido en 2017 sigue siendo la norma y la justicia internacional avanza lentamente ante los crímenes cometidos por el Tatmadaw, las fuerzas armadas de Myanmar. Más de 70 organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran Fortify Rights, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Burmese Rohingya Organisation U.K. hace tiempo que piden a la Corte Penal Internacional (CPI) que imponga sanciones financieras selectivas y establezca un embargo mundial de armas contra la junta militar que hoy día gobierna el país. Si bien se han celebrado diferentes encuentros, como el de agosto de 2025 —una conferencia de alto nivel en el seno de las Naciones Unidas—, la resolución de la crisis se mantiene parada y no hay ningún compromiso internacional firme ni ninguna hoja de ruta para mejorar la vida de estas personas.

Aún así, se puede hablar de algunos logros judiciales. El pasado mes de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebró audiencias sobre el fondo en el caso Gambia contra Myanmar, en que se alega que Myanmar es responsable de genocidio contra los rohingya. “Todavía no hay ninguna rendición de cuentas por las masacres, porque el ejército se ha negado a asumir responsabilidad; simplemente lo niega, pero la documentación y las pruebas sugieren que el ejército fue responsable de todo esto”, asegura para El Salto el analista birmano Lynn Htet, radicado en Tailandia y perteneciente a Fortify Rights.

En Rakhine y con el objetivo de arrebatarle el territorio al AA, el Tatmadaw ha bloqueado todas las rutas por las que podría entrar ayuda humanitaria

“Desde mediados de 2024, se estima que unos 150.000 rohingya más han huido de Myanmar hacia Bangladesh, con lo que la población de refugiados rohingya en Bangladesh supera ya los 1,2 millones”, han documentado desde la mencionada organización. “Los rohingya que permanecen dentro del estado de Rakhine —de donde son oriundos— siguen enfrentando el mismo tipo de restricciones de movimiento y restricciones en el acceso a la salud, además de otras dificultades relacionadas con los medios de vida, porque el Ejército de Arakan (AA, Arakan Army) —un grupo armado no estatal—, que controla la región, no parece tener una política favorable hacia ellos”, explica Htet. En Rakhine y con el objetivo de arrebatarle el territorio al AA, el Tatmadaw ha bloqueado todas las rutas por las que podría entrar ayuda humanitaria: “Los militares han bloqueado todas las vías por las que se podían transportar mercancías, especialmente medicamentos, que ahora son muy necesarios en el estado de Rakhine, para presionar al Ejército de Arakan lo máximo posible. Están usando tácticas muy sucias para ejercer esa presión.

La reducción de los fondos en ayuda humanitaria ha causado estragos en Cox’s Bazar

Cox’s Bazar es donde se encuentran actualmente la mayoría de refugiados rohingya y es también el campo de refugiados más poblado del mundo, con una extensión de 24 kilómetros cuadrados y más de un millón de personas viviendo en él. Con la reducción de los fondos destinados a ayuda humanitaria durante el último año, las condiciones de los y las refugiadas han empeorado considerablemente. Estructuras sanitarias y educativas clave dentro del campo han visto su actividad mermada y también se ha reducido el reparto de alimentos y artículos de primera necesidad, hecho que ha provocado estragos en la salud tanto física como psicológica de los que allí viven.

A mediados de julio, medio millar de rohingya desaparecieron en la ruta marítima hacia Malasia, el destino principal para las personas que deciden huir

Esto ha hecho empeorar las condiciones de salubridad en el campo, ha provocado un repunte en la delincuencia y ha hecho que centenares de refugiados intentaran huir por la vía marítima hacia otros lugares. Sin ir más lejos, a mediados de julio, medio millar de rohingya desaparecieron en la ruta marítima hacia Malasia, el destino principal para las personas que deciden huir. Los dos botes con refugiados habrían partido a finales de junio, concretamente el día 29. Las embarcaciones nunca llegaron a su destino, según reportaron algunos familiares. Tres semanas después de la partida, algunos cuerpos arrastrados por la corriente fueron encontrados por algunos pescadores de la zona. Se cree que las dos embarcaciones se hundieron en alta mar sin dejar prácticamente rastro. “No ha habido ninguna misión de rescate; ningún país se ha ofrecido siquiera a intentarlo”, lamenta Lynn Htet.

Este trayecto, que suele costar entre 3.000 y 4.000 dólares es uno de los más peligrosos del mundo y son frecuentes los naufragios. Desde enero de 2026, Fortify Rights calcula que unos 820 rohingya han perdido la vida en el mar. Y no solo eso: “Quienes logran llegar a Malasia también enfrentan graves riesgos”. Fortify Rights ha documentado “la detención arbitraria e indefinida de refugiados rohingya en centros abusivos de detención migratoria en Malasia, donde decenas de detenidos han muerto en los últimos años debido a la atención médica inadecuada y otras condiciones inhumanas”.

Lynn Htet, que ha podido visitar recientemente las instalaciones de Cox’s Bazar, explica que “prácticamente todos los refugiados rohingyas quieren salir del campo; quieren volver a casa, o ir a cualquier otro lugar donde puedan encontrar seguridad u oportunidades de subsistencia”. De ahí el incremento de las salidas con botes por la vía marítima hacia Malasia. “Tras nueve años, la esperanza de poder regresar algún día a Rakhine se está desvaneciendo. Están perdiendo la esperanza de poder volver a casa, y la vida en el campo de refugiados se ha vuelto realmente difícil por todas estas circunstancias, incluidas las amenazas que enfrentan por parte de distintos grupos armados dentro del propio campo”, cuenta el analista en una entrevista para El Salto

Sin una solución a la vista

Actualmente, los y las refugiadas rohingya se encuentran en una situación de inmovilidad: no pueden volver a sus aldeas en Myanmar ni tampoco pueden empezar una vida de cero en Bangladesh ya que no se les permite trabajar ni libertad de movimientos fuera del campo. Bangladesh no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo tanto, los rohingya se consideran “ciudadanos de Myanmar desplazados forzosamente”.

En el centro de la disputa por el territorio entre el Arakan Army y el Tatmadaw se encuentra el pueblo rohingya, a menudo usado como peón y masacrado por ambos bandos

Para que se diera un retorno de estas personas, las Naciones Unidas han establecido tres condiciones: que el retorno sea voluntario y que se produzca en condiciones de “sostenibilidad” y “seguridad”, algo que hoy por hoy no se puede garantizar. Los asesinatos y la quema de aldeas y otras masacres continúan en la región de Rakhine. Allí, el Arakan Army  continúa enfrentándose al Tatmadaw en una lucha sin tregua. En el centro de la disputa por el territorio se encuentra el pueblo rohingya, a menudo usado como peón y masacrado por ambos bandos.

Myanmar, además es un país sumido en una guerra civil desde el 1 de febrero de 2021, cuando el Tatmadaw, liderado por el general Min Aung Hlaing —que desde 2024 tiene una una orden de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad—dio un golpe de estado y derrocó el gobierno demócratico de la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) tras las elecciones de 2020. Si bien el régimen ha intentado legitimarse a través de las elecciones de febrero de 2026 —comicios que no fueron ni libres ni democráticos—, lo cierto es que la situación de guerra continúa siendo una realidad en el país asiático.

Hace unos días, Tailandia —que desde el golpe de estado ha mantenido una posición ambigua— recibió con honores al dictador Min Aung Hlaing.

Desde las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este caso, se ha pedido a la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), el máximo órgano de cooperación de la región, de manera reiterada, que asuma un papel más firme y que los Estados de la zona se nieguen, en bloque, a legitimar al régimen birmano. Sin embargo, este no parece ser el camino escogido por los países vecinos, que desde 2021 se han ido acercando a la junta militar que gobierna el país. Hace unos días, Tailandia —que desde el golpe de estado ha mantenido una posición ambigua— recibió con honores al dictador Min Aung Hlaing.

El caso de Malasia es particular: mientras pide rendición de cuentas al régimen birmano por las atrocidades cometidas contra la población civil, mantiene a los rohingya que llegan a sus costas en condiciones infrahumanas. China por su parte, y siguiendo su habitual costumbre de no injerencia en materia de política exterior, ha hecho caso omiso a las constantes violaciones de derechos humanos del régimen —no solo contra los rohingya, sino con el resto de población que se le opone y otros pueblos minorizados— y se ha fijado en lo que más le interesa: las abundantes materias primas de las que dispone el país, sobre todo en las regiones del norte.