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Interior oculta los gastos del Inspector jefe de la Policía Nacional que controla el juego

Ferias internacionales, comidas con empresarios del juego, premios entregados a representantes del sector y campañas impulsadas por la patronal. Desde que en 2022 asumió el mando del Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional, David Calvete ha aumentado su presencia en actos públicos vinculados a la industria del azar, convirtiéndose en un rostro habitual de congresos, encuentros institucionales y eventos empresariales. Llegando a ejercer como embajador de la mayor feria internacional del sector. Una exposición constante que terminó despertando una pregunta incómoda para un periodista: quién paga toda esa agenda de viajes, desplazamientos y actos.

El 28 de marzo de 2025, el periodista, miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación (API), decidió encontrar respuestas a todas esas apariciones públicas. A través de una solicitud de transparencia enviada al Ministerio del Interior, pidió el listado completo de actos, colaboraciones y encuentros en los que había participado Calvete desde su llegada al puesto. La petición incluía fechas, lugares, entidades organizadoras y el motivo de cada acto. Pero también algo más sensible: el detalle de los gastos de representación, dietas, viajes y desplazamientos asociados a toda esa agenda institucional.

El periodista reclamaba además conocer qué trámites internos había seguido la Policía para autorizar la asistencia de Calvete a eventos organizados por entidades ajenas al cuerpo nacional. En su escrito, defendía que se trataba de información de “indudable interés público”, especialmente porque muchos de esos actos ya habían sido difundidos públicamente y porque la solicitud se limitaba a actividades ya celebradas, sin afectar a la seguridad futura del mando policial.

La petición apuntaba directamente a una de las unidades más sensibles de la Policía Nacional. El Servicio de Control de Juegos de Azar supervisa a las empresas del sector, controla el acceso de menores y autoprohibidos y puede inspeccionar, sancionar e investigar fraudes, amaños deportivos o redes de juego ilegal. Integrado en la UDEV (Unidad Especializada en Delincuencia Especializada y Violenta) el departamento mantiene una relación constante con las mismas compañías a las que debe fiscalizar y, llegado el caso, castigar. Fue esa cercanía institucional con la industria la que llevó al periodista a preguntar quién financiaba toda aquella agenda pública. Sin embargo, Interior rechazó entregar la información.

Solo dos meses después de asumir el mando, elInspector jefe David Calvete ya moderaba mesas de debate organizadas por empresas de la industria del juego

Solo dos meses después de asumir el mando, David Calvete ya moderaba mesas de debate organizadas por empresas de la industria del juego. En 2023 participó en la Feria Internacional del Juego de Madrid (FIJMA), donde llegó a asegurar que la industria era “cumplidora al 99,9%”, y meses después compartió escenario con la patronal Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) en la Jornada de la Operación Salón, defendiendo que Policía e industria debían “remar en la misma dirección”.

La agenda siguió creciendo con congresos empresariales, campañas impulsadas por el lobby del juego y actos institucionales vinculados al sector. En marzo de 2025 participó en EXPOJOC, el principal congreso de la industria del juego en el País Valenciano, donde entregó un premio a un proyecto de prevención de adicciones promovido por la propia patronal del sector. Meses después intervino en Melilla en una jornada institucional para defender la ciudad como destino atractivo para empresas de apuestas online.

El salto definitivo llegó en 2026, cuando fue nombrado embajador de ICE Barcelona, la mayor feria internacional del juego

El salto definitivo llegó en 2026, cuando fue nombrado embajador de ICE Barcelona, la mayor feria internacional del juego. En un vídeo promocional difundido por la organización, donde aparecía uniformado y grabado desde instalaciones policiales, Calvete invitaba “a la industria nacional e internacional” a acudir al evento. “Es un honor dirigirme a usted en calidad de embajador de la Policía Nacional”, afirmaba, antes de defender que “la presencia de la Policía Nacional refleja nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia”.

En honor a la transparencia, el periodista recurrió la negativa de Interior ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de mediar en los conflictos por el acceso a información pública entre ciudadanos y administraciones. Durante el proceso de alegaciones, la Policía Nacional defendió que David Calvete “no ostenta la consideración de Alto Cargo de la Administración del Estado” y sostuvo además que “el derecho a la información no puede confundirse con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular”.

Frente a ello, el periodista argumentó que la transparencia no afecta únicamente a altos cargos, sino a cualquier actuación institucional realizada en el ejercicio de funciones públicas. También defendió que todos los actos, desplazamientos y colaboraciones de Calvete necesariamente habían dejado rastro documental dentro del Ministerio del Interior: autorizaciones, validaciones jerárquicas, expedientes de representación, dietas o justificantes de gasto. Por ello, consideraba inviable que la Policía Nacional alegara no disponer de la información simplemente porque no existiera una base de datos centralizada. El Consejo de Transparencia terminó dando la razón al solicitante y concluyó que la documentación debía ser entregada.

La resolución favorable del Consejo de Transparencia no sirve para aflorar la información

“Pese a que el Consejo de Transparencia dio la razón a mi cliente, más de un año después la información sigue sin entregarse”, afirma Samuel Parra, abogado especializado en transparencia. “El gran problema del Consejo es que no tiene capacidad coercitiva. No puede sancionar. Si Hacienda te multa y no pagas, te embargan. Aquí no pasa nada si no cumples”.

Durante este proceso, y pese a que el trámite de alegaciones ya estaba cerrado, el periodista recibió una carta enviada fuera de plazo y sin motivo aparente firmada por el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. En ella, la Dirección General de la Policía volvía a rechazar la petición asegurando que “no existe un interés público” en la información solicitada y acusaba al periodista, citado con nombre y apellidos, de hacer un uso “instrumental” de la transparencia para “acomodarla a unos intereses meramente particulares y/o profesionales”. El escrito advertía además de que atender solicitudes de este tipo situaría a la Administración en una “situación insostenible” y generaría un “debate estéril acerca de cuestiones puntuales”.

Asegura que gran parte de los actos podrían encuadrarse perfectamente en la actividad institucional de la Policía Nacional, pero defiende que eso no elimina la necesidad de conocer cómo se financiaron

Este medio ha contactado con el solicitante, que prefiere mantener el anonimato, pero considera que una petición “relativamente sencilla” se ha convertido en un proceso mucho más complejo de lo necesario, hasta tal punto de verse obligado a recibir asistencia letrada. Asegura que gran parte de los actos podrían encuadrarse perfectamente en la actividad institucional de la Policía Nacional, pero defiende que eso no elimina la necesidad de conocer cómo se financiaron.

Una posición que comparte el Sindicato Unificado de Policía (SUP), consultado por este medio. Desde la organización defienden que la transparencia no perjudica a la Policía Nacional y consideran que, si toda la actividad se ajustó a la normativa, la publicación de la documentación serviría precisamente para acreditarlo. El sindicato sostiene además que lo importante ahora es cumplir la resolución del Consejo de Transparencia y facilitar la información para evitar dudas sobre la labor policial.

El caso acabará en los tribunales

Ante el bloqueo de la información, el solicitante ha decidido que llevará el caso a los juzgados. Samuel Parra, su abogado, considera que es “la única solución” para intentar hacer efectiva la resolución del Consejo, aunque advierte de que es un riesgo: “litigar puede costar entre 2.000 y 3.000 euros, además de otros tantos en costas si se pierde el procedimiento”. Pero el desgaste, asegura, “no solo sacude el bolsillo”. También pasa por alargar los tiempos hasta “cansar al ciudadano”. “Hay que esperar un plazo de tres meses desde la segunda petición de ejecución. Y si en ese periodo no entregan los datos, se abre la opción de presentar una demanda contenciosa. Desde que el Consejo te da la razón hasta que el juzgado admite trámite, traslado, contestación… se van meses o años”, explica.

El caso abre además una situación sin precedentes conocida: que un periodista tenga que afrontar un procedimiento judicial y arriesgar miles de euros únicamente por solicitar una información que el propio Consejo de Transparencia ya ha considerado legal, legítima y de interés público. El solicitante considera que seguir adelante resulta necesario para abrir camino en materia de transparencia, pero advierte de que convertir el acceso a información pública en una batalla judicial que sin respaldo de un medio, no todo el mundo se puede permitir, supone, en la práctica, un atentado contra el derecho a la información.

Hasta que ese momento llegue, Calvete seguirá acudiendo a eventos organizados por la patronal del juego. La siguiente será el 15 de junio. Donde acudirá como jurado a los VIII Premios al Juego Responsable y RSC en el Teatro Real de Madrid. Tendrá el deber de votar las mejores prácticas de responsabilidad social, compromiso institucional y juego responsable dentro de la industria. Un evento al que acudirán empresarios,  juristas, reguladores, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para afianzar, una vez más, las relaciones entre la institución y la patronal.