Comunidad de Madrid
Las seis universidades públicas de Madrid sacan músculo en su primera jornada de huelga

Más de 10.000 estudiantes, personal docente e investigador (PDI), personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) han desbordado el centro de Madrid durante la primera jornada de huelga universitaria unitaria este miércoles 4 de noviembre. Las universidades públicas madrileñas UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC, constituidas en la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, han desplegado su fuerza movilizadora en su marcha que ha recorrido las desde los aledaños de Ferraz hasta la calle Génova. Lo han hecho para denunciar una vez más las políticas de recortes presupuestarios que llevan sufriendo desde hace años en sus centros, al igual que las trabajadoras de 0 a 3, primaria, secundaria y bachillerato: “El desmantelamiento de la educación pública no es un problema único de los campus universitarios, sino un ataque estructural del Gobierno del Partido Popular que atraviesa cada una de las etapas educativas”, sostiene la comunidad universitaria.

Según fuentes de la docentes, a primera hora, la huelga ha contado con un 50 % de seguimiento por parte del profesorado y cerca del 90% de estudiantes. A segunda, los estudiantes lo han seguido al 80-90 % y en el caso del profesorado el seguimiento ha crecido al 70 %. Se ha podido notar incluso una mayor efervescencia que en el pasado día 14 de octubre, cuando muchos alumnos todavía eran reacios a faltar a las clases por miedo a posibles represalias.

Aquel día 14 , coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida del resto de sectores educativos, habían convocado un primer parón tanto la Complutense como la Rey Juan Carlos. Son los centros que cuentan mayores recortes pero también disponen de una trayectoria de agitación estudiantil referente en todo el sector universitario. Este miércoles se sumaban el resto de centros públicos “contra la infrafinanciación de la Universidad Pública y la reivindicación de los derechos políticos de trabajadoras y estudiantes”. El último parón universitario, también por unas reivindicaciones muy similares, había sido convocado hace un año en los días 26 y 27 por parte de la coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas de la región.

“No había servicios mínimos, es la vez en la que menos gente he encontrado en la autónoma en día de huelga, así que estamos muy satisfechos con el seguimiento”: Luis Lloredo, profesor de la UCM

La primera demostración de fuerza de la jornada fueron los piquetes pacíficos en las distintas facultades, cuyo éxito ha sido palpable. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Lloredo celebra que “de las cerca de 50 aulas que tiene la facultad de Derecho, solo había dos ocupadas en las que había en una tres estudiantes o cuatro. Todas las bibliotecas cerradas, casi todas las consejerías cerradas. No había servicios mínimos, es la vez en la que menos gente he encontrado en la autónoma en día de huelga, así que estamos muy satisfechos con el seguimiento”, traslada a este medio.

Una escena de triunfo que se ha observado en la mayoría de facultades movilizadas desde primera hora de la mañana. Reinaba una sensación de incertidumbre respecto a la posible respuesta policíal a estas acciones agitativas después de que el pasado 14 de octubre, en la Facultad de Químicas de la UCM, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sofocaran las protestas con una violencia inusitada. Ese día las fuertes cargas policiales se saldaron con seis heridos con contusiones, roturas y lesiones craneales y cinco detenidos.

Tal fue la respuesta social a esta expresión de violencia desproporcionada que las estudiantes acabaron precipitando la dimisión del delegado del gobierno, Francisco Martín Aguirre, hoy sustituido por Pilar Trinidad Núñez. “Hemos visto cómo la represión hacia las personas organizadas se ha ido incrementando. Estas políticas represivas son consentidas y apoyadas no sólo por la Comunidad de Madrid, sino por los propios rectorados y por el Gobierno Central, por eso también reclamamos que se respeten los derechos políticos de las estudiantes”, clamaban a través de un comunicado de prensa.

Tal fue la respuesta social a esta expresión de violencia desproporcionada que las estudiantes acabaron precipitando la dimisión del delegado del gobierno, Francisco Martín Aguirre, hoy sustituido por Pilar Trinidad Núñez. “Hemos visto cómo la represión hacia las personas organizadas se ha ido incrementando. Estas políticas represivas son consentidas y apoyadas no sólo por la Comunidad de Madrid, sino por los propios rectorados y por el Gobierno Central, por eso también reclamamos que se respeten los derechos políticos de las estudiantes”, clamaban a través de un comunicado de prensa.

Los recortes presupuestarios en el centro de la huelga

La crisis que atraviesan las públicas y que ha llevado estos últimos meses a un sinfín de movilizaciones tiene como causante, explican, la infrafinanciación cronificada. En el periodo 2021-2025, las transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid a las universidades públicas dejaron sin cubrir el 19% de los gastos de personal. En total para las seis universidades públicas, esta cifra asciende a 1.150 millones de euros, lo que equivale al presupuesto en transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid en un año para todas las universidades, según datos de UCM X la Pública.

La comunidad educativa ha sido especialmente crítica en relación a cuestiones como que la financiación básica, la que sostiene nóminas y funcionamiento ordinario solo aumente un 5%

Tras la aprobación de la última Ley de Presupuestos autonómicos para 2027 -que fueron presentados por la Consejería de Educación el pasado 30 de octubre- la situación parece no cambiar sustancialmente respecto a los años anteriores. De hecho, en esencia parece seguir la senda de infrafinanciamiento que ya venía marcado el Acuerdo de Financiación Plurianual de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), en vigor desde el pasado marzo y ampliamente calificado de “estafa”. La comunidad educativa ha sido especialmente crítica en relación a cuestiones como que la financiación básica, la que sostiene nóminas y funcionamiento ordinario solo aumente un 5 %.

Esta cuantía pasa con los nuevos presupuestos de 1.166,3 a 1.224,6 millones de euros, 58,3 más, apenas un tercio de la subida anunciada. Además, reprochan, algunos permanentes como las subidas salariales o la contratación de personal se pagan con partidas finalistas o transitorias, en lugar de con una dotación económica estable. Si la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) obliga a destinar al menos el 1 % del PIB regional a las universidades públicas para 2023, el gasto en las universidades públicas sigue estancado en el 0,39 % del PIB en 2031.

Desde la Universidad Rey Juan Carlos han destacado que estos problemas presupuestarios se manifiestan especialmente en la asignación de docencia. “Los profes tenemos que hacer un número de créditos, o sea, impartir una serie de horas. Hasta ahora, teníamos la posibilidad de reducir la carga docente por los méritos de investigación, pero esa reducción es cada vez menor, por tanto ahora tenemos que trabajar mucho más y se nos premia menos por investigar”, comenta Pepe Madariaga, profesor de Periodismo en el campus de la URJC en Fuenlabrada, para quien esta situación va a redundar a largo plazo “en una pérdida de puntos en el caché de la universidad, por su volumen de investigación”.

También ponen encima de la mesa demandas relativas a las retribuciones salariales, donde Madrid bate el triste récord de ser la comunidad con mayor precariedad salarial. Lo hace durante el arranque de la marcha Jorge Luis López Rangüesa, profesor de Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual en el campus de Quintana de la URJC. “En una época de enorme carestía de la vida nos están recortando los complementos retributivos”, asegura en conversación con El Salto.

En su día a día siente de cerca las carencias que aquejan especialmente a este centro de enseñanza superior —el peor financiado de España— en falta de presupuestos de prácticas para los alumnos, en la retirada de licencias de software y de uso de plataformas online y en la no renovación de algún personal laboral de servicios y docente. Estas carencias impactan directamente a los PTGAs, es decir al personal no docente en las universidades. Pablo González, PTGA en la UPN, añade a lo apuntado por Jorge Luis otros problemas como bajas que no se cubren, prejubilaciones que la Universidad no cubre con contratos de personal nuevo. “Soy de personal de informática y con toda la digitalización actual tenemos trabajando a dos personas de siete que debería haber. Al final eso repercute, lamentablemente, en la atención del alumnado”, lamenta.

Del mismo modo, cada vez resulta más laberíntico obtener permiso de las universidades para actividades que implican un gasto por parte de los centros. “Cualquier gasto que tenga que justificarse, cualquier gasto que tengas que solicitar una remuneración, hay que justificarlo de manera extremadísima”, apunta Jorge Luis. Siendo Madrid una de las comunidades con un volumen de deuda más bajo y una mayor renta per capita, los docentes en lucha esgrimen una tesis al unísono: No se trata de un problema económico, sino de voluntad política.

Un parón alimentado por las protestas antirentistas y la huelga del 11N

Hay quienes atribuyen el extraordinario seguimiento de este primer día de huelga al clima social que lleva respirándose desde las acampadas en Sol, y especialmente tras la convocatoria del paro general de 24 horas del 11N por la vivienda y los salarios. “Esto es resultado de una política institucional neoliberal que quiere cargárselo público, como ocurre con la sanidad, como ocurre con cualquier otro servicio público. Hemos estado de piquete en la sede de Quintana y ha habido un seguimiento masivo por parte de los estudiantes”, explica y Martín Garrido, estudiante de Economía en la URJC.

Las protestas por la vivienda digna que han ido precipitándose con fuerza este último mes han sido también un aliciente para que las estudiantes salgan a las calles aprovechando la coyuntura social y política. “La educación universitaria deja de ser un derecho efectivo cuando estudiantes y trabajadoras nos vemos cada vez más imposibilitadas de acceder a la vivienda; porque nos sentimos acosadas por el sistema rentista”, deslizaban recientemente a través de un comunicado de apoyo a las inquilinas en lucha.

Este hecho estructural, pero también el aumento del precio de las matrículas está motivando el trasvase de alumnado de las públicas a las privadas. Hoy existen 49 universidades privadas en todo el país y frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 personas estudian hoy en alguna de las privadas presenciales: Es decir, 1 de cada 4 estudiantes están ya en una Privada. En términos de crecimiento y evolución, mientras que las primeras matrículas han aumentado un 50% hasta alcanzar los 88.273 en cinco años, el número de matriculados en las públicas ha descendido un 4,8%.

Un descenso acusado que la comunidad educativa no duda en achacar a las políticas deliberadas de recortes para forzar la migración de estudiantado a las privadas. No obstante, señalan que esta tendencia privatizadora no es exclusiva de la CAM sino que se extiende a otros centros del Estado. “En el conjunto de España, el 18% del estudiantado está ya en una universidad privada: 38 de cada cien estudiantes que lo hacen en las Privadas, están en Madrid”, deslizan en un informe.

Un descenso acusado que la comunidad educativa no duda en achacar a las políticas deliberadas de recortes para forzar la migración de estudiantado a las privadas. No obstante, señalan que esta tendencia privatizadora no es exclusiva de la Comunidad de Madrid sino que se extiende a otros centros del Estado. “En el conjunto de España, el 18% del estudiantado está ya en una universidad privada: 38 de cada cien estudiantes que lo hacen en las Privadas, están en Madrid”, deslizan en un informe.

Un grupo importante en estas movilizaciones han sido el personal docente investigador, que también está sufriendo los infinitos perjuicios de los recortes. Huego es PDI en la Escuela de Telecomunicaciones de Moncloa, en la Universidad Politécnica. Admite que tuvo la “suerte” de haber conseguido un contrato porque un compañero tuvo que prejubilarse y se quedó con su plaza vacante. “En el mismo grupo de investigación hemos tenido un compañero que le han conseguido sacar la plaza ahora, hasta dentro de seis meses no se resolverá, y lleva desde julio sin trabajo, sin cobrar”, expresa.

Respecto a la financiación de los doctorados, Hugo cuenta que muchos deben ser financiados por empresas externas, lo que aumenta la dependencia de las universidades a organismos privados. Un modelo universitario, alegan, alejado del libre conocimiento y centrado en el beneficio económico empresarial. “Casi nunca tenemos financiación para pagar a una persona que está haciendo un doctorado. Entonces, en la UPM normalmente estas posiciones de doctorado se cubren con contratos a proyectos, ya sean proyectos europeos o proyectos con empresas”, establece. El año pasado la Politécnica cerró con casi 14 millones de déficit.

Está previsto que el ciclo de movilizaciones continúe el jueves con una concentración a las 12 horas frente a la Consejería de Educación y una manifestación desde Atocha pasando por la Consejería y hasta la Puerta del Sol por la tarde, como ha confirmado Europa Press.