Análisis
Petro restablece el salario mínimo vital suspendido por el Consejo de Estado

El 20 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó por segunda vez un decreto que establece el concepto de salario mínimo vital y su cuantía para el año 2026. Ya lo había hecho el pasado 29 de diciembre, pero esta medida fue suspendida por un organismo judicial como parte de una ofensiva generalizada de la derecha política enquistada en organismos judiciales para desgastar al gobierno progresista hasta el final de su mandato.

Tras los ataques y trampas de una parte del estamento judicial contra los candidatos electorales del PH en las elecciones legislativas y presidenciales, la magistratura colombiana volvió a intervenir en decisiones políticas a través del Consejo de Estado. En plena campaña electoral, este organismo dejó en suspenso una de las medidas económicas más importantes que adoptó el gobierno de Gustavo Petro en 2025: el aumento del salario mínimo vital en un 23,7 %. La suspensión se estableció durante ocho días, hasta que el Gobierno expida un nuevo decreto con arreglo a las variables “técnicas” exigidas por el magistrado.

El Consejo de Estado obró atendiendo a reclamos políticos y sobre todo empresariales, como el que formuló el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes

El Consejo de Estado obró atendiendo a reclamos políticos y sobre todo empresariales, como el que formuló el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, primo de la dirigente conservadora María Fernanda Cabal, uribista de primera hora, casada con el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie. Las familias más ricas del país, enlazadas con la vieja política corrupta y clientelista. Secundaron sus reclamos muchos políticos de la derecha uribista, incluidos dirigentes del Centro Democrático (CD), del partido Creemos de Federico Gutiérrez y ex funcionarios de Iván Duque.

El presidente de Fenalco sostuvo en su demanda que el aumento salarial era “casi insostenible”, y que sería “pan de hoy y hambre para mañana”. Argumentó que tendría un impacto muy negativo en el empleo formal y que aumentaría la inflación. El Gobierno afirma que lo primero es una especulación sin claro fundamento empírico, y con respecto a la inflación, esta se mantiene en un solo dígito anual (5,2% para el año 2025), muy por debajo del aumento del 23,7% del salario mínimo. Y en enero de 2026 la tasa de inflación fue del 0,25%, por factores ajenos al alza salarial. En la demanda que presentó Fenalco ante el Consejo de Estado argumentó que el decreto del gobierno debía suspenderse por falta de sustento técnico. Cabal propone un mecanismo que discriminaría a la población según las diferencias de ingresos regionales, porque en su opinión “no es lo mismo un salario mínimo en Bogotá que en Quibdó”.

El Consejo de Estado exigió al Gobierno que emitiera otro decreto provisional en un plazo de ocho días, atendiendo a las cuestiones técnicas planteadas, el cual estará vigente hasta que el tribunal decida sobre la cuestión de fondo. Pero aquí es donde está el meollo de la cuestión. Tal como afirma la escritora Teresa Cardona, el debate sobre el salario mínimo en Colombia está “mal enfocado”, porque “la tecnocracia nos quiere vender una realidad invertida, nos dice que el aumento del salario debe limitarse estrictamente a la inflación, la productividad y el crecimiento económico”. En lugar de estas exigencias presentadas con rango de ley, Cardona afirma que el salario mínimo vital es un mandato constitucional: la Jerarquía Constitucional es superior a la de cualquier ley y lo protege como derecho fundamental.

Al conocer la suspensión de la medida, Petro volvió a convocar a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en un intento de alcanzar un nuevo acuerdo con los agentes sociales. El 17 de febrero, a la salida de la reunión, la mayor parte de los participantes se declaró favorable a mantener el salario mínimo. Acto seguido el presidente se refería en sus redes sociales a “la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios”, añadiendo que “también debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el incremento del déficit y de los precios en Colombia”. De este modo, Petro resituaba el debate económico, llevándolo hacia una de las demandas centrales de su gobierno: reducir el costo financiero para los pequeños productores, que actúa como el mayor lastre de la economía colombiana.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el auto del Consejo de Estado “excedió los límites de una medida cautelar, porque anticipa un juicio de legalidad”

Tras la reunión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el aumento ya constituye un derecho adquirido por los ciudadanos. “Para el Gobierno, para buena parte del sector empresarial y, obviamente, para el total del movimiento sindical, el salario vital ya es un derecho adquirido por los trabajadores y estamos convencidos de que reversar un derecho adquirido es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, declaró. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el auto del Consejo de Estado “excedió los límites de una medida cautelar, porque anticipa un juicio de legalidad y reconfigura de manera transitoria una política salarial sustentada en la Constitución y en criterios económicos verificables”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó que “no es cierto que el salario vital desatara una oleada de alza de precios, un desempleo mayúsculo”, y refutó esta idea citando un informe del banco estadounidense JP Morgan sobre la solidez del empleo y el crecimiento económico en Colombia.

La respuesta del Pacto Histórico contra este nuevo obstáculo judicial se daría en el plano legal, pero también movilizando a la población en favor de sus derechos. En el mismo discurso, Petro convocó a los colombianos a manifestarse el jueves 20 de febrero en todas las plazas públicas de Colombia. “Convoca el presidente para defender el salario vital. Porque esto no se trata solamente de argumentos jurídicos -que los tenemos todos-, ni de argumentos económicos -que los tenemos todos-, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador, y necesitamos esa fuerza en la movilización, que ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica”.

La derecha “defiende” el salario mínimo en campaña electoral

Si la intención del Consejo de Estado fue favorecer a la derecha política, y no solo a los grandes capitalistas de Colombia y del exterior, entonces este órgano judicial no calculó bien los riesgos de la suspensión del salario mínimo. En efecto, consiguió alinear en su contra a los candidatos que aún apoyan la consulta del Frente por la Vida, que a poco de las elecciones presentan un frente común con el gobierno, sino también a otras candidaturas más alejadas del progresismo y hasta abiertamente reaccionarias, que se aprestaron a decir que defienden el salario mínimo, como la de Claudia López (Alianza Verde) o incluso de la dirigente uribista Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático (CD), y la candidata ‘paracaidista’ de la política antipetrista, Vicky Dávila, la mayor difamadora del presidente y sus políticas de gobierno desde la revista Semana que hasta hace poco dirigía.

Pero el caso más chocante es el del ultraderechista Abelardo de la Espriella, líder de un movimiento político recién creado llamado Defensores de la Patria que lidera los sondeos entre las fuerzas de la derecha: “El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle una decepción al pueblo”, afirmó con gran olfato y oportunismo político.

Estas figuras opositoras, alineadas antes con el empresariado más retrógrado en su rechazo de un aumento de salarios superior al 10 %, se reclaman ahora, en campaña electoral, incluso más favorables a aumentar los ingresos de los trabajadores que el propio Gobierno. Nada tan eficaz como las sacudidas electorales para remover las ideas anquilosadas de los viejos partidos. Por ejemplo, la candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, declaró: “Le exigimos al Gobierno que presente ya las modificaciones al decreto del salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios, vaya a terminar nula”.

El mismísimo Álvaro Uribe salió a decir en sus redes sociales: “Todos nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Menos impuestos para los emprendedores y buen salario mínimo”. Y Mauricio Cárdenas, economista y precandidato a la Presidencia por el partido Conservador, formuló una propuesta a los demás precandidatos de la derecha que medirán sus fuerzas para elegir un candidato presidencial: “Les propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, a los nueve candidatos (de la derecha), que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo”.

Frente a la fluctuación del ánimo de los políticos, emergió la indignación del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien enjuició severamente a los dirigentes que “antes criticaron la decisión del gobierno de imponer un monto exorbitante”; pero que más tarde clamaron para mantenerlo. En su sesgada opinión, los más afectados por el aumento salarial serían los trabajadores que dependen de las pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representarían un 93% del tejido empresarial colombiano, las cuales dejarían de crear empleo porque no podrían “seguir soportando el triple impacto de la reforma laboral, el exabrupto del mínimo y la reducción de dos horas más de la jornada laboral semanal”.

Sin embargo, después de la nueva reunión de la Comisión de Concertación, el discurso de Cabal quedó obsoleto, aislado de otros sectores muy influyentes de las élites económicas. Por ejemplo del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien se declaró favorable a respetar lo que calificó como “una situación ya consolidada para millones de trabajadores”, conhechos que no pueden desconocerseyderechos que no deberían ser vulnerados. “Lo que pasó en el mes de diciembre —en su opinión, un “error técnico del gobierno nacional”— terminó generando situaciones que cambiaron las expectativas y la realidad” de más de 2.400.000 personas, afirmó el jefe de la patronal.“Los empresarios mismos han dicho que van a mantener el incremento del 23,78%, sin importar lo que suceda con el decreto o con el Consejo de Estado de aquí en adelante”, añadió.

La reforma de las pensiones: otro desafío judicial con proyecciones electorales

El presidente Gustavo Petro ha gobernado en estado de confrontación permanente con instituciones clave del poder judicial, empezando por el organismo que parecía más irreductible, la Fiscalía de Francisco Barbosa y su sucesora como fiscal encargada, Martha Mancera, que fueron removidos a su turno de la cúpula de la institución, pero dejando una red opaca y muy consolidada de funcionarios corruptos y fiscales cercanos a la derecha política.

La cuestión del salario mínimo no es la única bomba judicial que detona en plena campaña electoral. El siguiente objeto de disputa es la Reforma Pensional impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso en junio de 2024. Pero la Corte Constitucional ha suspendido la vigencia de la reforma pensional a la espera de que la Cámara corrija “unos vicios de trámite”.

La Corte Constitucional, cuya reunión está prevista para esta misma semana, dirimirá sobre la demanda presentada por Paloma Valencia contra la reforma pensional del gobierno, que concede por primera vez, y para toda la vida, pensiones mínimas consideradas dignas para tres millones de colombianos sin mayores recursos. El escritor Gustavo Bolívar, dirigente del PH, reclama irónicamente a la candidata presidencial de CD que sostenga “ese ataque de sensatez” que tuvo al desdecirse sobre el alza del salario mínimo pidiendo a los empresarios que lo mantengan: “Aprovechando su ataque de sensatez, ¿por qué no retira la demanda a la Reforma Pensional para que tres millones de viejitos en extrema pobreza puedan empezar a comer dignamente?”.

La reforma pensional, rechazada por la oposición, debía haber entrado en vigor el primero de julio de 2025, pero no fue así porque la Corte suspendió su vigencia a la espera de que la Cámara volviese a debatir el texto. En la reunión de la Sala Plena del pasado 24 de noviembre hubo un empate de 4 votos contra 4.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, afirmó en febrero de 2026 que la aplicación de la reforma permanece suspendida hasta que la Corte emita un fallo definitivo sobre su constitucionalidad. Y si la decisión sigue demorada, es porque hay que “revisar primero estas cuestiones procesales previas porque tenemos recusaciones presentadas”.Las dilaciones características del sistema judicial acaban imponiéndose, y los beneficiarios de la reforma siguen a la espera de que se garanticen sus legítimos derechos.

Además de la reforma pensional, siguen pendientes de fallo por parte de la Corte Constitucional otros dos procesos clave para el gobierno del Pacto Histórico: el decreto de emergencia económica de 2025 y el nuevo decreto expedido frente a la crisis climática. Respecto de este último instrumento, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte el 10 de febrero pasado que levante la suspensión temporal del Decreto 1390 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declarólaEmergencia Económica y Social en todo el país, debido a las terribles inundaciones que asolaron los departamentos de la Costa Caribe. Gustavo Petro se refirió a los bloqueos judiciales de sus iniciativas en un reciente discurso que pronunció en defensa del salario mínimo vital: “están estrangulando a una sociedad que debe responder”, enfatizó.

Apoyo popular a la reposición del salario vital

Petro firmó un nuevo decreto, esta vez transitorio, por el que reiteró la decisión de aumentar el salario mínimo vital en un 23,7%para el año 2026. Lo hizo respaldado por las marchas populares que él mismo convocó con la consigna “Ni un peso atrás” como demostración de firmeza. Miles de manifestantes desfilaron por la Plaza Bolívar, arropando al presidente, y se concentraron en las principales plazas de las grandes ciudades. Petro aseguró que el nuevo documento que presentó al Consejo de Estado ya tiene “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica”, en alusión a las pretensiones del juez que suspendió la medida. El auto de suspensión estableció la exigencia de que el decreto transitorio incluyese una justificación económica detallada, explicando con datos oficiales “cómo se pondera cada criterio, si la valoración es cuantitativa o cualitativa y cuál es la operación aritmética que conduce a la cifra final”.

El Gobierno explicó que según los parámetros legales, el incremento debió ser de 13,6 %, pero que se sumó a esta cifra un 9,4 %, necesario para cerrar la brecha parcial del salario vital, quedando el incremento en 23 %. El salario mínimo quedó así en 1.750.000 pesos, y llega a los 2.000.000 pesos con el auxilio de transporte.

Uno de los primeros manifestantes en hacer declaraciones desde Bogotá fue Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT): “Vamos a decirle al Consejo de Estado y a la oligarquía empresarial que defenderemos el salario mínimo vital decretado por el presidente Gustavo Petro al costo que sea”, declaró. El dirigente sindical pidió al Consejo de Estado que archive todas las demandas contra el salario mínimo vital, ya que “toda la clase política, de manera increíble pero cierto, ha dicho que ese decreto debe quedarse ahí”, declaró Arias a una emisora de televisión local.

Al convocar estas movilizaciones, el presidente vinculó la defensa del salario mínimo con otros dos temas capitales de la agenda político-jurídica del gobierno del cambio: la libertad de voto, porque dados los antecedentes “se acerca un gran atentado contra el voto libre en Colombia”, y el inicio de la recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, que de hecho ya ha comenzado esta semana entre funcionarios y miembros del gobierno.