Crisis climática
Los nueve activistas climáticos que tiñeron de rojo el Congreso no irán a la cárcel

El juicio contra nueve activistas climáticos vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal que arrojaron agua diluida con témpera roja contra la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023 ha quedado este viernes resuelto con penas muy alejadas de las que pedía la Fiscalía. 

La magistrada del Juzgado de los Penal nº 10 de Madrid ha absuelto a cinco de ellos debido a que ninguno de ellos lanzó la pintura contra la Cámara baja. Respecto a los otros cuatro, la jueza ha impuesto una multa económica de 12 meses, a razón de cuatro euros diarios –1.400 euros–, al considerar que sí hubo un delito de daños al patrimonio. 

Asimismo, los cuatro deberán pagar una indemnización de 5.863,98 euros al Estado en concepto de limpieza y restauración, un monto que el grupo ya había adelantado. Como declaraba a El Salto una de las personas encausadas, la ambientóloga Belén Díaz Collante: “Hemos preferido pagarlo para dejar claro que no queríamos hacer daño. Asumimos las consecuencias de nuestros actos. Naciones Unidas describe los criterios para una acción de desobediencia civil pacífica, y dentro de estos está que las personas que participen lo hagan público, lo hagan de manera no violenta y asuman que sus acciones tienen consecuencias”.

La Fiscalía no consigue su objetivo

Solo en este último punto la jueza ha hecho caso a la Fiscalía, que pedía para los nueve activistas una pena de 21 meses de prisión, algo que desde el colectivo de encausados consideraron siempre “totalmente desproporcionado”. El Ministerio Fiscal argumentaba para su petición que se impusiese la pena “para que sirva de prevención”, algo que la jueza ha desestimado al tener en cuenta que ninguno de los encausados tiene antecedentes penales y “al no concurrir circunstancias que justifiquen la mayor antijuricidad de la conducta”, remarcando que usaron puntura diluida en agua “para no causar tanto daño”.

La acción por la que fueron juzgados los nueve activistas se debió a una protesta que pretendía llamar la atención por dos motivos. Por un lado, los activistas criticaban “la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”, tildando de insuficientes la medidas que el Ejecutivo había puesto en marcha para paliar el cambio climático. 

Por otro, el grupo quiso poner en la esfera pública el juicio que, el mismo día en que realizaron la acción, tuvo lugar contra una quincena de científicos y académicos, que un año antes habían realizado una acción similar en el Congreso, lanzando agua con zumo de remolacha. Dicha acción, auspiciada por el movimiento Rebelión científica, y en la que participaron decenas de personas, los activistas quisieron poner de relieve que “el retraso en la acción climática significa muertes”.

El juicio por la acción de 2022 tendrá lugar, previsiblemente, antes de que acabe el año. Al igual que en la vista resuelta hoy, la Fiscalía solicita 21 meses de prisión para cada uno de los activistas, entre los que se encuentran el filósofo Jorge Riechmann o el director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto.