Colombia
Guerra a muerte en el Catacumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC

Uno de los ejes del Gobierno del Pacto Histórico en Colombia es el intento de construir la “paz total”, manteniendo para ello conversaciones con las distintas guerrillas que no se adhirieron a los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano. En aquella ocasión, quedó fuera de las conversaciones la guerrilla más disciplinada y numerosa después de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una fuerza que cuenta con unos 5.000 combatientes y que desde el comienzo del actual Gobierno fue su prioridad negociadora, a pesar de su renuencia a avanzar en la firma de acuerdos.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Petro inició conversaciones con las organizaciones armadas que se presentan como “disidencias de las FARC”, aquellos combatientes que continuaron en la guerrilla tras la firma de los acuerdos. Por un lado, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, una disidencia que no aceptó las condiciones de los acuerdos; y, por otro lado, la llamada Segunda Marquetalia, que responde al liderazgo de Iván Márquez, un líder guerrillero que en su día se sumó al proceso de paz, ejerciendo incluso como interlocutor de las FARC en la negociación de los acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos, y que tras la firma de la paz fue “entrampado” por la DEA y la Fiscalía del Gobierno de Iván Duque, empujándolo a volver a la clandestinidad y a la lucha armada. Según algunas estimaciones, el EMC contaría con 3.500 guerrilleros y la Segunda Marquetalia con unos 1.700 guerrilleros.

La guerra a muerte

Estas “disidencias” no siempre coinciden en valores e ideología, y suelen acusarse entre sí de falta de principios. Son frecuentes los enfrentamientos armados entre ellas, y también con el ELN. Como resultado de estos, el 1 de enero hubo cuatro muertos en El Plateado (Cauca), una región en la que predomina la economía de la coca. Fue el primer anuncio de la guerra en ciernes que, dos semanas más tarde, el ELN desataba en otra zona estratégica y de abundante producción cocalera, el Catatumbo, en Norte de Santander.

El 15 de enero, tras haber movilizado silenciosamente columnas de combatientes desde la región de Arauca, fronteriza con Venezuela, el ELN lanzó violentos ataques en todo el Catatumbo contra una de las disidencias de las FARC, con gravísimas consecuencias para la población local. A finales de enero, la cifra de campesinos desplazados trepó hasta 50.000 personas, más del 10% del total de habitantes de la región, mayoritariamente a la capital departamental, Cúcuta, y a unas pocas ciudades como Tibú.

Otras 28.000 personas quedaron sometidas a confinamiento para no exponerse al fuego cruzado entre las guerrillas. Aunque las cifran de muertos son todavía confusas, las disidencias habrían perdido en la primera embestida unos 80 milicianos. Sin embargo, los ataques indiscriminados del ELN incluyeron el asesinato de varios exguerrilleros de las extintas FARC firmantes del Acuerdo de Paz, que según la dirección elena habrían participado en un supuesto doble juego, que consistiría en acogerse a los beneficios del Acuerdo mientras continúan apoyando a las disidencias. Según los datos de Indepaz, siete exguerrilleros de las FARC reincorporados a la vida civil fueron asesinados en la región entre el 16 y el 27 de enero.

Según algunas fuentes, el detonante del enfrentamiento habría sido la ruptura de un pacto que mantenían ambas estructuras para luchar conjuntamente en la región contra los paramilitares del Clan del Golfo

Esta es una zona de valor estratégico por la concentración de cultivos de coca y su posición limítrofe con Venezuela, lo que la convierte en un corredor natural para las actividades de organizaciones dedicadas al narcotráfico y el contrabando, que cuentan necesariamente con la venia de los insurgentes, quienes les permiten transportar la mercancía a cambio de cobrar “impuestos”. Así lo admite en una entrevista el comandante Andrey Avendaño, quien representa a un sector de las disidencias que mantiene conversaciones con el Gobierno, liderado por el comandante Calarcá (Estado Mayor de los Bloques y Frente, EMBF). Se trata de una disidencia de las disidencias del llamado EMC que comanda Iván Mordisco, y que mantuvo enfrentamientos también con esa estructura de la cual se desprendió.

Según Avendaño, el ELN tomó la iniciativa y llegó disparando a mansalva sin aviso previo: el objetivo del ELN “es el exterminio de nosotros como organización, ese es su plan, por eso el ataque simultáneo a todos los lugares con presencia de gente nuestra”. Según algunas fuentes, el detonante del enfrentamiento habría sido la ruptura de un pacto que mantenían ambas estructuras para luchar conjuntamente en la región contra los paramilitares del Clan del Golfo. Otras fuentes refieren que la disputa habría comenzado con la reactivación de la demanda de coca en el mercado, después de un prolongado período de precios deprimidos para la hoja y pasta base que producen los cultivadores.

Un informe del director de Indepaz, Camilo González, señala que existió una dinámica de “cohabitación” entre el ELN y el Frente 33 del Bloque Gentil Duarte de las disidencias que “permitió un reparto territorial que sostenía cierta estabilidad en la región”, donde cada organización tenía su zona de influencia. “Estas divisiones territoriales facilitaron actividades ilícitas como el narcotráfico, la recolección de tributos y la adquisición de tierras, asegurando el flujo económico para ambas organizaciones”. 

Según el comandante del Ejército Nacional a cargo de la operación, general Luis Emilio Cardozo, “estas dos estructuras estaban trabajando de manera coordinada y tenían amistad” antes del ataque lanzado por el ELN. Actualmente, las guerrillas batallan por el control del territorio y la ampliación de su base social. En los registros oficiales consta que en los primeros días hubo más de 40 muertos, aunque la cifra podría aumentar al doble o más. El balance del Ejército presentado a los diez días del inicio de la operación indica que 104 disidentes de las FARC habrían sido capturados y sometidos a la justicia. 

Declaración del estado de conmoción interior

El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato suspendiendo las conversaciones con el ELN. En un discurso pronunciado el 17 de enero, Petro asumió su responsabilidad frente a esta grave situación: “La situación del Catatumbo también nos enseña cosas, porque de los fracasos se aprende y allí hay un fracaso, un fracaso de la nación”. Precisamente dos años antes, en diciembre de 2022, Petro había propuesto que esa región fuera un ejemplo que iluminara al resto de Colombia en consecución de la paz. Y en una llamada de atención a la fuerza pública, se preguntó también cómo pudo ser que el ELN transitara tranquilamente desde sus bases en Arauca hasta el Catatumbo sin que las autoridades detectasen este movimiento de tropas. Una hipótesis que sostienen algunos medios es que habrían transitado por zonas fronterizas de Venezuela, dada la filiación ideológica que supuestamente une al ELN con el Gobierno de Caracas.

Todo parece indicar que la masacre de Teorama fue premeditada y se hizo a sangre fría contra población campesina. Este proceder despiadado se asemeja al de los grupos paramilitares

Posteriormente continuaron las acciones violentas. El 26 de enero se produjo una masacre de 13 personas en zona rural de Teorama: nueve hombres, una mujer y tres menores de edad. Aunque se dijo que habían fallecido en enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, los testigos afirmaron que presuntos miembros del ELN arrancaron a esas personas de un albergue donde estaba reunida la comunidad y se los llevaron argumentando que no los iban a asesinar. Al día siguiente aparecieron todos muertos. Testigos y autoridades desmintieron la versión de que entre las víctimas estuviera alias Mocho Olmedo, un cabecilla de las disidencias. Otro cabecilla de las mismas, alias JJ Guaracas, se entregó ese mismo día a las autoridades. Pero todo parece indicar que la masacre de Teorama fue premeditada y se hizo a sangre fría contra población campesina. Este proceder despiadado se asemeja al de los grupos paramilitares.

La grave situación del Catatumbo llevó al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior. Esta declaración habilitó la adopción de medidas urgentes por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agricultura para hacer frente a la grave crisis humanitaria.

Las medidas recaudatorias para obtener fondos para el territorio incluyen la creación de tres nuevos impuestos por un período de 90 días (prorrogables): la mayor recaudación se obtendría del IVA a juegos de azar en línea, un impuesto especial del 1 % a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón, y un impuesto al timbre del 1 % que se aplicaría a trámites notariales de cierta envergadura. En conjunto, el gobierno se propone obtener algo más de un billón de pesos colombianos (unos 230 millones de euros) para atender las necesidades más urgentes.

El 30 de enero se hizo público el contenido de los tres primeros decretos expedidos por el ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura para contener la ola de violencia desatada en esa región y asegurar el retorno en condiciones de los campesinos desplazado. Uno de estos decretos despertó polémica por contener la figura de expropiación por vía administrativa para garantizar la entrega de tierras a víctimas del conflicto, circunscribiendo su zona de aplicación a los 19 municipios priorizados en la declaración del estado de conmoción. Mediante este decreto se adoptan “medidas de protección de zonas agrícolas, cadenas productivas y de suministro, sistemas agroalimentarios y generación de condiciones de estabilidad y restablecimiento del abastecimiento y la garantía del derecho humano a la alimentación”. Las medidas incluidas en el decreto abarcan también facilidades crediticias para los campesinos a través del Banco Agrario, tales como “adoptar programas de refinanciación sobre las obligaciones contraídas por las personas afectadas” por la situación de orden público en la región.

A finales de enero, la cifra de campesinos desplazados trepó hasta 50.000 personas, más del 10% del total de habitantes de la región

El enfoque del decreto es integral. Así se define su Objeto en el Artículo 1: “Artículo 1. Objeto. Adoptar medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito, alivio de pasivos y suspensión de cobro judicial en el sector agropecuario, para mitigar los efectos del desplazamiento, desarraigo y la desvinculación de los medios de vida con ocasión del conflicto armado, así como facilitar el retorno, la estabilización y la generación de ingresos de las y los campesinos, pequeños y medianos productores, y sus formas organizativas afectados por la situación de orden público, en los municipios señalados”.

Por su parte el artículo 4 define ciertos criterios de priorización: “Las medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial deberán incorporar criterios de priorización para las mujeres del campo y las víctimas del desplazamiento forzado, personas vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, y personas en proceso de reincorporación a la vida civil, entre otros”.

El 31 de enero los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, anunciaron la puesta en marcha conjunta de la Operación Relámpago del Catatumbo. Petro presentó la iniciativa como “una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo/venezolana”, poniendo énfasis en “la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN”. Por su parte, Maduro la ha llamado “Escudo Bolivariano 2025″, asegurando que se extenderá desde el estado Táchira (colindante con Norte de Santander) hasta Zulia, limítrofe con el Catatumbo. Según las informaciones de Telesur, en el marco de este operativo “se desplegaron 150.000 efectivos (…) y 250 vehículos militares pesados (como tanques y artillería), entre otros”. Hay que añadir que esta operación de protección de fronteras es una demostración de fuerza militar que va dirigida principalmente al nuevo presidente de Estados Unidos y a las potencias occidentales que niegan la legitimidad del presidente venezolano y estarían dispuestas a derrocarlo por la fuerza.

La porosidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, en zona montañosa y selvática, siempre ha permitido que las guerrillas colombianas convirtieran a este país en un refugio que en otros tiempos, bajo los Gobiernos de la derecha colombiana, pudo haber contado con el beneplácito del Gobierno chavista. La nueva dinámica política que se ha generado entre los dos países desde que Petro es presidente, pese a los roces que ha provocado la dificultad de verificar los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, ha creado un clima de cooperación entre ambos países que podría modificar la situación, forzando a las guerrillas del ELN y de la Segunda Marquetalia a abandonar sus tradicionales refugios transfronterizos. Ante la negativa del ELN a avanzar en acuerdos con el Gobierno de Gustavo Petro, la participación de Venezuela es clave para acotar las fronteras de la tragedia humanitaria que está causando la ofensiva guerrillera.

Las conversaciones de paz con las disidencias de las FARC

El reiterado incumplimiento por parte del Estado colombiano del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016 condiciona el desarrollo de los diálogos con las organizaciones guerrilleras que se mantuvieron en armas tras la disolución de las antiguas FARC. A pesar de los ocho años transcurridos desde su firma, el acuerdo quedó prácticamente congelado durante el Gobierno de Iván Duque, a quien se achaca con razón el haberlo “hecho trizas”. En algunos aspectos, como en la llamada “reforma agraria integral” y la consecuente entrega de tierras a los campesinos, el grado de cumplimiento fue de apenas el 1 % hacia el final de su presidencia, en agosto de 2022. A partir de ese momento la tendencia cambió y muchas víctimas del conflicto, en particular de desplazamiento forzado, empezaron a recibir tierra fértil de distinta procedencia: recuperadas de sus expoliadores, grupos paramilitares que las usurparon (para sí o para terceros civiles), o arrebatadas por el Estado al narcotráfico, así como adquiridas por el Gobierno a hacendados a precio de mercado. Pese a estos avances, no se logró contener sino parcialmente la epidemia de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, que ya suman 443 hasta la primera semana de enero de 2025. Las cifras más altas de 2019 y 2020, bajo el Gobierno de Duque, se se redujeron a 50 en 2022 y 2023, y 31 en 2024. Pero sólo durante el mes de enero de 2025 ya se cuentan nueve firmantes de la paz asesinados, siete de ellos en Norte de Santander, tras la ofensiva lanzada por el ELN en el Catatumbo a mediados de enero.

Comparativamente, durante enero de 2025 fueron asesinados en Colombia 15 líderes sociales, lo que también indica una tendencia ascendente de la violencia social y política.

Rodrigo Londoño, ex comandante Timochenko de las extintas FARC y actual presidente del partido Comunes, que agrupa a la mayoría de los excombatientes y es aliado del Pacto Histórico, ha transmitido su preocupación al presidente Petro. Considera que “la paz de Colombia pasa por horas difíciles”, y no solo porque continúa el asesinato de los firmantes de paz. Además, hay una confrontación directa con la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, que suscribió un documento proponiendo la creación de Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC) donde los firmantes de la paz cumplirían las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los antiguos miembros del secretariado de las FARC, liderados por Rodrigo Londoño, criticaron duramente esta propuesta, la cual en su opinión los estigmatiza y se aleja completamente del espíritu de la justicia transicional para acercarse al “modelo de justicia de los vencedores”. Los excombatientes temen que las ZRRC se sitúen en áreas rurales o semiurbanas afectadas por el conflicto armado y expongan más su vida sin garantías de seguridad por parte del Estado.

El 31 de enero los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, anunciaron la puesta en marcha conjunta de la Operación Relámpago del Catatumbo

Por otra parte, uno de los aspectos más significativos de las propuestas del Gobierno colombiano es el llamado “enfoque territorial” de los diálogos de paz. No obstante, a pesar de su desarrollado parcial en algunas regiones, este esfuerzo sería hasta ahora insuficiente según un reciente informe elaborado por encargo de la Comisión de la Verdad (CEV). Esta institución surgida del Acuerdo de Paz con las FARC invocó el objetivo de alcanzar una “paz grande” cuando presentó el informe final tras la elección de Petro como presidente, quien se comprometió a seguir sus recomendaciones.

En el tercer informe de seguimiento de las recomendaciones de la CEV, titulado Fragmentación de la guerra e integralidad de la paz: razones para la no repetición, se hace un balance crítico de las políticas aplicadas hasta la fecha. Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo, asegura a la prensa: “La falta de celeridad de los procesos de negociación, la ausencia de concreción en los proyectos de paz total, la debilidad de los enfoques de género, étnico y territorial, y la poca efectividad de los espacios participativos con las comunidades más afectadas en los territorios de disputa de los conflictos vigentes para su solución; así como la poca claridad jurídica de los procesos con grupos no insurgentes y la ausencia de pedagogía de las mesas de negociación frente a sus compromisos, hacen que el proyecto político de la Paz Total, del actual Gobierno, no esté a la altura de las expectativas de la Paz Grande”.

Sin embargo, tanto el presidente Petro como su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, están promoviendo una propuesta legislativa para extender el plazo de implementación del Plan Marco de los Acuerdos de Paz —inicialmente 15 años desde 2017— a otros siete años más, hasta 2038, precisamente porque “15 años no son suficientes para transformar los territorios”, sin contar los cuatro años que se perdieron durante el Gobierno de Duque, según declaró el ministro del Interior a fines de noviembre pasado, precisando una idea ya lanzada por Petro en su último discurso ante la ONU. 

Los diálogos con el ‘Estado Mayor Central’ de Iván Mordisco

Las conversaciones con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC fueron desde el primer momento muy tensas. Se alcanzó un cese al fuego bilateral de tres meses a partir del 17 de octubre de 2023, que sin embargo quedó sin efecto a las dos semanas, cuando el EMC suspendió la mesa de diálogo por la presencia de fuerzas militares en el municipio de El Plateado (Cauca), una de las zonas de mayor producción de coca del país, donde el EMC mantiene un importante control territorial. 

Más tarde, en febrero de 2024, se reanudaron las conversaciones. Camilo González Posso, presidente de la prestigiosa organización Indepaz, ejerció como jefe de la delegación del Ejecutivo y se estableció un nuevo cese al fuego. Pero los contactos se interrumpieron nuevamente en marzo, cuando el Gobierno suspendió el cese al fuego en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, tras el asesinato de una lideresa indígena (Carmelina Yule Paví) cuando esta acompañaba a la Guardia Indígena a rescatar a un menor de otra comunidad reclutado forzosamente por el EMC. Tras la suspensión del cese al fuego, guerrilleros del EMC perpetraron atentados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca dirigidos principalmente contra policías. El Gobierno respondió convocando un consejo de Seguridad extraordinario, en el que se decidió reforzar las estaciones de Policía y dotar de mayor presupuesto a las tecnologías de vigilancia urbana y rural. 

Un sector del EMC, liderado por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, decidió mantener el cese al fuego y las conversaciones de paz, generándose una disidencia interna que tomó distancia de la conducción de Iván Mordisco. Se trata del autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. El cese al fuego bilateral y temporal con esa rama del EMC, rebautizada después como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), entró en vigor mediante Decreto presidencial del 15 de julio de 2024, y se renovó el 16 de octubre de 2024 por un período de seis meses. De este modo, el Gobierno apuntala las conversaciones de paz con este grupo armado que opera en regiones como Huila, Meta, Caquetá y Guaviare. Este sector, enfrentado a la conducción de Iván Mordisco, ya mantuvo seis rondas de conversaciones con el negociador del Gobierno, y el 18 de octubre pasado firmó la continuación del cese al fuego y un acuerdo de participación de la sociedad en el proceso de paz. 

En una extensa entrevista audiovisual realizada al comandante Calarcá, el jefe guerrillero de esta facción marca sus propias líneas rojas respecto de las conversaciones de paz. Asegura que aunque no sea posible llegar a un acuerdo final con el actual Gobierno por falta de tiempo, el camino hacia la paz puede avanzar implementando proyectos socioeconómicos que fortalezcan a las comunidades.

Este sector de las disidencias de las FARC se ha implicado directamente en la construcción de infraestructuras en el territorio, incluido un colegio, y ejerce como autoridad ante los campesinos en la adjudicación de tierras y recursos productivos, e impone sanciones a quienes se dedican a la tala en zonas protegidas. ¿Cómo consiguen financiarse? Calarcá asegura que ellos no realizan “retenciones” (secuestros), a diferencia de otros grupos guerrilleros, y que en cambio se financian de “impuestos” (o extorsiones): “Nos financiamos de un impuesto a contrataciones, impuesto a los comerciantes más grandes que haya en la región, impuesto a los ganaderos que tengan más de 300 reses grandes (socializamos con ello), impuesto de la coca”. No obstante, asegura que no tienen un “vínculo directo con el narcotráfico, como lo hacen en el Cauca”.

La intervención de la guerrilla en la construcción de infraestructuras y en proyectos socioeconómicos que beneficiarían a los campesinos locales sirve para justificar el recurso a la extorsión como modus vivendi de la organización, sosteniendo su discurso revolucionario. ¿Van a poner fin a las extorsiones?, pregunta el periodista, a lo cual la respuesta es un rotundo no, “porque entonces ¿de qué vamos a vivir?”, evidenciando que su actividad guerrillera es un medio de garantizarse el sustento. ¿Cuál es la diferencia con las extorsiones que practican los paramilitares? ¿El fin justifica los medios?

El presidente Petro está promoviendo una propuesta legislativa para extender el plazo de implementación del Plan Marco de los Acuerdos de Paz a otros siete años más, hasta 2038

En octubre de 2024, el Ejército lanzó una operación compleja en pleno casco urbano de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca). En esta región operan tres frentes del llamado bloque occidental del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, que lidera Iván Mordisco. El corregimiento de El Plateado fue formándose en la época de la bonanza cocalera, y allí llegaron personas de muchos otros departamentos en busca de una oportunidad como recolectores de la hoja de coca. Desde entonces, las zonas de plantaciones de coca estuvieron controladas por organizaciones armadas que obligaban a los campesinos a su cultivo y adquirían la producción de la materia prima para producir cocaína. 

El objetivo de la incursión militar del Ejército fue recuperar el territorio ocupado por las guerrillas y expulsarlas del casco urbano. Simultáneamente, las operaciones se extendieron por los alrededores, en particular hacia una zona selvática y montañosa, históricamente controlada por las disidencias de las FARC por la ausencia del Estado: el cañón del Micay. Este es un lugar estratégico para el cultivo de coca y el tráfico de cocaína, donde además se practica la minería ilegal de forma intensiva, en particular de oro. 

Tras la irrupción del Ejército, la población de El Plateado retuvo a unos 200 militares, supuestamente por presiones del EMC. La gravedad de la situación quedó expuesta en un mensaje del presidente Petro publicado en la red social X en el que solicita “a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del Micay dejar de atender órdenes impuestas del EMC”, y reafirma, como fundamento de la incursión de la fuerza pública, el compromiso pacificador de su Gobierno: “La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean [trafican] con mafias extranjeras”. 

En otro momento, Petro se refirió a las causas de la situación actual en la región con un extenso mensaje: “Estos territorios no han sido ganados militarmente por los nuevos grupos, sino, más bien, el Estado les ha abierto las puertas; en algunos casos, como el cañón del Micay, han sido ocupados ilegalmente gracias a la ayuda de funcionarios que reciben sobornos. Las denuncias sobre mandos de la fuerza pública que entran en asocio con los nuevos grupos para rentar del negocio ilícito han aumentado”. En consonancia con esta denuncia, argumentó que el Gobierno “inició un proceso de saneamiento de la fuerza pública, aún incompleto”. Aseguró también que el Gobierno “decidió recuperar militarmente” esa región del Cauca, pero sin afectar a la población civil que tiene como sustento económico el cultivo de la hoja de coca. 

Aunque el objetivo final sea la sustitución de cultivos, habrá un período de transición, durante el cual el Gobierno comprará la hoja de coca a los campesinos para desligarlos del narco

El plan del gobierno Petro para la zona de El Plateado y el cañón del Micay es como un laboratorio de su política integral para alcanzar la paz en los territorios más castigados por la violencia. Aunque el objetivo final sea la sustitución de cultivos, reemplazando la coca por plantaciones de café o cacao, entre otras, habrá un período de transición, durante el cual el Gobierno comprará la hoja de coca a los campesinos para desligarlos de las organizaciones armadas y narcotraficantes que habitualmente adquieren su cosecha. “En el Plateado vamos a empezar la compra estatal de la cosecha de coca”, anunció Gustavo Petro.

Este es un aspecto nada desdeñable de la política de drogas que impulsa este gobierno y que lo diferencia claramente de sus antecesores, que se limitaron a la erradicación forzosa de cultivos. La importancia geográfica del cañón del Micay se debe precisamente a su condición de corredor estratégico para el narcotráfico.  El monocultivo cocalero es la principal ocupación de los campesinos del municipio de Argelia. Según declaraciones de un líder social, la economía local depende en un 90% de estos cultivos.

Después de un atentado realizado con ‘motobomba’ el 8 de noviembre de 2024, en pleno centro del corregimiento El Plateado, que causó la muerte de un soldado y otro quedó herido, el comandante Iván Mordisco difundió un comunicado en video en el que recrimina “el proceso de radicalización del jefe de Estado contra nosotros” y lo atribuye a “la presión que ejercen sectores militaristas del bloque de poder”. Afirmó además, sin ofrecer precisiones, que la ofensiva militar del Gobierno buscaba “impulsar los megaproyectos acordados con las transnacionales”, y justificó los atentados como acciones “de defensa soberana del territorio”. En otra parte de su declaración hizo una llamada indirecta al Gobierno: “Aún se puede recuperar el camino hacia la paz, las reformas y el proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas en el país, si el presidente, sus ministros y su coalición política no siguen dilapidando su acumulado político en cortinas de humo y cediendo a las presiones del establecimiento”. 

El pasado 18 de noviembre el jefe negociador del Gobierno con estas disidencias confirmó que el presidente Gustavo Petro había recibido una carta de Iván Mordisco proponiéndole reanudar los acercamientos con vistas a constituir una nueva mesa de diálogo.

Los diálogos con la ‘Segunda Marquetalia’ de Iván Márquez

También en la Segunda Marquetalia, la fuerza que comanda Iván Márquez, se produjo una desconexión a mediados de noviembre de 2024 entre este comandante y el jefe de su  delegación negociadora, Walter Mendoza, precisamente cuando debían retomarse las conversaciones de paz. En una carta atribuida a Márquez, cuya autenticidad fue puesta en duda por delegados del Gobierno, este deslegitima rotundamente a los negociadores: “Me veo en la obligación de manifestarles que la operación a realizarse en territorio del Departamento del Putumayo el 16 de noviembre y las reuniones posteriores a llevarse a cabo con los representantes del Gobierno de Colombia no fueron consultadas con el comandante de la SM (Segunda Marquetalia), así uno de los convocantes sea el jefe de nuestra delegación de paz. En consecuencia, tales reuniones deben entenderse como una iniciativa propia de representantes de las estructuras de los Comandos de Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hasta ahora han aceptado ser parte de la Segunda Marquetalia. Las decisiones que allí se tomen no nos comprometen”.

En respuesta a esta nueva situación, el presidente Petro expresó que en ambas disidencias de las FARC “se han producido profundas fracturas”: “Estas fracturas se dan alrededor de si hacer la paz con este Gobierno o profundizar la acción bélica, que cada vez más se dirige al traqueteo (paramilitarismo) y contra el pueblo mismo”. Aunque parezca un tanto incongruente con la idea de alcanzar la paz total, Petro interpretó que “esta división en los grupos violentos es un avance en la paz”, asegurando que “quienes no aceptan el camino de bajar las armas y ponerlas al servicio del pueblo, serán doblegados por la fuerza pública de la Constitución”.

Cada nueva disidencia de la anterior disidencia dice contar con tantos combatientes como se le atribuía hasta ahora al conjunto de la fuerza de la que se escindió

A  los pocos días, esa escisión de la Segunda Marquetalia se refundó con el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una nueva organización que incluye a los Comandos de la Frontera (que controlan gran parte de Putumayo y de la triple frontera colombiana con Ecuador y Perú) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. En una entrevista concedida a El Espectador, el jefe de la delegación de esa disidencia, Walter Mendoza, aseguró que representan a “un promedio de 2.000 personas, y de esas 1.500 en armas”. Mendoza se refirió a algunos puntos de la nueva agenda de negociación, con las transformaciones territoriales en el centro del debate, enfocadas prioritariamente en “Cauca, Nariño y Putumayo, que son nuestras zonas de operación”.

Las cifras de hombres armados de cada agrupación son difícilmente verificables. En realidad, cada nueva disidencia de la anterior disidencia dice contar con tantos combatientes como se le atribuía hasta ahora al conjunto de la fuerza de la que se escindió. 

Asfixia y oxígeno

La difícil empresa de construir la paz en Colombia, la ansiada “paz total”, el final pactado del conflicto con todos los grupos armados que asolan a la población del país, empieza a dar algunos frutos parciales. Después de intentar acuerdos sostenidos en el tiempo con estructuras jerárquicas de las organizaciones guerrilleras, el Gobierno de Gustavo Petro puso un pie en el acelerador y empezó a negociar con las estructuras territoriales dispuestas a mantener el cese al fuego y avanzar paralelamente en poner fin a las actividades ilícitas de las que se lucran, en particular el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. 

A diferencia de lo que ocurría años atrás, el objetivo inmediato no es la erradicación de las matas de coca, sino la supervivencia de los campesinos al margen de las estructuras armadas

Esta nueva estrategia tiene como pilar la participación de la población en el diseño de una nueva economía rural que facilite la sustitución de cultivos, sin la presión inmediata de tener que abandonar los cultivos de coca, su actual fuente de ingresos. A diferencia de lo que ocurría años atrás, el objetivo inmediato no es la erradicación de las matas de coca, sino la supervivencia de los campesinos al margen de las estructuras armadas, aunque el Estado tenga que comprometerse a comprar la producción de hoja de coca. 

Así se implementa la idea básica de lucha contra las drogas del Gobierno basada en dos pilares: “asfixia y oxígeno”, y que consiste en dar oxígeno a las comunidades más vulnerables, para desvincularlas de los circuitos ilegales del mercado cocalero, mientras que se asfixia a los narcotraficantes y a las estructuras armadas que facilitan el tráfico y mantienen vínculos con ellos. La tarea es ardua, porque también requiere la depuración de los miembros de la fuerza pública cooptados por los grupos locales que colaboran con las mafias internacionales.

Una de las variables a tener en cuenta es la lentitud de los procesos que emprende la maquinaria del Estado. ¿Cuándo empezará el gobierno a adquirir la producción de hojas de coca de los campesinos afectados por presiones de organizaciones armadas? Desde diversos ámbitos se exige al gobierno que su política de paz total sea menos declamatoria y mucho más aterrizada.

La multiplicación de las disidencias entre las organizaciones guerrilleras puede suponer un aliciente inmediato para alcanzar acuerdos puntuales con algunos grupos, pero es también una incógnita a medio y largo plazo. En el caso de las disidencias de las FARC, la irrupción de nuevas “disidencias de las disidencias” arroja  incertidumbre sobre la eventual finalización de este proceso de escisión y regeneración constante de organizaciones violentas. 

Este rumbo de la política de paz supone dificultades añadidas para llegar a acuerdos con las estructuras de mando centralizado de cada organización guerrillera. Por otra parte, son diferentes los tiempos breves del gobierno, que espera alcanzar resultados tangibles antes de las elecciones de 2026, y los extensos tiempos  de las guerrillas. 

La arquitectura de la paz es compleja y cambiante, varía según las circunstancias y los territorios. Los actores que intervienen son múltiples y cada grupo tiene su talante y un criterio negociador propio. Además de la dificultad de alcanzar acuerdos unitarios con las guerrillas, el gobierno mantiene conversaciones con diversos grupos paramilitares en busca de su sometimiento a la Justicia, lo cual añade aun más complejidad a la consecución del ambicioso objetivo de alcanzar la Paz Total.