Chile
Qué se juega Chile el 4 de septiembre con el plebiscito de nueva Constitución

El pasado 4 de julio en un acto solemne celebrado en el Congreso de la República se presentó la propuesta de nueva Constitución chilena. La Carta Magna, redactada en el plazo de un año por la Convención Constitucional, tendrá que ser refrendada por el pueblo chileno el próximo 4 de septiembre, tal y como establecía el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Un momento crucial para la democracia en Chile, donde se decidirá si se aprueba un texto que llega mucho más cuestionado de lo que hubiera gustado a sus defensores.

A fecha de hoy casi todos los sondeos dan ventaja al rechazo y, aunque las cosas pueden cambiar mucho en el próximo mes, hay opciones serias de que la propuesta no salga adelante. Esta coyuntura puede resultar llamativa a simple vista, tras el resultado tan holgado (80%) que obtuvo el Apruebo en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, pero no sorprenderá a quienes hayan seguido el proceso de cerca. A pesar de haber cumplido su tarea en el plazo establecido, y de que el proceso se haya completado con todas las garantías democráticas, la Convención Constitucional ha llegado muy cuestionada a la etapa final, lo que contribuye a aumentar el escepticismo sobre el texto. No han ayudado los comportamientos de algunos convencionales, cuyas actitudes dentro y fuera de la cámara han terminado por ensuciar el buen trabajo de una amplia mayoría de diputados constituyentes. Mención especial merecen los casos de Nicolás Núñez, que empezó jurando el cargo cantando guitarra en mano una canción contra Piñera y terminó su labor como constituyente votando una moción desde la ducha, y el aún más grave del diputado Rodrigo Rojas Vade, que durante años mintió diciendo padecer cáncer y basó su activismo en la lucha contra una enfermedad que no padecía.

Casi todos los sondeos dicen que la Constitución no será refrendada y, aunque las cosas pueden cambiar mucho en el próximo mes, hay opciones serias de que la propuesta no salga adelante

Estas escenas fueron creando poco a poco un clima de desconfianza en torno a la labor de la Convención, que se ha acrecentado en las últimas semanas con la oposición al texto de algunos sectores del centro-izquierda. Actualmente la Constitución cuenta entre sus detractores a toda la derecha política y a ciertas figuras del centro-izquierda como el expresidente Eduardo Frei o exministros de Bachelet como Isidro Solís o la democristiana Ximena Rincón. Una coalición que puede poner en peligro el Apruebo si este no consigue atraer electores más allá de los que apoyan incondicionalmente al presidente Boric, que hoy rondan el 30%.

Los problemas no han sido únicamente de forma, y, de hecho, quienes argumentan su rechazo fuera de la derecha, lo hacen principalmente aludiendo a discrepancias sobre el contenido del texto. La plurinacionalidad, el Senado y la Justicia han sido algunos de los puntos más cuestionados de la propuesta constitucional. Y es que, más allá de las campañas difamatorias fomentadas desde los sectores más radicales de la derecha, existe una discusión respecto a amplios puntos del texto que merece ser tenida en cuenta.

¿Qué dice la Constitución?

La propuesta constitucional chilena, con sus 388 artículos, se trata de un texto largo, en línea con el constitucionalismo latinoamericano de nuevo cuño, y que recoge un amplio catálogo de derechos civiles y sociales. En este punto la opinión pública es prácticamente unánime, y salvo la derecha más dura, todos los sectores reconocen que el texto supone un avance considerable en materia de derechos respecto al aún vigente redactado en tiempos de Pinochet. También cuenta con un amplio respaldo el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho, que pondría la primera piedra del futuro Estado del bienestar chileno. Frente al Estado subsidiario de la Constitución de 1980 la propuesta constitucional contrapone un Estado social y democrático de derecho que, además, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, según reza el primer artículo del texto. También establece que la democracia chilena es inclusiva y paritaria, y da una especial protección a la naturaleza, un punto reclamado desde hace años en un país en el que el extractivismo y la falta de control en sectores como la minería han causado estragos en numerosas localidades.

Salvo la derecha más dura, todos los sectores reconocen que el texto supone un avance considerable en materia de derechos respecto al aún vigente redactado en tiempos de Pinochet

Uno de los puntos que ha generado mayores discrepancias es el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado chileno. En el texto se reconoce como “pueblos y naciones indígenas preexistentes” a los 11 pueblos originarios que habitan en Chile y que participaron en la redacción de la Constitución a través de los escaños reservados. Un reconocimiento que según sus detractores genera inseguridad jurídica y que pondría en riesgo la unidad de la nación, a pesar de que en los artículos 3 y 7 se mencione explícitamente la indivisibilidad del territorio de Chile.

Este punto enlaza directamente con otro de los que más polémicas ha levantado: la configuración de los sistemas de justicia. La nueva Constitución cambia el nombre del poder judicial por “sistemas de justicia” y reconoce constitucionalmente la existencia de un sistema de los Pueblos Originarios. El texto deja aún muchos cabos por atar y los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales quedan en manos del legislador. Sin embargo, la Carta Magna fija importantes límites y establece que los sistemas de justicia de los pueblos originarios funcionarán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, deberán respetar los derechos fundamentales de la Constitución y serán jerárquicamente inferiores a la Corte Suprema, que será el intérprete último de las decisiones que se adopten en la jurisdicción indígena. Estos puntos no han conseguido evitar furibundas críticas que consideran que la propuesta vulnera el principio de igualdad ante la ley y genera una importante inseguridad jurídica.

Gabriel Boric afirmó que en el caso de no aprobarse la Constitución, continuaría el proceso constituyente, ya que la voluntad del pueblo chileno, expresada en el 80% que votó a favor de redactar un nuevo texto en octubre del 2020, es que haya nueva Constitución

La jurisdicción indígena no ha sido el único punto criticado en la Justicia. La mayoría de las voces partidarias del rechazo también se oponen al cambio de nombre, y advierten de una posible politización a través del Consejo de la Justicia, un órgano encargado de designar a los jueces, adoptar medidas disciplinarias y realizar diversas tareas administrativas. Este organismo, similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, ha sido blanco de muchas críticas, sobre todo en lo relativo a su composición. El Consejo estaría integrado por 17 miembros, ocho jueces y dos altos funcionarios elegidos por sus pares, cinco miembros elegidos por el Congreso y dos miembros de los pueblos originarios. Una composición demasiado política que, según sus detractores, podría poner en riesgo la independencia de la Justicia.

La reducción de poderes del presidente o la sustitución del Senado por una Cámara de las Regiones han sido otros de los puntos más discutidos de un debate que no siempre se ha producido en los mejores términos. Las exageraciones, la difusión de artículos falsos por parte de diputados de la derecha o el desconocimiento flagrante de algunos convencionales de artículos del texto han enturbiado una conversación pública necesaria para el futuro de un país. Todo ello ha contribuido a crear una situación en la que el rechazo parece estar haciéndose fuerte entre tanto ruido.

Rechazo, ¿y después qué?

Aunque es evidente que aún no está la batalla perdida, muchas figuras se encuentran haciendo cálculos sobre lo que podría suceder si el 4 de septiembre se rechaza la nueva Constitución. Uno de los últimos en moverse ha sido el presidente Gabriel Boric, que en una entrevista en el canal Chilevisión, afirmó que en el caso de no aprobarse la Constitución, continuaría el proceso constituyente, ya que la voluntad del pueblo chileno, expresada en el 80% que votó a favor de redactar un nuevo texto en octubre del 2020, es que haya nueva Constitución. Estas declaraciones, que han sido criticadas por amplios sectores al ser interpretadas como una claudicación, tienen una explicación demoscópica. Según numerosas encuestas, el rechazo de muchos chilenos no es al proceso en sí, sino al texto en concreto. Es decir, se quiere una nueva Constitución, pero no ésta.

Esta posición, que podríamos llamar “rechazar para comenzar un nuevo proceso” ha sido esbozada por algunos sectores del centro-izquierda como el expresidente Ricardo Lagos o el propio Boric, sin quedar claro cómo se procedería en tal caso. Boric en su entrevista en Chilevisión afirmó que el nuevo proceso se convocaría a través del Parlamento. Una formulación que resulta ambigua y sin ninguna garantía, ya que dependería de la voluntad de los parlamentarios, y además se enmarcaría fuera del acuerdo de octubre de 2019, que no precisa qué caminos se seguirían en caso de ser rechazado el texto final.

Lo único que es seguro es que si se rechaza el texto seguiría en vigor la constitución de 1980, redactada por los colaboradores del dictador Augusto Pinochet. Por tanto, ante esta situación jurídica, más factible que comenzar un nuevo proceso constituyente parece la posición de los partidarios de “rechazar para reformar”, que llaman a rechazar el texto e introducir cambios en el que está en vigor. Aquí se encuentran sectores del centro-izquierda y de la derecha política, que tras décadas de inmovilismo ahora parecen dispuestos a alcanzar compromisos en materias troncales del texto.

Esta posición, si bien tendría un encaje jurídico más fácil —reformar en las cámaras a través de los mecanismos que establece la constitución de 1980—, genera muchas dudas en el terreno político. Si la derecha nunca estuvo dispuesta a reformar nada, ¿qué le llevaría a hacerlo ahora? Y, sobre todo, ¿qué le llevaría a hacerlo tras una victoria en las urnas?

Por mucho que haya quien está empeñado en vender lo contrario, si gana el rechazo la principal beneficiada sería la derecha, que desde hace meses se haya en plena ofensiva contra el texto y ha llegado incluso a recurrir a perfiles internacionales como Mario Vargas Llosa o Cayetana Álvarez de Toledo para intensificar sus ataques. Lo curioso es que en las últimas semanas su campaña ha cambiado completamente convirtiéndose en una derecha con piel de cordero, que ya no se muestra tan beligerante como durante el proceso de redacción del texto y parece abierta a rechazar para reformar algunos puntos del texto, aceptando reivindicaciones historias del centro-izquierda como el Estado democrático y social de derecho. Pero, ¿qué garantías ofrece una opción política que durante décadas se dedicó a torpedear cualquier posibilidad de cambio?

Si gana el Apruebo Chile habrá cerrado un proceso constituyente con plenas garantías democráticas, pero si se rechaza el texto, implícitamente se estará dando a la constitución de Pinochet la legitimidad democrática que le falta

Las opciones transformadoras y reformistas en Chile no deben ser ingenuas, y es que, si no se aprueba la constitución de 2022, se comenzará un camino incierto y enrevesado, que podría llevar a que finalmente Chile continuara con el texto de 1980 prácticamente intacto. Siendo pragmáticos, las opciones que hoy se encuentran sobre la mesa son o aprobar para reformar los aspectos más problemáticos del nuevo texto o rechazar para reformar ligeramente el de 1980. En el caso de que se dé esta segunda opción, la derecha volverá a ser el árbitro de cualquier cambio constitucional, y propuestas como la salud y la educación públicas o la propiedad pública del agua quedarán en el tintero.

El 4 de septiembre se juegan muchas cosas en Chile. No solo el legado y el futuro del Gobierno de Gabriel Boric, sino el de todo un país. Si gana el Apruebo Chile habrá cerrado un proceso constituyente con plenas garantías democráticas, pero si se rechaza el texto, implícitamente se estará dando a la constitución de Pinochet la legitimidad democrática que le falta, lo que servirá de excusa a la derecha para volver a imponer décadas de inmovilismo.