Bolivia
“Ya no alcanza”: el ajuste de Rodrigo Paz se siente en la mesa de las familias bolivianas
“Ya no alcanza, solamente para comer”. Maribel, de 32 años, vende peines y cepillos dentales en el mercado de La Cancha, en Cochabamba. Es madre de dos niñas y con esa frase resume lo que vive su familia. La mercadería que compra para revender cuesta cada vez más, pero subir los precios tampoco es sencillo: sus clientes tienen menos dinero para gastar. Para no perder ventas, ha recortado su ganancia hasta quedarse con lo justo.
“Estamos tratando de vender casi al mismo precio al que compramos la mercadería, aunque ganemos un poco menos. Pero entonces así ya no nos queda ganancia. Alcanza solamente para comer y mantener la mercadería, para no perder”, explica a El Salto.
Su situación no es aislada. En muchos hogares bolivianos los ingresos ya no permiten mantener el mismo nivel de consumo: se compra menos carne, se reducen las cantidades de comida y se prescinde de ropa y otros gastos. La presión es aún mayor para quienes dependen del comercio informal o de trabajos con ingresos variables. Además de afrontar precios más altos, no saben cuánto dinero podrán llevar a casa al final de la jornada.
El encarecimiento de la vida llega a un país que ya estaba en crisis. Cuando Rodrigo Paz asumió la Presidencia, la escasez de divisas, la caída de las exportaciones de gas y el deterioro de las cuentas públicas habían configurado un escenario complejo tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Su Gobierno respondió con un programa de ajuste para estabilizar las cuentas y recuperar el abastecimiento de combustibles. La medida de mayor impacto fue eliminar la subvención al diésel, con un aumento de los costes del transporte, la producción y la distribución de alimentos en un momento en que los hogares ya tenían poco margen para afrontar nuevas subidas.
En muchos hogares bolivianos los ingresos ya no permiten mantener el mismo nivel de consumo: se compra menos carne, se reducen las cantidades de comida y se prescinde de ropa y otros gastos
Entre los objetivos del ajuste y lo que las familias pueden permitirse existe una brecha que se hace visible en la vida cotidiana. Maribel no es la única que la vive: otros hogares la sienten cada día en la mesa, en el mercado y en jornadas que no terminan.
Cuando el dinero ya no alcanza
En la casa de Maribel, el cambio más visible se ha producido en la alimentación. “Hemos quitado la carne”, cuenta. La han sustituido por huevo y han reducido otros productos. “La leche, el arroz, todo ha subido. Ya no compramos como antes, en mayor cantidad; tenemos que disminuir las compras”. También han renunciado a la ropa y a los paseos, y para sus hijas compra solo lo necesario para la escuela. Ahora le preocupa cómo afrontará los gastos de Navidad, cuando quisiera poder comprarles regalos y ropa.
María Elba, de 53 años, vende productos naturales y es jefa de hogar. Además de mantener a sus dos hijos, contribuye al cuidado de sus padres. Antes compraba unos dos kilos de carne por semana; ahora, a veces, apenas medio kilo para algún domingo, y recurre más al pollo. “Con 700 bolivianos (unos 52 euros) ya no alcanza para abastecerte. La papa está tan cara, los cereales, los abarrotes. Ahora compro una libra, dos libras, o sea, en pequeñas cantidades”, cuenta.
Su jornada empieza alrededor de las 5h y termina a las 21h. Trabajar durante casi todo el día, sin embargo, no garantiza que los ingresos sean suficientes
Su jornada empieza alrededor de las 5h y termina cerca de las 21h. A las horas de venta se suman el hogar y el cuidado de sus familiares. Trabajar durante casi todo el día, sin embargo, no garantiza que los ingresos sean suficientes. “Como mamá, no sabes decir no, de donde no hay sacas, para sacar a tus hijos adelante, tienes que hacer doble papel [entre la casa y el trabajo]”, dice.
Tania Villegas, de 26 años, se formó como enfermera, pero hoy también vende cosméticos. Sus ingresos dependen de las ventas diarias y, a diferencia de antes, casi no logra ahorrar, la mayor parte se va en gastos cotidianos. “La carne está cara que nos hemos privado de comerla. Antes comíamos casi toda la semana, nos hacíamos asado, chuletas, pero ahora ya no. Pollito, sopitas con huesos blancos, así”, cuenta. Su pareja reparte pedidos en motocicleta y su actividad se ha visto afectada por las dificultades para conseguir combustible y el aumento de los costos. Tania, además, ayuda económicamente a su madre, una adulta mayor, a quien procura llevar frutas y otros alimentos. Entre su casa y el apoyo a su familia, le queda cada vez menos para imprevistos.
Estos testimonios muestran que el ajuste doméstico no consiste solo en comprar menos. También implica modificar la alimentación, postergar necesidades y trabajar más horas para cubrir gastos que antes tal vez podían afrontarse con mayor facilidad.
Un seguimiento de la Defensoría del Pueblo, realizado entre julio y septiembre de 2026 con 63 entrevistas semiestructuradas en diez ciudades del país, apunta en la misma dirección. El 71 % de las personas consultadas consideraba insuficientes sus ingresos habituales para alimentar al hogar, el 33 % afirmó haber reducido el número de comidas diarias y el 76 % destinaba al menos la mitad de sus ingresos a comprar alimentos. Aunque sus resultados no son estadísticamente representativos de toda la población, ofrece indicios de la magnitud del problema y de las estrategias a las que recurren los hogares.
Para Gabriela Ruesgas, economista y docente del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), estas experiencias remiten a una característica persistente de la economía boliviana: la precariedad laboral y la necesidad de combinar distintas actividades para llegar a fin de mes. “Algo que es muy frecuente en nuestro país es [...] tener que acudir a distintas fuentes de generación de ingresos para poder tener mínimamente garantizadas necesidades básicas”, explica a El Salto. Cuando los ingresos son variables, las familias tienen poco margen para ahorrar. Lo que entra en casa puede cambiar de un día para otro y cualquier aumento de precios o interrupción de la actividad puede desequilibrar el presupuesto, incluso cuando apenas se consigue cubrir los gastos básicos.
Un deterioro que alcanza también a los asalariados
La pérdida de capacidad de compra no afecta únicamente a quienes trabajan por cuenta propia. También golpea a los asalariados, cuyos ingresos pierden poder adquisitivo cuando los precios suben y los salarios no avanzan al mismo ritmo.
Enrique Ormachea, investigador y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), señala que ese deterioro repercute en el consumo y, con ello, en la actividad de los pequeños comerciantes y trabajadores independientes. “Es un sector que, cada vez que va al mercado, ve que el ingreso ya no le alcanza para comprar lo que antes compraba”, explica sobre los trabajadores asalariados.
Ambos sectores están estrechamente ligados. Cuando los asalariados compran menos, los pequeños comerciantes pierden clientes e ingresos y, a su vez, recortan su propio consumo. Ormachea resume esa dinámica como “una suerte de venta entre pobrecitos [comercio entre personas con pocos recursos]”. Para él, “es el trabajo asalariado el que va a poder mover eso [el consumo y las ventas]”: los salarios son los que hacen circular el dinero y sostienen la actividad de quienes viven de vender.
Ese papel, sin embargo, suele subestimarse. Ormachea subraya que el grupo asalariado es más amplio de lo que se reconoce, incluye a empleados y obreros de distintas ramas, así como a las trabajadoras asalariadas del hogar. A su juicio, su fuerza se subestima porque muchos informes tienden a reducir Bolivia a la informalidad y al trabajo por cuenta propia.
La pérdida de poder adquisitivo, por tanto, no se limita a los hogares que compran menos. También debilita el consumo del que dependen los pequeños negocios y buena parte de la economía. Cuando los salarios pierden valor y los ingresos de quienes trabajan por cuenta propia son inestables, se reduce la capacidad de todos para sostener su actividad y afrontar los vaivenes económicos.
Las decisiones económicas y su impacto en los precios
Al asumir la Presidencia, Paz se encontró con una economía debilitada por el deterioro de sus principales fuentes de ingresos. Según Ormachea, este proceso comenzó a hacerse evidente en 2014-2015, con la caída de las exportaciones de gas, la menor disponibilidad de divisas y los desequilibrios fiscales. Con los años, eso fue reduciendo la capacidad del país para importar y garantizar el abastecimiento de combustibles.
Frente a este panorama, Paz puso en marcha un programa de estabilización que incluye recortes del gasto público, incentivos a la inversión privada, búsqueda de financiamiento externo y cambios en la política de subvenciones a los combustibles. Una de las medidas que más se sintió fue la eliminación de la subvención general al diésel (Decreto Supremo 5716), que elevó el precio del litro de 9,80 (unos 0,73 euros) a 17,95 bolivianos (unos 1,34 euros).
El diésel mueve el transporte de mercancías y la producción agrícola, asi que el aumento se siente en toda la cadena de alimentos. Ormachea advierte que los pequeños productores difícilmente pueden asumir ese costo sin reducir sus márgenes de ganancia. Cuando no pueden absorberlo, una parte termina trasladándose al precio de los productos, lo que añade presión a las familias que ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Para Ormachea, del grupo de investigación CEDLA, el problema de fondo reside en que las medidas del Gobierno favorecen a ciertos sectores empresariales y protegen poco los ingresos y el empleo de la mayoría de la población
El Gobierno también recurrió al financiamiento externo. Suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares a 36 meses. A cambio asumió compromisos de reducir el déficit fiscal, contener el gasto público y eliminar de forma progresiva las subvenciones restantes a los combustibles mediante un mecanismo de ajuste de precios. Estas condiciones plantean dudas sobre cómo afectará el programa a los ingresos de las familias y a los servicios públicos, y sobre si el Estado podrá proteger a los sectores más vulnerables.
Para Ormachea, ahí está el problema de fondo: las medidas favorecen a ciertos sectores empresariales y protegen poco los ingresos y el empleo de la mayoría de la población. La gran pregunta es cómo estabilizar las cuentas públicas sin cargar el peso del ajuste sobre quienes menos recursos tienen.
La carga que no aparece en las cuentas
Cuando los ingresos no alcanzan, algunas familias recurren al endeudamiento para cubrir necesidades básicas o gastos inaplazables. Ruesgas advierte que hay familias que piden dinero prestado para comprar medicamentos, pagar una consulta médica o, simplemente, llegar a fin de mes con alimentos en casa.
A esa presión económica se suma una carga menos visible: el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene a los hogares. Las mujeres suelen asumir buena parte de estas tareas, incluso cuando deben dedicar más horas a sus actividades remuneradas para compensar la pérdida de ingresos.
“Somos las que estamos cargando con el mayor peso de la crisis económica, mientras que sostenemos al país con nuestro trabajo gratuito de amas de casa dentro de la casa, pero también con nuestro trabajo fuera de la casa”, afirma Ruesgas. En los testimonios de Maribel, María Elba y Tania, esa doble responsabilidad se refleja en jornadas extensas, en las decisiones sobre qué alimentos pueden comprar y en la preocupación constante por sus hijos y familiares.
La recuperación pendiente
Al cumplirse un año de la llegada de Paz a la Presidencia, el balance de su gestión económica pasa también por observar cómo han cambiado las condiciones de vida de las familias. Más allá de los objetivos de estabilización y de las medidas para recuperar el abastecimiento, los testimonios muestran hogares que han reducido gastos, modificado su alimentación y buscado nuevas formas de generar ingresos.
El reto para el Gobierno es que la estabilización se traduzca en mejoras concretas para la población: que los ingresos permitan cubrir las necesidades básicas y que las familias no tengan que seguir renunciando a gastos esenciales. La recuperación no habrá llegado a los hogares mientras comprar alimentos o mantener una vivienda siga siendo un esfuerzo cada vez mayor.
Maribel no sabe qué cambiará en los próximos meses. “Todas las familias están así, pero no hay cómo resolverlo. No hay, solamente estamos ahí viendo qué pasa más adelante, que si cambia algo o nada más”, dice. Como ella, María Elba y Tania tampoco tienen la certeza de que sus ingresos vayan a mejorar ni de que los recortes que han hecho en sus hogares sean temporales.
Para Ruesgas, proteger a las familias con menos recursos exigirá cambiar la forma en que se reparten los costos de la crisis. “Para poder proteger a las familias con menos recursos hay que tomar una decisión: empezar a afectar a los que concentran grandes riquezas y no seguir beneficiándolos”, plantea. A su juicio, mientras no haya respuestas a las necesidades de estos sectores, la movilización social seguirá siendo una vía para exigir medidas en favor de las familias trabajadoras.
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