Centros de Internamiento de Extranjeros
Marlaska dice que los CIE no pueden “desaparecer”, los datos siguen diciendo otra cosa

El ministro de Interior, el exjuez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la mañana del martes en una entrevista en la Cadena Ser que “ni los CIE ni su fin último para garantizar la expulsión de ciudadanos en situación de irregularidad" pueden “desaparecer”. ¿Hay que tomarse literalmente lo que dice el nuevo encargado de Interior, o se le pueden dar vueltas al asunto?

“En realidad, no. De hecho, Interior acaba de cerrar uno [el de Fuerteventura] con una simple orden ministerial”, comenta a El Salto Nino Trillo, de la caravana Abriendo Fronteras. El internamiento de extranjeros sin permiso de residencia en espera de su expulsión está previsto en la Ley de Extranjería. Y una directiva europea de 2008, la directiva de retorno, marca una regulación mínima común para todos los países europeos. Esta directiva marca unos criterios, pero no la obligación para ningún estado miembro de establecer estos centros.

La directiva europea de retorno no obliga a ningún Estado miembro a tener CIE

“Lo que dice la directiva es que la ejecución forzosa de la expulsión es el último recurso, previo a la detención hay que tender a medidas de retorno voluntario”, señala Trillo, que recuerda que en general “todos los Gobiernos” españoles han ignorado este tipo de medidas.

Este jurista señala también que la propia ley de extranjería fija como actuación más típica la fijación de una multa antes que el internamiento, u otras maneras de expulsión como comparecencias periódicas a comisaría o la retirada del pasaporte. Por último, una circular de la Policía Nacional de julio de 2014 dejaba también el internamiento como última opción antes de comprobar circunstancias como la situación en el país de origen (por ejemplo, la existencia de conflictos bélicos o violencia política) y sobre todo, si la propia expulsión era técnicamente posible.

Sigamos con Marlaska: el ministro ha continuado diciendo que los CIE sí se pueden “redefinir” para “que la gestión sea lo más adecuada a los derechos de las personas”. “Todo se puede mejorar”, ha concluido, al ser preguntado por las condiciones que ofrecen en la actualidad los centros de internamiento de extranjeros.

No le falta razón al ministro: en 2017, atendiendo a la supuesta función de estos centros, de 8.237 personas internadas en ellos, fueron expulsadas 3.041 y 5.328 fueron puestas en libertad, es decir el 63% de quienes fueron internados en espera de su expulsión en 2017 fueron puestos en libertad. Se trata de porcentajes en línea con los de años anteriores, y uno de los motivos que llevó a la Policía a difundir su circular de 2014.

¿Si no sirven para su supuesto cometido, por qué se mantienen? La pregunta no es nueva, pero pasan los años y conviene actualizarla. “Se están usando los CIE como un dispositivo más de gestión de la llegada de gente por mar”, afirma Trillo. Según datos del Servicio Jesuíta Migrante, el 81% de la gente que pasa actualmente por los CIE han llegado por la costa. “El perfil migratorio [de los internos] ha cambiado”, certifica el activista. Y el de quienes fueron expulsados: en 2017, el 85,95% (2.614) procedía de tan sólo dos países: Marruecos (1.378) y Argelia (1.276), según una respuesta del Gobierno a la senadora de Podemos, Maribel Mora.

Estamos lejos de los años de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior, cuando la práctica de las redadas por perfil racial en espacios públicos hacía que en estos centros de detención también se encontraran personas que bajaban a comprar el pan y eran detenidas por no tener papeles dos años después de que caducara su visado de entrada. Es 2018: el aumento de llegadas por la costa vivido desde el año pasado ha colapsado ya estos centros y en realidad todo el sistema de acogida.

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