Crisis climática
La COP27, el espectáculo climático de la dictadura egipcia

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) tendrá lugar este año en el centro turístico de Sharm el-Sheik. Es una oportunidad que el gobierno militar de Al-Sisi está utilizando para proyectar la imagen de un país que no existe. Mientras que la cumbre se publicita dando una apariencia de país verde y democrático, decenas de activistas, críticos, investigadores y periodistas están siendo reprimidos y hostigados en lo que Human Righ Watch ha denominado como “atmósfera de terror”.

El régimen represivo se ha intensificado durante las últimas semanas, persiguiendo las voces disidentes que no se encuentran ya en prisión o forzadas al exilio. La policía en El Cairo, vestida de civil, detiene a los viandantes de forma aleatoria para revisar los teléfonos móviles y sus publicaciones en las redes sociales. Informes emitidos por Amnistía Internacional o el grupo de relatores especiales de Derechos Humanos de la ONU alertan del peligro en el que se encuentran los participantes de posibles protestas medioambientales. “Los arrestos y detenciones, la congelación y disolución de activos de las ONG y las restricciones de movilidad contra los defensores de Derechos Humanos han creado un clima de temor para las organizaciones de la sociedad civil egipcia”, dicen los expertos.

El estado de miedo que impone el gobierno de Al-Sisi no impide la constante conversación política en las cafeterías, el mercado, los espacios de trabajo o en las casas. Con la libra egipcia en mínimos históricos y la inflación descontrolada —en octubre ha superado el 15%—, la gente tiene cada vez más problemas para poner comida encima de la mesa.

Se ha eliminado el límite a la prisión preventiva, por lo que algunos disidentes políticos permanecen en prisión sin juicio o sin condena

El viernes 11 de noviembre, cuando se cierre la primera semana de la COP— hay una convocatoria de protestas que desafiará las leyes represivas delante del foco internacional. “Egipto necesita sumarse a la cuestión climática, pero la COP27 parece un escaparate para el negocio internacional. Mientras a nosotros nos persiguen y nos detienen, Coca-Cola es uno de los principales financiadores de la cumbre”, denuncia uno de los activistas que se sumará a las movilizaciones previstas.

“Estamos viviendo en la República del miedo”

Isa Ferrero

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Egipto

“Estamos viviendo en la República del miedo”

Isa Ferrero

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A pesar de su tenebroso curriculum en materia de derechos humanos, el presidente egipcio Abdel Fatah El-Sisi goza de una buena relación con los países europeos. Diez años después de la primavera árabe, miles de presos políticos soportan la represión del Estado. Hablamos con uno de ellos.

El régimen egipcio del terror

Desde que Al-Sisi llegara al poder a través del golpe militar de 2013, Egipto se ha consolidado como uno de los estados más brutales y represivos. Las fuerzas de seguridad cometen todo tipo de abusos amparados por una legislación que el régimen ha ido modificando para garantizar su total impunidad. Más de diez leyes aprobadas desde el comienzo del mandato de Al-Sisi institucionalizan la vulneración grave de Derechos Humanos. Entre ellas, se ha eliminado el límite a la prisión preventiva, por lo que algunos disidentes políticos permanecen en prisión sin juicio o sin condena. También la prohibición de la protesta se ha convertido en una de las principales herramientas de opresión, y ha sido utilizada para a detener a miles de personas desde su aprobación.

Los opositores políticos son perseguidos, desaparecidos, golpeados, torturados fuera y dentro de la opacidad de las celdas, y han llegado incluso a ser ejecutados, como denunció Amnistía Internacional en 2020. Desde ese año, las condenas a muerte en casos de violencia política han aumentado respecto a años anteriores. Para Philip Luther, director de investigación e incidencia de dicha ONG, “estas ejecuciones son aún más terribles si se tienen en cuenta las infracciones sistemáticas y bien documentadas del derecho a un juicio justo: los tribunales suelen basar sus decisiones en “confesiones” obtenidas mediante el uso de la tortura”.

Los activistas medioambientales entienden que sin una protección de los Derechos Humanos es imposible combatir la cuestión climática

También se ha denunciado en reiteradas ocasiones cómo las manifestantes y activistas detenidas son sometidas y forzadas a pruebas de virginidad. Esta práctica fue reconocida en 2011 por el propio Al-Sisi como forma de proteger al ejército de ser acusado de violación.

En menos de diez años, el régimen ha construido 24 cárceles en las que se calcula que hay al menos 60.000 presos y presas políticas en las peores condiciones. “No son garantizadas las necesidades básicas, se carece de asistencia jurídica o sanitaria y se suceden los episodios de violencia”, declaran las personas cercanas y los familiares.

En un intento de utilizar la cumbre para denunciar esta situación, se está exigiendo a los gobiernos poner a los presos políticos en la agenda de las negociaciones. Los activistas medioambientales entienden que sin una protección de los Derechos Humanos es imposible combatir la cuestión climática. “Los cambios que se necesitan para hacer frente a esta crisis serán empujados por la presión social”, denuncian.

Tras el decorado, los atentados medioambientales

La decisión de celebrar la cumbre frente al mar Rojo, en la apartada y lujosa ciudad turística de Sharm El-Sheikh, no es casualidad. La geografía del lugar permite controlar el acceso y los desplazamientos de manera casi absoluta, evitando así cualquier amago de manifestación o protesta. También aleja la mirada de El Cairo, una de las ciudades más contaminadas del mundo y que cada año presenta más casos de enfermedades respiratorias y muertes prematuras derivadas de los altos niveles de polución.

La imagen del Egipto que Al-Sisi pretende proyectar, no solo oculta la violación de las libertades civiles y los crímenes de Estado, sino todos los atentados medioambientales en los que el gobierno está directamente implicado. Aparte del propio impacto de la actividad militar, algunos de los principales negocios del ejército son las fábricas de cemento, las plantas embotelladoras o la construcción y gerencia de hoteles de lujo para el turismo.

La explotación de materias primas tiene como objetivo principal abastecer la gran edificación de infraestructuras que están llevando a cabo los militares. Entre estos proyectos, destaca la urbanización en mitad del desierto, al este de El Cairo, de lo que será la nueva capital administrativa. Este proyecto prevé la construcción de 20 rascacielos, las sedes los ministerios o embajadas, un aeropuerto y alojamientos de lujo al estilo Abu Dhabi. Frente a esta empresa, el urbanista David Sims advierte “la nueva capital parece el último de una serie de proyectos ruinosos iniciados hace medio siglo y la gran mayoría de esos planes terminaron en barrios fantasma, salpicados de edificios a medio construir”.

Mientras que los principales recursos se emplean en proyectos faraónicos, las infraestructuras energéticas fundamentales carecen de inversión o de un mantenimiento adecuado. Este abandono provoca que en las zonas más vulnerables de viviendas se sucedan hasta seis cortes de luz y agua al día.

Estas y otras cuestiones esenciales para la población egipcia, como el impacto del turismo o la seguridad del agua, no estarán entre los temas a tratar en la COP27. El gobierno dificulta y censura todas las líneas de investigación medioambiental que puedan resultar críticas con el régimen. “Existe una ley que obliga a pasar por la administración todas las publicaciones que puedan considerarse de carácter político”, advierte el investigador y representante de una de las asociaciones ambientales vetada a participar en la cumbre internacional, “no existen datos fiables ni rigurosos, no podemos conocer la relevancia real de lo que está ocurriendo y esto no se hará visible porque no nos dejan participar”. Como denuncian las organizaciones, los ecologistas independientes o los representantes de las comunidades más castigadas no han sido acreditados.

En la cumbre, el gobierno de Al-Sisi solo exhibirá las materias que fomentan el negocio climático y la financiación internacional, como el reciclaje o las energías renovables. En un momento en el que Egipto se encuentra al límite del impago de la deuda externa, la organización de la COP27 lo posiciona como un país atractivo para la inversión extranjera.

La movilización civil bajo el foco internacional de la cumbre

Las calles de Alejandría y El Cairo, principales centros de la movilización social, han sido militarizadas. Las fuerzas de seguridad han realizado detenciones masivas y alrededor de cien personas han comparecido ante los tribunales de seguridad con relación a la convocatoria de protestas durante la cumbre climática.

Si como denuncian algunas voces, la COP27 no producirá los avances que se requieren para hacer frente a la crisis climática, parece que la sociedad civil egipcia ve en el foco internacional una oportunidad para salir a la calle. A pesar de las leyes antiprotesta y la campaña implacable de represión, en las redes sociales se sigue emplazando a la gente a la movilización del 11 de noviembre.