Crisis climática
El aplazamiento de la COP26 genera incertidumbre respecto al cumplimiento de los compromisos climáticos

“Una mala noticia para el cambio climático”. “Es un problema retrasarla porque hace que no se pueda poner en marcha el Acuerdo de París y puede ser un enorme error si eso afecta al calendario previsto en la ONU”. Las frases de Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Javier Andaluz, coordinador de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, respectivamente, ponen de manifiesto la preocupación de la comunidad científica y el movimiento por el clima ante el aplazamiento de la próxima Cumbre del Clima de la ONU. El retraso ha sido anunciado este miércoles por la Secretaría de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los gobiernos del Reino Unido e Italia, organizadores del encuentro.

Otras organizaciones defensoras del medio ambiente se manifiestan en la misma línea. Mientras que Amigos de la Tierra remarca que la decisión “no puede servir de excusa para dejar de lado la lucha frente a la crisis climática”, desde Greenpeace advierten: “Esto no debería tener impacto en los compromisos del Gobierno español ni del resto de países para abordar la emergencia climática”.

La crucial cita, que estaba prevista realizarse entre el 9 y el 18 de noviembre en Glasgow (Escocia), queda ahora aplazada a 2021 en una fecha sin concretar y “a ser discutida entre las partes”, señalan desde la Secretaría del encuentro, organismo desde donde remarcan que, con la crisis global provocada por los efectos del covid19, “no es posible celebrar la COP26 en noviembre”.

Opciones desechadas e incógnitas

“Es un problema anunciar que se pospone sin poner otras herramientas y medidas sobre la mesa, ni haber valorado la posibilidad de hacerla de forma telemática. Da la sensación de poner el cambio climático en segundo lugar”, señala el investigador del CSIC. Para él, podían haberse establecido mecanismos para paliar la falta de un encuentro físico entre las partes: “Se podía haber planteado, de forma paralela a posponerla, otra reunión del mismo rango e igual de vinculante en modo virtual y sin comprometer la salud de los participantes”.

Las incógnitas ante la cancelación de un encuentro, que debería cerrar definitivamente la puesta en marcha del Acuerdo de París e incrementar la ambición climática de las naciones para no sobrepasar los 1,5ºC de calentamiento global frente a los niveles preindustriales, son muchas. “¿Se va a posponer un año? ¿Eso implica que se pospone todo el calendario de revisión de los objetivos climáticos?”, se pregunta Javier Andaluz.

El coordinador de Ecologistas en Acción denuncia que la decisión tomada “podría ser un error si la comunidad internacional no acelera el paso y no asume que tiene que cumplir un calendario de revisión de los objetivos al que ya se había comprometido en el Acuerdo de París”. Dicho acuerdo es, para el cooordinador de Ecologistas, ”técnicamente la única solución que está sobre la mesa para cumplir las indicaciones de la comunidad científica”.

Por su parte, desde Amigos de la Tierra exponen que la COP26 debería celebrarse en la primera mitad del año 2021, y la COP27  debería tener lugar “como estaba previsto” con el fin de no retrasar la lucha contra la emergencia climática. “Las conversaciones sobre la emergencia climática deben celebrarse tan pronto como sea seguro, siendo esencial que se lleven a cabo sobre la base de que los países del Sur global puedan asistir plenamente y exigir las medidas consideradas necesarias”, indican desde la organización

Contraataque

El retraso en la agenda climática, unido a la fuerza de los grupos de presión y países partidarios de retrasar la lucha contra el cambio climático, preocupa especialmente entre las comunidades científica y ecologista. “Al Reino Unido le ha venido perfecto esto como excusa”, expone Valladares, haciendo hincapié en el cambio de rumbo respecto a la emergencia climática tomado por el Gobierno de Boris Johnson. “Está cambiando sus intenciones respecto a su compromiso con el cambio climático y hay muchos países que están igual, deseando tener a lo que agarrarse para no dedicarle al cambio climático mucha atención, lo que no nos viene nada bien”, apunta el investigador.

Por su parte, Andaluz exige que la crisis del coronavirus no sea usada para rebajar “compromisos que ya de por sí son insuficientes”, y denuncia: “Ya tenemos a Trump y a China usando la crisis como motivo para dar pasos atrás en sus políticas ambientales”.

El retraso de la COP26 y sus consecuencias hacen que las organizaciones que forman el movimiento por el clima pidan nuevas medidas para frenar el calentamiento global. “Es necesario ser consciente de la magnitud de la crisis climática y sus consecuencias sobre las poblaciones más vulnerables”, señalan desde Amigos de la Tierra, por lo que esta ONG reclama “la adopción de medidas urgentes de reducción de emisiones y financiación y protección para los países más vulnerables”

“La suspensión de la COP26 debería hacer que los gobiernos dupliquen sus esfuerzos para garantizar una ruta verde y justa en la gestión de esta crisis de salud y la emergencia climática. Volver a hacer lo de siempre cuando pase la emergencia sanitaria sería completamente inaceptable”, ha apuntado este jueves la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan.

En ese sentido, el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, ha señalado que “en ningún caso esto debe suponer un freno en los esfuerzos y la ambición de los gobiernos para luchar contra el cambio climático”, y ha propuesto, a nivel España, “un plan de reindustrialización verde que garantice una salida social y ecológicamente justa de esta crisis”. 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha señalado que el retraso de la COP “no debe hacer olvidar la importancia de responder adecuadamente a la emergencia climática”. Sin embargo, desde Ecologistas en Acción remarcan que “el compromiso actual del Gobierno de España y de las diferentes administraciones públicas dista mucho de la justicia climática necesaria en estos momentos”, e instan a alcanzar al menos un 55 % de reducción de gases de efecto invernadero en 2030 y la neutralidad climática antes de 2040, cifras lejanas a los compromisos actuales adoptados por el Estado español.