Burkina Faso
El juicio por el asesinato de Sankara tendrá lugar en medio de una crisis de seguridad sin precedentes

En noviembre de 2020, tras una campaña centrada en el auge de los problemas de seguridad, el presidente Roch Marc Christian Kaboré fue reelegido en primera vuelta con el 57,7% de los votos. Desde entonces, la problemática vinculada a la presencia de grupos armados en la región del Sahel se ha agudizado hasta producir la mayor crisis de un gobierno que cuenta con un considerable apoyo social. El ataque al municipio de Solhan, próximo a la frontera con Níger, fue la gota que colmó el vaso. Al menos 160 personas fueron masacradas en la noche del 4 al 5 de junio.

Ante la escalada de los ataques y la presión política y popular, el presidente ha realizado cambios en la distribución de ministerios, asumiendo él mismo el cargo de Ministro de Defensa. Sin embargo, mientras el gobierno centra la mayor parte de su atención en un frente que no parece tener solución a corto plazo, se le acumulan en la retaguardia diversos procesos judiciales de gran relevancia.

El proyecto político liderado por el Movimiento del Pueblo para el Progreso (MPP), partido del cual forma parte el presidente, apostó desde su primera victoria electoral en el año 2015 por un gobierno amplio con la voluntad de aglutinar el máximo de fuerzas en su seno. Hasta el momento la estratégia se puede considerar exitosa, tal como confirman los resultados de las elecciones de 2020, pero la gestión de la coyuntura actual podría ser clave para consolidar o no su estabilidad.

Por ahora el gobierno ha conseguido mantener cierto equilibrio entre la reivindicación de la figura del presidente revolucionario Thomas Sankara y el mantenimiento en las esferas de poder de numerosas personas con cargos en el régimen de Compaoré

Por ahora el gobierno ha conseguido mantener cierto equilibrio entre la reivindicación de la figura del presidente revolucionario Thomas Sankara y el mantenimiento en las esferas de poder de numerosas personas con cargos en los 27 años que duró el régimen de Compaoré, surgido justamente del golpe de estado que costó la vida al presidente revolucionario. En este sentido es importante recordar que el partido de Roch Kaboré es una escisión del partido de Blaise Compaoré (el Congreso por la Democracia y el Progreso) que se produjo tan solo unos meses antes de la “insurrección popular” de octubre de 2014 que lo desalojó del poder y dio inicio a la llamada transición democrática.

Dos de los juicios pendientes prentenden dirimir responsabilidades sobre dos de los crímenes más relevantes del gobierno de Compaoré: el asesinato del periodista Norbert Zongo en 1998 y el asesinato de Thomas Sankara y doce miembros de su gobierno en 1987. El proceso judicial por el asesinato de Zongo se encuentra a la espera de si finalmente se lleva a cabo la extradición de François Compaoré, hermano del expresidente y principal acusado en este caso. Tras un período de titubeo, el Estado francés finalmente accedió a la extradición el pasado julio, aunque actualmente se encuentra suspendida provisionalmente por el TEDH.

Por el contrario, todo apunta a que el proceso por el asesinato de Thomas Sankara sí tendrá lugar muy pronto. En abril de 2021 el tribunal militar de Burkina Faso formuló oficialmente la acusación contra Compaoré y otras trece personas. Los delitos: atentado, complicidad para poner en peligro la seguridad del Estado, asesinato y ocultación de cadáveres. En aquel momento se emitieron órdenes de arresto internacionales para los acusados que se encuentran en el exilio: Blaise Compaoré y Hyacinthe Kafando. Finalmente, en agosto se anunció que el proceso se iniciará en Ouagadougou el próximo 11 de octubre.

Un tercer proceso se encuentra en fase de apelación, después de sentenciar a 20 años de prisión a Gilbert Diendéré (también acusado en el proceso del asesinato de Thomas Sankara) por el intento de golpe de estado de 2015 que tenía la intención de revertir el resultado de la “insurrección popular” de 2014 que había provocado la huída de Compaoré a Costa de Marfil. En último lugar, recientemente se ha anunciado un cuarto proceso en el que se juzgarán las personas responsables de la represión a las movilizaciones de octubre de 2014, en las que fueron asesinados alrededor de 30 manifestantes.

En la campaña electoral de 2020 el presidente Roch Kaboré aseguró que la “reconciliación nacional” sería una prioridad en esta legislatura y que no se opondría al retorno de Blaise Compaoré a Burkina Faso si éste aceptaba responder ante la justicia

En paralelo a estos procesos, desde el ministerio encargado del “proceso de reconciliación nacional” se han realizado movimientos de gran calado. El más relevante fue el de la visita del ministro Zéphirin Diabré al expresidente Blaise Compaoré en Costa de Marfil. De hecho, en la campaña electoral de 2020 el presidente Roch Kaboré aseguró que la “reconciliación nacional” sería una prioridad en esta legislatura y que no se opondría al retorno de Blaise Compaoré a Burkina Faso si éste aceptaba responder ante la justicia.

Este proceso ha despertado recelos en diversos actores políticos y sociales. Eric Kinda, portavoz de la organización Balai Citoyen, declaró en rueda de prensa: “En Burkina Faso no tenemos un problema de reconciliación nacional. Este falso debate es un intento de puentear la justicia, de sustraer la responsabilidad a hombres y mujeres que han cometido crímenes económicos y de sangre: es un proyecto que fomenta la impunidad”. El rapero Smockey, cofundador de la organización, añade: “Hay un requisito previo a cualquier reconciliación: la justicia”.

Si bien es cierto que con toda probabilidad el gobierno defenderá que mediante la realización de estos juicios se garantizará que los crímenes del régimen de Compaoré no queden impunes, estos dos episodios son solamente la punta del iceberg, los dos crímenes de sangre con más relevancia mediática. Sin embargo, no se están investigando numerosos casos de corrupción, represión política y torturas, además de otros asesinatos como el del estudiante Dabo Boukary en 1990.

Por su parte, la red internacional “Justicia para Sankara, Justicia para África” difundió el 23 de agosto un comunicado en el que se asegura que “este proceso constituye una gran victoria: los organizadores burkineses de estos asesinatos podrán ser juzgados”. Sin embargo, lamentan que la investigación sobre la dimensión internacional del complot no sea investigada a causa de la falta de voluntad real de los países considerados como implicados en el golpe de estado contrarrevolucionario (entre los que se encuentran el Estado francés y los Estados Unidos) que abrió de nuevo las puertas al neocolonialismo.

El hecho que consideran más grave es que las autoridades francesas no han entregado ningún tipo de documentación relacionada con los indicios facilitados por el reciente testimonio de diversos militares burkineses. Dichos soldados aseguran haber presenciado cómo ciudadanos franceses se hacían con las cintas de las escuchas telefónicas para hacer desaparecer las pruebas de la vinculación de Blaise Compaoré con el crimen del 15 de octubre.

Además, la red internacional que reivindica justicia para Thomas Sankara reprueba los intentos del gobierno de Burkina Faso de negociar un retorno por parte de Blaise Compaoré. Aseguran que “tiene una orden de arresto internacional y corresponde a las autoridades de Costa de Marfil entregarlo sin condiciones”.

Por el contrario, Eddie Komboïgo (máximo responsable del partido fundado por Compaoré) defiende que el dossier del caso Sankara tiene más de treinta años y que no tiene sentido seguir en esa dirección. Además, este partido reclama el retorno de Compaoré como condición básica para la llamada reconciliación nacional. “Por eso decimos que necesitamos una justicia transicional en la que unos y otros se hablen, se digan la verdad y se perdonen, con el fin de reconciliarse. Esto no significa que no comparta el dolor de las víctimas y sus familias. Pero debemos trascender y avanzar”.

Mientras una crisis de seguridad asola el país y se lleva la mayor parte de la atención, en Burkina Faso está teniendo, en paralelo, un debate público sobre la justicia, la reparación y la reconciliación nacional

Por su parte, Amadou Traoré (jurista y miembro fundador de la Coalición por la Democracia y la Reconciliación nacional) defiende también que se aplique la justicia transicional en lugar de pasar por el sistema judicial. “El Estado puede considerar oportuno, tras indemnizar a las víctimas, pedirles a cambio que pongan su mano sobre su corazón y permitir que tome otras decisiones respecto a aquellos considerados como los responsables. Por ejemplo hoy hay quién pide que se permita al general Gilbert Diendéré y a otros militares ir al frente para combatir el terrorismo.”

Herman Yaméogo, otro jurista simpatizante de Compaoré, va aún más lejos: “Cuando en un país estamos en peligro y hay algo que nos pueda ayudar a combatir este peligro, debemos hacer que vuelva. Puede ayudarnos a reencontrar la paz gracias a su experiencia. Es inimaginable mantener en prisión a gente que ha recibido buena formación y que son competentes en el terreno. Hay que liberarlos y ponerlos al servicio de la nación.”

En definitiva, mientras una crisis de seguridad asola el país y se lleva la mayor parte de la atención, en Burkina Faso está teniendo, en paralelo, un debate público sobre la justicia, la reparación y la reconciliación nacional. Mientras los problemas de seguridad se han convertido en un argumento que gana fuerza entre los partidarios de pasar página sobre los crímenes del pasado y permitir que Blaise Compaoré regrese al país sin tener que responder ante la justicia, son muchas las voces que aseguran que sin justicia no existe reparación posible.