Crisis climática
El “Caso del Siglo” lleva al Estado francés ante los tribunales por inacción climática

Una victoria más simbólica que real para las asociaciones ecologistas francesas. El Tribunal Administrativo de París inició este jueves el proceso del conocido como “Caso del Siglo”, en que el Estado francés es juzgado por inacción climática. Dos años después de que cuatro ONG (Greenpeace, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre affaire à tous) reunieran más de dos millones de firmas —un apoyo digital sin precedentes en Francia—, empezó uno de los primeros grandes juicios climáticos en el país vecino. 

Las asociaciones impulsoras salieron de la audiencia del jueves “muy satisfechas y contentas”. La ministra pública —figura equivalente del fiscal— Amélie Fort-Besnard pidió al tribunal que condene al Estado por “insuficiencia culpable”, una petición que sigue la orientación de las asociaciones ecologistas que iniciaron este singular proceso para denunciar el incumplimiento de las promesas de las autoridades respecto a la reducción de las emisiones de CO₂. “Constatamos que la trayectoria no es respetada y esto provoca unas emisiones excesivas”, dijo durante el juicio la ministra pública.

Francia se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% antes de 2030 respecto a los niveles de 1990. Su objetivo es alcanzar en 2050 la neutralidad carbono, es decir, unos niveles de emisiones de CO₂ que la naturaleza pueda absorber. Pero si sigue la trayectoria actual, difícilmente lo logrará. El Consejo Superior para el Clima ya advirtió en julio que las medidas del actual Gobierno “no están a la altura de la situación ni de los objetivos”. Las emisiones disminuyeron un 0,9% entre 2018 y 2019, mientras que el ritmo anual debería ser del 1,5% y del 3,2% a partir de 2025 para respetar la trayectoria prometida.

“El hecho de que la ministra pública diga que 'La culpabilidad del Estado ha quedado demostrada' es muy importante”, aseguró Celia Gauthier, de la Fundación Nicolas Hulot

Ante la acusación de incumplir sus obligaciones climáticas, lo que puede conllevar unas consecuencias nefastas, las representantes legales del Ministerio de la Transición Ecológica defendieron que “condenar ahora al Estado” no supondría “un juicio, sino un prejuicio” sobre el futuro. También reivindicaron los avances producidos por una ley climática de 2019, que según ellos, favoreció una reducción del 1,7% de las emisiones en 2019 y de entre el 10% y el 12% en 2020. Pero en el caso del año pasado se debió sobre todo a la pandemia y las restricciones.

Está previsto que el tribunal pronuncie su sentencia dentro de dos semanas. Si sigue las recomendaciones de la ministra pública —así sucede a menudo—, supondría dotar de un valor jurídico a una crítica habitual de las asociaciones y colectivos ecologistas: los dirigentes hacen bellas promesas verdes, pero las incumplen de manera sistemática.

¿Una condena solo simbólica?

“El hecho de que la ministra pública diga que 'La culpabilidad del Estado ha quedado demostrada' es muy importante. Esto nos muestra que estamos ampliando el derecho (…) y esto cambiará la vida de la gente”, aseguró Celia Gauthier, responsable de clima y energía en la Fundación Nicolas Hulot, durante una rueda de prensa digital posterior a la audiencia. “Cuando impulsamos el 'Caso del Siglo' hace dos años, todo el mundo nos decía que no era en los tribunales donde resolveríamos esta cuestión, que no serviría para nada y que este proceso estaba condenado al fracaso. Pero hoy vemos que en realidad se trata de todo lo contrario”, presumió la exministra Cécile Duflot, actual presidenta de Oxfam en Francia.

Pese al optimismo de las asociaciones, las penas exigidas resultan sobre todo simbólicas. La ministra pública pide a la administración que indemnice con un euro a las distintas asociaciones por “perjuicio moral”. En cambio, no aconseja a los jueces que obliguen al Estado a adoptar medidas concretas para corregir su trayectoria climática. Solo recomienda a las autoridades que presenten nuevos documentos para demostrar su voluntad de reducir las emisiones.

Celia Gauthier, de la Fundación Nicolas Hulot: “Si ganamos, otros ciudadanos y asociaciones podrán utilizar esta jurisdicción para denunciar al Estado y pedir una indemnización”

Probablemente, el ejecutivo macronista justificará su posición a través de una legislación climática que presentará el 12 de febrero en el Consejo de Ministros. Con este proyecto de ley, pretende satisfacer las demandas de la Convención Ciudadana por el Clima. Impulsada por iniciativa del presidente Emmanuel Macron, esta reunió a 150 ciudadanos elegidos al azar que elaboraron una ambiciosa batería de 149 medidas, como un vasto plan de renovación térmica de edificios, regulación de la publicidad de los productos más contaminantes o una prohibición de venta de los vehículos más contaminantes en 2025. Salvo cambios de última hora, la ley del ejecutivo ignora o desvirtúa la mayoría de las peticiones.

“Sin duda, un proceso como este tendrá una dimensión política. Todos hemos escuchado a Macron adoptar posiciones fuertes (en la lucha contra el cambio climático) y ahora seguro que estará al tanto de este juicio”, declaró Jean-François Julliard, director general de Greenpeace Francia. Julliard consideró que, si el Estado es condenado, “deberá dejar de estar siempre a la defensiva (…) y cambiar sus políticas”. El joven dirigente es todo un emblema del neoliberalismo verde. No se muerde la lengua para hacer elucubraciones en defensa del clima, pero luego le tiemblan las piernas cuando tiene que imponer los intereses medioambientales ante las multinacionales o los lobbys. Sus políticas tampoco han destacado respecto a las de sus vecinos europeos.

“Cada vez hay más jóvenes y mujeres que impulsan procesos climáticos”

En un proceso menos mediático que el del “Caso del Siglo”, el Consejo de Estado ya condenó en noviembre del año pasado al Estado francés a rendir cuentas en tres meses de que sus acciones permiten respetar los compromisos respecto a la reducción de emisiones. La mayor instancia de la justicia administrativa francesa se pronunció entonces tras haber sido solicitada por el Ayuntamiento de Grande-Synthe, una localidad del norte del país gravemente amenazada por el riesgo de inundaciones.

Según Gauthier, de la Fundación Nicolas Hulot, si el Estado es condenado (en el Caso del Siglo), “esto permitirá que la verdad cambie de lado. Servirá para hacer más objetivo el debate”. “Si ganamos, otros ciudadanos y asociaciones podrán utilizar esta jurisdicción para denunciar al Estado y pedir una indemnización. El objetivo no es multiplicar los recursos en todo el mundo, sino hacer la inacción climática de las autoridades estatales tan costosa que se vean obligadas a actuar”. Tras décadas en que la lucha contra el cambio climático estuvo asociada a la responsabilidad individual y los estilos de vida, estas ONG francesas apuestan ahora por reforzar su dimensión jurídica y el rol crucial de las políticas públicas.

Pese al optimismo de las asociaciones, las penas exigidas resultan sobre todo simbólicas. La ministra pública pide a la administración que indemnice con un euro a las distintas asociaciones por “perjuicio moral”

“No solo queremos denunciar la inacción del Estado francés, sino la de todos los Estados”, sostuvo Duflot. La exministra de Vivienda recordó el litigio que Greenpeace, Oxfam España y Ecologistas en Acción impulsaron el pasado 15 de septiembre para denunciar los incumplimientos del Estado español en la lucha contra el cambio climático. “Vemos cómo los recursos judiciales se multiplican. Cada vez hay más jóvenes y mujeres que impulsan procesos climáticos y la justicia les da la razón”, aseguró Cecilia Rinaudo, coordinadora general de Notre affaire à tous.

Las cuatro organizaciones francesas se inspiraron en el caso holandés de Urgenda. Este culminó en diciembre de 2019 con el Tribunal Supremo ratificando una primera sentencia de 2015 en la que se obligaba al Estado holandés a reducir las emisiones de CO₂ en un 25% antes de 2020 respecto a 1990. Durante los últimos cinco años, esos procesos climáticos proliferaron en el mundo. Por ejemplo, en Pakistán el campesino Ashgar Leghari no pudo recoger su cosecha por el mal tiempo y decidió denunciar a las autoridades por no defender el derecho a la vida y la dignidad ante el cambio climático. La justicia paquistaní reconoció la “letargia manifiesta del Estado” y obligó a la administración a elaborar nuevas medidas.

Iniciativas similares surgieron en Colombia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, Nueva Zelanda… La lista es larga. Una dinámica mundial que se vería reforzada con una sentencia condenatoria en un país con la resonancia de Francia.