Colombia
Berenice Celeita analiza desde Cali la represión militar y policial en Colombia

El 28 de abril organizaciones sociales, indígenas, campesinas y afrodescendientes de Colombia convocaron un paro en contra de la reforma tributaria que pretendía llevar a cabo el Gobierno. Las protestas se convirtieron en movilizaciones masivas que duran hasta el día de hoy y que han conseguido ya que el presidente dé un paso atrás en la aprobación de la reforma.

La represión policial y militar en Colombia ha dejado más de 30 civiles asesinados por parte de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, después de 10 días de intensas movilizaciones, continúan las protestas

El Gobierno ha desplegado una fuerte represión policial asesinando a más de 32 civiles, según organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia como la ONG Temblores, y 21 civiles, según la Defensoría del Pueblo. Además, la misma ONG reporta más de 11 víctimas de violencia sexual perpetradas por parte de la fuerza pública y organizaciones sociales como la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc) denuncian más de 52 desaparecidos. Todas coinciden en que la violencia policial y militar y que las violaciones de derechos humanos contra la población han marcado un precedente histórico en las movilizaciones colombianas.

Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado el uso abusivo de la fuerza pública y la situación de guerra desplegada contra los manifestantes. Amnistía Internacional exige al Gobierno el cese del uso de las fuerzas militares contra las protestas y una investigación independiente al respecto. Las propias organizaciones sociales también reportan masacres contra población civil y el uso de fuego real contra los ciudadanos por parte de la policía. Incluso, en una de las ocasiones en que la policía empleó fuego real, se vio envuelta una misión de las Naciones Unidas.

En la sombra está el ex presidente Álvaro Uribe, quien ha justificado la violencia por parte de la policía y a quién acusan las organizaciones defensoras de derechos humanos de alentar crímenes contra la humanidad en el marco del conflicto armado colombiano.

A diferencia de otras protestas históricas en Colombia, que principalmente se han articulado en zonas campesinas y en grandes ciudades, en esta ocasión se están produciendo manifestaciones también en pequeñas ciudades, en sus barrios y en zonas donde habitualmente la protesta no era masiva. Es el caso de Cali, donde se han vivido protestas sin precedentes. Además, esta ha sido una de las áreas donde más muertos se han reportado tras el despliegue del ejercito militarizando la ciudad.

Las propias organizaciones sociales que habían convocado el paro han señalado que no esperaban que las protestas fueran a ser tan masivas y que a ellas se sumaran otros sectores que no estaban tan articulados o que tradicionalmente no se sumaban a las manifestaciones.

En el trasfondo está el histórico paro del 21 de noviembre de 2019, donde ya comenzaron a sumarse otros grupos sociales del país y donde se pudo observar la indignación de la población con sus gobernantes, con la crisis económica y financiera y con la represión estatal.

La causas principales por las que los colombianos han salido masivamente a la calle tienen que ver, por un lado, con la reforma tributaria que había sido avalada por el FMI, actualmente retirada por el presidente.

La reforma pretendía que hubiese mas contribuyentes para recaudar más financiación para supuestos proyectos asistenciales, pero Colombia es el país más desigual de toda América Latina y el séptimo a nivel mundial, lo cual iba a empeorar la situación de desigualdad económica beneficiando a las clases más ricas y golpeando a la clase media, la más afectada por la crisis del covid-19.

El país de por sí ya tiene una estructura tributaria que beneficia a los grandes terratenientes y empresarios del país, impide el desarrollo de pequeños empresarios, campesinos y, en general, de las clases sociales más pobres que subsisten entre impuestos y falta de oportunidades. Esta situación deja a la gran mayoría de la población en una grave desprotección respecto a servicios básicos como la educación y la sanidad. Además, no hay que olvidar que es el cuarto país con más muertos por la pandemia del covid-19 y que en 2020 las cifras oficiales de pobreza monetaria rondaban el 47% y las de pobreza extrema el 15% de la población.

Por otro lado está el hastío de la sociedad con el sistemático abuso policial. El principal problema es que la policía en Colombia históricamente ha sido entrenada en la lógica del enemigo interno y de la contrainsurgencia, de esta manera el enemigo es el ciudadano que protesta, convirtiéndose este en un supuesto objetivo insurgente a batir. Además, la policía no distingue entre actos vandálicos y protestas ciudadanas de carácter pacífico.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch como el principal culpable de las violaciones de derechos humanos y abusos policiales contra la protesta en Colombia. Pero también lo es la policía nacional en su devenir diario, donde el abuso está a la orden del día, sobre todo en barrios donde la pobreza y la marginación son altísimas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en uno de sus capítulos del informe anual de 2019, hace referencia explícita al escuadrón antidisturbios, insta al Estado a que investigue independientemente los abusos cometidos por dicha policía y que se revisen los protocolos de actuación de la misma.

Otra de las causas tiene que ver con la situación de seguridad del país y el escenario de supuesto postconflicto. El Gobierno de Duque ganó las elecciones siendo muy crítico con el proceso de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano, así como con el proceso de paz que en su momento se había iniciado con el ELN. Primero rompió el acuerdo con esta última guerrilla e incumplió una de las clausulas por las que se señalaba que, si la negociación terminaba sin alcanzar un acuerdo, el Estado se comprometía a que los representantes de la guerrilla volvieran al país con garantías de no ser detenidos.

Respecto al anterior acuerdo ya firmado con las FARC-EP, que además incluía reformas del país, Duque ha realizado una política de sistemático bloqueo de la implementación del proceso, boicoteando la Justica Especial para la Paz, así como quitándoles financiación a las propias víctimas y a los puntos que tienen que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos y del desarrollo integral de zonas afectadas por el conflicto armado, principalmente campesinas.

Prueba de ello es el incremento exponencial de los cultivos ilícitos y del aumento del narcotráfico y de sus zonas de influencia. Es decir no solo no está apoyando la implementación del acuerdo de paz sino que además, en materia de seguridad ciudadana, desde el acuerdo de paz han sido asesinados más de un millar de líderes sociales a manos de paramilitares y grupos criminales, como reportan ONG como Indepaz.

Los colombianos y colombianas esperaban un escenario de fin del conflicto, pero la realidad dista de serlo, más cuando las zonas de influencia de la extinta guerrilla han sido ocupadas por grupos de narcotraficantes, aumentando así la violencia y las violaciones de derechos humanos contra la población.

Edición sonora: Álvaro Lorite

Fragmentos de audio de Tribuna México

Música: La vamo a tumbá, Grupo Saboreo