Código Penal
40 organizaciones catalanas reclaman que no se modifique el delito de desórdenes públicos

Más de 40 organizaciones y colectivos han presentado hoy un manifiesto en contra de la propuesta de reforma del delito de desórdenes en el Código Penal anunciado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Bajo el lema “Ante la propuesta de reforma del Código Penal, basta ya de criminalización de la protesta”, estos colectivos señalan que la propuesta de ley que está actualmente sobre la mesa, y que va unida a la derogación del delito de sedición, “incorpora cambios en el delito de desórdenes públicos que abren la puerta al aumento de la represión contra el derecho de protesta”. “La reforma supondría una vulneración de los derechos e intensificará la tendencia represiva de los últimos años”, afirman desde el Sindicat de Llogateres, una de las organizaciones que firman el manifiesto. 

El manifiesto, que está abierto a adhesiones de organizaciones del Estado español, reclama que el Código Penal se adecúe a los estándares internacionales sobre derechos humanos. “No queremos un Código Penal que criminaliza las acciones sociales que defienden y conquistan derechos humanos para todas”. Por ello, y a pesar de no estar de acuerdo con el Código Penal actual, estas organizaciones reclaman que durante el trámite parlamentario no se agraven los delitos de desórdenes públicos. 

La propuesta presentada por PSOE y Podemos incluye, además de la derogación del delito de sedición, cambios en el tipo penal de desórdenes públicos, incluyendo un tipo agravado con penas de hasta cinco años de cárcel cuando los actos “se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”. Entre otros cambios, también especifica que, en el delito de desórdenes relacionado con la ocupación de locales privados, como en las protestas habituales del movimiento por la vivienda, estas se castiguen con hasta seis mese de cárcel cuando no conlleven violencia o intimidación, cuando hasta ahora no se concretaba este punto. Esta última modificación, según afirmó el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, intentará que sea eliminada del texto durante su tramitación parlamentaria. 

“Se nos persigue cuando nos organizamos y salimos a la calle, lo estamos viviendo en el caso del colectivo Hi érem totes, con las acusaciones y consiguientes penas de banquillo de nuestras compañeras por participar en una huelga general feminista”, afirma Alba Gual, activista feminista. Por su parte, Pol Gabarró, sindicalista, recuerda que esta criminalización se extiende a otros movimientos. “La memoria inmediata nos hace recordar las multas y juicios al movimiento por la vivienda, a la lucha sindical, a las huelgas generales feministas, a las más de 4.000 personas represaliadas del movimiento independentista y del movimiento ecologista entre otros”, afirma. “Toda forma de lucha que tiene posibilidades de desestabilizar el régimen del 78 ha sido atacada y continúa en el punto de mira del Estado español”, añade. 

Desde la plataforma de organizaciones firmantes han convocado una concentración para mañana, 1 de diciembre, ante la Delegación de Gobierno en Barcelona. “Nos encontrarán en alianza y unidos a movimientos sociales de todo tipo para decir que no vamos a permitir que nos despojen de las pocas herramientas de las que disponemos para defendernos contra quien ostenta el poder”.