Comunidad de Madrid
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por fraude fiscal

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a tres años, nueve meses y un día de cárcel por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. El novio de Ayuso defraudó presuntamente más de 350.000 euros mediante un sistema de facturas falsas en 2020 y 2021 y el Ministerio Fiscal le pide dos años y un día por el fraude del primer ejercicio; y un año y nueve meses por el del segundo. Las cantidades evadidas al fisco corresponderían a los impuestos debidos por la ganancia de dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas durante el año de inicio de la pandemia.

El escrito de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid llega después de que, el pasado 29 de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de esta comunidad decidiera transformar las diligencias previas del proceso en un procedimiento abreviado, el paso previo para hacer comparecer a González Amador y las otras cuatro personas imputadas en el presunto fraude. Tras más de un año —la opinión pública conoció los posibles hechos delictivos en marzo—, el juicio da un paso decisivo en dirección a conocer la futura sentencia.

La Fiscalía pide dos años por las cantidades evadidas en 2020 y un año y nueve meses por las no ingresadas en 2021, aunque cuenta como atenuante que el imputado ya devolvió el dinero

La Fiscalía pide que se tenga en cuenta como atenuante que el presunto defraudador ha ingresado ya el dinero que evadió. Tanto el Ministerio Fiscal como la jueza que lleva el caso consideran que la pareja de Ayuso utilizó un sistema de facturas falsas para incluir gastos falsos en las cuentas de sus empresas y, por ende, reducir la cantidad debida por el impuesto de sociedades.

La lentitud con la que ha transcurrido el proceso judicial contra González Amador —también imputado en una investigación sobre si sobornó a un directivo del grupo Quirón— contrasta con lo vertiginoso de las acciones judiciales contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, quien presuntamente filtró a los medios de comunicación el escrito en que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía ambos delitos fiscales. Los defensores del alto cargo procesado por la filtración consideran su caso una persecución injustificada y han señalado en reiteradas ocasiones la gran cantidad de filtraciones que se dan desde los juzgados hacia las redacciones sin que sean objeto de investigación judicial.