Pedro Ramiro

CAF promueve la ocupación. Sidenor participa, lo conoce y no hace nada por evitar el genocidio. Los grandes bancos financian las industrias militares.

El plan que acaba de presentar la presidenta de la Comisión Europea vuelve a utilizar la mágica cifra de los 800.000 millones, ahora con el objetivo declarado de transformar el modelo de defensa europeo.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad legal de las empresas españolas que colaboran con la ocupación israelí de Palestina?

Militarización, fronteras y extractivismo: sobre estos tres ejes se ha articulado el (no tan) nuevo pack normativo impulsado por la Unión Europea durante el último semestre.

El derecho internacional ha sido sepultado bajo las bombas en Gaza: el entrelazamiento de crímenes de todo tipo es tal que no solo asistimos al incumplimiento del sistema internacional de los derechos humanos, sino a su completa impugnación.

Las referencias de los mandatarios de la Unión Europea al cumplimiento del derecho internacional y a la tradición de los “valores europeos”, con un genocidio en curso en Palestina, se han vuelto papel mojado.

En un eterno presente racista y colonial, Rivesaltes nos recuerda el horror de un siglo de políticas de control migratorio que, lejos de quedarse en una vergüenza histórica de la que hablen los museos, son reimpulsadas con fuerza ahora en el marco del necrocapitalismo patrocinado por la Unión Europea.

Un dictamen de una entidad asociada a la OCDE y dependiente de la Secretaría de Comercio reconoce que las operaciones de la compañía vasca CAF en la Palestina ocupada suponen una violación manifiesta del derecho internacional. Pese a ese reconocimiento el vacío jurídico y la falta de respuesta institucional han impedido que se revise ese proyecto.

Si no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión, seguirán sucediéndose casos como el de Repsol en Perú.

Sigue siendo imprescindible que se instauren normas internacionales de carácter vinculante para plantear fuertes exigencias al gran capital más allá de dónde sitúe su domicilio fiscal.

¿Qué implicaciones tendrá la resolución sobre la diligencia debida de las empresas en relación con los derechos humanos que acaba de aprobar el Parlamento Europeo? ¿Es una buena noticia?

28 personas murieron el 8 de febrero en un taller textil clandestino en Tánger. Las grandes multinacionales del sector que subcontratan estas instalaciones han anunciado más inspecciones y firmado acuerdos de “responsabilidad social”. Pero la tragedia se repite a cada tanto, porque no son accidentes: es un modelo basado en la explotación de seres humanos.

De todos los integrantes del último Gobierno de Rajoy, apenas dos años después de la moción de censura que lo expulsó de La Moncloa, no falta nadie por colocar.

Cuando los empresarios hablan de “innovación para salir de la crisis”, lo que vuelven a exigir es que se reduzcan aún más los impuestos a las grandes compañías, que el Estado siga subvencionando sus costes laborales y que se las rescate con fondos públicos.

Apostar por una redistribución de la riqueza o garantizar el modelo de acumulación. Esta es la disyuntiva estratégica a la que nos enfrentamos para responder a una crisis socioeconómica que no ha hecho más que empezar.

El neofascismo actual se diferencia del fascismo clásico en que puede convivir, al menos por el momento, con las instituciones representativas del modelo liberal y con las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas de contenido y reenviadas a la esfera estrictamente formal.

Esta semana tiene lugar en Ginebra la quinta sesión del grupo de la ONU encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero en el texto que se discute apenas queda nada del espíritu y la ambición con que nació este proceso hace cinco años.

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

El Tribunal de Luxemburgo anula la cláusula de arbitraje incluida en el tratado bilateral firmado entre Holanda y Eslovaquia, un precedente que puede suponer una grieta en la armadura jurídica que blinda los negocios de las grandes corporaciones por todo el globo.

En la llamada operación Lezo se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña.