Análisis
Pujol, un activo tóxico en un espacio político descentrado

El juicio en la Audiencia Nacional a Jordi Pujol i Soley y sus hijos por una miríada de delitos económicos era uno de los acontecimientos más esperados en Cataluña. No en vano, Pujol ha sido considerado como el principal hacedor y símbolo de la Cataluña autonómica. Y, más allá de los equipos legales de las partes, mucha gente se había preparado para este juicio. Por un lado, una parte del kommentariat más apegado al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Catalunya en Comú, para convertirlo en una impugnación al catalanismo político, después de haber trabajado laboriosamente durante años para reducir el nacionalismo catalán a la figura de Pujol o, al menos, para presentar a este como una influencia omnipotente e inevitable. Y, por el otro, los opinadores posconvergentes que han trabajado con no menos denuedo desde algunas tribunas para allanar el camino a la rehabilitación de Pujol, reiteradamente frustrada.

No obstante, todos estos esfuerzos de unos y otros parecen haberse consumido en la hoguera de las vanidades de la comunicación moderna, donde el juicio al expresidente de la Generalitat de Catalunya, que lo reunía todo para tener un alto impacto en la dinámica política y mediática catalana, ha quedado relegado a un segundo plano, frente a realidades políticas y sociales más apremiantes, como el crecimiento electoral del partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana (AC), observado por todos los partidos políticos por el rabillo del ojo.

Asimismo, el alejamiento del juicio a los Pujol del foco mediático responde también a los intereses de algunos medios de comunicación muy próximos a la figura del expresidente catalán. Para un lector de prensa en cualquier otro lugar del Estado, afirmar que este juicio no se llevará los titulares que debería puede resultar sorprendente, pero para uno que esté en Cataluña, incluso siendo un consumidor ocasional de medios, no lo es.

El significado político del juicio

Como consideración previa, cumple recordar que Pujol logró trocar la hegemonía social de que gozaba la izquierda en Cataluña a la salida del franquismo, concretada en la victoria de la coalición Socialistes de Catalunya en las elecciones a las Cortes españolas de 1977, en la de su propio partido, la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que detentaría el gobierno de la Generalitat entre las primeras elecciones al Parlament, en marzo de 1980, y 2003, en coalición con los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partido igualmente extinto en la actualidad.

A ello no fueron ajenas decisiones y actitudes del antifranquismo de izquierdas que, pretendiendo ganar a las élites económicas catalanas para la causa de la democracia, promocionaron a Pujol cuando era un relativamente desconocido banquero fundador de un grupo católico catalanista conservador, como representante del conjunto de la oposición catalana en la comisión que tenía que negociar la reforma política con el segundo gobierno de la monarquía reinstaurada.

La “confesión” de Pujol no fue espontánea, sino que se produjo semanas después de que la derecha mediática española publicara informaciones sobre cuentas de la familia Pujol en Andorra

Sin embargo, durante el período de cambio de régimen político el grueso de la burguesía catalana apoyaba a los partidos de origen franquista y, en las mencionadas elecciones de 1977, la coalición gubernamental Unión del Centro Democrático (UCD) y hasta Alianza Popular (AP) fueron las opciones predilectas de esta clase social. Solo ante el fracaso de ambas candidaturas en Cataluña, la propia patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional, apoyó a la coalición de Convergència i Unió (CiU) en las primeras elecciones autonómicas del régimen actual, como única opción viable para evitar una victoria de la izquierda.

Posteriormente, varios factores facilitaron la victoria por mayoría absoluta de CiU en 1984 y su ulterior hegemonía, con mayorías absolutas hasta 1992 y mayoría parlamentaria simple hasta 1999: el daño que causó al PSC el apoyo del PSOE a la Ley orgánica de armonización del proceso autonómico (LOAPA) y el liderazgo de Pujol en la oposición a ella; el proceso de disolución de la UCD; la crisis y escisión del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) a raíz de la adopción del eurocomunismo, de sus renuncias a cambio de su legalización y, en general, de su política durante el proceso de cambio de régimen político y la subordinación a CiU de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La caída en desgracia del expresidente Pujol se produjo el 25 de julio de 2014, cuando el propio Pujol publicó una carta en que admitía que sus hijos y su esposa, Marta Ferrusola, habían recibido como última voluntad de su padre, Florenci Pujol i Brugat, “un dinero ubicado en el extranjero” que no se encontraba regularizado en el momento de su defunción ni en los años posteriores y que, finalmente, se regularizó mediante la “declaración tributaria especial” con un gravamen del 10% en habilitada por el Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, para bienes o derechos ocultos que se declararan antes del 30 de noviembre de 2012.

Tras la declaración de Pujol de julio de 2014, este se convirtió para los partidos políticos en lo que en lenguaje financiero se conoce como un “activo tóxico”

Huelga decir que la “confesión” de Pujol no era espontánea, sino que se produjo semanas después de que la derecha mediática española publicara informaciones sobre cuentas de la familia Pujol en Andorra, filtradas por miembros de la policía política española, que habían obtenido mediante coacciones a la Banca Privada d’Andorra (BPA). Así, según han declarado el consejero delegado de la entidad financiera, Joan Pau Miquel, y su presidente, Higini Cierco, el entonces comisario en jefe de Asuntos Internos de la Policía española, Marcelino Martín Blas, se entrevistó con Cierco en Madrid para solicitarle información sobre cuentas en la entidad de Pujol, del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del presidente de ERC, Oriol Junqueras, o de sus familiares, y le amenazó con acciones de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) del Departamento del Tesoro estadounidense contra la BPA, por supuesto blanqueo de capitales, en caso de negarse a facilitar la información exigida.

El ‘timing’ lo era todo: desde 2012 un grupo especial de agentes de la Policía, constituido informalmente y no pertenecientes a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), estaba dedicado a investigar a dirigentes de los partidos nacionalistas catalanes o familiares, y filtraba a la prensa informaciones coincidentes con momentos especialmente relevantes en la coyuntura política catalana, como convocatorias electorales. La relevancia de Pujol, padre político del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, en un momento en que despuntaba el giro soberanista de CDC, lo convirtió en un objetivo especialmente sensible. Según declaró Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán, el 14 de febrero de 2014 el comisario José Manuel Villarejo se entrevistó con él y le sugirió que las investigaciones sobre su familia podrían acabarse “si tu padre sale y se muestra contrario a la independencia de Cataluña”.

En cualquier caso, tras la declaración de Pujol de julio de 2014, este se convirtió para los partidos políticos en lo que en lenguaje financiero se conoce como un “activo tóxico”, una condición que se acentuaría con el paso de los años. Conviene señalar que, ya durante la fase final de la carrera política de Pujol, el escoramiento progresivo hacia la derecha de CiU llevó a que su sucesor designado, Artur Mas, no retuviese la presidencia de la Generalitat y se formara, en 2003, el primer gobierno tripartito, presidido por Pasqual Maragall y compuesto por el PSC-Ciutadans pel Canvi, ERC e Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV).

Los cargos contra Pujol

El juicio oral comenzó el 24 de noviembre y se prevé que se prolongue hasta el 14 de mayo de 2026. Los cargos son asociación ilícita, delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y falsificación de documento mercantil. En el caso del expresident, la pena solicitada por la Fiscalía es de nueve años de cárcel, que se eleva a 29 para su hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y de 17 para la ex esposa de este, Mercè Gironès, 14 para Josep y ocho para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol. Asimismo, están acusadas diez personas más como cooperadores necesarios, para quienes la Fiscalía solicita sendas penas de cinco años de cárcel.

El presidente del tribunal comunicó a Pujol que, cuando tenga que declarar, el tribunal valorará nuevamente si su estado de salud permite que continúe como acusado o si será apartado de la causa

Según lo que se desprende de los hechos recogidos en el Auto de transformación en procedimiento abreviado, los problemas de la familia Pujol van más allá de “un dinero” procedente de actividades económicas en el extranjero “no regularizado” fiscalmente en su totalidad, sino que se extienden al cobro de comisiones pagadas por importantes empresas a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de la Generalitat, más los delitos derivados para ocultar dichas ganancias. De modo que no se trataría de una simple evasión de la declaración de rendimientos económicos de actividades puramente privadas, sino de un enriquecimiento privado que solo era posible obtener desde la posición de Pujol como autoridad pública al frente de la Generalitat.

En la primera sesión, el expresident compareció de manera telemática, dado su frágil estado de salud (actualmente cuenta 95 años), tras ser recientemente hospitalizado por una neumonía, a lo que hay que añadir el deterioro cognitivo que padece por los marcadores de Alzheimer que le han sido diagnosticados. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, comunicó a Pujol que, cuando tenga que declarar, el tribunal valorará nuevamente si su estado de salud permite que continúe como acusado o si será apartado de la causa, como ha solicitado su defensa.

El resistible ascenso de Sílvia Orriols

No obstante, el juicio a los Pujol se ve eclipsado, en la agenda política y mediática catalana, por la dinámica ascendente de Aliança Catalana (AC). Dicha formación es actualmente la mayor preocupación del partido sucesor de CDC, Junts per Catalunya. El pasado 31 de octubre, el actual presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), afirmaba que el discurso xenófobo de AC contiene “una enmienda a la totalidad” a la concepción inclusiva de la catalanidad defendida históricamente por Pujol (“es catalán quien vive y trabajo en Cataluña”).

Sin embargo, hay que recordar que esta idea no fue formulada originariamente por Pujol, como se repite machaconamente desde algunos medios de comunicación, sino por el escritor y periodista próximo al PSUC Francesc Candel (1925-2023), y que Pujol asumió en un contexto de hegemonía cultural de la izquierda. Además, el 20 de febrero de 2001, ya en la fase final del mandato de Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, realizó unas declaraciones en que afirmaba que los inmigrantes (musulmanes) pretenden “imponer” su religión y costumbres, y que las ayudas públicas “son para una gente que no sabe ni lo que es Catalunya”. Ante las críticas desatadas por estas afirmaciones, el entonces presidente de la Generalitat se limitó a replicar que “la gran mayoría de ciudadanos piensa como Marta Ferrusola”.

Ello indica que, tanto en materia migratoria como en otros de los lugares comunes habituales de la derecha social, como la falsa percepción al alza de la delincuencia leve o menos grave y la consiguiente apuesta por el populismo punitivo, existe un continuum ideológico y discursivo entre la antigua CDC y Junts y AC.

Tampoco es menor la responsabilidad de Junts en el auge de AC en cuestiones de política más concreta, por cuanto la dirección del partido posconvergente no dejó que su federación local en Ripoll concluyera un acuerdo con el resto de fuerzas políticas para impedir que la presidenta de AC, Sílvia Orriols, obtuviera la Alcaldía de Ripoll, primero, y apoyara una moción de censura contra esta, después. Con ello, AC ha dispuesto de la alcaldía de este municipio para dar mayor visibilidad y difusión a su discurso xenófobo y se ha servido generosamente de sus recursos para impulsar esfuerzos con los que ampliar su representación en todo el territorio catalán y aumentar su representación en la cámara autonómica.

AC son, así, los proverbiales cuervos criados por Junts, algunos de cuyos alcaldes vienen endureciendo desde hace meses sus políticas de seguridad urbana o contra los migrantes –el caso más claro es el de Martorell, donde Junts gobierna con el PSC– y consideran la posibilidad de formar coaliciones con la formación ultra tras las elecciones municipales de octubre de 2026, o al menos acuerdos poselectorales que les permitan retener la dirección de los consistorios.

El independentismo no es uno de los ejes del discurso de AC, un tercio de cuyos votantes es abiertamente contrario a la independencia de Cataluña

Significativamente, la dirección de Junts ha intentado marcar distancia preventivamente contra lo que pueda ocurrir en este sentido y separar lo que ocurra a escala municipal de su política en el ámbito nacional. Lo hizo su secretario general, Jordi Turull, el 25 de noviembre (“no cumplen con nuestras líneas rojas”) poco después de publicarse el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), en el que Junts y AC empataban en número de diputados (19), y tres días antes, Carles Puigdemont, en un acto del partido, con unas palabras que pueden leerse en ese mismo sentido: “no hemos de confundir la pura gestión con la ambición de país”.

El empuje de AC vaticina una relación en el plano nacional no muy diferente a la que mantienen en Bélgica la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el Vlaams Belang: competición electoral formal y, probablemente, colaboración informal o poselectoral. Por otra parte, el director del digital “Vilaweb”, Vicent Partal, próximo a Junts, ha aventurado la posibilidad de que Vox y AC lleguen a algún tipo de entendimiento, como lo ha hecho Mossa Palatina –el movimiento identitario corso fundado por Nicolas Battini, antiguo miembro del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC)– con Agrupación Nacional (AN).

Con su paulatino escoramiento a la derecha, Junts parece alejarse de la imagen de “catch-all party” (atrápalo-todo) a la que suelen asociarse CDC y CiU

Aquí conviene destacar que el independentismo no es uno de los ejes del discurso de AC, un tercio de cuyos votantes es abiertamente contrario a la independencia de Cataluña, según los datos del mencionado barómetro del CEO. Por ahora, y, como ha afirmado el periodista Joan Serra en un foro contra la extrema derecha organizado recientemente por la Fundación Neus Català, "Aliança Catalana y Vox tienen un perfil de votante similar, pero se lo reparten geográficamente: Vox más en la costa, Aliança Catalana más a lo largo de la C-25, que recorre la Cataluña central, y a través del cual pueden articular una bolsa de votantes.”

Aunque AC ha acaparado los titulares y las elecciones están en un horizonte político aún lejano, la encuesta del CEO revela complicaciones en la gobernación de Cataluña: la suma que hizo posible la presidencia de Salvador Illa conseguiría 69 diputados en la horquilla alta, pero llegaría a los 66 en la baja, y el bloque independentista –que recoge una ligera recuperación de ERC y una fuerte caída de Junts– no lograría mayoría absoluta ni siquiera sumando a los escaños de todos los partidos que se identifican como tales, esto es, sin tener en cuenta el “cordón sanitario” a AC, y se quedaría en 67 diputados.

Con su paulatino escoramiento a la derecha, Junts parece alejarse de la imagen de “catch-all party” a la que suelen asociarse CDC y CiU, y, paradójicamente, ha contribuido a alimentar a un partido que impide efectivamente la formación de una coalición de gobierno que aspire a la independencia, y, con ello, al retorno al Palau de la Generalitat que anhelaban para sí mismos. En contraste con esta dinámica crecientemente “descentrada” de Junts, el partido que, “de facto” más ambiciona el legado de partido central de la política catalana es el que, en principio, menos pensaría un observador externo: el PSC.

La evolución hacia un partido centrista y alineado con el programa y posiciones de las elites económicas catalanas del PSC es cada vez más claro. El panorama que dibuja la última encuesta del CEO lleva a intuir que el PSC no se andará con rodeos ni elaboradas campañas en las próximas elecciones, sino que agitará la bandera del antifascismo, para contener a la derecha y a la extrema derecha en el Parlament. La ironía, que no debería pasar desapercibida, será que, al mismo tiempo, este mismo PSC intentará forzar, a cuenta de su “antifascismo”, a sus socios a tragar con las mismas propuestas en materia económica que contribuyen al descontento y a la desafección política de la que se alimenta la extrema derecha a la que dicen querer combatir.

Piénsese en macroproyectos como la ampliación del Aeropuerto del Prat, a la que no ha renunciado, o la construcción del Hard Rock, cuyos alcaldes siguen apoyando, mientras otros problemas (como señaladamente el acceso a la vivienda) siguen acumulándose. Como quiera que el CEO muestra un cierto estancamiento del PSC por la falta de “tensión” política en esta legislatura, la tentación de sus spin doctors de hacer crecer a AC a través de sus terminales mediáticas para que los votantes corran a buscar refugio bajo el ala de los “socialistas” catalanes es, por tanto, grande. Cataluña y España comienzan, así, a parecerse a la “Europa” a la que algunos querían asemejarse, pero en su peor parte, tarde y mal: con los partidos de centroizquierda y de centro-derecha repitiendo todos y cada uno de los errores que han contribuido, en otros países del entorno, a la subida de la extrema derecha, aún existiendo el precedente y conociéndolo. No hay disculpa.