Opinión
¿Necesitamos un consenso global contra el cambio climático?

Solo una acción global colectiva será capaz de frenar el cambio climático, eso es obvio, ya que las emisiones actúan de manera global y son todos los países los que deben de hacerle frente, pero hay muchas formas de conseguirlo. Aunque durante los últimos años parece que la ONU solo está dispuesta a alcanzarlo por consenso, es como si esta organización hubiera perdido toda la memoria. Ha llegado el momento de recordarle que o recupera su sentido original o lo único que le quedará es repetir enormes errores del pasado.

El antecedente de las Naciones Unidas se encuentra en la Sociedad de las Naciones. Y aunque su primer gran error fue excluir a importantes países de los procesos de toma de decisiones, fue su política de apaciguamiento la que firmó su sentencia de muerte. Francia y Gran Bretaña —principales países de la sociedad— miraron para otro lado mientras el franquismo daba un golpe de estado en España y mientras el nazismo surgía en Alemania y ocupaba Polonia. La Sociedad de Naciones repitió esta política “comprensiva” para intentar evitar que Mussolini se aliase con Hitler y, de esta manera, perdió toda legitimidad y se vio cada vez más arrinconada.

Tras el fin de la II Guerra Mundial surgieron la Carta de los Derechos Humanos y la ONU, con el fin de no repetir errores del pasado. Sin embargo, el gran fracaso de la COP19 de Copenhague marcó un hito en el devenir de esta organización, ya que los países que participaron en esa Cumbre del Clima fueron incapaces de aceptar las emisiones necesarias indicadas la comunidad científica internacional. La ONU comenzó así a desarrollar las políticas de apaciguamiento de manera enfermiza, un mecanismo que siguiendo el espíritu de la transición española, ahora se llama ‘consenso’.

Este consenso olvida que no solamente la fundación de las Naciones Unidas se basó en la buena voluntariedad de los países, sino que desarrolló herramientas legislativas que con sus limitaciones a día de hoy son un importante cortafuegos, como es la Corte Penal Internacional.

La justificación que la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático utiliza de manera recurrente ante la falta de ambición es la no injerencia en las políticas nacionales de los países. Y este argumento se fundamenta en una visión extremadamente parcial. Por un lado, es cierto que pedir a un país como Estados Unidos que deje de exportar petróleo, o a España que deje de quemar carbón, es una injerencia activa dentro de las políticas nacionales. Sin embargo, lo que olvida esta restringida visión es que, al no luchar contra el cambio climático, condenamos a países enteros a la desaparición, la desertificación o a una sucesión de catástrofes climáticas.

Esta falta de ambición, por tanto, es también una intervención dentro de las políticas de un estado, que además de tener un mayor impacto que exigir una transición a la descarbonización de la economía, viola derechos tan fundamentales como la alimentación, la salud y la vida.

Siguiendo este símil entre las circunstancias que dieron origen a las Naciones Unidas, el informe sobre 1,5 ºC del IPCC debería ser como la invasión de Polonia. Un hecho, en este caso científico, que debería obligarnos a no mirar hacia otro lado, como ya sucediese durante los años 30 del pasado siglo.

Resulta inadmisible que se permita a un país cuestionar el consenso científico por intereses particulares, porque no se pueden saltar las leyes de la física. Aunque el resultado de la presente COP24 arroja cierta sombra de duda al pedir “fortalecer las bases científicas sobre el informe de 1,5 ºC”, una sutil forma de consensuar o contentar a algunos países por sus objeciones frente a las reducciones de gases de efecto invernadero.

Esta búsqueda perpetua de un falso consenso no es nueva y ya ha salido cara en el pasado. Lo fue cuando se permitió que fueran los países quienes fijaran sus propios compromisos de forma voluntaria en el Acuerdo de París. Se arrinconó así el consenso científico y permitió un acuerdo sin herramientas capaces de obligar a los países a cumplir con sus responsabilidades pasadas, presentes y futuras.

El Acuerdo de París, además, eliminó por las presiones de los países petroleros cualquier mención a las causas del problema climático: los combustibles fósiles y un crecimiento perpetuamente desbocado. Se trató de un acuerdo que miró para otro lado mientras los pequeños estados insulares afirmaban desde 1992 que para ellos no frenar el cambio climático supondrá su extinción.

Y hablando de mirar para otro lado, nada mejor que analizar la falta de altura de miras de muchos políticos y medios de comunicación en España, que parece que todavía no han entendido que para la región mediterránea que la temperatura suba por encima de 1,5 ºC puede suponer su casi completa desertificación.

De esta forma, parecen más preocupados por un obsoleto concepto económico, como la productividad de las fábricas de vehículos, que nos está avocando a una crisis planetaria sin precedentes. Dentro de esta crisis el Estado español será uno de los más perjudicados, perdiendo cosas tan patrias como el aceite o el vino. Por ello, es moralmente reprochable mirar a otro lado. No podemos permitir que los grandes intereses empresariales o los políticos expertos en liar discursos eviten abordar el problema y persistan con un modelo de negocio contra-planetario ya obsoleto.

En Katowice se ha llegado a un consenso para no generar conflicto ni ruptura con países como EE UU, Arabia Saudí o Rusia que repiten el argumento de la no injerencia. Y es la hora de preguntarse: ¿es este el consenso que necesitamos?

Si no somos capaces de un acuerdo que evite frenar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC, significará que nuevamente la comunidad internacional habrá abandonado a España al sufrimiento y al dolor como ya lo hizo cuando abandonó la defensa de la democracia española mediante un Comité de No Intervención.