Censura
El sector audiovisual responde y acusa a la Junta de un nuevo caso de censura en Castilla y León

Entre banderas palestinas, silbidos y consignas, un cartel escrito a mano sobre cartón pudo verse el viernes 23 de octubre entre las habituales manifestaciones convocadas en la alfombra roja (ahora, azul) de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). En él se leía: “Libertad de expresión”, una proclama que se repitió el fin de semana por parte de políticos, artistas y cineastas en las salas culturales de la ciudad. Con ella denuncian la incorporación de una cláusula contra el “adoctrinamiento ideológico” que la Consejería de Cultura ha incluido en las ayudas al audiovisual de la Junta, un cambio que amenaza a un sector ya de por sí castigado en Castilla y León.

La chispa saltó el 9 de octubre con la publicación por parte de la Junta de las bases de la convocatoria de subvenciones del sector del cine y audiovisual 2026. En la disposición 4.10, la Consejería introdujo una nueva condición: los fondos públicos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Una fórmula ambigua que el sector ha interpretado como un mecanismo de veto ideológico y un grave atentado contra la libertad de creación artística.

“Estas ayudas son muy necesarias para el cine en Castilla y León y llevábamos meses esperando a que salieran”, comenta la directora Roco G. Magaña

“Estas ayudas son muy necesarias para el cine en Castilla y León y llevábamos meses esperando a que salieran”, confiesa Roco G. Magaña, una joven directora vallisoletana que ha sido beneficiaria de las ayudas de Seminci Factory en su novena edición. La cineasta denuncia que querer limitar la libertad de expresión de esta forma es una amenaza cultural y económica hacia un sector que ya sufre para sacar proyectos adelante. “El efecto que tiene es sembrar el miedo y la rabia, y una aversión completa hacia quienes han instaurado esta cláusula abusiva”, señala Magaña.

La medida ha desatado la respuesta del Gobierno central y el Ministerio de Cultura, que ha impugnado la convocatoria. Ante esta pugna política, la Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la Delegación de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) en la Comunidad publicaron un comunicado conjunto el jueves 22 de octubre en el que solicitan el fin de la instrumentalización de la cultura y la protección de las ayudas al sector audiovisual.

Una batalla política

La polémica desatada en Castilla y León ha sobrepasado los límites autonómicos para convertirse en un choque entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de PP y Vox. Mientras el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, anunció el 21 de octubre la creación de un “comité técnico de expertos” que fiscalice qué proyectos quedan excluidos por “ideologizar o adoctrinar”, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, avanzó la presentación de un requerimiento legal contra la Junta de Castilla y León para frenar lo que considera un “ataque directo” a la Constitución.

Urtasun ha enmarcado la medida en la agenda habitual de la extrema derecha allí donde “toca poder” y ha señalado que el Partido Popular “abre las puertas” y “acompaña” estas políticas

Urtasun ha enmarcado la medida en la agenda habitual de la extrema derecha allí donde “toca poder” y ha señalado que el Partido Popular “abre las puertas” y “acompaña” estas políticas censoras. Asimismo, ha comparado la situación con el modelo del presidente argentino Javier Milei, referente explícito de Vox, quien ha mermado casi por completo la financiación pública al cine en su país desde 2024.

Esta deriva es la que teme el sector audiovisual en la Comunidad, que ha solicitado a la Junta la garantía de que la evaluación de las obras no dependa de la orientación ideológica atribuida a sus autores. Sin embargo, también ha pedido a la oposición o cualquier otro agente la no impugnación o anulación de la convocatoria. “Una eventual paralización de las ayudas podría terminar perjudicando precisamente al tejido audiovisual cuya libertad y continuidad queremos defender”, explican las plataformas en el comunicado.

Un sector en riesgo

La reacción de las plataformas se explica por la realidad del sector en Castilla y León, que dispone de una de las dotaciones económicas para ayudas a la producción audiovisual más reducidas del Estado español. En la convocatoria actual de 2026, la Junta destina un total de 325.000 euros para el sector audiovisual de la Comunidad. Una cifra escasa si se compara con los 46,3 millones de euros que invierte Cataluña, los 11,14 millones del País Vasco o los siete de Galicia.

Merces Miguel, miembro de la Academia de Cine y de la comisión de expertos que evalúa esta convocatoria, declara a El Salto que la noticia le resulta “aterradora” y coincide en que las ayudas al sector son muy escasas. La académica denuncia, además, que el peso de los expertos debería ser más elevado en la valoración de unas subvenciones en las que, en los últimos años, la Junta ya tenía la última palabra sobre las obras seleccionadas. “Esto va a tener efectos aterradores, la ideología es todo, ¿a qué control se refieren?”, cuestiona Miguel. La académica afirma que este año se niega a unirse a la comisión. “No voy a formar parte de una comisión que sirva de propaganda partidista, de apoyo a políticas concretas”, sentencia Miguel, quien además cuestiona si el rol que se pedirá en adelante a los expertos será el de actuar como censores.

Las denuncias en los escenarios

Sobre el escenario de la sala Al Norte a la Izquierda, a las afueras de Valladolid, se han acumulado el sábado 24 de octubre ediciones antiguas de libros del poeta Federico García Lorca y réplicas de huesos de víctimas asesinadas durante el franquismo. Son objetos de la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, que la compañía Proyecto 43-2 ha reprogramado de urgencia allí tras su cancelación, el mismo día de la función, en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes. Una acción tras la que la Consejería de Cultura ha vuelto a ser denunciada por censura.

Con más de 300 personas en las butacas, las entradas de la representación se vendieron a las dos horas de comercializarse. “Estamos aquí para defender la libertad y la democracia, que ahora, no sé si más que nunca, pero al menos sí desde que tenemos conciencia de democracia, está en riesgo”, amunció el productor de la sala, Carlos Tapia, al comienzo de la función.

El sector cultural no ha cesado de salir en defensa de la libertad de creación desde el aumento de polémicas muy similares en escasas semanas en la Comunidad. Ese mismo mensaje ha atravesado el viernes la gala de la Seminci, donde la presentadora y jefa de Cultura de Cadena SER, Pepa Blanes, ha abierto la edición recordando el ADN del festival vallisoletano. “A partir de estos nueve días Valladolid se va a convertir en la fiesta de un cine de autor libre y sin censuras, como siempre ha ocurrido aquí en Seminci”, ha reivindicado Blanes.

El anuncio de la Consejería de Cultura se ha sumado así a varios episodios cuestionados por censura en la Comunidad desde el pacto de Gobierno entre PP y Vox el pasado mes de junio. Al anuncio en las ayudas al audiovisual se ha sumado, en tan solo dos meses, esta obra de teatro documental sobre Lorca y la exposición La otra transición vallisoletana, retirada en septiembre por incluir un cartel con la palabra “Fachadolid”. Ante esta realidad, la respuesta del sector artístico y cultural ha sido variada.

La muestra del artista Íñigo Varona ha sido definitivamente desmontada del espacio de la Diputación de Valladolid, en manos del PP, mientras el artista estudia posibles vías de actuación. La compañía Proyecto 43-2 ha denunciado la decisión de la Junta frente a la Fiscalía y ha comenzado a acompañar sus funciones de una caja de resistencia con la que acumular fondos para el proceso judicial. Las plataformas audiovisuales, por su parte, han afirmado que convocarán una asamblea extraordinaria para elaborar un cuaderno de reivindicaciones y exigir a la Consejería de Cultura una mesa de diálogo sobre las bases reguladoras.

Mientras el Partido Popular cierra filas con su socio de Gobierno en Castilla y León, el sector cultural de la Comunidad se prepara para una tendencia que temen que pueda ser reforzada y generalizada tras las próximas elecciones generales.