Catalunya
Apagar la red: cuando el control de internet llegó a Catalunya

Desde 2015, la campaña #KeepItOn documenta diferentes tipos de apagones digitales en todo el mundo. Más de 140 organizaciones de 59 países están adheridas a esta iniciativa que, desde sus inicios, no ha hecho sino constatar el incremento de estas prácticas.

Un apagón de internet es un fenómeno relativamente reciente que se produce cuando alguien, normalmente un gobierno, bloquea la conexión a la red o a aplicaciones móviles para controlar la libertad de información o la comunicación en una zona determinada. En junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó que el acceso a un internet libre es una de esas libertades fundamentales que requieren una especial protección y dictó una resolución en la que, además, reafirmaba que la organización internacional “condena inequívocamente las medidas destinadas a impedir o interrumpir intencionalmente el acceso a la información online o su difusión, lo que supone una violación de la legislación internacional en materia de derechos humanos, y pide a todos los Estados que se abstengan de aplicar esas medidas”.

La India, Irak, Pakistán, Siria, o Turquía son algunos de los países que suelen aparecer en los informes de la campaña #KeepItOn, liderada por la organización AccessNow. También son recurrentes los casos de un buen número de países africanos como Egipto, Etiopía, la República Democrática del Congo o Uganda. Precisamente, el continente africano acumula una buena parte de los apagones, en los que las autoridades demuestran cierta creatividad y una tendencia a las amistades peligrosas.

Todo parece apuntar a que se produjo el primer episodio registrado de un corte de internet por motivos políticos en un país de la Unión Europea

Respecto a la creatividad, se han documentado restricciones de diverso tipo. Algunas afectan solo a algunos servicios, como las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, sin bloquear el resto de Internet, como se ha hecho en Chad. Otras provocan desconexiones temporales, como el toque de queda digital establecido por las autoridades en Gabón. Una tercera variante provoca cierres selectivos geográficamente, como el que afecta intermitentemente a las provincias anglófonas de Camerún.

En cuanto a las amistades necesarias para llevar a cabo estos bloqueos, las autoridades imponen estas restricciones en connivencia con empresas de diferentes sectores. En algunos casos, con la colaboración más o menos voluntaria de las compañías de telecomunicaciones, que a menudo son filiales de transnacionales con acento europeo y pretendido prestigio de neutralidad.

En otros casos, más relacionados con técnicas de espionaje o control de la red, los gobiernos cuentan con el concurso de firmas de “soluciones” tecnológicas que desarrollan y ofrecen herramientas para rastrear e infiltrar comunicaciones. Las organizaciones que denuncian estas violaciones de los derechos digitales advierten de que la industria del espionaje se entrena en países con legislaciones poco restrictivas que permiten perfeccionar técnicas, para aplicarlas después en estados cuyos ciudadanos se sienten a salvo, aunque tal vez no lo estén tanto como creen.

Estas empresas de espionaje y las prácticas analizadas se desarrollan en países a los que desde el norte global se considera democracias débiles. Pero, precisamente, algunas de las organizaciones más habituadas a trabajar en África, como Internet Sans Frontières o AccesNow, se han preocupado por lo ocurrido hace unos meses en el entorno digital en Catalunya.

Consideran que se ha producido una injerencia sin precedentes en la Unión Europea, que marca una deriva preocupante y que podrían servir de ejemplo en el futuro, algo que es necesario denunciar para mantener a buen recaudo los derechos de la ciudadanía.

Los hechos (digitales) de octubre

Las semanas que rodearon el referéndum de independencia de Catalunya del 1 de octubre de 2017 estuvieron marcadas por una pugna en muchos frentes, incluyendo el digital. Pese a que la consulta fue suspendida por el Tribunal Constitucional, el Govern de la Generalitat lo impulsó de manera ilegal, lo que suscitó una persecución policial sobre algunas de las herramientas que lo facilitaban.

Las primeras medidas destacadas tuvieron lugar el 13 de septiembre cuando, previa orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Guardia Civil inició el cierre de entre 25 y 140 sitios relacionados con el referéndum, según distintas versiones. Estos incluían portales oficiales de la Generalitat, pero también las réplicas o mirrors creados por personas voluntarias, así como la página web de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Si bien no hay certeza sobre lo ocurrido en este último caso (el 19 de diciembre la ANC presentó una denuncia para pedir que se investigue quién ordenó el cierre), es destacable que la actuación policial no se centrara únicamente en la Generalitat, responsable de la consulta, sino también en personas y organizaciones que la apoyaban, sin ser sus organizadores directos.

AccesNow: “Hemos detectado que los bloqueos van de la mano de la violencia del Estado y sirven como señales tempranas de atrocidades, y España no es la excepción”

En una actuación derivada, el 20 de septiembre la benemérita registró la sede de la Fundación puntCat, requisó sus equipos informáticos y detuvo a seis de sus trabajadores. La entidad se había negado a bloquear las páginas bajo el dominio .cat que contenían información sobre el referéndum, argumentando que censurar contenidos pondría en peligro su posición como administradores de la comunidad catalanoparlante en internet.

Pese a que la ley obligaba a la fundación, la intervención policial suscitó las críticas de entidades como Internet Society y Electronic Frontier Foundation, que alertaron de que los operadores de dominios no deberían ser responsables de bloquear los contenidos que alojan, especialmente cuando se trata de cuestiones políticas que no ponen en riesgo a terceros y que podría afectar al derecho fundamental a la libertad de expresión.

“Modo avión”, el primer apagón en la Unión Europea

Este tira y afloja digital entre Estado y Generalitat adquirió un nuevo carácter el 1 de octubre, el día del referéndum. Aunque los hechos quedaron sepultados por el impacto mediático de las cargas policiales, todo parece apuntar a que se produjo el primer episodio registrado de un corte de internet por motivos políticos en un país de la Unión Europea.

A lo largo de toda la jornada, decenas de personas alertaron en redes sociales de dificultades de acceso en localidades como Badalona, Cabrera, Cambrils, Cerdanyola, Esparreguera, Gavà, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Llagostera, Lloret de Mar, Martorell, Montcada i Reixac, Terrassa y Sant Cugat; entre muchas otras. Así lo recogieron distintos medios de comunicación, siendo reportadas, por ejemplo, incidencias en el centro cívico Cotxeres de Sants y en el IES L’Univers de Barcelona o en el IES Antoni de Martí i Franquès de Tarragona.

También se hizo eco de la situación Alp Tucker, fundador de la organización especialista en apagones Turkey Blocks, que alertaba de un posible corte de la red en la pequeña población de Súria, de apenas 5.000 habitantes. En muchos de esos lugares, los organizadores usaron teléfonos móviles como puntos de acceso wifi, extendiendo la consigna de pedir el “modo avión” a los votantes para liberar el consumo de red.

Lo ocurrido forma parte de una amenaza que se cierne sobre las sociedades de todo el mundo, sean democráticas o no

Es difícil determinar qué sucedió exactamente en relación a la conexión de internet en los centros de votación, más cuando el Gobierno ha clasificado como secreto de Estado el despliegue policial en Catalunya. La versión más plausible parece la del corte de la red del Departament d’Ensenyament que conectaba los colegios con el lugar del recuento, tal y como recogió días más tarde El Confidencial.

Este hecho se habría producido a las 8:22 del domingo, después de que la noche anterior la Guardia Civil entrase en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Sin embargo, esta versión no explicaría las dificultades de acceso en centros cívicos y otros emplazamientos no educativos que se usaron para facilitar el voto una vez el referéndum fue ilegalizado.

En cualquier caso, toda parece indicar que se llevó a cabo una operación de desconexión de la red en multitud de puntos, que se habría puesto en marcha cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ordenó el 29 de septiembre la suspensión de los servicios informáticos que facilitasen el voto telemático.

Algunas visiones (y alertas) independientes

Ya en los días previos al 1 de octubre, pero también tras la celebración de la consulta, los análisis de las organizaciones de defensa de los derechos digitales presentaron algunas coincidencias. La iniciativa Open Observatory of Network Interference (OONI), vinculada a Tor Project, compartió el 3 de octubre un detallado informe sobre las técnicas de censura durante el referéndum.

En ese acopio de datos, el observatorio pone de manifiesto la connivencia de diversas empresas proveedoras con las autoridades para poder hacer efectiva la censura, la vigilancia y la manipulación del tráfico en internet. Pero también lanza una advertencia: la necesidad de continuar “midiendo las redes y aumentando la transparencia de los controles de la información”, algo que se demuestra necesario —y de ahí lo excepcional— “incluso en las democracias occidentales’”.

Por otro lado, AccessNow hace una curiosa y simbólica asociación en su análisis, publicado el 2 de octubre. En un mismo artículo, los expertos de la organización comparan los hechos ocurrido en Catalunya con el apagón de internet que había tenido lugar pocos días antes en Camerún. Esta organización no se ahorra críticas: “Al igual que en Camerún, la interrupción en España se produjo en medio de la violencia (...). Hemos detectado que los bloqueos van de la mano de la violencia del Estado y sirven como señales tempranas de atrocidades, y España no es la excepción”.

Internet Sans Frontières, por su parte, ofrece seguramente la interpretación más radical, cuando considera que los sucesos en Catalunya marcan el “declive de la democracia en Europa”. Su reseña, publicada en noviembre, habla de “censura sin precedentes en la Unión Europea” y de un “silencio ensordecedor” de esta institución ante lo que considera “atentados al derecho a la libertad de expresión y de opinión”.

La virulencia de esta crítica se entiende debido a su interpretación de las consecuencias la crisis: “Estos métodos inquietan en un contexto de declive de la democracia y sus valores en el continente y en otros lugares del mundo”, señala la nota de la organización. En ese sentido pone la atención sobre la propia Unión Europea, a la que responsabiliza de no atender a su obligación de “defender una visión común de nuestros derechos y libertades que se opone a la austeridad en materia de derechos fundamentales”. Y advierte que “ese silencio pone en cuestión la resiliencia de la Unión Europea ante los retos generados por el retroceso de las prácticas democráticas observado en el mundo, incluido el continente”.

Tres análisis de distinto calado que cobran relevancia por la experiencia de estas organizaciones en contextos con menores garantías, y que coinciden —más allá del tono— en dos sentidos: en alertar de que algunas de las prácticas llevadas a cabo en torno al 1 de octubre no tienen precedente en la Unión Europea y, al mismo tiempo, en destacar que lo ocurrido forma parte de una amenaza que se cierne sobre las sociedades de todo el mundo, sean democráticas o no.

Una advertencia que también muestra cómo el entorno digital se toma como el eslabón más débil en la cadena que sostiene los derechos fundamentales; el territorio en el que es más fácil desequilibrar la balanza entre libertad y seguridad.