Colombia
Asesinado de dos tiros un líder social colombiano: organizaciones sociales denuncian crímenes de lesa humanidad

Ante la presión internacional de organismos tales como la ONU, Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el 6 de junio de 2021 una transformación de la Policía colombiana para fortalecer el respeto de los derechos humanos. Dichos cambios suponen, entre otras cosas, la creación del Viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana y una reforma que también contempla la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía. 

La transformación está consignada en un proyecto de ley que será presentado al Congreso, en el inicio de la próxima legislatura, es decir, a mediados del año que viene y en caso que gane los comicios. La respuesta de la bancada progresista fue denunciar lo “estético” de una medida que no va a resolver los problemas de Colombia. Así lo denunció el senador Iván Cepeda: “Ahora el Ministerio de Defensa se llamará Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana y la policía tendrá uniforme azul. Esta cosmética la usa Duque para ocultar las masivas violaciones de derechos humanos y la necesidad de cambios estructurales de la policía y las Fuerzas Armadas”.

El mismo día del anuncio fue asesinado de dos disparos en Tulúa el líder activista José Alonso Valencia, presidente de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento de La Moralia donde encabezaba programas sociales con la comunidad.

Gustavo Arvelaez, coordinador de ese movimiento político recordó que desde la firma del acuerdo de paz, ocho reincorporados de las antiguas FARC han sido asesinados en el Valle del Cauca, y 27 en todo el país, de un total de 276 exguerrilleros signatarios del tratado de paz de La Habana. 

Esta noticia no pasa desapercibida cuando, a la vez que el presidente de Colombia Iván Duque pronunciaba el anuncio de la transformación policial, el Ministerio de Defensa ordenaba el despliegue del grupo de operaciones especiales de la policía colombiana (GOES) tanto en zonas rurales como en zonas urbanas con el fin de controlar, disuadir y vigilar los actos sucedidos en las últimas semanas de paro.

Mientras tanto desde el partido Comunes responsabilizan al Gobierno nacional, exigen que se cumpla lo pactado en cuanto al desmontaje de las estructuras sucesoras del paramilitarismo e instan a los organismos judiciales y de inteligencia del país a que se pronuncien sobre los autores de estos hechos y de los anteriores cometidos desde el 2016. 

Cepeda, en representación del Polo Democrático, y otras organizaciones entregaron este lunes un documento a la Corte Penal Internacional con el testimonio de 229 nuevos casos de supuestos crímenes de lesa humanidad: “asesinatos, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos”, llevados a cabo por el paramilitarismo urbano.

Estancamiento en las negociaciones

A día de hoy han sido pocos los avances entre el Comité del Paro y el Gobierno para sacar al país de la crisis; las protestas por los recortes sociales que desde el 2019 se han producido y se han visto acentuados por las dificultades económicas producidas con la pandemia han sido el caldo de cultivo perfecto para que la gente volviera a salir a la calle y darse cuenta que en Colombia sigue existiendo una brutal represión y odio contra las personas que defienden los derechos sociales y los derechos humanos. 

El Comité del Paro ha suspendido la mesa de negociación dado que sigue esperando a que el Gobierno se acoja al preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto que autoriza la intervención policial en las protestas sociales.