Congreso de los Diputados
El PSOE saca adelante su propuesta contra la prostitución con PP y Podemos pero sin el apoyo de los Comunes

El pleno del Congreso aprobó este martes la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal para la prohibición del proxenetismo en todas sus formas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

El PSOE sacó el martes su propuesta con el apoyo del PP y de Podemos. PNV, EH Bildu y PDeCAT decidieron a abstenerse, mientras ERC, Junts y CUP han votado en contra. Tambien votaron en contra Ciudadanos, y Vox ha optado por la abstención. 

La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, fue la encargada de defender el texto, que fue propuesto por su grupo tan solo un día después de que la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, dejara fuera la tercería locativa, es decir, el castigo a terceros que alquilen lugares donde se produce explotación sexual ajena, y que recupera la propuesta del grupo socialista.

“En enero de 1932, un mes después de la aprobación de la constitución republicana, en esta misma cámara se planteó la abolición de la prostitución”, empezó Lastra para justificar la propuesta. “Clara Campoamor dijo que la prostitución es incompatible con la dignidad humana”, aseguró Lastra.

Lastra negó que se trate de una propuesta de abolición de la prostitución y mantuvo que es un “paso previo” que consistiría en “acabar con el proxenetismo” 

Lastra aseguró que 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en nuestro país, según datos del Ministerio de Interior. “Es una propuesta que parte de las convicciones que mueven al partido socialista de un partido desde hace 143 años, que dieron sentido a su nacimiento, la convicción de que quien decide por necesidad no decide libremente”.

Lastra negó que se trate de una propuesta de abolición de la prostitución, sino que se trata de un “paso previo”, que sería “acabar con el proxenetismo”, y recordó que la propuesta no incluye ninguna medida referida a la pornografía. La socialista respondía así a Sara Giménez de Ciudadanos, quien le afeó que la propuesta criminaliza a las trabajadoras sexuales y mezcla de forma intencionada la prostitución forzada y el trabajo sexual voluntario.

Los tres núcleos de la propuesta

La propuesta tiene consiste en una reforma de varios artículos del Código Penal y tiene tres núcleos: castigar el lucro de la prostitución ajena (medie o no explotación), introducir la tercería locativa e imponer multas a los clientes.

En cuanto al primer aspecto, el texto presentado se justificaría en que el proxenetismo “no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico”, ya que el artículo 187.2 del Código Penal en la actualidad no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante la “explotación”, argumentan. Por eso, la propuesta pretende reformar este artículo de forma que se castigue “el proxenetismo de manera general”, sin exigir la relación de explotación. 

Según se explica en la exposición de motivos de la propuesta, “al requerirse que el favorecimiento de la prostitución se realice con ánimo de lucro, se dejan fuera del tipo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida”.

En segundo lugar, se introduce la relativa a la tercería locativa, que se castiga en un artículo diferenciado. La propuesta castigaría así al que “con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses”. 

En tercer lugar, se introduciría un artículo para castigar a los clientes o consumidores de prostitución con la siguiente redacción: “El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico será castigado con multa de 12 a 24 meses”, una pena que aumentaría en el caso de que quien presta el acto sea menor de edad. El artículo añade que “en ningún caso será sancionada la persona que este en situación de prostitución”. 

Apoyo del PP y voto dividido de Unidas Podemos 

La portavoz de Igualdad del PP, Marta González justificó también la recuperación de la tercería locativa ya que desde su eliminación en 1995 se ha vivido una “normalización” de esta práctica hasta llegar a “un nivel de indiferencia y tolerancia inaudito” hacia una actividad que esconde los rasgos más crueles de discriminación y violencia”. Para el PP, la prostitción no puede ser considerada un trabajo.

Por su parte, En Comú Podem se ha desmarcado de su grupo, Unidas Podemos, para votar en contra de la admisión a trámite, en coherencia con su línea regulacionista

La portavoz de Podemos, Sofía Castañón, evitó el debate político para hacer una intervención más sosegada y “técnica”, en sus palabras. Para sostener el apoyo de su grupo a la propuesta aseguró que esta propuesta viene a sumarse a la agenda del Gobierno contra la explotación sexual. Entre las aportaciones de Castañón: la necesidad de tener datos, de definir qué es la “explotación” o de añadir al marco de la ley el concepto de “proxenetismo no coactivo” mientras, recordó, el Gobierno ultima el borrador de una ley de trata.

Por su parte, En Comú Podem se ha desmarcado de su grupo, Unidas Podemos, para votar en contra de la admisión a trámite y acorde a su postura regulacionista. Para la confluencia catalana la prostitución no puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen.

Una propuesta punitivista

Prohibicionista y punitivista ha sido el adjetivo usado por otros grupos como ERC. Pilar Vallugera ha reprochado al principal partido en el Gobierno que no aproveche la mayoría actual para reformar la ley de extranjería y evitar que las mujeres en situación irregular se vean abocadas a ser explotadas y que, además, en la actualidad les estén aplicando la ley mordaza. 

También Mireia Vehí, de la CUP, y Bel Pozueta, de EH Bildu, se han pronunciado en el mismo  sentido.