Colombia
Petro firma un cese al fuego con el ELN y denuncia un “golpe blando”

Los poderosos sectores que se oponen a las políticas de cambio del Pacto Histórico en Colombia han puesto en marcha una maniobra destituyente del presidente Gustavo Petro, tal como él mismo lo denunció en las marchas convocadas el 7 de junio en apoyo de sus reformas sociales. Petro comparó esa maniobra conjunta de la oposición derechista, los principales medios de comunicación e instancias judiciales con la encerrona tendida al presidente peruano Pedro Castillo por el Congreso para destituirlo y apresarlo. 

El mismo día, en una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro. La carta fue suscrita por muchas figuras de renombre internacional del campo de progresista: Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn, José Luis Rodríguez Zapatero, Baltazar Garzón, Ada Colau y muchos otros políticos de izquierda, intelectuales y defensores de derechos humanos.

En una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro

“Los poderes tradicionales del país están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional”, dice la misiva impulsada por la Internacional Progresista.

Mientras tanto, el escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba, rubricada personalmente por el presidente Petro y el máximo jefe de esa guerrilla, Antonio García, o el debate en el Congreso de las reformas políticas que propone el gobierno. Así mismo, la intensa campaña de desprestigio que alientan los principales medios eclipsa la información sobre las tremendas acusaciones que formuló el ex paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para Paz (JEP), que involucran a militares, policías, políticos y empresarios en la financiación de las organizaciones narcoparamilitares. 

El detonante de esta nueva ofensiva mediática y judicial fue la ruptura con el presidente Gustavo Petro de una persona de su entorno político más próximo, Armando Benedetti, jefe de campaña electoral del Pacto Histórico y embajador en Venezuela. Una serie de audios filtrados a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, fueron publicados con el fin de comprometer a otra persona muy cercana al presidente, su jefa de gabinete Laura Sarabia.  El mismo medio de comunicación se ocupó previamente de crear un entorno dramático sobre el cual proyectar su relato orientando la interpretación de los hechos: una niñera “secuestrada” por la jefa de gabinete para hacerle una prueba de polígrafo y detectar así su culpabilidad en un robo; un viejo amigo que le abrió las puertas a los círculos políticos, Armando Benedetti, le recomienda a esa niñera a pesar de haber sido él mismo víctima de un robo similar y de haberle hecho también la prueba del polígrafo, y otros detalles similares en clave de telenovela.

El escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba

En los audios filtrados a Semana, Benedetti se despacha exaltado, entre gritos y sollozos, entre el agravio y la autocompasión. Frustrado en sus expectativas de ocupar un cargo relevante —esperaba ser ministro de Exteriores o del Interior, y fue enviado como embajador a Venezuela—, Benedetti reclama, temeraria y brabuconamente, que le ofrezcan su “espacio político”. La grosería y torpeza con la que habla Benedetti permite presumir que esta ebrio o drogado, y por supuesto colérico.

El momento más comprometido es cuando alude a los 15.000 millones de pesos que supuestamente habrían entrado a la campaña de personas de dudosa honorabilidad. “O es que quieren que diga quién puso la plata”, llega a decir. Y por si eso fuera poco, le dice a la jefa de gabinete de Petro que investigue cómo empezó la historia del Proceso 8000, por el cual fueron condenados ministros y otros funcionarios del gobierno de Ernesto Samper y su jefe de campaña electoral en 1994, por haber recibido financiación ilegal del Cartel de Cali.

Finalmente, el 6 de junio Benedetti se retracta en un trino de todo lo dicho en esos audios y asume su responsabilidad: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”. 

El problema que ha creado Armando Benedetti al presidente Gustavo Petro no es menor, ya que con sus exabruptos ha arrojado una sombra de duda sobre la financiación de la campaña presidencial. Llueve sobre mojado, porque ya existe el precedente de su hijo Nicolás, acusado de presunto enriquecimiento ilícito por fondos de dudoso origen recaudados durante la campaña que nunca ingresaron a las arcas del PH. En uno y otro caso, Petro declaró que la Fiscalía debía investigar cualquier indicio de delito, reiterando que nadie debía acercarse a su proyecto político para usarlo en provecho propio.

Mentiras, filtraciones y manipulación periodística

Hasta aquí los hechos. El relato periodístico los deforma induciendo a error.

El semanario Semana lidera en Colombia los ataques contra el presidente, pero no se queda atrás la cadena televisiva Caracol, propiedad del grupo Prisa. Caracol da crédito a la versión de la Policía que cuantifica en 9.000 personas los asistentes a las marchas en Bogotá y 16.000 personas en todo el país. En las imágenes que circularon por redes sociales se comprueba que esta cantidad de gente es más o menos la que se movilizó solo en algunas ciudades de menor tamaño, como por ejemplo en Barranquilla. La emisora pretende responder a la pregunta de si se llenó la Plaza Bolívar, mientras muestra imágenes de grupos dispersos, previas a la llegada del grueso de los manifestantes. 

Simultáneamente el diario español El País se sumó al desprestigio inducido contra el gobierno Petro con este titular: “El Congreso de Colombia se para y las reformas de Petro se hunden”, de su corresponsal en Bogotá. En la contraportada del mismo día se afirma que ya ha cumplido un año la edición colombiana de este periódico.

Los medios de comunicación colombianos realimentan su ofensiva antipetrista con los despojos informativos que esparce la prensa internacional. Un ejemplo es el uso que hace Semana de la información que publica Bloomberg sobre la coyuntura nacional: “Demoledor pronóstico de Bloomberg para Petro: pasará de ser el líder de una revolución pacífica a un ‘pato cojo’ que gastará su tiempo en defenderse”, titula la revista, lo cual es toda una declaración de intenciones.

Los medios de comunicación de masas, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio

El foco del “prestigioso medio económico” se pone en los escándalos, proyectando su sombra a lo largo de todo el mandato popular, en lugar de enfocarse prioritariamente en la marcha de la economía colombiana: el acelerado descenso de la inflación, que ha llevado al peso colombiano a convertirse en la moneda que más se revaloriza frente al dólar (14,8 % este año). Además, Bloomberg admite que varios fondos de inversión internacionales han invertido dinero en bonos del Gobierno en moneda local, y que otros indicadores de la actividad económica son francamente positivos: “El déficit de cuenta corriente en Colombia está disminuyendo, las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos también están fortaleciendo el peso local”.

Estos datos contundentes quedan anegados en el lodazal que alimentan dichos medios al asegurar que habrá un bloqueo de la actividad política por los escándalos que ellos mismos alimentan, anticipando además que eso “enfadará a los votantes”.

Esta narrativa mediática se completa con encuestas que atribuyen al presidente una gran pérdida de popularidad. Un claro ejemplo es la encuesta de Invamer encargada por Blu Radio, Caracol y El Espectador, y difundida el 2 de junio. Varias preguntas que pretenden auscultar el sentir político de los colombianos arrojan resultados inverosímiles. Por ejemplo, más del 70 % de los encuestados a nivel nacional, y el 76 % en el caso de Bogotá, habrían contestado que el país va por mal camino. Los presentadores de Blu Radio encargados de exponer estos datos alimentan el pesimismo que ellos mismos instalan en la sociedad colombiana: “Esta es la temperatura del país, esta es la pregunta que mide el espíritu del país. (...) Es un país desesperanzado (...) casi tan pesimista como en la pandemia”.

Así mismo, más del 60 % de los encuestados habría mostrado su desacuerdo con las reformas del Gobierno y solo un 32 % estaría de acuerdo. También habría descendido la aprobación a la gestión del presidente Petro hasta el 33,8 %, mientras que el 66,8 % de los consultados se sentiría más inseguro con la política de Paz Total. Según dicha encuesta basada en una muestra de 1.200 personas, solo el 28,5 % de los entrevistados dijo que el proyecto de Paz Total va por buen camino, frente al 63 % para el cual va por mal camino.

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión

Otra encuesta de la consultora Datexco Opinómetro realizada para W Radio, que adopta por buena el diario español El País del 7 de junio, muestra un apoyo al presidente Petro del 26 %, en una medición realizada antes de que Semana divulgara los audios de Benedetti. 

En el discurso que dio a sus seguidores, Petro se refirió así a las encuestas: “Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró ni un solo peso sucio”.

Los medios de comunicación de masas hiperconcentrados, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio, coordinándose con las otras instituciones para planificar la maniobra de acoso y derribo que se cierne sobre el presidente. Algunos medios como Semana actúan en coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y otras viejas instancias de poder aún controladas por el uribismo y otros sectores conservadores.

Los medios de comunicación de la derecha han ido desarrollando el relato de un presidente supuestamente dedicado a cazar periodistas, autoritario y enemigo de la libertad de prensa. En días tan turbulentos como estos se observan los reflejos corporativos de las asociaciones de la prensa que pretenden reconvenir a Petro, convirtiendo su derecho a la legítima defensa en un ataque a la libertad de expresión. La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) lo acusó de hacer “generalizaciones y estigmatizaciones constantes a medios y periodistas”, y recibió críticas similares de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Un periodista de RCN Radio, Luis Vélez, invirtió así los términos del conflicto, convirtiendo a la víctima en victimario: “El presidente Petro es responsable de la mayor confrontación que un mandatario colombiano ha sostenido contra los medios del país”.

En medio de esta crisis política, el presidente Gustavo Petro dijo estar tranquilo: no solo recibió el apoyo de intelectuales y políticos de la Internacional Progresista y sectores afines, también el del presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Este puede ser un aviso para navegantes desorientados: en este momento no se dan las condiciones internacionales como para que haya un golpe de Estado, sea duro o blando. Pero estas condiciones podrían variar cuando haya un cambio de poder en Washington. 

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión. La siguiente garantía tiene que ver con los medios de comunicación. Frente a un sistema de medios que sólo busca derribarlo, el gobierno del Pacto Histórico deberá imaginar una nueva reforma, la del sistema de comunicación, que dé cabida a una pluralidad de medios independientes que no permitan que todo el espectro mediático esté copado por sus detractores.

Marchas en apoyo a las reformas sociales

En medio del clima destituyente impulsado por la derecha, el Pacto Histórico reforzó la convocatoria de marchas en todo el país para el 7 de junio, en apoyo de las reformas sociales del gobierno Petro. El presidente no quiso esta vez hablar desde el balcón de su residencia y prefirió salir a la calle, participando en la marcha hacia la plaza Bolívar entremezclado con los ciudadanos. En una primera declaración a la televisión oficial, explicó el motivo de las marchas: “Que el Congreso sepa que las reformas presentadas no son un capricho del presidente de la República; son los deseos, las ganas de vivir de todo el pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo”, declaró Petro desde una improvisada tarima en la calle Séptima. 

Más tarde, ya en la plaza Bolívar, prosiguió: “Nos han acusado de chuzar [intervenir] teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. [El semanario] Semana ordena y el CTI obedece”. Petro alude así a la inmediata reacción de la Fiscalía, al mando del fiscal Francisco Barbosa, al que algunas encuestas ya incluyen como potencial candidato a futuras elecciones, que ordenó la entrada de personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) a la residencia presidencial cuando el presidente estaba de viaje en el exterior. El CTI se entretuvo varias horas en un intento de requisar supuestas pruebas contra la jefa de gabinete presidencial. Al mismo tiempo, un documento de la Fiscalía induce a pensar que ella habría ordenado intervenir las conversaciones telefónicas de la empleada doméstica —y así se divulga en la prensa, incluso después de su desmentido—, aunque la dirección de la Policía documenta que la orden de intervención había sido anterior a la fecha del robo. Toda una serie de eslabones inconsistentes que sin embargo se convirtieron en materia de una ofensiva propagandística sin precedentes contra el gobierno, en un momento clave para la aprobación de las reformas en el Congreso. 

Acuerdo de alto al fuego con el ELN

En su discurso en las calles de Bogotá, Petro reveló que al día siguiente viajaría a Cuba para la firma del documento final del tercer ciclo de conversaciones con el ELN. Este anuncio, que implica el esperado acuerdo de alto al fuego con esa organización guerrillera, representa el primer gran avance en los planes del gobierno de alcanzar la paz total. Esta noticia quedaría completamente deslucida en unos medios de comunicación volcados de lleno a husmear los trapos sucios del ex jefe de campaña del Pacto Histórico.

Sin embargo, el viaje de Petro a La Habana para clausurar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN, en presencia también del primer comandante de la organización, Antonio García, es el mayor éxito de un gobierno colombiano en favor de la paz desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En el curso de sus negociaciones con el ELN, Santos consiguió un cese el fuego de apenas tres meses, que nunca se llegó a consolidar. Las negociaciones fueron a la deriva con el gobierno de Iván Duque.

El comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y el ELN establece “un cese al fuego bilateral, nacional y temporal” por un plazo inicial de seis meses, y establece como prioridad absoluta “el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”. El vocero del ELN Pablo Beltrán desgrana en su discurso que no hay que confundir la paz con pacificación, como en su opinión ocurrió en procesos de paz anteriores: “Aspiramos a que haya, con la participación de la sociedad, análisis de las causas que generan el conflicto para que también como sociedad resolvamos eso”. Beltrán recuerda una frase del acuerdo firmado en México al final del segundo ciclo de negociaciones: “Este proceso está al servicio de los históricamente excluidos en Colombia. (...) Los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las comunidades afro, los pueblos ancestrales, los trabajadores”.

La declaración firmada por las partes, en presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y representantes de los países garantes y la ONU, se titula Alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral y establece “dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de Cuba. Para tal fin, las partes declaran que la mesa de diálogo de paz entra en una actividad permanente, que conjuga distintas modalidades de trabajo, en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”. El primer punto se refiere a la “convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz”. Se establece también la “instalación del Comité Nacional de la Participación” que empezará a funcionar el 25 de julio próximo.

El portavoz del ELN argumentó que si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada

El cese al fuego se producirá en tres fases, la primera de casi un mes de duración, incluye la creación de un canal de comunicación entre las partes y la preparación del “mecanismo de monitoreo y verificación”. La implementación plena del proceso del cese al fuego iniciará el 3 de agosto de 2023. A partir de esta fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Y se convoca también el cuarto ciclo de conversaciones, que tendrá lugar en Venezuela a partir del 14 de agosto, en el que se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.

El jefe negociador por el ELN, comandante Pablo Beltrán, valoró muy positivamente una frase de Gustavo Petro, cuando el presidente dijo: “Este gobierno no va a perseguir”. Argumentó que de producirse un cambio de régimen, si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada. El presidente Gustavo Petro añadió un dato esperanzador en su discurso, al situar la firma de la paz definitiva con el ELN en una fecha bastante próxima y precisa, el 25 de mayo de 2025. Aunque este sea solo un proyecto, pone un horizonte temporal a las negociaciones y es sin duda un dato alentador.

Los medios opositores minimizaron el alcance de este acuerdo al diluirlo en medio de sus campañas difamatorias, de desgaste y desprestigio del presidente Petro. Se trata de un cese al fuego muy esperado y reclamado por la sociedad colombiana, con la mirada puesta en un acuerdo definitivo que ahora puede resultar más verosímil. 

En caso de un cumplimiento efectivo, este acuerdo supone la desactivación de la violencia política que ejerce la mayor organización guerrillera de alcance nacional y significaría, en palabras de Petro, el final de la guerra de guerrillas en el continente: “En cierta forma aquí se acaba una fase: la insurgencia armada en América Latina”.

Pese a la importancia del alto al fuego alcanzado en Cuba, muchos titulares de prensa priorizaron al día siguiente otras noticias, volviendo la mirada hacia las intrigas políticas con las que intentan seguir afectando la imagen presidencial: “La historia del oficial que apareció muerto y había pedido ser oído en caso de ex niñera”, titula El Tiempo en portada de su edición digital del 10 de junio, e incluye un video con información filtrada desde la Fiscalía. Después El Tiempo también informa del rescate de cuatro niños en la selva con gran despliegue de imágenes, y mucho más abajo, en un pequeño recuadro, titula crípticamente: “Con tregua ya pactada, Petro plantea que paz con ELN llegará en 2025”.

Por su parte El País de Cali también desplaza la noticia del acuerdo a la parte inferior de la portada, dando prioridad a los ataques contra el gobierno del fiscal Barbosa con noticias como esta: “Fiscalía abre investigación a Petro por posible investigación ilegal de su campaña: audios de Benedetti revelados por Semana fueron claves”. Otros periódicos de ese día, como por ejemplo El Universal de Cartagena de Indias, ni siquiera ofrecen a los lectores la noticia del cese al fuego en la portada de su edición digital.

En pocas palabras, los grandes medios de comunicación definen la prioridad de las noticias que brindan no por su valor informativo, sino en función de su capacidad de dañar al gobierno de Gustavo Petro, ocultando o distorsionando sus logros reales. Complacientes con los gobiernos anteriores, han descubierto su misión de ‘perros guardianes’ de la democracia con la llegada al poder del Pacto Histórico.

A falta de una política de comunicación consistente —un problema que nunca resolvieron bien otros gobiernos progresistas latinoamericanos—, la agenda informativa continuará en manos de los poderes fácticos que se oponen furibundamente a las reformas sociales y a la construcción de la paz.