Chile
Piñera militariza el sur de Chile en pleno escándalo por los Pandora Papers

El martes 12 de octubre, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el Estado de Excepción en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la Región de la Araucanía. Así el Gobierno dio lugar a la exigencia de mayor seguridad que vienen realizando los conductores de camiones forestales a partir de los ataques incendiarios en la zona ocupada y controlada por las grandes empresas de pino y eucalipto. Los atentados contra máquinas, vehículos, instalaciones y campos en la llamada macrozona sur chilena se vienen extendiendo hace tiempo. El territorio ancestral que el pueblo mapuche reclama históricamente, llamado Wallmapu, donde habitan o habitaron en diversos grados y épocas en el extenso territorio que hoy ocupa Chile y Argentina, se extiende desde el río Limarí por el norte​ hasta el archipiélago de Chiloé por el sur hacia el océano Pacífico, desde la latitud sur de Buenos Aires hasta la Patagonia hacia el océano Atlántico.

La ultraderecha de José Antonio Kast sueña con la segunda vuelta en Chile

Jaime Bordel Gil

América Latina

Chile La ultraderecha de José Antonio Kast sueña con la segunda vuelta en Chile

Jaime Bordel Gil

A un mes y medio de las elecciones, la subida del ultraderechista José Antonio Kast en las encuestas hace cada vez más posible un escenario parecido al vivido en Perú recientemente: la izquierda de Gabriel Boric enfrentada una ultraderecha aún más radical que la de Keiko Fujimori.

Los atentados que se vienen sucediendo en las provincias de Biobío y Arauca revisten un carácter confuso. Las investigaciones en manos de Carabineros no esclarecen los hechos. Hay como trasfondo un mapa social y político complejo a partir de las profundas transformaciones sociales ocurridas en la zona a partir del avance del neoliberalismo con la dictadura de Augusto Pinochet y la configuración de una nueva matriz de acumulación capitalista que llega hasta nuestro días. Cada vez que hay un nuevo ataque incendiario la prensa hegemónica apunta contra los mapuches, como ocurrió con el reciente atentado en Carahue, una localidad ubicada a 747 kilómetros al sur de Santiago en la denominada zona roja de la violencia en Chile. Otras vez se quemaron casas, una bodega y vehículos. La violencia discursiva contra el pueblo mapuche trasciende fronteras. La derecha política y mediática en Argentina también agita el “demonio” mapuche a niveles comparables con la estigmatización nazi contra los judíos.

“Hay un acuerdo generalizado en que la declaración del Estado de Excepción es una cortina de humo sobre esta situación tan grave de los Pandora Papers”, que afecta directamente al presidente Piñera

En Chile, una de las principales organizaciones mapuches que es blanco de la violencia discursiva estigmatizante es la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Los medios hegemónicos para ensuciar los reclamos históricos del pueblo-nación mapuche, mezcla todo en un cuadro social complejo, en el que el avance del narcotráfico en la zona se combina con mecanismos de cooptación y corrupción de las comunidades. Todo es puesto en un mismo combo con los procesos de radicalización política genuinos que comprenden acciones directas, que vienen protagonizando sectores de la juventud mapuche al calor del proceso de recuperación de tierras en las últimas décadas. El Centro de Investigación Periodística (Ciper) habla de una “matriz colonial y capitalista” que tiene como objetivo “la eliminación gradual del pueblo-nación mapuche como sujeto político colectivo” a través de “la inclusión de las comunidades en la cadena productiva del negocio forestal” y “la contrainsurgencia basada en la narrativa del ‘narcoterrorismo’”.

Excepción offshore

El Estado de Excepción declarado por Piñera, un recurso de emergencia constitucional que puede ser prorrogado 15 días más, permite a las Fuerzas Armadas “prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones”, como así también “apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte a los procedimientos policiales que se desarrollen”. Piñera transita el último tramo de su Gobierno antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Posee más del 70% de imagen negativa según las principales encuestadoras y se encuentra fuertemente golpeado por el escándalo de los Pandora Papers, que pone en duda su continuidad hasta el final de su mandato.

Mientras tanto, este nuevo avance del Estado chileno militarizando el Biobío y la Araucanía tiene razones coyunturales e históricas. Según la periodista y ex directora de la carrera de Comunicación de la Universidad de la Frontera de Temuco, Sandra López Dietz, “hay un acuerdo generalizado en que la declaración del Estado de Excepción tiene que ver en el fondo con una política distractiva para que, de alguna manera, hacer una cortina de humo sobre esta situación tan grave de los Pandora Papers”. En esta nueva investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela el uso de compañías offshore para evadir impuestos o lavar dinero, está implicado Sebastián Piñera y su familia. También aparecen mencionadas en las filtraciones otras familias poderosas de Chile como Morel, Luksic, Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de Leonardo Farkas, Holger Paulmann, Óscar Aitken (albacea de Augusto Pinochet) y los accionistas de la Administradora de Fondos y Pensiones (AFP) PlanVital.

En el caso de Piñera, el Ciper y el portal LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en las Islas Vírgenes Británicas. Entre esos negocios, figura la compraventa de la Minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de infancia a quien le vendió el proyecto Dominga meses después de haber llegado a la presidencia por primera vez en 2010. Según los datos revelados por la investigación, una de las actas de la compra-venta fue firmada en Chile por 14 millones de dólares, mientras que una segunda acta fue rubricada en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares. 

La criminalización de los mapuches

Desde su promulgación en 1984 por parte de la dictadura de Pinochet, la Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, ha sido un instrumento utilizado por los distintos gobiernos para criminalizar y perseguir a los referentes mapuches, muchos procesados y condenados en el marco de esta norma. Ximena Mercado-Catriñir se presenta como una mujer mapuche. Es además, doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera. Según defiende, el Estado de Excepción demuestra “la nula voluntad política del Estado para resolver un conflicto histórico que apela a la restitución de un territorio usurpado que atenta contra un tejido social, organizacional y espiritual que compone la existencia de un pueblo y que es contrario al modelo capitalista y extractivista que sostiene hoy día el Estado con sus políticas neocoloniales y los actores vinculados a los procesos extractivista”.

La lucha histórica del pueblo mapuche se ha intensificado tras el estallido social de octubre de 2019. En tanto, el despliegue represivo contra la movilización social de un Piñera en retirada sigue cobrándose víctimas

Mercado-Catriñir agrega que la gestación del Estado chileno “se establece como un continuo de la política genocida contra las naciones originarias que se resisten, que se revelan a ser exterminadas en su composición como tales, distinta al modelo que se instala forzosamente. Mercado-Catriñir habla de una “acción sistemática de violencia del Estado Chileno” y de una “violencia estructural, de un terrorismo de Estado y de una militarización que atenta contra esta posibilidad de autonomía, de ejercer soberanía sobre el territorio propio”. Agrega que el conflicto no ha sido desconocido por los distintos gobierno de turno y políticas como la restitución de tierras mediante leyes como la Ley indígena continuamente han sido burladas transfiriendo el presupuesto a otras áreas”. Mercado-Catriñir señala además que en Chile hay “una integración forzosa o una falsa idea de nación que no respeta su composición diversa, su pluralidad, que no manifiesta una preocupación por la diversidad presente en el territorio ni la proyección de las nuevas generaciones que vienen en camino”.

Por su parte, Sandra López Dietz, coautora de los libros Vidas de papel. Negocio de la madera y conflicto cultural en Chile y Mujeres en Wallmapu: reflexiones y resistencias, agrega que la situación que vive el pueblo mapuche tiene sus raíces históricas relacionadas “con el proceso de los años 70 cuando se produce la reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular conducida por Allende. Con aquella reforma las comunidades mapuches recibieron tierras que luego, con el golpe de Estado de Pinochet, se les quitaron a partir de una contrarreforma agraria.

En los años 90 se consolida el modelo neoliberal y, en particular aquí en la región, el extractivismo forestal con la compra y el arriendo de miles de hectáreas por parte de grandes conglomerados que se aprovecharon de los recursos naturales desarrollando el monocultivo de pinos y eucaliptos. Desde entonces y hasta la actualidad las comunidades empiezan a luchar contra estos conglomerados que ocuparon sus territorios históricos y comienzo el proceso de recuperación territorial con acciones directas encabezadas principalmente por jóvenes que tienen su propios mártires asesinados por fuerzas militares todos estos años como Alex Lemun, Matías Catrile y, hace poco tiempo, Camilo Catrillanca”.

Esta situación se ha intensificado tras el estallido social de octubre de 2019. En tanto, el despliegue represivo contra la movilización social de un Piñera en retirada sigue cobrándose víctimas. Durante la marcha convocada el 10 de octubre por el día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Santiago, resultó herida de muerte la estudiante de derecho Denisse Cortés Saavedra, de 43 años. Inmediatamente Carabineros sostuvo que el fallecimiento se produjo por fuegos artificiales lanzados por los propios manifestantes. Sin embargo, la madre de Denisse dudó inmediatamente de esta versión y junto con otros sectores sociales y políticos responsabilizaron a “los pacos” (agentes de Carabineros). Por redes sociales inmediatamente circularon imágenes que mostraban a Carabineros impidiendo el paso de los socorristas que querían asistir a Denisse.

Los pacos impidiendo el paso a los socorristas que iban a atender a Denis Cortés, la abogada que participaba en la marcha x el día de la Resistencia Indígena. pic.twitter.com/IJlptN25Wh

— Gonzalo Andrés. Llámenme por mis dos nombres Rotos (@cheosandoval_p) October 10, 2021

Constituyente y futuro incierto

El Proceso Constituyente que se viene desarrollando en Chile agrega otro elemento de peso y complejidad a la situación. El mismo está encabezado por Elisa Loncón, una lingüista y dirigente mapuche que fue elegida como presidenta de la Convención Constituyente, un hecho inédito en la historia del país que viene sufriendo en el último tiempo una campaña de desprestigio por parte de la derecha que se encuentra en minoría y sus medios afines. Es que en la Constituyente también se destacan otros referentes de las comunidades mapuches que fueron votados como congresales, como Natividad Llanqueleo, una joven abogada defensora de derechos humanos, o Adolfo Millabur Ñancuil, ex alcalde de Tirúa, el primero de origen mapuche. Durante el estallido social de octubre de 2019 la bandera mapuche se transformó en un símbolo de las movilizaciones callejeras. 

La evolución del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y la situación represiva, en parte, dependerá del resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 21 de noviembre

Mientras tanto, la polarización social y política tiene su expresión en los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre. El ultraderechista José Antonio Kast y el exlíder estudiantil de centroizquierda y representante del Frente Amplio, Gabriel Boric, encabezan las preferencias de intención de voto, pero ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para ganar en primera vuelta. La demócrata cristiana Yasna Provoste y el candidato del oficialismo Sebastián Sichel disputan la tercera posición. La evolución del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y la situación represiva, en parte, dependerá del resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 21 de noviembre. Sin embargo, estamos ante un conflicto de larga data que expone una demanda histórica de un pueblo-nación como el mapuche que incluye la autonomía jurisdiccional (derecho propio),​ la recuperación de tierras ancestrales, libertad económico-productiva y el reconocimiento de una identidad cultural.