Cárceles
Las prisiones catalanas siguen usando contenciones mecánicas a pesar de su prohibición

Catalunya se convirtió, el pasado mes de mayo, en la única comunidad autónoma en la que el uso de contenciones mecánicas en las prisiones está prácticamente prohibido. Lo hizo a través de una circular en la que este tipo de herramienta calificada de tortura por diversos organismos internacionales quedaba como “última opción”. Sin embargo, según señala un informe emitido por el Síndic de Greuges, las contenciones mecánicas han seguido presentes en los centros penitenciarios catalanes después de que se emitiera esta circular, y desde el Departament de Justícia, la nueva consellera Lourdes Ciuró anunció que modificará la circular, aunque en menos ocasiones y con menos duración.

Las contenciones mecánicas suponen la total inmovilización física en una superficie horizontal a través de esposas, vetas adherentes y correas de sujeción. Fueron eliminadas de los centros de menores de todo el Estado con la Ley de infancia aprobada en junio, tras la muerte de tres jóvenes en los últimos diez años a raíz de su uso. El último de ellos fue Iliass Tahiri, joven de 18 años que murió acostado sobre una cama boca abajo, atado con correas en pies y manos, en julio de 2019. Sin embargo, el uso de las contenciones mecánicas sigue estando permitido en las prisiones del Estado español —menos en Cataluña, donde tienen competencias autonómicas sobre prisiones— y en los centros psiquiátricos.

El anterior Departament de Justícia, a cargo de Ester Capella (ERC), aprobó en mayo la Circular 2/21, que dejaba las contenciones mecánicas como última opción, ofreciendo en su lugar celdas acolchadas y formación a los funcionarios de prisiones en “técnicas de contención verbal”. Incluso plantea una prueba piloto de estas celdas acolchadas que se iba a desarrollar en el centro penitenciario de Brians II. “Sabemos por el anterior secretario de Serveis Penitenciaris que dejaron prácticamente preparada la prueba piloto, con la licitación de la empresa que iba a construir la celda acolchada, los materiales elegidos e incluso con la dotación económica”, explica Iñaki Rivera, del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. 

“Sin haber hecho ninguna evaluación, en la primera reunión que tiene con los sindicatos de funcionarios de prisiones se compromete a decir que esta circular no funciona y que se ha aprobado de forma precipitada y anuncia que la va a cambiar”, denuncia Rivera

Poco después de que se aprobara la circular, en el mismo mes de mayo de 2021, Lourdes Ciró (Junts) sustituyó a Capella al frente del Departament de Justicia. Según señala Rivera, al poco de llegar, la nueva titular de Justicia catalana paralizó las obras para la prueba piloto de las celdas acolchadas que estaban previsto que sustituyeran a las contenciones mecánicas. Seis meses después de llegar al cargo, la nueva consejera ha anunciado que modificará la circular. “Sin haber hecho ninguna evaluación, en la primera reunión que tiene con los sindicatos de funcionarios de prisiones se compromete a decir que esta circular no funciona y que se ha aprobado de forma precipitada y anuncia que la va a cambiar”, denuncia Rivera. “Y, de manera muy falsa, la consejera dice en el Parlament de Catalunya que no pueden evaluar las celdas acolchadas [como sustitución de las contenciones mecánicas] porque no están construidas, cuando fue ella quien dio la orden para paralizar las obras”, añade Rivera.

Desde el Observatori Iridia y otras 16 organizaciones de derechos humanos han lanzado un comunicado para exigir que no se toque la Circular 2/21, “en línea con las recomendaciones de organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la Organización Mundial contra la Tortura o el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas”, puntualiza Rivera, que resalta que la circular es fruto de 14 años de trabajo y lucha denunciando el uso de las ligaduras de presos, realizadas además muchas veces boca abajo, en lo que los internos llaman “postura de Supermán”, haciendo caso omiso a las recomendaciones médicas, y atados por las cuatro extremidades. 

“Nadie niega que hay situaciones en las que los presos se pueden alterar mucho, como también pasa en los hospitales, y por eso se requiere el trabajo de un equipo multidisciplinar, quedando la contención mecánica como ultimísimo recurso, después de toda una serie de alternativas, como la mediación, la desescalada verbal, que es intentar calmar a la persona, y en el caso último, el traslado a una celda acolchada”, explica Rivera. “Si en todo caso, al final hay que usar la contención mecánica, debe durar minutos, no horas, como se ha hecho hasta ahora, con la posición recomendada por los médicos, que es boca arriba y con la cabeza ligeramente inclinada, no boca abajo”, añade. 

Desde el Observatori y las otras 17 organizaciones firmantes del comunicado han reclamado que se cree un grupo de trabajo en el Parlament, como ya se hizo hace cuatro años para tratar la problemática del régimen de aislamiento, cuando tanto funcionarios de prisiones como presos y organizaciones de derechos humanos participaron para evaluar alternativas a este régimen penitenciario, aunque el proceso quedó parado a causa del Procés y la represión posterior. Ayer, en la presentación del informe, el Síndic de Greuges se unió a esta petición, pidiendo un proceso transparente, público y en el que se escuchen a las organizaciones de derechos humanos.