Cárceles
Una denuncia a la ONU contra la tortura en la cárcel de Tánger: “Lo dejaron morir como a un perro”

En una zona residencial de Tánger, próxima a uno de los principales hospitales de la ciudad, hay toda una manzana cercada por un muro de color crema de tres o cuatro metros de altura, sin ventanas ni rendijas, cubierto de manchurrones de humedad y con decrépitas torretas de vigilancia, de ventanas endebles y polvorientas, en cada una de sus esquinas. Tres de sus cuatro costados dan a callejones estrechos llenos de garajes y talleres, tiendas de alimentación y descampados cubiertos de barro y basura. Pero frente a la entrada principal de la prisión transcurre una avenida de varios carriles, con cafeterías y restaurantes al otro lado de la acera en las que es posible sentarse a tomar el té a apenas veinte metros del portón de acero. Un grupo de familiares aguarda su autorización para visitar a los presos.

Esperan sin prisas, cargados con enormes bolsas llenas de mantas, carritos hasta arriba de comida e incluso cajas de microondas y televisores. El tiempo que se tarda en beber una tetera es suficiente para comprobar que el orden de cola no es necesariamente el orden de entrada en la prisión. Un policía sale cada pocos minutos para pedir documentos y hacer comprobaciones en sus papeles. Mujeres mayores sentadas en diminutos taburetes de plástico, niños correteando por la acera y adultos impasibles apoyados de pie contra el muro. De cuando en cuando el guardia se asoma, hace una señal con la mano y alguien de la cola se apresura a cargar sus bultos y dirigirse hacia la puerta. Quienes llevan más tiempo esperando no se inmutan ni protestan: la arbitrariedad y el soborno son las leyes aquí.

Marruecos es, tras Francia y Alemania, el país con más españoles presos en sus cárceles. A diciembre de 2022, según los últimos datos actualizados del Ministerio de Interior, eran 97

“La situación de las cárceles siempre se asemeja a la situación del país”, explica Javier Casado, de la Fundación +34, una oenegé dedicada a apoyar a los españoles encarcelados en el extranjero, “y yo, que conozco la cárcel de Tánger, te puedo decir que es una foto de la sociedad marroquí”. Según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Marruecos ocupaba en 2022 el puesto 94 de 180. Otro estudio de la misma organización recoge que un 31% de los marroquíes se vieron obligados a pagar un soborno a un funcionario durante el último año. Un tercio del total fueron a parar al bolsillo de un policía.

“Si me quedo aquí, me muero”

El sevillano Juan Manuel Pradas fue detenido el 4 de julio de 2021 en Tanger Med, uno de los mayores puertos comerciales del norte de África, con 850 kilos de hachís en su camión. En el momento de su detención tenía 48 años, una esposa marroquí, dos hijos y un tercero en camino. A este último lo conoció en la cárcel de Tánger solo dos días antes de su muerte.

Es una historia habitual en la orilla sur del Estrecho. Marruecos es, tras Francia y Alemania, el país con más españoles presos en sus cárceles. A diciembre de 2022, según los últimos datos actualizados del Ministerio de Interior, eran 97. Buena parte de ellos cumple sus penas en las cárceles del norte del país, en Tánger o Tetuán, y la práctica totalidad lo hacen por delitos de tráfico de drogas. No es inusual que caigan detenidos a resultas de una trampa preparada por las mafias del hachís en connivencia con la policía. “Engañan a uno para que haga un viaje y lo usan como chivo expiatorio”, cuenta un ciudadano español cuyo hijo pasó varios meses en el penal de Tetuán víctima de una estratagema de estas características, “los de la banda te canjean. Ellos pasan delante con una mayor cantidad de hachís y cogen al que va detrás”.

La peculiaridad del caso de Juan Manuel es que ingresó en la cárcel enfermo de un cáncer de esófago que estaba tratándose en un hospital de Sevilla. A los pocos días de entrar en prisión, Juan Manuel le dijo por teléfono a su hermana Isabel: “Si yo me quedo aquí, me muero”. Su tétrica previsión se cumplía el 3 de diciembre de 2022, diecisiete meses más tarde.

“A mi familiar le llegó el traslado cuando solo le quedaban diez días para cumplir la pena, pero llevaban ya un año diciendo que los papeles estaban listos”, dice José María Martín

Entretanto, el sevillano padeció malos tratos y falta de atención médica durante su estancia en la cárcel. Tanto es así que su familia, con la ayuda del abogado Francisco Miguel Fernández Caparrós, coordinador del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está preparando una demanda contra Marruecos en el Comité Contra la Tortura de la ONU.

“Quiero que sirva para que, si hay otra criatura en esa situación, no se produzca lo mismo”; dice Isabel, “que lo saquen, que lo dejen morirse con su familia. Él me lo dijo el día antes de morir: yo no he matado a nadie ni he hecho una cosa tan mala como para que me hagan lo que me están haciendo pasar. Sí, él cometió un delito y tenía que pagarlo con su libertad, pero no con su vida y con su sufrimiento, y morirse agonizando. Sabe Dios las torturas que habrá pasado”.

Silencio e inacción de Marruecos

Juan Manuel dejó de recibir su tratamiento contra el cáncer al entrar en prisión. Según el abogado de APDH, el consulado de España en Tánger intervino para intentar que se mantuviese, aunque no hubo reacción de la administración marroquí. “Como todavía no hemos tenido acceso a su expediente penitenciario, aún no sabemos el tratamiento médico que recibió allí”, lamenta el letrado. A ello se le sumó la situación epidemiológica del Covid y las pésimas condiciones de vida e higiene dentro de la prisión, que tuvieron como resultado que Juan Manuel sufriese “un deterioro tremendo de su salud”.

“Desde el primer momento solicitamos que se iniciasen los trámites de excarcelación extraordinaria por razones humanitarias”, relata Fernández Caparrós, “y, aunque la administración española ha sido diligente, del otro lado ocurrió lo inverso. No tuvimos ninguna comunicación oficial por parte del Reino de Marruecos”. Según cuenta Isabel, tanto el médico como el director de la cárcel de Tánger apoyaban el indulto: “Las autoridades españolas tenían todo preparado. Le escribimos una carta a Casa Real, que se movió mucho para intentar ayudarnos. También el Defensor del Pueblo respondió a nuestra carta, pero nunca lo hizo el presidente del Gobierno. Estaba todo listo, y solo faltaba la firma de Marruecos”. Nunca llegó.

A finales de 2021, siguiendo datos del gobierno marroquí, había 88.941 presos para 53.956 plazas, lo que supone una superpoblación del 156,17%

La otra vía jurídica era la solicitud del traslado a España para el cumplimiento de la pena, pero es un proceso largo y no exento de dificultades: “Para hacerlo se necesita que la condena sea firme”, explica Casado, “que España tramite la petición y que Marruecos la acepte, y se tarda cerca de año y medio o dos años”. Paco Hoyos, un ciudadano español que en 2012 pasó seis meses en la cárcel de Tánger —huelga de hambre de un mes incluida— y a su salida fundó la ONG La Gran Familia de los Presos, refrenda esta impresión: “Los aplazamientos del juicio son constantes, por lo que se tarda en tener una condena firme. Si no vas a confesar, te meten otros quince días en la cárcel para extorsionarte. No hay ninguna garantía judicial”.

Lo corrobora también José María Martín, que empezó a participar en la ONG de Hoyos a raíz del encarcelamiento en Marruecos de un familiar cercano: “La sentencia firme tarda mucho en llegar. Si tienes suerte, a lo mejor cuando pasen 24 meses pueden trasladarte a España. A mi familiar le llegó el traslado cuando solo le quedaban diez días para cumplir la pena, pero llevaban ya un año diciendo que los papeles estaban listos”. Fue ese lento y exasperante laberinto burocrático del reino marroquí el que acabó con la vida de Juan Manuel.

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“Condiciones infrahumanas” en prisión

Pero no solo eso. Quizás en circunstancias normales ese retraso no se hubiera saldado con la muerte del enfermo. Las de Juan Manuel no eran circunstancias normales: “Estaba en condiciones pésimas, de lo peor. Dormía en el suelo, apiñado en un habitáculo. Comida, muy poco. Solo duchas de agua fría. Estaba viviendo en condiciones infrahumanas. Así no podía aguantar un tratamiento de oncología”, asegura Isabel.

Informes de las autoridades penitenciarias marroquíes y de organizaciones humanitarias coinciden en señalar el problema de hacinamiento en las cárceles. A finales de 2021, siguiendo datos del gobierno marroquí, había 88.941 presos para 53.956 plazas, lo que supone una superpoblación del 156,17%. Cada preso, detallan las autoridades, tiene para sí un espacio de 1,93 metros cuadrados. En 2022 el número de reclusos se incrementó hasta los 97.204.

El calvario no terminó con su muerte, pues tardaron cinco meses en recibir el certificado de defunción y el DNI de Juan Manuel

Al cabo de unas semanas, las autoridades marroquíes trasladaron a Juan Manuel a un hospital tangerino para someterle a una operación para la que no había dado su consentimiento: “Ahí se agravó todavía más. Prácticamente lo torturaron. Estaba sucio, sin pañales, no le daban comida ni agua. Se cagaba y vomitaba encima y no le limpiaban. No le curaban. 'Me están dejando que me muera, me decía, no me mato porque no me puedo ni poner de pie'. Un funcionario del consulado español fue a visitarle al hospital, y me dijo que había salido llorando de las condiciones en la que lo tenían, completamente dejado de la mano de dios”.

Hay una anécdota que da cuenta de la corrupción y la crueldad del trato recibido: “Cuando estaba en el hospital tenía a la policía custodiándolo. Juan Manuel necesitaba pañales y agua, porque allí no se los daban. Su mujer fue a comprarlos pero, para poder dárselos a Juan Manuel, tuvo que pagarle 50 euros al policía”. El sistema era el mismo dentro de la cárcel: sobornos con dinero o tabaco a la policía para ducharse, llamar por teléfono o comprar comida. “Él me lo dijo”, recuerda Isabel, “aquí lo que manda es el tabaco. Si tienes tabaco, te dejan tranquilo”.

“Allí el trato es cruel e inhumano”, describe Hoyos, “todo funciona a base de dinero y extorsión. Por una cama, se paga. Por ir a la enfermería, se paga. Yo hasta tuve que pagarle a un carcelero para que me abriese la celda y poder salir al patio. Hay un hacinamiento enorme, con las condiciones higiénicas que te puedes imaginar. En las celdas hay cientos de cucarachas, el váter es un agujero en el suelo y no hay agua caliente. La comida que dan es incomible, y yo a los 28 días ya tenía un problema en la boca. La gente está sin dientes, y la asistencia sanitaria no existe. Aquello es un infierno”.

“Lo dejaron morirse como a un perro”, concluye Isabel, “no dejaron que le cuidásemos, que estuviese esos últimos días con sus niños”. El calvario no terminó con su muerte, pues tardaron cinco meses en recibir el certificado de defunción y el DNI de Juan Manuel. “Los tres niños chicos no tenían ni para decir que su padre se había muerto”, lamenta, “y están en una situación crítica. Su esposa es una mujer sola, extranjera, con tres niños y sin ayudas de nada. Hasta que llegó el certificado de defunción estuvo tirando de ayuda de Cáritas y del Ayuntamiento”. La denuncia ante la ONU sigue su curso: “Con que sirva para que lo que le pasó a Juan Manuel no se vuelva a repetir, a mí ya me vale”.