Opinión
Kast, el Foro de Madrid y el fantasma de Pinochet

La última columna que escribí en este medio sobre la situación política de Chile fue a fines de marzo de este año, hace exactos cinco meses. En ella advertía sobre los peligros que escondía el concepto “gobierno de emergencia” levantado por la entrante administración de José Antonio Kast. En dicha publicación señalaba que si bien el actual gobierno —que en ese entonces tan solo sumaba dos semanas de mandato— todavía no había propuesto ni había hecho uso de facultades que permitieran suprimir o suspender el régimen de garantías constitucionales, existía detrás de la figura de “gobierno de emergencia” una concepción autoritaria del ejercicio del poder ligada a las ideas jurídico-políticas de Carl Schmitt, para quien el estado de excepción constituye la herramienta primordial para la aplicación de la soberanía y la mantención o restitución de un determinado orden.

Lamentablemente, transcurrido el tiempo, esta tesis lejos de desvanecerse parece reafirmarse de forma palmaria. La mega reforma de seguridad propuesta recientemente por la administración Kast no deja lugar a dudas. En ella se introducen reformas constitucionales que le permiten al ejecutivo declarar un estado de excepción por 240 días sin necesidad de recurrir al Congreso. Según un amplio consenso de los expertos constitucionalistas, esta figura dota al ejecutivo de más atribuciones que incluso el estado de sitio contenido en el marco constitucional vigente, el que solo puede declararse en caso de guerra externa con la debida aprobación del Parlamento. En la actual propuesta, el presidente, de manera unilateral y bajo un argumento tan laxo como el de “amenaza grave o inminente”, goza de la capacidad de invocar este nuevo estado de excepción, lo cual le otorga facultades extraordinarias como la suspensión de la libre locomoción, el derecho a reunión o la interceptación de comunicaciones privadas por criterios difusos, sin ningún tipo de control.

En la actual propuesta, el presidente, de manera unilateral y bajo un argumento tan laxo como el de “amenaza grave o inminente”, podría invocar este nuevo estado de excepción

A lo anterior se suman dos indicaciones contenidas en la mega reforma que también han generado críticas desde juristas, académicos y amplios sectores del espectro político. La primera es la propuesta de dotar al ejecutivo de la capacidad de definir, junto al Senado —a través de una sesión secreta— las agrupaciones que formen parte de un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas; es decir, la potestad de establecer una lista o libro negro sin antecedentes ni escrutinio judicial. El paquete presentado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, propone además retirarles prestaciones sociales como salud, pensiones y educación por más de 15 años a quienes ya hayan cumplido penas de cárcel por determinados delitos.

Todas las propuestas anteriormente descritas pueden leerse fácilmente en clave schmittiana. La primera es seguramente la más evidente: crear una nueva figura de excepcionalidad que amplíe las capacidades extraordinarias del ejecutivo a expensas de cualquier contrapeso. La segunda no se queda atrás: la capacidad discrecional y arbitraria de definir quiénes son los enemigos o potenciales amenazas de un determinado orden monolítico imaginado por el soberano, es decir, establecer quiénes están fuera de dicho orden y en consecuencia despojarlos de sus garantías procesales. Finalmente, la capacidad de aplicar una doble sanción que implique la marginación de “los enemigos” de la estructura social: en términos biopolíticos de Foucault, no hacer morir directamente sino dejar morir por exclusión. Las condiciones de exclusión no se limitan a la pérdida de la libertad; al contrario, se extienden aun habiendo cumplido condena.

El ladrillo y el fantasma de Pinochet

Esta es la segunda gran reforma que pretende aprobar el Gobierno de José Antonio Kast. Hace algunas semanas, el Ministerio de Hacienda logró sacar en tiempo récord una serie de medidas económicas denominadas “plan de reconstrucción nacional” que constituyen las políticas más regresivas que se tenga memoria desde el retorno a la democracia: reducción de la tasa de impuestos corporativos, eliminación del pago de las contribuciones a los sectores de mayores recursos, integración del modelo tributario, entre otras medidas que disminuyen significativamente la recaudación de las arcas fiscales y que en consecuencia conllevan recortes en programas sociales, los cuales seguramente se profundizarán en el presupuesto público de 2027.

Es el retorno al famoso libre El Ladrillo, libro que orientó la política económica de la dictadura militar. Un modelo de liberalización de precios, privatizaciones y reducción del Estado desarrollado por economistas formados en la escuela de Chicago bajo la influencia de Milton Friedman y Arnold Harberger. Implementado bajo la represión del régimen militar durante las décadas de los setenta y ochenta, introdujo un giro radical en la política económica del país e implicó, entre otras medidas, la eliminación de controles de precios, una reducción drástica del sector público, la privatización de empresas estatales, la liberalización de la cuenta de capitales y la privatización de las pensiones y la seguridad social. No es casualidad que Sergio de Castro, uno de los primeros economistas en asumir la cartera de Hacienda durante la dictadura de Pinochet y en promover las políticas contenidas en El Ladrillo, constituya uno de los principales referentes para Jorge Quiroz, el actual ministro de esa área. Tampoco es casual que el fallecido hermano del presidente, Miguel Kast, quien como Ministro del Trabajo contribuyó a consolidar el Plan Laboral de la dictadura que cercenó los derechos colectivos de las organizaciones sindicales, sea parte del panteón ideológico que inspira a la presente administración.

Con la actual propuesta en materia de seguridad, el Gobierno de José Antonio Kast cristaliza el retorno a la pulsión autoritaria y deja al desnudo esa inclinación histórica de su sector por anteponer la fuerza a la razón. Se trata de lo que el poeta y jurista Armando Uribe describió como: “La violencia que quiere ser legítima. La violencia que busca o trata de legitimarse. La violencia que se considera a sí misma legítima.”

Una mirada que considera al golpe como “salvación de Chile”; la tortura como un mal necesario; la represión como defensa del orden; la dictadura como condición para restaurar la democracia e incluso la impunidad como requisito para preservar la paz y la estabilidad. En esa misma línea, diputados de derecha cercanos al actual Gobierno están proponiendo un indulto a todos los agentes del Estado condenados por su participación en la dictadura.

El fantasma de Pinochet es una figura del inconsciente que organiza deseos, miedos y representaciones: la condensación de una disposición histórica y psíquica colectiva

Para Uribe, el fantasma de Pinochet es una figura del inconsciente que organiza deseos, miedos y representaciones: la condensación de una disposición histórica y psíquica colectiva donde la violencia no solo se ejerce sino que se justifica discursiva y legalmente como orden, necesidad y salvación. Esa disposición que actuó como dique de contención a políticas de transformación económica y como salvaguardia de la impunidad durante la transición democrática hoy encuentra su máxima expresión en el Gobierno de José Antonio Kast y en su agenda de seguridad, que busca dotar al soberano de poderes extraordinarios y retornar a ese orden, otrora dominado por la autoridad.

Ese vínculo con un pasado dictatorial que nunca desapareció del todo se hace aún más nítido en la propuesta sobre el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que queda formalmente habilitado para proponer al presidente un listado de organizaciones consideradas enemigas del Estado. El COSENA fue un organismo que durante la dictadura contaba con amplias atribuciones, como la capacidad de veto sobre la legislación y la jurisprudencia constitucional y que, en palabras del exministro del Interior Belisario Velasco, “hacía lo que quería Pinochet.” La reforma a la Constitución de Lagos en 2005 convirtió a este organismo en una instancia puramente consultiva, sin poder de designación ni de autoconvocatoria. La propuesta legislativa actual impulsada por el ejecutivo vuelve a entregarle un rol que debiera corresponderle al escrutinio de los tribunales de justicia.

“Las soluciones totalitarias pueden sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios en forma de fuertes tentaciones que aparecerán cada vez que parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica”, sostiene Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. El escenario actual de Chile —con cifras de desempleo preocupantes y los mayores índices de pesimismo en años— se asoma peligrosamente ante ese abismo. Es cierto que esta reforma ha sido cuestionada incluso desde sectores del propio oficialismo. Pero eso no neutraliza el riesgo que implica la concepción de poder que subyace en quienes gobiernan: una concepción fundada históricamente en la idea de “democracia protegida” de Jaime Guzmán, que siempre concibió la democracia como un régimen condicionado a la preservación de cierto orden. El debate de los últimos días se ha concentrado en sí el calificativo “iliberal” corresponde o no a la actual administración. Esa discusión, con todo lo que tiene de legítima, corre el riesgo de volverse semántica e incluso eufemística, abstrayéndose de lo que es político e histórico: la pulsión autoritaria que recorre estructuralmente a este sector no es una anomalía ni una aproximación coyuntural. Es la matriz desde la que conciben el poder, el orden y, en última instancia, la democracia misma.

Desde que fue presentada, la reforma ha sufrido un revés político importante: el Gobierno se vio obligado a retirar su urgencia ante la falta de apoyo, incluso dentro de su propia coalición. Sin embargo, Kast no ha abandonado su núcleo duro: el nuevo estado de excepción, sostiene, es “irrenunciable” para su Gobierno. El fracaso político de la iniciativa no cancela la pulsión que la originó. La tentación autoritaria, como advierte Arendt, no desaparece con el primer intento frustrado.

El foro de Madrid y el fantasma autoritario

Estos días la ultraderecha mundial ha aterrizado en Chile, sede de una nueva edición del Foro de Madrid: una alianza internacional nacida en España con Vox como uno de sus pilares, que agrupa a partidos reaccionarios de ambos lados del Atlántico y de la cual el Partido Republicano de Kast es miembro fundador. Esta conexión tampoco resulta una novedad histórica. La ultraderecha española y la chilena mantienen una relación simbiótica que se remonta a sus pasados dictatoriales recientes: Franco condecoró a Pinochet con la Gran Cruz del Mérito Militar y el dictador chileno fue uno de los tres únicos jefes de Estado que viajaron a Madrid para asistir a sus funerales. En la cumbre desarrollada el pasado jueves y viernes en Santiago, Javier Milei hizo el discurso de apertura: reivindicó el golpe de Estado de Pinochet y exigió a la derecha regional que “quite el cáncer de la izquierda de nuestras instituciones”. El fantasma del autoritarismo en este foro se llama programa. La violencia que se considera a sí misma legítima, descrita por Uribe, acaba de celebrar una nueva edición de su propia cumbre.