Catalunya
El Sindicat de Llogaters presenta una proposición de ley al Parlament para frenar la subida de los alquileres

Pendientes de la convocatoria de elecciones y con la incógnita de los plenos que se celebrarán hasta entonces, el Sindicat de Llogateres y Llogaters ha entregado en el Parlament de Catalunya una proposición de ley de contención y moderación del precio del alquiler. Si no aparecen imprevistos, la propuesta se aprobará porque cuenta con el apoyo de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y CUP. Pero será clave si, como en otras ocasiones el Tribunal Constitucional es el acaba decidiendo y si el Gobierno catalán obedece o no el mandato de la cámara catalana.

Ahora mismo, las familias destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, a pesar de que la ONU considera que una vivienda es asequible si representa menos del 30%. En este contexto, hace ya tiempo que desde el movimiento por el derecho a la vivienda reivindican que se regule el precio del alquiler i desde hace meses que el Sindicat estaba en contacto con el Departamento de Justicia para elaborar la propuesta. Es ahora cuando, por primera vez, se podría aprobar un texto que, si bien para el propio Sindicat es “una regulación de mínimos”, va más allá de un índice de precios de referencia no vinculante.

En síntesis, la propuesta pretende congelar los precios de los alquileres vigentes de cara a los nuevos contratos y bajar los que se encuentran por encima del precio media cuando se renueven en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes. Por ello, el Sindicat subraya que el 50% de los alquileres actuales tendrán que bajar. La regulación tiene un régimen sancionador para asegurar su cumplimiento.

El Sindicat subraya que el 50% de los alquileres actuales tendrá que bajar si se aplica la ley, que cuenta con un régimen sancionador para asegurar su cumplimiento

El amparo legal es el código civil catalán, un conjunto de normas anteriores a la Constitución Española. Jaime Palomera, en diciembre de 2019, ya insistía en La Directa en el hecho de que era necesario de que la Generalitat asumiera el reto, ante un Gobierno español que “ignora las demandas y propuestas ciudadanas”. Y, precisamente, la grieta para ello es el código civil catalán que regula los arrendamientos rústicos y que ahora tendría que aplicarse a los urbanos. El artículo 632-12 del libro seis establece que las partes pueden pactar la actualización de la renta, pero que “si no determinan ningún sistema, la renta se actualiza de acuerdo al índice de precios”. Hasta ahora, la limitación de las competencias a la Generalitat ha estado sobre la mesa y, de hecho, el Consell de Garanties Estatutàries, un órgano consultivo, sentenció que el Decreto Ley 9/2019 que tenía que permitir que el departamento de Territori i Sostenibilitat pudiera limitar el precio del alquiler contravenía algunos artículos del Estatut catalán y la Constitución Española y finalmente, el 26 de junio de 2019, el Parlament de Catalunya no lo convalidó.

Si la ley se aplica, impedirá las subidas de los alquileres vigentes y fomentará la bajada de todos los que están por encima del precio medio. Al mismo tiempo, obligará a las propiedades a ajustarse al índice de precios aquellas viviendas que se ponen en alquiler por primera vez. Uno de los puntos débiles es que quedan eximidas de la regulación las viviendas de nueva construcción durante los tres primeros años.