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Centros sociales
Desokupa declara ante un juzgado de Madrid por el desalojo ilegal del centro social La Pluma
![pintada la pluma](/uploads/fotos/r2000/24b357f2/la_pluma_ok.jpg?v=63697152925)
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha citado hoy a declarar a Daniel Esteve, líder de Desokupa, por el desalojo ilegal del centro social La Pluma a finales de junio de 2018. Esteve, otras dos personas supuestamente miembros de Desokupa y el propietario del local —a nombre de la empresa ZZ Inmobiliari Proxima (sin tilde, no es una errata)— están acusados de agresión, delito de odio, coacción y realización arbitraria del propio derecho —lo que coloquialmente sería ‘tomarse la justicia por su mano’.
El Centro Social Okupado Transfeminista La Pluma, en Chueca, fue estrenado el 24 de junio de 2018 en el marco del Orgullo Crítico. El edificio, situado en la calle Barbieri, es propiedad de la empresa ZZ Inmobiliari Proxima, de la familia Fernández Luengo, dedicada, entre otro sectores, a la peluquería con las cadenas Marco Aldany y Rizos. El manifiesto con el que lo dieron a conocer lo señalaba como un espacio en el que “celebrar nuestro orgullo y desde el que seguir gritando que nuestras diferencias sexuales y de género son armas de guerra contra el cisheteropatriarcado”. El mismo día en el que fue inaugurado, un grupo de 20 personas que después identificaron como miembros de Desokupa llegaron, junto a la propiedad y varios obreros. “Entraron con la excavadora, rompieron la puerta y les echaron”, explica la abogada Naomi Abad. Los miembros de Desokupa entraron al local armados con barras de hierro, lanzando insultos homófobos y desalojaron el centro social. Tras el desalojo, seis personas agredidas por el grupo de matones fueron acusadas de usurpación y absueltas en octubre de 2020. Esas mismas personas denunciaron las agresiones sufridas durante el desalojo.
Según explican desde el centro social, cuando el grupo de matones llegó a la Pluma ese día lo hizo al grito de “maricones de mierda, somos Desokupa y os vamos a reventar”
“Ellos mismos se identificaron como Desokupa”, explica a El Salto Bárbara, participante en el centro social. Según explican desde el centro social, cuando el grupo de matones llegó a la Pluma ese día lo hizo al grito de “maricones de mierda, somos Desokupa y os vamos a reventar”. Hoy, durante su declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 20, Esteve, que se ha negado a responder a las preguntas de la abogada de las personas agredidas durante el desalojo, Naomi Abad, ha negado tener relación o conocer la empresa ZZ Inmobiliari Proxima, que habría contratado sus servicios, ni tampoco a dos de los matones que ya han sido citados a declarar ante la jueza y que participaron en el desalojo.
Un inspector de policía ha echado por tierra la versión de la propiedad al declarar que, cuando llegaron, contaron dentro del espacio a unas 30 personas e identificaron a dos de los supuestos agresores
Por su parte, Alejandro Fernández Luengo, administrador de ZZ Inmobiliari Proxima, ha repetido su versión de lo que pasó aquel día: llegaron al espacio solo con los obreros, y allí no había nadie y estaba la puerta abierta. Pero hoy también han sido citados a declarar dos agentes de policía que acudieron ese día ante la llamada de los miembros de La Pluma. Uno de ellos, inspector, ha echado por tierra la versión de la propiedad al declarar que, cuando llegaron, contaron dentro del espacio a unas 30 personas e identificaron a dos de los supuestos agresores, según ha relatado Abad a El Salto.
“Somos muchas las personas vinculadas al movimiento LGTBIQ+ y a otros movimientos sociales de la ciudad de Madrid a las que nos parece una gran noticia que tanto las empresas que especulan con la vivienda en nuestra ciudad como los matones de las empresas de desokupación a las que contratan se sienten en el banquillo”, señala un comunicado lanzado hoy desde La Pluma. “De este modo, la justicia da un paso hacia adelante para acabar con la impunidad de la que gozan este tipo de empresas, acostumbradas a usar métodos violentos e intimidatorios en sus desalojos ilegales”, añade el comunicado.