Bolivia
Las protestas por la subida del combustible acorralan al presidente Rodrigo Paz en Bolivia
@martincuneo.bsky.social
“Los tiranos, al final, van a caer en el mismo pozo que ellos están generando”. La frase pronunciada entre protestas no pertenece a algún político escindido del MAS ni a un sindicalista con casco minero. La soltó el propio vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien en un vídeo de Tik Tok acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de ponerse “del lado de los ricos” al lanzar el “decreto del hambre, del desempleo y de la desesperanza”.
El 17 de diciembre, apenas un mes después de asumir el mando, el ejecutivo declaraba el país en “emergencia económica y social” y anunciaba una batería de medidas para reducir el gasto social. La principal medida, aplaudida por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, fue el decreto 5503 por el que se reducen las ayudas estatales a la población para la compra de combustible. Las consecuencias no se hicieron esperar: la gasolina aumentó el 86%, el diésel, un 162% y las centrales sindicales y sociales bolivianas se lanzaron a las calles para tumbar este nuevo “gasolinazo”.
Desde los sindicatos denuncian que decreto 5503 supone “un golpe duro contra la población boliviana” con un “gasolinazo que solo condena al hambre y la miseria a las familias más humildes”
Apenas unas horas después del anuncio comenzaron las movilizaciones. La primera de ellas, un paro de 24 horas en el sector del transporte de La Paz. La Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) no tardó en mostrar su rechazo al decreto por su impacto en los costes de producción y anunciaron movilizaciones escalonadas. Según denuncian, el gasolinazo supone “un golpe duro contra la población boliviana” con un “gasolinazo que solo condena al hambre y la miseria a las familias más humildes”.
El 21 de diciembre las protestas se extendían con la declaración del paro indefinido por parte del principal sindicato del país, la Central Obrera Boliviana (COB), quien sostiene que sus 65 sindicatos no negociarán hasta que se retire el decreto. La medida había sido precedida por protestas masivas en las calles de La Paz y Santa Cruz.
El decreto 5503 cuenta con la oposición del propio vicepresidente del país, Edmand Lara, quien ya había mostrado su distanciamiento con el ejecutivo de Paz, al que acusó de corrupción y subordinación a los intereses de las élites empresariales. El 26 de diciembre, a través de Tik Tok, alentaba las movilizaciones para acabar con su propio gobierno: “No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista”.
El enfrentamiento entre Edmand Lara —expolicía que se hizo famoso denunciando la corrupción dentro del cuerpo, con un discurso antisistema y sin experiencia política previa— y Rodrigo Paz —un representante del establishment político, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora— no ha dejado de crecer desde el 9 de noviembre, cuando asumió el primer gobierno de derechas en las últimas dos décadas de historia del país. Según denuncia Lara, la presidencia ha ido recortando las funciones legislativas del vicepresidente en una violación de la Constitución boliviana.
El 28 de diciembre, la COB ratificó la continuidad del paro general indefinido en un comunicado en el que llamaba a una movilización al día siguiente en las calles de la capital, una manifestación “disciplinada y combativa, de acuerdo con los principios históricos del movimiento obrero boliviano”. El 29 de diciembre se instalaron tres piquetes en la capital boliviana con ocho mujeres sindicalistas de la COB en huelga de hambre.
Aunque en los primeros días, Paz negó cualquier posibilidad de negociación, el alcance de las protestas ha hecho que flexibilice su posición y se muestre partidario de “un diálogo” basado en datos reales ante las protestas sociales.
No es la primera vez que la movilización social detiene un gasolinazo. El 26 de diciembre de 2010, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera anunció el decreto supremo 748, que duplicaba el precio de los combustibles. Las protestas espontáneas en El Alto, La Paz y otras grandes ciudades del país, pero también de la COB, que calificó la medida de “neoliberal”, obligaron al ejecutivo de Evo Morales a dar marcha atrás el 31 de diciembre y retirar el decreto.
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