Congreso de los Diputados
El Gobierno trocea el decreto ómnibus para garantizar la subida de las pensiones

A cinco días de las elecciones en Aragón, la lucha por concentrar el voto pensionista aceleró las negociaciones para aprobar la revalorización anual de los ingresos de 13 millones de personas. El Consejo de Ministros de este martes 3 de febrero ha dividido el decreto ómnibus tumbado el pasado 27 de enero en dos: uno con la actualización de las pensiones y otro con el conjunto de las medidas del escudo social, incluida una moratoria de los desahucios con algunas modificaciones negociadas con el PNV.

El ministro de Cultura y portavoz de la plataforma, Ernest Urtasun, admitió que hubo “presiones” para separar la moratoria de los desahucios de la revalorización de las pensiones, pero sostiene que fue gracias la presión de Sumar que se consiguió que junto a la moratoria se voten otras medidas sociales como la prohibición de cortes de suministro de familias vulnerables, el bono social eléctrico, las ayudas a los afectados por la dana y los incendios o ayudas fiscales a los bomberos forestales, entre una larga lista. El PSOE y PNV pactaron horas antes de la reunión limitar el alcance de la moratoria dejando fuera a los propietarios de una sola vivienda en alquiler.

La líder de Podemos, Irene Montero, criticó en redes sociales, el troceado del texto y la concesión a los nacionalistas vascos: “El Gobierno pacta con el PNV una medida que agiliza los desahucios, como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias. Si gobiernas dando la razón a la derecha, luego no te extrañes cuando ganen“. La secretaria general del partido, Ione Belarra, incidió en que la modificación beneficia al “grupo más rico de nuestra sociedad“. 

El texto de la moratoria distingue entre dos tipos de suspensiones, explica a El Salto el abogado Diego Redondo, especializado en vivienda. El artículo 1 hace referencia solo a desahucios por impago del alquiler y afectaba a todos los caseros, no solo a los grandes tenedores. “Simplemente se miraba la situación de vulnerabilidad de ambas partes, también la del propietario”, cuenta Redondo. En el apartado 1 bis se recogen las suspensiones de los casos de ocupación, tanto civiles como penales, y ahí sí se exigía que fueran grandes tenedores para que una familia fuera protegida por el decreto. La modificación negociada con PNV afecta a la primera de estas dos modalidades. La imagen de un decreto que favorecía que alguien ocupara por la fuerza un piso habitado y fuera protegido por la moratoria de desahucios nunca fue real, explica.

Junts dejó claro que nunca apoyaría un macrodecreto que incluyera la moratoria de desahucios, ni siquiera con la ayuda de 300 millones de euros de ayudas a los propietarios que anunció el PSOE ni con el apoyo del partido socialista a la ley de multirreincidencia para aumentar las penas para los delitos de menos de 400 euros.

Para los nacionalistas catalanes, la moratoria de los desahucios, que ha impedido desde la pandemia uno de cada cuatro desahucios de hogares vulnerables, favorece la “inquiokupación”. La portavoz del partido, Míriam Nogueras, dejó claro en el discurso en el Congreso que no apoyarían con sus votos una macroley que incluya esta iniciativa, aunque no dejó de insistir en la necesidad de actualizar las pensiones de 13 millones de personas.

Desde Sumar habían presionado para que la moratoria de los desahucios se presente al mismo tiempo que el resto de medidas, aunque vayan en decretos separados. Urtasun confirmó que están “trabajando para que el Gobierno vuelva a llevar las medidas” del escudo social al Congreso “cuanto antes”. En rueda de prensa, Urtasun insistió en la necesidad que el conjunto de medidas sean aprobadas, aunque no precisó si sería en unos o dos decretos: “No vamos a permitir que decaiga ninguna de ellas. Queremos que salga adelante todo, incluida la moratoria de los desahucios”. 

PNV, por su parte, ha insistido en la necesidad de reformar la moratoria para que “la responsabilidad no recaiga sobre los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler”, según una nota de prensa, “dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad”.