Crisis climática
Demandan al Gobierno por inacción frente a la crisis climática

España ya es uno de los países más afectados por la crisis climática, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. La sequía y la desertización, los incendios y las inundaciones, el aumento de las temperaturas y la subida del nivel del mar son solo algunas de las consecuencias más visibles de una transformación climática en marcha e irreversible sin medidas radicales, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Frente a esta emergencia planetaria, los esfuerzos del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez “resultan insuficientes para compensar la falta de acción de gobiernos previos” y para cumplir los compromisos adquiridos y los acuerdos internacionales firmados, denuncian Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam. Para exigir al Gobierno “mayor ambición climática” y que cumpla con los compromisos adquiridos estas tres organizaciones han decidido ir un paso más allá y han anunciado este 15 de septiembre el lanzamiento de un litigio contra el Estado por incumplir sus obligaciones en la lucha contra el cambio climático.

A esta iniciativa le preceden demandas similares en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda, aunque es en Holanda donde se ha llegado más lejos. En este país, la Fundación Urgenda ha conseguido que el Tribunal Supremo condene al Gobierno por incumplir los compromisos adquiridos en la lucha contra la crisis climática. Este tipo de litigios se ha mutiplicado en los últimos años y hasta la fecha 39 gobiernos han sido demandados por su inacción frente al cambio climático.

Los esfuerzos del Gobierno “resultan insuficientes para compensar la falta de acción de gobiernos previos” y para cumplir los compromisos adquiridos y los acuerdos internacionales firmados, denuncian Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam

Tras la aprobación del Acuerdo de París en 2016, explican las organizaciones demandantes, este tipo de iniciativas lo tiene algo más fácil: tras su entrada en vigor “es posible constatar si las medidas de los Gobiernos en materia de mitigación climática —o la ausencia de estas— son acordes con los compromisos internacionales adquiridos”.

Para Mario Rodríguez, director de Greenpeace, solo queda una vía para evitar “un cambio climático devastador”: la reducción “drástica y rápida” de la emisiones de CO2 y “acelerar la transición ecológica” a través de decisiones políticas y, cuando sea necesario, también a través de los tribunales. “En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”, dice Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. 

La demanda contra el Gobierno se basa en la violación de los compromisos y acuerdos internacionales. El primero de ellos, el compromiso de aprobar el pasado diciembre un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una Estrategia a Largo Plazo, una obligación incumplida prevista en los reglamentos de la Unión Europea. El Gobierno también está incumpliendo, dicen estas tres organizaciones, los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC.

Tal como denuncian las tres organizaciones que han lanzado el litigio, el Gobierno planea un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, “muy por debajo del referido compromiso internacional”

Según estos acuerdos, la reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero no debería ser inferior al 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, tal como denuncian estas tres organizaciones, el Gobierno planea un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, “muy por debajo del referido compromiso internacional”.

No se trata de algo nuevo. España, según indican, lleva años emitiendo gases de efecto invernadero por encima de los límites establecidos. Solo la crisis de 2008 consiguió un paréntesis en el aumento de emisiones, aunque desde 2012 hasta la actualidad no han dejado de crecer por encima de los límites marcados. Desde 1990 hasta 2017, España es el país de Europa que más aumentado sus emisiones.

Estas tres organizaciones consideran “ineludible” la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno, “la única instancia a la que acudir por su actividad totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales” no solo de la población actual sino de las siguientes generaciones.

“Al igual que en el resto del planeta también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas”, señalan Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.